El Gobierno y los comunes pactan multas de hasta 900.000 euros por sortear el tope al alquiler

BarcelonaEl régimen sancionador de la ley de vivienda es uno de los compromisos que el PSC adquirió con los comunes a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Cinco meses después de convertirse en el jefe de Gobierno, se ha cumplido esta condición sine qua non dentro del plazo que los comunes habían puesto, que terminaba a finales de enero, y que debía permitir negociar los presupuestos –aunque ERC se ha descolgado y el ejecutivo ya asume que este año no habrá presupuestos–. Lo ha anunciado la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa este lunes por la tarde después de celebrar una reunión en la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica con la titular del Departamento y también portavoz del ejecutivo , Silvia Paneque. Se han pactado nuevas multas "muy graves" de entre 90.000 y 900.000 euros para aquellos propietarios que esquiven de forma flagrante el tope en el alquiler que fija la ley.

En concreto, estas multas de elevadas cantidades se han pactado en caso de que se fije un precio del alquiler un 30% más alto de lo que marca el índice de precios de referencia; o bien por no reflejar la finalidad del arrendamiento en el contrato o que se haya hecho de forma fraudulenta saltándose los límites con la argucia de los contratos de temporada; o bien por el hecho de cargar los gastos de gestión al inquilino. Albiach hizo el anuncio desde la misma sede de Territorio, acompañada de la también diputada de los comunes Susanna Segovia, y vendió el acuerdo como la consecución de un "régimen sancionador robusto" y "ambicioso". El objetivo de los comunes es que "la norma sea disuasoria para evitar el fraude", según relatan. El régimen sancionador se aprobará este martes en el consejo ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente.

"Era una condición imprescindible que pusimos a los comunes para negociar con el Gobierno de la Generalitat y hoy podemos decir que lo hemos conseguido", ha asegurado Albiach. De todas formas, ha añadido que debería haber llegado antes porque el tope en los alquileres está en vigor desde marzo del año pasado y que desde entonces "se han cometido abusos que han quedado sin consecuencias". La fórmula para aplicar el régimen sancionador pactado consiste en modificar el artículo 45 de la ley de vivienda de Cataluña de 2007 para tipificar la simulación o fraude de contrato, que incluye la obligación de definir la finalidad del contrato, pero también añade una multa nueva en la ley de consumo por las prácticas abusivas en la contratación de arrendamientos.

Más sanciones

Más allá de las catalogadas como sanciones "muy graves", también se han incorporado las sanciones "graves", que conllevan multas entre 9.000 y 90.000 euros: son por poner un precio de alquiler hasta un 30% superior al índice de precios de referencia –no superior, como el caso de las más graves– y también por no reflejar en el contrato o en la oferta el índice de precios de referencia o el importe de la renta del contrato anterior. Asimismo, se añade a la ley del código de consumo otra infracción grave para prácticas abusivas por parte de los empresarios o profesionales que intervienen en los servicios inmobiliarios estableciendo un contrato de alquiler temporal cuando, en realidad, se demuestra su finalidad permanente o habitual, lo que implicaría unas multas que pueden subir hasta los 100.000 euros. Desde los comunes también recuerdan que las sanciones pueden ir acumulando. si se cometen varias a la vez y que el hecho de que una parte de las sanciones se incluyan en la ley de vivienda permitirá que los ayuntamientos puedan tener la competencia para sancionar.