El gobierno español quiere poner freno a la proliferación de universidades privadas que ha habido en España en los últimos años y que está a punto de provocar que haya más que públicas (50 a 46). Esta proliferación no sería un problema si no hubiera la sospecha de que detrás de muchas de ellas no hay suficiente solidez académica ni estructura suficiente, pero que aún así las autoridades autonómicas correspondientes les dan luz verde porque no deja de ser una entrada de actividad económica y de prestigio para el territorio en cuestión. De hecho, un tercio de las nuevas universidades aprobadas no ha tenido un informe positivo del ministerio de Universidades, pero este trámite no es vinculante. El gobierno autonómico tiene la última palabra.

En un reciente editorial, se alertaba desde el ARA contra el proceso de privatización de nuestro sistema universitario a raíz de la eclosión de instituciones educativas online con ánimo de lucro. Esta proliferación tiene una causa y consecuencia evidentes. La primera se debe a la irresponsabilidad política de renunciar a hacer prescriptivos los informes de las agencias de calidad universitaria. La segunda amenaza con gripar el ascensor social, uno de los encargos más relevantes otorgados a la universidad por parte de la ciudadanía. Hay demasiado en juego.

La virulencia y terquedad con que la presidenta de la Comunidad de Madrid castiga a las universidades públicas madrileñas no debería extrañarnos. Sigue el camino ya iniciado con su antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, quien provocó ya una profunda crisis de financiación de estas universidades durante su mandato. Crisis que las universidades llevaron a los tribunales y ganaron, cuando la comunidad tuvo que pagar más de 450 millones de euros en concepto de transferencias no realizadas. Gracias a ese dinero, las universidades públicas de Madrid han podido ir sobreviviendo estos años. Díaz Ayuso lleva ya tiempo en una ofensiva radical contra todo lo público favoreciendo al sector privado en el campo de los servicios públicos, como así ha ido haciendo en sanidad, en servicios sociales o en educación obligatoria. Ahora toca la educación superior. Detrás hay un modelo que quiere separar las clases medias de los servicios públicos deslegitimando su funcionamiento y situándolos en el campo de quienes no pueden permitirse pagar sus cuotas. La comunidad donde se pagan menos impuestos, donde son bienvenidos los que quieren invertir, vengan de donde vengan y sea cual sea el origen de su capital. El problema que tiene este proyecto es que hay servicios públicos muy sólidos, que tienen un buen funcionamiento y que son apreciados por aquellos usuarios. Pero la batalla está planteada y puede tener efectos más allá de Madrid.

España está en cuatro centros privados de tener el mismo número de universidades privadas que públicas y, en consecuencia, el número de estudiantes que se matriculan se ha disparado en los últimos quince años. Éstas son dos de las conclusiones que apunta el informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre la evolución y las características del sistema universitario estatal. Según su último estudio, publicado este martes, el pasado curso en España había un total de 91 universidades en activo: 50 públicas y 41 privadas. Ahora bien, el mismo documento apunta a que "en breve" el sistema universitario español incorporará cinco nuevas universidades, todas privadas, lo que situará la balanza en 50 universidades públicas y 46 privadas.

Cataluña tiene uno de los sistemas universitarios más estables del Estado. De hecho, hace más de quince años que no se crea ninguna nueva universidad. Sin embargo, desde hace aproximadamente una década la diversidad de estudios universitarios a los que se puede acceder es cada vez mayor por una razón muy concreta: el boom de titulaciones universitarias online que proliferan en todo el Estado, una oportunidad que han abordado de forma evidente las universidades privadas, como demuestran los mismos datos del ministerio de Universidades.