Emigrar es siempre una experiencia difícil, pero aún se complica más si no conoces a nadie en el país al que vas, si el idioma y las costumbres son diferentes y si sólo tienes quince años y el viaje es en patera y no sabes nadar. Pero eso no es todo: cuando llegas a destino descubres que nada era tan fácil como parecía y que devolver el dinero que te ha dejado para hacer el viaje será casi imposible.

Sentado en un banco frente a la Sagrada Familia de Barcelona, ​​Youssef Benkhay explica su biografía desde que salió con 16 años de Aitaddou Zaguura hasta que ahora, con 24, está a punto de terminar un grado medio de formación profesional de instalación de electricidad, gas y agua y trabaja en la empresa de inserción de la Fundación. "Aprender el idioma, volver a estudiar, encontrarme en un lugar tan diferente a mi pueblo de 20 casas en el Sáhara, estar lejos de casa", detalla el joven cuando se le pide por las dificultades que ha tenido que pasar por poder, por fin, tener un futuro más o menos encauzado.

Hasta cinco años ha tenido que esperar a una joven extutelada por la Generalitat para tener en su cuenta las mensualidades de la pensión de orfandad queantigua DGAIA –actualmente reconvertida en DGPPIA– guardaba hasta llegar a la mayoría de edad. La joven tiene ahora veintitrés años y ha cobrado de repente 15.000 euros, pero el suyo no es el único caso de demoras injustificadas en este colectivo de chicos.

Poco antes de cumplir los 18 años, Nico (un seudónimo) pidió la prestación para la emancipación a la que los jóvenes extutelados tienen derecho cuando hacen la mayoría de edad para facilitarles el aterrizaje en la edad adulta, teniendo en cuenta que la mayoría no tienen el apoyo emocional ni económico de las familias. El trámite se prolongó más de un año, hasta el punto de que, sin otra fuente de ingresos, tuvo que aparcar los estudios y ponerse a trabajar.

La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha admitido que el departamento que ella dirige funcionaba hasta 2023 con una gran carencia de recursos, tanto humanos como técnicos, que han propiciado parte de la problemática en relación con las prestaciones económicas que denunció la Sindicatura de Cuentas y que este jueves la síndica Maria Àngels Cabasés ha detallado en el Parlament. "Las prestaciones se gestionaban con un software equivalente a un bloc de notas, el ámbito de las prestaciones se ha diseñado sin suficiente rigor técnico", ha señalado Martínez Bravo, quien ha aprovechado su intervención en la comisión parlamentaria para anunciar que impulsarán la condonación de la deuda a los jóvenes extutelados que recibieron una prestación económica de forma indebida. Un anuncio de la consellera después de que Cabasés presentara 27 conclusiones que derivan de la fiscalización de las cuentas del departamento y que concluyó que se pagaron casi 168 millones indebidamente entre el período 2016-24. Sin embargo, según la consellera, 70 de esos 168 millones ya se han recuperado y la mayoría –hasta un 90%– acabarán devolviéndose.

Aquella tarde tenía un examen y me aferraba al clásico repaso de última hora, ese con el que confías en que la memoria podrá vencer el tiempo, grabando a contrarreloj contenidos que no has conseguido retener en semanas. Entre apuntes desordenados y subrayadores medio secos (penúltimo examen del curso), recibí una llamada de la L., y, entre somics y palabras entrecortadas, entendí: "Derechos Sociales" - "mail" - "36.000 €" - "no sé cómo" - "llame".

El departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha calificado de encuentro "cordial" la reunión que este miércoles ha mantenido la consellera del ramo, Mònica Martínez Bravo, con cinco portavoces de los jóvenes extutelados a los que la Generalitat reclama que vuelvan entre 12.000 y 36.000 euros por supuestos "pagos indebidos". En el encuentro, que tuvo lugar a primera hora de esta mañana en el Parlament, la consellera se disculpó por todo el sufrimiento y revuelo que causó al colectivo el envío de las cartas y también les mostró su disposición a "acompañarles" en el proceso para la aportación de la documentación que se les requiere en el periodo de diez días. Por su parte, la síndica de agravios ha pedido que se apruebe la condonación de estas deudas, como ya se hizo con los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía.

Con el espanto todavía en el cuerpo, un grupo de jóvenes extutelados se han concentrado este lunes ante la dirección general de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA), que sustituye a la DGAIA, para denunciar la "indefensión" en la que les deja la reclamación para que devuelvan miles de euros por supuestos pagos indebidos de la prestación algunos casos supondría devolver más de 36.000 euros.

Más de un centenar de jóvenes extutelados por la Generalitat han denunciado sentirse el chivo expiatorio de una mala gestión de la administración y por el reproche de la Sindicatura de Cuentas sobre los 167 millones de euros de prestaciones sociales pagadas a personas que ya no cumplían los requisitos. Como ha avanzado el ARA, la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) ha empezado a enviar a cientos de estos chicos mensajes en los que reclama miles de euros por "impagos indebidos" y les da diez días para que puedan presentar alegaciones. Son cantidades que superan los 10.000 euros y en muchos casos incluso los 30.000.

La dirección general de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA, que sustituye a la DGAIA) ha empezado a enviar correos electrónicos a jóvenes extutelados para reclamarles supuestos "pagos indebidos" de las prestaciones a las que, por ley, tienen derecho desde la mayoría de edad hasta los 23 años. Según ha podido saber el ARA, se han enviado "centenares" y las cantidades reclamadas ascienden a más de 10.000 euros y, en algunos casos, la cifra llega a superar los 36.000 euros. El envío de estos mensajes llega tan sólo quince días después de que la Sindicatura de Cuentas cifrara en 167 millones de euros los impagos indebidos otorgados por el departamento de Derechos Sociales e Inclusión a unas 230.000 familias, de los cuales 4,7 millones (el 2,8%) correspondían a los que se habían dado a los jóvenes que habían pasado parte de su infancia en el sistema de protección. reclamándole unos 30.000 euros. "Le he querido tranquilizar diciéndole que debía ser un error", explica la joven, que tiene 22 años. me reclaman yo estudiaba bachillerato y no tengo ninguna ausencia tan larga y no tengo informes negativos de mi referente", comenta indignada a este diario. "Parece que nos vayan a joder a los más débiles, poniéndonos bastones en la rueda; ¿quién puede devolver estas cantidades?", se pide la chica que afirman casos con "cantidades exageradas" que han sembrado de nerviosismo a estos jóvenes y han hecho que los teléfonos y los WhatsApps echen humo. el expediente de reintegro, una vez finalizado el proceso de revisión, deberá ser objeto de reintegro por parte del interesado. ni tampoco llegarán a entender que disponen de diez días a partir de recibir el correo para realizar las pertinentes alegaciones y para presentar la documentación. "Muchos quedarán como morosos de verdad", lamenta.

En el informe, la síndica Maria Àngels Cabacés había constatado irregularidades en el cobro de la prestación de los extutelados a jóvenes que estaban trabajando o vivían fuera de Catalunya, criterios excluyentes para ser beneficiarios de la ayuda. atribuir estos pagos indebidos a las deficiencias tecnológicas del mismo departamento para poder actualizar los datos de las personas beneficiarias y al hecho de que no comparte datos con la administración de Hacienda o la Seguridad Social. recalcularan qué cantidad debía recibir de la prestación. Como respuesta, afirma, recibió un "tú sigue cobrando la ayuda ya la declaración de Hacienda del año que viene ya lo notificarás". sobrevivir, sin ser conscientes de que, una vez les llegue la prestación, como ya ingresan un sueldo, no tendrán derecho a cobrar la prestación o, por lo menos, no completamente. tiene una recepción certificada.

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