Hace dos años que una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, soltó una frase que –entonces no lo sabíamos– estos días recordamos con tristeza. Era un programa de Espejo público que empezó con la historia de una pensionista llamada Maricarmen, propietaria de un piso cuyo inquilino había dejado de pagar el alquiler y realquilaba las habitaciones. Tras reconocer que, sin duda, se trataba de una situación difícil, Racu pidió hablar de otra Maricarmen: "Una Maricarmen que conozco […], que se enfrenta a un desahucio porque una empresa ha comprado su bloque para invertir en él".

Causa una profunda vergüenza que haya sido necesario el desahucio de esta señora mayor de Madrid para que ahora sí, corramos todos. Primero, porque no es serio y, después, por los que dicen que ellos ya hace tiempo que avisaban, porque un decreto antidesahucios parará el golpe, pero no es la solución al problema de la vivienda.

En la película Umberto D. (dirigida en 1952 por Vittorio de Sica, un director que osó retratar la pobreza, y protagonizada por Carlo Battisti) hay una escena durísima. El protagonista del film es un funcionario jubilado que no puede sobrevivir con la pensión ruinosa que le ha quedado y que se ve empujado a pedir limosna en la calle. Como le da vergüenza, el hombre deja a un perrito con su sombrero, que pide por él. A primera vista es una imagen tierna, pero por poco que uno se detenga, es devastadora. Retrata la pobreza de tantas personas que nunca se imaginaron que se verían abocadas a ella y que no saben cómo afrontar la situación, porque no pueden superar la estupefacción –la vergüenza, también– de encontrarse en ella.El mercado, dejado a su propia lógica sin ningún tipo de corrección, amplía incansablemente los espacios de la marginalidad o hace el umbral de la pobreza cada vez más alto, de manera que cae en él un sector cada vez más amplio de la población. Personas que en principio deberían encontrarse en condiciones de pagarse una vida digna (trabajadores asalariados o por cuenta propia, o que se jubilan después de cotizar durante toda una larga vida laboral) descubren de repente que no es así. Sus ingresos están por debajo de los precios, y si no cuentan con un entorno que les apoye, muy pronto se ven abocados a la pobreza.Esta semana, los casos de Maricarmen en Madrid (la mujer de 87 años, precaria de salud y de ingresos, que ha sido desahuciada de su casa mientras los manifestantes eran reprimidos en un nuevo episodio de brutalidad policial) y de Olga en Hospitalet de Llobregat (una mujer de 54 años, madre de dos hijas –una de ellas, menor–, que se ha suicidado porque no pudo soportar perder su casa), han llenado diarios, telediarios y redes, y han llamado la atención de todos sobre la llamada crisis de la vivienda, que en realidad no es más que un resultado de un sistema económico basado en dos cosas: la avaricia y la aporofobia. Dicho de otra manera: la relación patológica con el dinero que consiste en considerarlo un bien superior (en relación con los derechos de los ciudadanos, y también en abstracto, como una especie de deidad), y el odio a los pobres.Las personas tienen, o tenemos, miedo de ser pobres por muchos motivos, pero uno de los principales es que sabemos que pasaremos a ser odiados. No solo menospreciados, ridiculizados, humillados, violentados o perseguidos: también odiados. Por encima de todo, odiados. La imagen del pobre actúa como un reflejo de aquello que nunca queremos ser: por eso, cuando los encontramos por las calles, giramos la cara o aceleramos el paso. Nadie nos lo reprochará. El pobre es temible, es oscuro y es repugnante, porque personifica la negación de la prosperidad. El mensaje para quien no pueda pagar los precios impuestos por especuladores descontrolados es que, además de su casa y de sus bienes, ha perdido la dignidad y la consideración de ser humano. Los explotadores han existido siempre; ahora, sin embargo, se jactan de ser los líderes del nuevo capitalismo. Tienen muchas teorías autojustificativas, pero un único principio fundamental: odiar al pobre.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se encontró hace unos días con su homólogo de Nueva York, Zohran Mamdani, con motivo de la U20 o Urban 20, una cumbre de alcaldes de 34 ciudades del G-20. Desde el momento mismo de la contundente victoria electoral que le llevó a la alcaldía de Nueva York, Mamdani se convirtió en un icono progresista global y en una especie de contrapoder anti Trump (aunque esto sea más de cara a la galería que otra cosa), y por tanto las fotos con él son muy preciadas por los dirigentes de la izquierda europea. Collboni tuvo su foto con Mamdani y algo más: el aval del primer edil de Nueva York a Mayors for Housing (Alcaldes por la Vivienda), una alianza internacional de alcaldes que se comprometan a impulsar políticas contra la crisis habitacional, que Barcelona ya ha liderado a nivel europeo y que ahora busca extenderse internacionalmente.No se puede decir que la U20 no fuera productiva para Collboni ni que se presentara con las manos vacías. Barcelona fue la única ciudad del estado español que participó y pudo aportar la regulación de los precios de los alquileres, la prohibición total de los alquileres turísticos o la expropiación de viviendas vacías, medidas que ciertamente se han aprobado (pero que no se aplican, o no lo suficiente, en una de las ciudades preferidas de los fondos buitre y los grandes especuladores, bancarios y no bancarios). La administración Mamdani ha aprobado, por su parte, la congelación de los precios de los alquileres de los pisos de renta controlada o la creación de supermercados públicos para garantizar el acceso de las familias pobres a los productos básicos; Collboni se comprometió a abrir el primero de estos supermercados dentro del año 2027 en el barrio barcelonés de la Marina.Todo esto viene a ser una especie de alianza de alcaldes contra la especulación y está muy bien. Pero es difícil mantener el espíritu que anima la asunción de estos compromisos con la desatención hacia las protestas de este pasado domingo contra la ampliación del aeropuerto, una gran movilización que también se produjo en Palma e Ibiza, donde tuvo dimensiones de manifestación histórica. Las protestas se basan en una constatación clara: las ampliaciones tanto de El Prat, como de Son Sant Joan, como de Es Codolar se hacen para incrementar la turistificación de Barcelona, Mallorca e Ibiza. Y el incremento de la turistificación de Barcelona, Mallorca e Ibiza va directamente ligado al descontrol en los precios y la especulación de la vivienda, que es, de hecho, una de las consecuencias directas. La fabulosa máquina extractiva que es Aena puede escudarse en la necesidad de contar con infraestructuras competitivas con otros grandes aeropuertos internacionales, pero esto no quita ni un ápice de gravedad a un fracaso del sistema —la crisis de la vivienda— que también ha adquirido dimensión internacional y que es especialmente asfixiante en las zonas intensamente turistificadas como Cataluña (muy especialmente Barcelona) o las Baleares (muy especialmente Mallorca e Ibiza). Los dobles discursos no sirven para paliar nada este fracaso.

Para entender dónde estamos en materia de vivienda hay que aplicar una mirada larga. A menudo se alega que construir un parque público de viviendas es muy lento, que hace falta mucho dinero para tener reservas de suelo y que harían falta muchos años de inversión continuada para lograr el objetivo de un 15% de viviendas asequibles en las ciudades. Pero en un país como España, históricamente muy expuesto al ladrillo, el Estado ha intervenido en muchas ocasiones para rescatar los mercados: del 2008 al 2014 se invirtieron fondos públicos y europeos para salvar a los bancos y las cajas después del estallido de la burbuja inmobiliaria; en 2012 se creó la Sareb para gestionar los “activos tóxicos”; se dieron todo tipo de facilidades a las socimis y se reformó la ley de arrendamientos urbanos (LAU), generalizando la firma de contratos de alquiler a solo tres años. Buena parte de aquellas decisiones explican que encontrar ahora una vivienda de alquiler sea un milagro.La historia de la Sareb se puede explicar desde una perspectiva macroeconómica o desde el punto de vista de las ciudades: son dos visiones contrapuestas. Yo la explicaré desde esta visión local.Muy cerca de mi casa, en un barrio de nueva creación, hay un solar muy grande con malas hierbas, delimitado por unas grandes piedras, que hace años que está vacío. Antes eran campos, y desde la aprobación de un plan parcial de 2002 se han hecho nuevas calles que dan lugar a solares pensados para hacer bloques de seis plantas, pero de baja densidad, porque las edificaciones están muy separadas entre sí. Solo un 10% del aprovechamiento se destina a vivienda social, como en muchos planeamientos de aquella época.El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 hizo subir desorbitadamente los precios de los terrenos al pasar de campos a solares, y algunos promotores se pillaron los dedos. En previsión de que los precios no volverían a recuperar aquellos valores, se creó la Sareb, para evitar que la corrección en los precios de los terrenos y de los pisos implicara la quiebra de los bancos. Así, el solar de al lado de casa pasó a manos del banco malo, y muchos de mis vecinos no saben que el urbanismo plantea allí un bloque para 58 pisos. La Sareb lo ha tenido en cartera durante años y no ha habido ningún promotor privado que lo haya querido desarrollar, a pesar de que es un suelo finalista. El mercado no ha respondido como estaba previsto.En un intento de movilizar un paquete de terrenos como el de al lado de casa, la Sareb realizó un concurso llamado Plan Viena, que debía permitir construir 3.770 viviendas asequibles en toda España a promotores que cobrarían sus alquileres durante 80 años. El concurso, sin embargo, quedó desierto: ningún operador se vio capaz de promover pisos de alquiler asequible en decenas de municipios diferentes, cada uno pendiente de sus trámites de licencias y permisos, con la incertidumbre de los costes de construcción rampantes por la pandemia, y después las guerras de Ucrania y de Irán.

Los promotores clásicos se quejan a menudo de que hacer vivienda social es muy costoso y lento por la burocracia, y que por eso no la hacen. Tener que tramitar decenas de permisos, documentos para validar en departamentos diferentes, con criterios a veces opuestos, encadenar procesos que no avanzan si un trámite se encalla... Todo esto genera volúmenes de incertidumbre que se traducen en retrasos y, finalmente, pérdida de dinero. En vivienda libre, esto no es ninguna barrera, porque son costes que se trasladan al precio de venta. Pero en vivienda social, con precios asequibles para los inquilinos, pone en riesgo muchas operaciones. Y esto, sobre todo, a quien más penaliza es a las promotoras sociales y a los pequeños operadores. Si se tienen que hacer 50.000 pisos sociales, y no se están construyendo al ritmo esperado, quizás conviene ponérnoslo más fácil. He tenido la suerte de poder dirigir la promoción de dos edificios de vivienda social, y puedo afirmar que las actuaciones siguientes eliminarían barreras a la construcción de vivienda social:1. La gestión del suelo. En proyectos de vivienda social, la mayoría de los solares son cesiones gratuitas de los promotores a los ayuntamientos o terrenos comprados expresamente. En el primer caso, las juntas de compensación deben dejar los solares limpios, descontaminados, y urbanizar las calles de alrededor a tiempo. En el segundo, es necesario llevar a cabo los derribos, a menudo complicados por las afectaciones a fincas vecinas. Por tanto, antes de poder colocar una grúa, los proyectos de vivienda social deben esperar actuaciones que deben realizar otros agentes.2. Falta de claridad en la normativa. Hay muchas frases en las normas, decretos, ordenanzas, que dan lugar a interpretaciones diferentes. El problema no es si otorga la licencia un funcionario o una empresa privada, la barrera surge cuando quien tiene el poder de detener un determinado proyecto se lo toma siempre por el lado más restrictivo posible. Entonces el criterio profesional pierde el sentido. Y un aviso: las empresas privadas que den licencia no asumirán riesgos, e irán siempre a la interpretación más desfavorable. Es esta falta de claridad la que retrasa el otorgamiento de licencias, porque los buenos promotores lógicamente intentarán siempre defender las interpretaciones que den más margen a la buena arquitectura.3. La fragmentación administrativa. Cuando se entrega un proyecto, se acompaña de diversos anexos: la cuestión patrimonial, las afectaciones ferroviarias, telecomunicaciones, residuos, incendios, transporte... Es lógico que las ciudades del siglo XXI pidan controles sobre todas las redes, pero quizás la misma administración podría acompañar a los promotores sociales en todas estas gestiones para recordar el interés público de reducir plazos.

Celebro que el Congreso de Arquitectura haya vuelto a poner la vivienda en el centro: “Declaramos que la vivienda es un derecho, no un mero rendimiento económico. Este derecho no es negociable”,dice la Declaración de Barcelona. Es un lema ambicioso, porque las casas son espacios muy valiosos, es difícil poder pagarlas con el esfuerzo del trabajo, consumen muchos recursos y su producción es central en las economías urbanas. La vivienda se ha convertido en un lujo porque las ciudades han descartado otras maneras de planificar, construir y vivir.El congreso ha contado con la participación de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, que probablemente son los arquitectos europeos que más han hecho, a lo largo de su trayectoria, para demostrar que habitar no solo es un derecho, sino que debe ser un placer. Y esto puede costar no mucho más. No es una cuestión de medios, ni de software BIM, ni de precio de ejecución material. Tiene que ver con la ambición de ofrecer los mejores espacios en los barrios donde intervenimos, y requiere observar, proyectar y arriesgar.Tuve a Jean-Philippe Vassal de profesor un año cuando me fui de Erasmus a la Escuela de Arquitectura de Versalles, y tengo un recuerdo nítido y bonito: nunca lo oí pontificar, lo que enseñaba era un razonamiento muy próximo a lo que construía y a lo que ha estado construyendo los últimos veinte años. El curso de Vassal desconcertaba al principio, porque no pedía una solución concreta para un determinado solar. Durante las primeras clases, proponía simplemente que los alumnos fuéramos por la ciudad haciendo fotografías de espacios curiosos, con usos imprevistos. Cuando te dan tanta libertad, se hace muy difícil plantarse ante un aula y explicar un hallazgo personal. Después viajábamos conceptualmente a África, al desierto, o a la plaza Djema-el-Fnaa de Marrakech, para entender qué hace que un espacio sea confortable sin que nadie haya aplicado un diseño o un estilo imitado. Finalmente, el proyecto del curso consistía en proponer un lugar e intervenir en él para mejorarlo. Era difícil, pero hacía con nosotros lo que él planteaba en su despacho: intervenir sin la red de seguridad que dan las normativas y las ordenanzas. Abrir la mirada permite descubrir árboles que forman espacios catedralicios, solo con una cadencia entre los troncos y tales selectivas de las ramas. O, como ellos han hecho con una precisión exquisita, convertir invernaderos en casas fantásticas y económicas.

Hace pocos días, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, avisó que la vivienda es una verdadera emergencia nacional. No le falta razón. Esta problemática, que supone una preocupación creciente para los ciudadanos, se ha convertido en la principal fuente de crecimiento de la desigualdad social. Se cojan los datos que se cojan, el diagnóstico siempre es el mismo: hay más demanda que oferta, cara y prácticamente inaccesible para una buena parte de la población. Y de la oferta que hay, una parte está en manos de no residentes o son pisos que se utilizan para alquilarlos a turistas. En total son unos 900.000 en todo el país, según los datos del Banco de España.

La escritora Llucia Ramis dice que está “acollonada” porque a pesar de haberse podido permitir una hipoteca para un piso, después de años de ir de alquiler en alquiler, quién sabe si algún día no llegará a pagar la cuota. Se agradece a la escritora y a la entrevistadora, Laura Serra, que hayan contribuido a popularizar esta forma mallorquina de lo que en Cataluña sería estar “acollonida” y, al mismo tiempo, lamentamos que esta ocasión de enriquecer vocabulario nazca de la cruda realidad inmobiliaria. Porque si alguien quiere leer un resumen muy bien explicado del gran malestar contemporáneo en que se ha convertido poderse pagar un lugar donde vivir, que lea la entrevista.

El Congreso ha rechazado la convalidación del llamado decreto ley de vivienda aprobado hace dos meses por el consejo de ministros. La norma preveía, entre otras medidas urgentes, la prórroga de contratos de alquiler que expirasen antes del 31 de diciembre de 2027, el tope del 2% en las renovaciones para contener subidas abusivas y mecanismos de protección para personas vulnerables ante desahucios. Estas medidas tienen el origen en iniciativas de Sumar inscritas en un decreto anticrisis más amplio del gobierno español, que incluía también ayudas como rebajas fiscales en energía y carburantes. Con el voto contrario de Junts per Catalunya, el Partido Popular y Vox, estas medidas han decaído. El rechazo no es un episodio menor y, vistos los comentarios en medios y redes sociales, tiene claros efectos reputacionales para Junts, ya que refuerza la ambivalencia de su posicionamiento ideológico. Con su caída se pierden instrumentos concretos que, aun siendo limitados, ofrecían un cierto alivio inmediato a miles de personas. No resolvían el problema de la vivienda, pero contenían los efectos más duros.Junts ha justificado su voto contrario argumentando que el decreto era insuficiente y no abordaba las causas estructurales de la crisis. Además, como en anteriores ocasiones, su portavoz en Madrid, Míriam Nogueras, ha defendido que no se pueden continuar avalando iniciativas puntuales sin una negociación más amplia y sostenida que tome en serio el cumplimiento de los pactos de investidura y los reclamos de Junts. Esta posición puede ser comprensible en clave estratégica de partido y de país, pero para los sectores más críticos resulta problemática cuando acaba bloqueando medidas de protección en un contexto de emergencia habitacional.

Junts ha dicho no a la prórroga de los alquileres de Sumar-PSOE y leemos en el ARA que es una toma de posición arriesgada, “porque según todas las encuestas la vivienda es el principal problema de la ciudadanía”. Es verdad. Alquilar o comprar un piso es inasumible, no solo para los jóvenes. Y pagar el alquiler o la hipoteca también. ¿Pero qué arreglaba esta prórroga?

No se trata de que a nadie se le atragantara el desayuno esta mañana, pero el paro y la inflación han asomado la cabeza, y si la guerra de Irán continúa acabarán sacando la cabeza entera. El encarecimiento de la vida es un hecho y las perspectivas son a peor, con profecías de shock energético y disrupción del comercio internacional, incluidos los alimentos.

En Cataluña, la población crece un 1% cada año. En una población de 8 millones de personas, esto significa 80.000 personas más anualmente. Según el Idescat, son 76.000. Si en cada vivienda hay 3 personas, equivale a unas 26.000 viviendas nuevas cada año (80.000/3 = 26.000). Cuando el suelo es cedido por los ayuntamientos, la construcción de una vivienda de unos 80 o 100 m² tiene un coste de 150.000 €. La inversión total anual para hacerlo es, pues, de 3.900 millones de euros al año (26.000x150.000 = 3.900 M€/año). Hay que empezar por hacer un plan territorial para Cataluña que identifique el suelo disponible, y que facilite a los ayuntamientos ponerlo a disposición de la Generalitat para construir. Ahora bien, ¿es viable crear una empresa público-privada que construya estas viviendas y las alquile directamente a particulares? Si el periodo de amortización de la inversión se fija en treinta años, el endeudamiento público que supondrá será de unos 117.000  millones de euros (3.900x30 = 117.000 M€). En el caso de una inversión pública y privada al 50%, equivaldría a 58.500 millones de euros.Los ingresos medios brutos de una familia catalana con dos trabajadores son de 36.000 €/año (1.500 € x 12 meses x 2 personas = 36.000 €). Los netos, deducido el IRPF, son 25.200 € (36.000x0,7 = 25.200 €/año). El coste de una vivienda de alquiler no debe superar el 30% de la renta neta para poder vivir con cierto margen; es decir, que el coste de alquiler debería ser inferior a los 7.560 €/año (25.200x0,3 = 7.560 €/año).El ingreso generado por este alquiler —los 7.560 €— debería remunerar tres conceptos. Calculados por vivienda y año son:—El retorno del capital público invertido (75.000 €, equivalente al 50% de los 150.000 € del coste de construcción, a treinta años). 75.000/30 = 2.500 €/año).—La remuneración del inversor privado (los 75.000 € restantes, partiendo de una inversión del 5% de rentabilidad). 75.000x0.05= 3.750 €/año.—El pago del interés de la deuda (asumiendo un tipo de interés del 3% anual y calculado con margen para cubrir la variación de interés y el coste de la gestión). 75.000x0,03 ≈ 2.500 €/año.Por lo tanto, los 7.560 € de las familias no serían suficientes para remunerar la suma de los tres conceptos, que asciende a 8.750 €.Esta situación solo sería posible si el IRPF de las familias se redujera a la mitad mientras durase el alquiler; es decir, (36.000-25.200)/2 = 5.440 €/año. Así pues, el ingreso familiar disponible pasaría de 25.200 € a 30.560 € (36.000-5.440 = 30.560 €). El porcentaje de renta neta de impuestos dedicada a la vivienda sería del 8.750/30.560 = 29%, y cumpliría el objetivo fijado por organismos independientes.Un sistema de vivienda de alquiler financiado por capital público y privado puede ser una solución, que, además, cuenta con la ventaja de ofrecer seguridad y rentabilidad a la inversión privada. Según el informe Draghi, la Unión Europea tiene más ahorro privado que los Estados Unidos, pero no mecanismos para invertir. Este en sería uno. Sin embargo, habría que cumplir las siguientes condiciones:—El pacto debe ser controlado y garantizado por las administraciones públicas, los inversores privados y los inquilinos.—Se debe mantener el proyecto como un todo; no individual, vivienda a vivienda. Da seguridad al inversor y al inquilino.—Conseguir que los ayuntamientos cedan metros cuadrados de suelo municipal no es posible si no es con el patrocinio del Estado.Se trata de un modelo que promueve vivienda para la población con rentas medias-bajas a coste moderado. Ha sido utilizado en Holanda y Austria. Es una solución segura, pero no rápida.

Un buen libro sobre vivienda es el de Javier Gil, Generación inquilina, publicado por Capitán Swing. Lo es porque está escrito con lenguaje llano y aterriza algunos de los pronósticos que habían hecho Saskia Sassen y Richard Sennett en el caso de la España postburbuja. El autor explica que las contradicciones en materia de vivienda del mundo occidental comienzan con las políticas neoliberales de desposesión de la clase trabajadora, con una batería de decisiones que favorecieron la especulación rampante y la preferencia por la acumulación de patrimonio, que dio la vuelta a la tendencia de alquileres estables hacia compras de vivienda para invertir. Lo conecta con las conocidas tesis de Thomas Piketty: cuando la vivienda es un bien de inversión se vuelve inaccesible para la mayoría y los ingresos patrimoniales crecen por encima de las rentas del trabajo.Pero, además, Gil cuantifica la magnitud de la tragedia en España: después del 2007, los fondos de inversión como Blackstone, Lone Star, Oaktree, Deutsche Bank, Goldman Sachs o Cerberus compraron cientos de miles de viviendas de los bancos españoles. Solo Blackstone, Cerberus y Lone Star adquirieron 450.000 viviendas en España en pocas operaciones. El gigante Blackstone ha comprado grandes volúmenes de pisos en España, mientras que en el resto del mundo tiene activos más diversificados. Esto merece un estudio, porque, simultáneamente, se han perdido muchas promotoras locales.Paralelamente, el Estado destinó 72.000 millones al rescate de los bancos, y 51.000 millones para la creación de la Sareb. Gil hace una pregunta importante: ¿qué habría pasado si la movilización más grande de fondos públicos de la historia se hubiera destinado a comprar las viviendas obtenidas por los desahucios?

¿Por qué da miedo la densidad? Porque hasta hace cincuenta años, si no se prohibía expresamente, los propietarios podían añadir pisos, aumentar volúmenes y cambiar de usos las fincas sin contrapartida alguna para la ciudad. Si no se hacía más, era porque las paredes maestras soportaban dos o tres alturas de remonta, no mucho más. El aspecto que todo esto dio a las ciudades era bastante salvaje, con cajas de calles que de un día para otro tenían fachadas más altas, sin que la anchura de las calles aumentara, y así se perdía luz y aire en el interior de las viviendas.

El pasado día 5, el presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, propuso a la sociedad española un pacto social en favor de la inmigración evitando el carácter ideológico y partidista que caracteriza al debate y centrándolo en los efectos económicos que está teniendo la evolución demográfica.

Suele atribuirse la escasez de suelo finalista (urbano consolidado) para construir vivienda asequible al planeamiento (a la complejidad técnica del urbanismo), pero Ignacio Ezquiaga, en un estudio para la Fundación Funcas, tiene otra explicación, que me parece convincente a la luz de lo que yo conozco de la Sareb.

El Ayuntamiento de Barcelona acelera el despliegue del Pla Viure, la estrategia municipal que quiere hacer frente a la crisis de vivienda y garantizar que el acceso a un piso digno y asequible deje de ser el principal quebradero de cabeza de la ciudadanía. Con el lema "Priorizamos la vivienda", el plan sitúa a esta política como una de las grandes prioridades del mandato y define las acciones que se llevarán a cabo para garantizar y universalizar el derecho a la vivienda.

No poder tener una vida realmente autónoma hasta los 35 años es lo que ocurre en ocho de cada diez catalanes. Es una anomalía social en toda regla. La dependencia de los padres, es decir, el hecho de verse obligado a compartir vivienda con los progenitores –ya la vez, en parte, a depender de sus ingresos–, impide a un gran número de jóvenes tener la independencia vital de la que sí gozaron las generaciones precedentes a su misma edad. Una falta de independencia como ésta conlleva renuncias y peajes. Lo más conocido y evidente es el retraso a la hora de emparejarse de manera estable y, por tanto, de decidir formar una unidad familiar. Y, como consecuencia, la renuncia o aplazamiento, a menudo forzados por la situación, de tener hijos. La baja natalidad catalana, que no deja de acentuarse, tiene mucho que ver con esa disfunción social.

El fútbol catalán no es ajeno al drama de la vivienda, y especialmente los clubs modestos, de más abajo de Segunda, lo sufren. Los más afectados son los secretarios técnicos, sobre todo de equipos de Barcelona y alrededores, que trabajan para hacer plantillas que rindan con poco dinero y jugadores locales. "Nos condiciona mucho. Los recursos son limitados, y hay que racionalizarlos. Por regla general, apostamos por fichar a futbolistas catalanes que no necesiten alojamiento, porque poner piso es un gasto muy importante", dice Josep Maria Gené, director deportivo de Europa, que ha subido a Primera RFEF, la tercera categoría estatal, con uno de los presupuestos más bajos de Segunda RFEF.