Laia de Nadal (Barcelona, ​​1972) es desde principios de año presidenta de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP). Lleva casi dos años siendo rectora de la Universidad Pompeu Fabra. Como catedrática de medicina y ciencias de la vida, codirigió el Grupo de Investigación en Señalización Celular, afiliado al Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.

De aquí a 2030 se prevé que se jubilará el 15% del profesorado universitario. Y ahora mismo la situación de la mayor parte de las universidades catalanas, y españolas, es la de un profesorado envejecido y un grueso de docentes jóvenes y bien preparados que acumulan años de precariedad y malas condiciones laborales si no han hecho, como un gran número de profesionales, el paso de emigrar por buscar mejores condiciones en universidades y centros de investigación extranjeros. En este contexto ha habido diversas iniciativas que han intentado captar ese talento de fuera para incentivar las políticas de investigación e innovación. Pero no todas han resultado tan exitosas como las del programa Icrea.

"Me siento estafada. Llegué de Estados Unidos con un currículo brutal y con ganas de aportar a mi país", explica MR, una psicóloga forense de 42 años especializada en casos de violencias. Con todo, afirma con crudeza y mucho desencanto: "Mientras allá se me rifaban, aquí nada. Ni una oportunidad". Su historia bien podría ser un guión de Hollywood: llegó a Nueva York en el 2010 con una reputada beca Fulbright bajo el brazo, después de licenciarse entre los mejores de su promoción y como deportista de alto rendimiento. En EE.UU. su talento le fue abriendo puertas, y ha trabajado en el país como experta en clínica forense por laboratorios de investigación que tenían vínculos con el FBI y otras organizaciones policiales; para el hospital penitenciario de mayor seguridad de EEUU y investigando aplicada en varias universidades del país.

Íntegra. Ésta es la palabra que faltaba en la convocatoria del programa de captación de talento internacional María Zambrano y que hizo que el millar de investigadores llegados a universidades de toda España se encontraran con que el sueldo que recibirían cada mes sería exactamente la mitad de lo prometido una vez instalados en el Estado. En la redacción de este programa de ayudas se fijaban 4.000 euros brutos mensuales por investigador, pero se daba libertad absoluta a las universidades para que establecieran la relación laboral que consideraran con ellos. La inmensa mayoría optaron por realizar contratos en los que descontaban la cuota patronal empresarial, el dinero que paga el empresario a la seguridad social para paro, Fogasa y formación, del dinero que Castells había anunciado como parte de las nóminas. El resultado es que el salario que recibían los investigadores era un 32% menor respecto al prometido –de los 4.000 euros, acabaron recibiendo 2.200 netos–, lo que empujó a algunos investigadores a llevar el caso a los tribunales. Ahora el Tribunal Supremo les ha dado la razón.