En Criadas de la globalización (Icària, 2024), Gabriela Poblet, doctora en antropología social y cultural, directora de Europa Sin Muros y actualmente profesora en la Universidad de Valladolid, radiografía el servicio del hogar en España y Cataluña a partir de entrevistas con mujeres que trabajan de internas en las casas donde cuidan a personas mayores o criaturas. Hoy son básicamente mujeres de América Latina, muchas a la espera de los permisos de residencia, que han emigrado solas y les es muy difícil escapar de situaciones de abusos y reclamar derechos. Con las denuncias por agresiones y acosos sexuales y abusos laborales de dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias, la experiencia de Poblet sirve para poner el foco en las condiciones en las que trabajan estas mujeres.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado esta semana que finalmente las trabajadoras del hogar serán equiparadas con el resto de trabajadores, en virtud de la reciente aprobación de una norma para la prevención de riesgos laborales. Ya estamos acostumbradas a que la grandilocuencia de los enunciados de la ministra tope con la realidad. Este caso tampoco será excepcional. Pero más allá de las diferencias en derechos, que todavía siguen existiendo, las características de estos trabajos seguirán poniendo en riesgo a muchas trabajadoras. A menos que se busque una solución no privada para el cuidado de los grandes dependientes.

El gobierno español refuerza el marco laboral de las trabajadoras del hogar. Después de equiparar sus derechos laborales con los de cualquier otro trabajador (ratificando la normativa del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)), el ministerio que encabeza Yolanda Díaz ha aprobado un decreto para mejorar las condiciones de seguridad y de salud de este colectivo, que está altamente feminizado. Estas son las nuevas medidas que afectarán a 367.900 personas en todo el Estado, un 95% de las cuales mujeres, y que trabajan sobre todo en Cataluña y la Comunidad de Madrid. Ahora bien, potencialmente podrían verse beneficiadas muchas otras trabajadoras del hogar que emergerían de la economía sumergida en caso de que se aprobara la ILP sobre la regularización de unos 500.000 extranjeros que está en trámite en el Congreso.