Un nuevo revés para la ley de Cámaras: patronales y sindicatos dinamitan el consenso

BarcelonaParecía que el 2025 sería el año en que la ley de Cámaras de Comercio catalanas, texto que lleva más de 10 años caducado y que regula la función de las 13 cámaras de comercio catalanas y parte de su financiación, finalmente se renovaría. En julio se logró llevar una propuesta de ley al Parlament, acordada por el Consejo de Cámaras de Cataluña, las patronales Pimec y Foment de Treball y los sindicatos CCOO y UGT. En noviembre, la propuesta fue presentada en el Pleno del Parlamento para el debate de totalidad y sin enmiendas a la totalidad. Unos días después, sin embargo, las patronales y los sindicatos enviaron una carta conjunta a los presidentes de los grupos parlamentarios alegando "preocupación sobre cuestiones fundamentales que afectan al equilibrio institucional del diálogo social y su preservación como bien público esencial para el progreso económico y social del país, y de las afectaciones sobre determinadas actividades derivadas de la proposición de ley del tercer sector y de la ley de Cámaras".

Este revés de última hora ha caído como un cubo de agua fría para los cuartos. Según las fuentes consultadas por el ARA, y pese al previo consenso del texto, la batalla vuelve a recaer en la representatividad: los agentes económicos y sociales reclaman eliminar de la mayoría de artículos de la ley las partes en las que se permitiría representatividad por parte de la Cámara, insistiendo en la expresión "de carácter consultivo", eliminando cualquier opción de representación o participación.

Según el presidente de la Cámara de Barcelona y del Consejo de Cámaras, Josep Santacreu, "la tramitación de la ley no se detiene, pero [este obstáculo] puede suponer un pequeño retraso" en la aprobación de la ley. "Estamos muy sorprendidos negativamente por la falta de palabra pero muy tranquilos. Las enmiendas que proponen no respetan la ley Básica de Cámaras de 2014, ni a la ley Catalana de 2002, ni la realidad de las cámaras de comercio de España ni Europa", rebate Santacreu. "Lo que no vamos a consentir es que no nos dejen hacer lo que permite la ley de cámaras española", asevera.

La confrontación

Desde la Cámara barcelonesa, una fuente interna consultada por este diario explica que "el tema está en una feroz lucha entre las patronales y las cámaras". "Esta ley que se ha promovido dice que sobre el diálogo social las cámaras no quieren ni deben tener ninguna intervención, pero las patronales se agarran a que lo que dice la ley es que ellas deben participar en todas partes, y consideran que esto implica que son ellas y nadie más; pero las cámaras deben poder estar ahí, también, porque representan a las personas suyas: la gran confrontación", apunta esta fuente. En definitiva, dice esta fuente, "las Cámaras ya están de acuerdo en que no deben participar en el diálogo social, pero no quieren renunciar a que son representantes de todos los sectores económicos del país".

Según las voces consultadas, es principalmente Pimec, presidida por Antoni Cañete, quien lidera este reclamo de última hora. En este sentido, desde la patronal de las pymes defienden que "nos pusimos de acuerdo con un texto que decía que la Cámara no puede estar en el diálogo social, pero esto se modificó en su día y después esta parte volvió a ser como la anterior". Ante esto, una voz cercana a las negociaciones apunta a que le consta "que se hizo una modificación pequeña de última hora a escala de enmienda técnica, pero Pimec ha aprovechado esto para presentar muchas más enmiendas", detalla.

Desde CCOO, el secretario de acción sindical de Catalunya, Enrique Rodríguez, explica que desde el sindicato no han hecho ninguna enmienda, pero que se han sumado al posicionamiento conjunto con las patronales y UGT "para preservar un espacio donde están las organizaciones más representativas, que es un espacio de concertación y de diálogo". En este sentido, Rodríguez detalla que "una Cámara es una entidad de derecho público, financiado por la Generalitat, y no es un agente social, por tanto, no juega el papel de parto que podemos jugar patronales y sindicatos que negociamos y llegamos a acuerdos con la administración", apunta. Así, es tajante: "Abrir las cámaras a la negociación social va en contra la Constitución".

Financiación y marco legal

La última ley de cámaras catalana es de 2002 y todavía no se había renovado. Esta ley había quedado obsoleta hace más de 10 años, porque en el 2014 se aprobó una nueva ley estatal de cámaras, por lo que la catalana quedaba desactualizada. Sin embargo, a pesar de que en el 2014 debería haberse aprobado una nueva ley de cámaras catalana, la falta de consenso entre el Consejo de Cámaras y los principales agentes económicos y sociales, como las patronales y los sindicatos, había imposibilitado la aprobación del texto. Así, Cataluña es una de las pocas comunidades autónomas que no cuentan con una ley propia.

Uno de los objetivos principales de la ley es definir el alcance y las funciones de las cámaras catalanas. "La ley dice por fin a qué debemos dedicarnos, que es principalmente una función consultiva al mundo público y privado", detallaba Santacreu en julio, cuando se llevó al Parlament la propuesta de ley. "Las cámaras no queremos en absoluto competir con las empresas de nuestro país, sino poner sobre la mesa proyectos de país, potentes y que nadie está haciendo", aseguraba el presidente de la Cámara de Barcelona. En concreto, el texto propuesto reconoce a las cámaras como órganos consultivos, de representación y de colaboración con las administraciones que representan, promueven y defienden los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios. Este rol de representación se materializaría a través de las comisiones y grupos de trabajo que integran las cámaras y la participación en entidades.

Asimismo, también existe el punto de la financiación: la ley propone que haya una partida específica en los presupuestos para las cámaras, lo que daría aire a la situación actual de estas instituciones, que basan su financiación en programas, proyectos europeos, servicios a empresas y servicios del Consejo de Cámaras. Sin embargo, algunas voces apuntan el miedo de los agentes sociales que, a través de esta ley, las subvenciones deban repartirse entre cinco en vez de cuatro: "CCOO y UGT tienen miedo de que el montante a repartir, si hay que repartir entre más entidades, sea menor", dice una voz empresarial. Y se le suma otra: "Las patronales también tienen subvenciones y todo lo que sea pisarles terreno no les gusta", remacha.

Finalmente, voces de dentro de la Cámara consideran que "si esta ley debe salir con las enmiendas de las patronales, es mejor que no salga, porque quieren quitar a las Cámaras la representación de todos los sectores, y eso no puede ser. Sólo la Cámara de Barcelona sola ya es representando en más de 500 instituciones", recuerdan.