La morosidad de las administraciones públicas obliga al tercer sector a endeudarse

BarcelonaLas 3.000 entidades del tercer sector (desde las que se encargan de temas de infancia o pobreza, pasando por ocio o salud mental) superaron el pasado año la barrera de los dos millones de personas atendidas. Sin embargo, el crecimiento de la actividad no va acompañado de una financiación estable, y esta carencia condena a las asociaciones a endeudarse. Sin ir más lejos, el 41% de estas entidades están pendientes de que las administraciones públicas les paguen las partidas comprometidas, según las conclusiones del barómetro que ha presentado la Mesa del Tercer Sector de Cataluña con datos del ejercicio cerrado de 2023. deuda pública de ese año se incrementó un 5% respecto al 2021, siendo la Generalitat la administración más morosa, seguida de los ayuntamientos. "Esto provoca tensiones en la tesorería", sostiene Marta Campo, de la junta de la Mesa, entidad que hace de paraguas de entidades y federaciones. Para continuar con la actividad, las mayores entidades tienen musculatura para contratar pólizas de crédito con las que consiguen una línea de financiación para gestionar el día a día. Por el contrario, las más pequeñas deben buscar soluciones más drásticas, como el retraso de las actividades programadas, una solución que afecta directamente a los usuarios y la calidad del servicio.

Las dificultades en financiación son el gran caballo de batalla del tercer sector con las administraciones públicas. Pese a que la Generalitat y las empresas del sector han pactado incrementos de tarifas, que también deben servir para aumentar los sueldos de las plantillas, son insuficientes aumentos para equilibrar los años de precios congelados y subidas del IPC. Son pasos insuficientes, señala la Mesa, que recrimina que "en mayo aún no se saben las cantidades de dinero de la gran convocatoria de ayudas del departamento de Derechos Sociales e Inclusión" que dirige la consellera Mònica Martínez Bravo.

A la espera de una ley propia

Una de las grandes esperanzas es que, finalmente, se apruebe la ley del tercer sector, que se empezó a tramitar en la legislatura anterior, y que debe comportar un reconocimiento jurídico del papel que desempeñan las asociaciones. También debe garantizar un presupuesto. El objetivo es dejar de depender de la convocatoria de subvenciones y ayudas y pasar a un modelo de concertación como la que tienen los ámbitos educativo y de la salud.

En la presentación del barómetro, la presidencia de la Mesa insistió en que la red de entidades son indispensables para atender a personas que sin su atención quedarían sin cobertura. En este sentido, habló de atención "humanitaria", como demuestra el hecho de que en pocos años las entidades que trabajan contra la pobreza se han doblado y ahora suponen ya el 14% del total.

Según el barómetro del 2024, las entidades atendieron a 100.000 personas más que hace dos años, un 5% más. Concretamente, 2.077.000 personas pasaron por alguna de las asociaciones, la mayoría dedicadas a la atención a la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y la pobreza.

La radiografía también señala que la actividad social tiene un impacto directo en el PIB catalán y ya supone el 1,94%, un porcentaje que se traduce en 3.874,4 millones de euros y que representa medio punto de crecimiento respecto a 2022. El sector también tiene un impacto en el ámbito inmobiliario valorado en 4 y atendidas.