La información sobre la CUME, una prestación que reciben los progenitores que deben cuidar de menores con enfermedades graves, circula entre las familias como información reservada. El gobierno español la tiene en la cartera de la Seguridad Social desde el 2011, pero estas familias se quejan de que en los hospitales o en los servicios sociales desconocen a menudo que pueden acogerse a una reducción de la jornada laboral de al menos el 50% cobrando el sueldo íntegro para poder dedicarse a acompañar a la criatura al médico o estar pendientes. También denuncian que las mutuas laborales les presionan para que se incorporen al trabajo lo antes posible y que tienen la última palabra, incluso pasando por encima de un informe médico.

Muface vuelve a estar en el punto de mira. Pero esta vez el motivo no es una nueva licitación pública para dar asistencia sanitaria privada a los funcionarios (1,6 millones de personas), sino un análisis realizado por la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) sobre su eficacia y eficiencia. A grandes rasgos, el Airef propone que los futuros funcionarios dejen de ir a mutuas y se incorporen al sistema público de salud, de forma que no sigan engordando estructuras como Muface, que se ha convertido en una anomalía en Europa. De hecho, el Estado es el único país que tiene un sistema público de salud y, al mismo tiempo, un régimen distinto para los trabajadores públicos. "Grecia y Portugal ya lo reformaron en el 2008, coincidiendo con la crisis financiera", han recordado desde el organismo que preside Cristina Herrero.

La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha anunciado este martes que el ejecutivo lanzará antes de que acabe el año una nueva licitación para prestar asistencia sanitaria a los trabajadores públicos adscritos a Muface, la mutualidad de los funcionarios. Según Alegría, el nuevo concurso público incrementará un 33,5% en tres años la prima que la administración pagará a las aseguradoras, superior al 17,11% en dos años ofrecido en la primera puja de este año, que quedó desierta en noviembre.

El hecho de que hace pocas semanas, cuando se discutía la reforma fiscal en el Congreso, se estudiara en serio fijar un impuesto sobre las cuotas que se pagan a las mutuas privadas de seguro sanitario me sorprendió y alarmó. Visto desde las Españas, se consideran como un signo de riqueza algunos pagos que deben realizarse en comunidades como la catalana, cuando en realidad son un signo de maltrato económico porque el Estado no aporta lo que debería aportar. Se contratan mutuas para acceder con mayor rapidez a servicios sanitarios y no tener que esperar excesivamente. La situación tiene un fuerte parecido con lo que ocurría –y todavía ocurre– con los peajes. Muchos españoles se escandalizaban de tener que pagar peajes en las autopistas catalanas y lo veían como una explotación por parte catalana, cuando era justo lo contrario: el Estado no quería invertir en Catalunya lo que invertía en el resto del Estado.

Las compañías de seguros Adeslas, Asisa y DKV han decidido no presentarse a la licitación del concierto para prestar asistencia sanitaria en el ámbito de Muface, la mutualidad de los funcionarios, según han anunciado las propias compañías en dos comunicados. Estas tres aseguradoras eran las únicas que prestaban asistencia sanitaria a través de Muface, la mutua que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares en el último concierto.