Glovo ha comunicado este miércoles a los sindicatos que abre un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 750 trabajadores de toda España, tal y como ha avanzado El País. La empresa de reparto reducirá su servicio en más de 60 localidades del Estado, que todavía no ha concretado, "para evitar su cierre", tal y como ha explicado un portavoz de la compañía.

Glovo, la plataforma de envío a domicilio nacida en Barcelona, ​​vuelve a ser noticia. Esta vez en el mercado de directivos, después de haber estrenado un consejo asesor que contará con varios expolíticos y empresarios, con nombres bien conocidos para todos. Glovo se cubre así los hombros tras años de toma y daca con las administraciones y con varios frentes abiertos en los juzgados, como la guerra con Just Eat por presunta competencia desleal. Por su parte, Puig también aprovechó su presentación de resultados para anunciar un nuevo cargo e Ipsen estrena director general.

Al día siguiente que Glovo celebrase su décimo aniversario y el inicio de un nuevo capítulo en el que promete contratar a los repartidores -con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y representantes de los sindicatos mayoritarios-, la plataforma vuelve a tener cita en los juzgados. Este martes se inició el juicio contra la compañía por competencia desleal al que su competidor Just Eat le reclama una indemnización de 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

Glovo, la plataforma de envíos a domicilio, celebró 10 años de vida este lunes entre congratulaciones de las administraciones y el empresariado, pero también con la vista puesta en los tribunales. De martes a viernes tendrá lugar el juicio por la demanda interpuesta por Just Eat por presunta competencia desleal de la compañía catalana. Según ha proclamado el cofundador de Glovo Òscar Pierre, en un acto celebrado en su sede de Poblenou, estos diez años marcan un cambio de era para la empresa, que empezó como una start-up tecnológica y ahora, dice, "es momento de dejar de ser menos emprendedores y ser más empresarios".

La firma estadounidense de comida a domicilio DoorDash adquirirá a su competidora británica Deliveroo por 3.393 millones de euros, según ha informado esta última compañía en un comunicado remitido a la bolsa de Londres. DoorDash, con sede en San Francisco, ya había hecho una propuesta para quedarse con todas las acciones de Deliveroo el pasado mes y pagará 210 céntimos en efectivo por cada título.

Un día antes de que su consejero delegado, Oscar Pierre, declarara en un juzgado en Barcelona acusado de un delito penal contra sus trabajadores, Glovo enviaba un comunicado en el que prometía cambiar finalmente su manera de funcionar a lo largo del 2025. La plataforma de envíos a domicilio arranca el nuevo año en pleno proceso de redirección de su actual modelo de operativa, sostenido a través de los falsos autónomos, hacia uno laboral, en el que los repartidores por fin estarán contratados como asalariados.

Apenas quince minutos. Es el tiempo que ha tardado el consejero delegado y cofundador de Glovo, Oscar Pierre, en declarar este martes ante la juez y responder a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía, en el proceso penal en el que está acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El empresario ha negado que la decisión de la empresa de contratar a sus repartidores, anunciada un día antes de que le tocara presentarse en la Ciudad de la Justicia, sea una "estrategia de defensa". Pierre se ha acogido a su derecho de no responder a la CGT, que se ha personado como acusación particular en el caso representando dos riders afiliados al sindicato.

El cofundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, deberá declarar ante la jueza como investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores el próximo 3 de diciembre, según ha avanzado Eldiario.es y ha podido confirmar el ARA. El empresario debería haber comparecido ya en septiembre, pero esta citación se pospuso y ahora la magistrada María Isabel Hernando la ha vuelto a convocar. En junio la Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra los máximos responsables de la plataforma de envíos a domicilio por mantener los suyos riders como falsos autónomos, aunque una sentencia del Tribunal Supremo lo prohibiera en el 2020.