En la recta final de su mandato de ocho años, el párroco de la UdG, Quim Salvi, recibe el ARA en el bonito edificio de Les Àligues –un antiguo cuartel militar en el Barri Vell que ejemplifica la reconversión que ha hecho la universidad en pleno centro histórico–, con ganas de hacer balance pero también con una mirada larga. Actualmente, la UdG tiene hasta cuatro campus universitarios en la ciudad: el del Barri Vell, el del Centro, el de Montilivi y el Parque de Investigación e Innovación en la Creueta. Y a diferencia de otras universidades, se está encontrando que cada vez más estudiantes la ponen como primera opción: consecuencia directa del coste de la vida en Barcelona y las dificultades de acceso a un alquiler asequible para los estudiantes. El reto del próximo párroco será la creación del nuevo Campus de la Salud al límite entre Girona y Salt, donde debe construirse el nuevo Trueta. Las elecciones se celebran el 27 de noviembre y está previsto que el nuevo párroco asuma el cargo alrededor de las fiestas de Navidad.

Íntegra. Ésta es la palabra que faltaba en la convocatoria del programa de captación de talento internacional María Zambrano y que hizo que el millar de investigadores llegados a universidades de toda España se encontraran con que el sueldo que recibirían cada mes sería exactamente la mitad de lo prometido una vez instalados en el Estado. En la redacción de este programa de ayudas se fijaban 4.000 euros brutos mensuales por investigador, pero se daba libertad absoluta a las universidades para que establecieran la relación laboral que consideraran con ellos. La inmensa mayoría optaron por realizar contratos en los que descontaban la cuota patronal empresarial, el dinero que paga el empresario a la seguridad social para paro, Fogasa y formación, del dinero que Castells había anunciado como parte de las nóminas. El resultado es que el salario que recibían los investigadores era un 32% menor respecto al prometido –de los 4.000 euros, acabaron recibiendo 2.200 netos–, lo que empujó a algunos investigadores a llevar el caso a los tribunales. Ahora el Tribunal Supremo les ha dado la razón.