Los tradicionales encuentros de Navidad de Pimec y de la Cámara de Comercio de Barcelona celebradas este jueves –llevan ya unos años coincidiendo de día– han servido de campo de batalla para la polémica en torno a la ley de cámaras de comercio. Cómo ya explicó el AHORA, el mes pasado las patronales Pimec y Foment del Treball, junto con los sindicatos CCOO y UGT, enviaron una carta a los grupos parlamentarios en la que mostraban su disconformidad con el proyecto de ley presentado en el Parlament de Catalunya, lo que cayó como un cubo de agua fría sobre la Cámara de Barcelona y el Consejo de Cámaras de Catalunya, dado que el texto "ha sido acuerdo" había sido acorde. Según Pimec, el texto que finalmente ha entrado a trámite parlamentario no es "exactamente" el texto pactado, por lo que los agentes sociales han presentado una serie de enmiendas.

Parecía que el 2025 sería el año en que la ley de Cámaras de Comercio catalanas, texto que lleva más de 10 años caducado y que regula la función de las 13 cámaras de comercio catalanas y parte de su financiación, finalmente se renovaría. En julio se logró llevar una propuesta de ley al Parlament, acordada por el Consejo de Cámaras de Cataluña, las patronales Pimec y Foment de Treball y los sindicatos CCOO y UGT. En noviembre, la propuesta fue presentada en el Pleno del Parlamento para el debate de totalidad y sin enmiendas a la totalidad. Unos días después, sin embargo, las patronales y los sindicatos enviaron una carta conjunta a los presidentes de los grupos parlamentarios alegando "preocupación sobre cuestiones fundamentales que afectan al equilibrio institucional del diálogo social y su preservación como bien público esencial para el progreso económico y social del país, y de las afectaciones sobre determinadas actividades derivadas de la proposición de ley del tercer sector y de la ley de Cámaras".

La esperada ley de cámaras de comercio comienza a andar. Más de diez años después, la propuesta de ley de cámaras, consensuada por las 13 cámaras de comercio catalanas, se ha entregado este jueves en el Parlament de Catalunya a los principales grupos parlamentarios que apoyarán la aprobación del texto. Así, PSC, ERC, Junts y el PP han registrado la ley, que ahora entra en trámite parlamentario y se espera que se apruebe a finales de 2025 o principios de 2026.