Es frecuente fijar objetivos de política económica como porcentajes mínimos sobre el PIB del correspondiente gasto. Ejemplos: Trump reclama a Europa un 5% en defensa, la UE un 3% de inversión en I+D, la OCDE un 1% en gasto medioambiental, las leyes de universidades españolas un 1% en universidades, una ILP un 6% para educación. También existen objetivos, menos ligados a políticas concretas, que son de exigencia de máximos. Ejemplo: el Pacto de Estabilidad de la UE fija un máximo de déficit fiscal del 3% del PIB.

La vuelta a la escuela supone un gasto muy alto para muchas familias, de más de 422 euros de media. En el conjunto del año son más de 2.000 euros en las escuelas concertadas, que se reducen a la mitad en las públicas, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Pero algunos de estos costes pueden deducirse en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en el tramo autonómico. Cataluña, comunidad a la que existe un vale escolar por cada uno de los 795.000 alumnos de primaria y secundaria, es la comunidad autónoma de las quince de régimen común que tiene menos ventajas fiscales de este tipo. La única relacionada con la educación tiene que ver con el tercer grado, ya que puede aplicarse a los préstamos para financiar másteres o doctorados. Se devuelve el 100% de los intereses ligados a estos créditos.