Por segundo día consecutivo, en el Tribunal Supremo se ha seguido un guión prácticamente calcado. Después de que ayer acudiera José Luis Ábalos, este jueves fue el turno de Koldo García. Tal y como hizo el exministro de Transportes, su exasesor se ha negado a declarar entre reproches al instructor del caso de presunta corrupción en el alto tribunal, Leopoldo Puente, que ha optado por dejarlo en libertad. La Fiscalía Anticorrupción, como ya ocurrió con Ábalos, no ha pedido su encarcelamiento por mucho que aprecia cierto riesgo de fuga, y las acusaciones populares, encabezadas por el PP, han vuelto a solicitar sin éxito prisión provisional sin fianza. De esta forma, Koldo también ha sorteado la cárcel y sale del Supremo con las mismas medidas cautelares que se le estaban aplicando: retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial. De esta forma, el ex número tres del PSOE Santos Cerdán es el único investigado de la causa que está encarcelado.

El PP tiene ya el caso Cerdán. Ciertamente, había caso. Pero lo que quiere es el caso Sánchez: caza mayor. El cerco sobre el presidente español sigue estrechándose. Los populares han aparcado momentáneamente las divergencias internas, Ayuso se ha tomado un respiro en su pulso poco enterrado con Feijóo y ahora se trata de exprimir al máximo la caída en los infiernos de la corrupción de quien hasta hace cuatro días era secretario de organización del PSOE. Este lunes el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instado por el fiscal de Anticorrupción Alejandro Luzón –reservado e independiente, con una trayectoria profesional sólida–, ha ordenado prisión sin fianza para Santos Cerdán, un extremo al que no se había llegado con los otros dos miembros del terceto presuntamente arrebatado el ex ministro José Luis Ábalos y Koldo García, para los que sólo se han dictado medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a prisión provisional sin fianza el hasta ahora número tres del PSOE y mano derecha del presidente español, Pedro Sánchez, Santos Cerdán. El dirigente socialista, que dimitió de todos los cargos a raíz del informe de la Guardia Civil que le apuntaba, se defendió asegurando que es una "persecución política", por el papel que tuvo a la hora de hacer de puente con el PNV y EH Bildu, y también con el expresidente Carles Puigdemont. Incluso auguró que el próximo en caer sería el ministro Félix Bolaños, interlocutor con ERC. Ahora bien, lo cierto es que no ha convencido en ningún caso al juez y al auto que decreta la cárcel es demoledor: le sitúa como jefe de la presunta trama corrupta y apunta que habría más dinero defraudado y más implicado. A continuación, los principales argumentos deel juez Leopoldo Puente:

El terremoto político de esta semana en Ferraz tiene su origen en un informe policial de la UCO que estaba bajo secreto de sumario enmarcado en una pieza separada del caso Ábalos en el Tribunal Supremo (TS). Desde los tribunales, quien lleva ese caso es el juez Leopoldo Puente. Es también lo que el jueves ofreció a Santos Cerdán declarar voluntariamente el 25 de junio ante el TS por los "indicios consistentes" que le apuntan.

Los casos Ábalos o Begoña Gómez han vuelto a reactivar un debate recurrente sobre una figura controvertida en los procedimientos penales. La de la acusación popular. están persiguiendo delitos, sino personas. [...] No buscan aclarar los hechos. ustedes se benefician de ello", dijo al PP el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la sesión de control de este miércoles. Y es que las investigaciones judiciales que acorralan al PSOE están marcadas por el rol que tienen asociaciones y partidos de extrema derecha. Manos Limpias, Hazte Oír, Vox o Iustitia Europa han espoleado estos procedimientos y han adquirido espacio mediático a través de su actuación en los juzgados. El juez que instruye el caso Ábalos en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, sin embargo, ahora ha diluido su influencia. PP, que es el primer partido que se personó cuando la causa se inició en la Audiencia Nacional. aún tiene una parte de la investigación, previsiblemente tendrá que hacer lo mismo. La consecuencia es que esta semana, en los interrogatorios de Víctor de Aldama y Koldo García, solo ha asistido el letrado del PP. acusaciones de extrema derecha no pueden hacer preguntas ni tienen conocimiento directo de las diligencias, sino que deben coordinarse con el PP. Por tanto, quedan a merced. de la colaboración con quien lidera la acusación. Como hoy puede ser el PP y otro día en otra causa otra organización o partido quien tenga esa condición, les conviene cooperar. días su disconformidad con la decisión de Leopoldo Puente.

El magistrado tomó la decisión para agilizar procesalmente el caso. El hecho de que haya tantas acusaciones provocaba que todas tuvieran que opinar sobre las diligencias y retrasaba la investigación. "Debería ser una decisión que esté directamente en la ley porque ahora no te pone limitaciones", apunta en conversación con el ARA el catedrático de derecho procesal de la Universidad de Barcelona (UB) Jordi Nieva. ¿Pasará lo mismo a la causa en la que está investigada Begoña Gómez? También hay cuatro organizaciones personadas, por lo que la situación es muy parecida a la del caso Ábalos, y el criterio del Supremo –la máxima instancia judicial del Estado– debería inspirar a Juan Carlos Peinado.

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