La Generalitat no ha multado a ningún propietario por tener pisos vacíos en tres años

BarcelonaLa Generalitat no ha impuesto ninguna multa contra pisos vacíos desde la aprobación de la medida hace tres años, según ha avanzado La mañana de Catalunya Ràdio. En marzo del 2022, el Parlamento modificó la ley de vivienda para capacitar al Gobierno para multar a los grandes tenedores que tuvieran pisos vacíos durante, al menos, dos años. Sin embargo, desde entonces ni el ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) ni el actual de Salvador Illa (PSC) han hecho uso de esta potestad, según ha informado el matinal de la radio pública. Ayuntamientos como el de Barcelona, ​​por el contrario, sí han impuesto sanciones por viviendas no ocupadas.

Fuentes del Govern citadas por la emisora ​​se escudan en que el ejecutivo socialista llegó al poder este verano y que lo están estudiando, a la vez que se desmarcan de la actuación del gabinete anterior. Los republicanos, de hecho, habían ido más allá y en el 2023 anunciaron que se expropiarían pisos vacíos para ponerlos en alquiler social.

"De nada sirven las leyes y normas [...] si los gobiernos no ponen recursos y no tienen ninguna voluntad de hacerlas cumplir", ha reaccionado el Sindicato de Alquiladoras al conocer la noticia. "Es inaceptable y nos da aún más motivos para salir mañana a la manifestación por el derecho a la vivienda", aseveró su portavoz, Enric Aragonès, en referencia a la gran movilización convocada a las 18 horas en la Plaza España de Barcelona. "El Govern no está haciendo nada para garantizar el derecho a la vivienda", ha añadido.

En un comunicado, la organización ha llamado a habilitar un cuerpo de inspectores "bien dotado" para forzar la movilización de los pisos vacíos, así como la regulación de precios y el resto de medidas fijadas por la normativa actual. También pide regular los alquileres de temporada y habitaciones y detener la descalificación de decenas de miles de pisos protegidos. "Estas son tres condiciones de mínimos. No debería aprobarse nada a este gobierno hasta que no se saquen adelante estas medidas", clama el Sindicato.

En su escrito, señala la contradicción entre los esfuerzos del gobierno de Salvador Illa por poner la vivienda "en el centro del discurso" y los anuncios "inconcretos", en referencia a los 50.000 pisos públicos, o "medidas que vienen debidas, como el régimen sancionador" de la ley de vivienda. "Mientras los gobiernos no están sacando adelante medidas que vayan en contra de los intereses del rendismo y la especulación, es la ciudadanía organizada quien está plantando y resistiendo a las expulsiones y subidas de precio", concluye.