Es evidente que un nivel salarial alto y una carrera laboral larga se traducen en unas pensiones más elevadas o como mínimo suficientes para una vida digna después de la etapa de vida activa. Y más si las prestaciones públicas, que tienen un tope, se actualizan en relación al índice de precios de consumo (IPC). Hay un elemento importante que explica una buena parte de la evolución que han experimentado las prestaciones en los últimos años, y es la desaparición del antiguo índice de revalorización, que limitaba las subidas al 0,25% anual. Este tope que estableció el gobierno de Mariano Rajoy (PP) hacía que la remuneración que recibían los pensionistas quedara congelada en términos reales, es decir, que no ganaran poder adquisitivo, sobre todo en las etapas en las que la inflación era más elevada. Una vez el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) recuperó en 2022 la revalorización en relación al IPC –que se calcula en noviembre de cada año respecto al de un año atrás con una subida que se aplica el enero siguiente–, la actualización anual ha mejorado.

Más de dos millones de catalanes reciben atención de entidades reunidas en la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social que confía en que el Parlamento apruebe, después de tres años, la ley del tercer sector que debe reconocer el trabajo que realizan profesionales y voluntariado. Desde mayo de 2025, Xavier Trabado Farré es su presidente en sustitución deEnric Morist, muerto repentinamente.

Usaban anuncios para adoptar o comprar cachorros. Pedían un primer pago por el animal y después, poco a poco, iban exigiendo nuevas transferencias por vacunas, transporte, chip, una jaula... Cuando se acababa la retahíla de pagos se esfumaban y el cliente no veía ni un pelo del animal de compañía que había comprado. Ésta era sólo una de las actividades fraudulentas a las que se dedicaba la red criminal que la Guardia Civil ha desarticulado en Vizcaya, en el País Vasco.

No todas las personas que tienen derecho a recibir una prestación social la cobran. Algunos ni siquiera la piden porque o bien no saben que tienen derecho a ella o ni siquiera hacen la solicitud por desconocimiento. Es el fenómeno conocido como non take-up o brecha de cobertura, dejando a miles de personas vulnerables sin protección. Se calcula que en Cataluña el 79% de las familias con hijos que podrían recibir el complemento por infancia no lo reciben; el 18% de las personas que cumplen los requisitos para la renta garantizada de ciudadanía no se benefician, y un 66% de los potenciales usuarios del ingreso mínimo vital (IMV) tampoco.