Francesc Sánchez (Sant Boi, 1971) es el abogado de Oriol Pujol en el juicio que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional. Durante las cuestiones previas, denunció que el inicio de la investigación era "ilícita" y responde a la "voluntad" de "parte del aparato del Estado" de querer "influir" en el proceso de independencia. Hace unas semanas, aportó la documentación de la causa que está en marcha en Andorra sobre la desaparición de la Banca Privada de Andorra para acreditar la intervención de las cloacas del Estado. Quien también fue responsable jurídico de Convergència confía en que las declaraciones como testigos pendientes de Celestino Barroso –exagregado de Interior en la embajada de Andorra– y Joan Pau Miquel –exconsejero delegado de la BPA– lo apunten y celebra que el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, "parara los pies" a José Manuel Villarejo.

"¿Qué hago aquí?" "¿De qué me defiendo?" Son dos interrogantes que han planteado dos de los abogados de los empresarios acusados ​​en el juicio a la familia Pujol Ferrusola que resumen la impotencia expresada por el resto de las defensas durante la segunda sesión. Todas ellas han convergido en denunciar reiteradamente vulneraciones del derecho de defensa, del derecho a un proceso con todas las garantías, de la tutela judicial efectiva y del principio acusatorio. Básicamente, creen que los hechos que les han llevado a juicio son inconcretos e indeterminados y que su descripción sólo puede conducir a la exoneración.

La familia está configurada por personas humanas. No hay dos personas iguales y, por lo tanto, entre los padres, entre los hermanos y entre los padres y los hermanos crecen y se desarrollan diferencias de potencial que constituyen complejos sistemas de poder y culminan en singulares relaciones de dependencia. La propia figura del hermano mayor es un clásico: se cree por delante de los demás y, al mismo tiempo, con derecho a sacar rendimiento de los padres (la figura del heredero consagrada en este país es una institucionalización perversa de esta realidad). Si la familia es numerosa, el juego se complica y las combinaciones de las fidelidades también. Existe una tendencia nada inocente a creer que por el interés de la familia todo está justificado. Y es en este contexto donde a menudo se pierde el principio de realidad y se despliega el nihilismo: todo está permitido. Y al mismo tiempo se configuran rivalidades y lealtades internas con la dialéctica padre-madre como hilo conductor.

La primera jornada del juicio en la familia Pujol Ferrusola deja dos imágenes para la historia: el expresidente de la Generalitat siguiéndole telemáticamente desde su casa y sus siete hijos sentados en el banquillo de los acusados. Y pone de manifiesto dos hojas de ruta diferenciadas y complementarias en la estrategia de defensa: un enfoque que resalta la falta de competencias de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos y la prescripción de los delitos por los que se les acusa y un planteamiento que pone énfasis en el impacto que tuvo la operación Catalunya.

"El tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia". Pese a que los informes forenses desfavorables sobre su estado de salud lo desaconsejaban, la Audiencia Nacional se ha negado a exonerar a Jordi Pujol y Soley y ha decidido sacar adelante el juicio contra él. Sus siete hijos, la exmujer del primogénito y diez empresarios también se sientan en el banquillo de los acusados ​​en un juicio que llega cuatro años después de que concluyera la instrucción y que debe discernir si la fortuna que los Pujol tenían en Andorra procedía del abuelo Florenci o se engrosó con dinero procedente de comisiones ilegales. La Fiscalía acusa al expresidente de la Generalitat de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales y pide nueve años de cárcel para él.

Este lunes pone en marcha en la Audiencia Nacional el juicio de la década. A lo largo de seis meses, el tribunal deberá discernir si el dinero que la familia Pujol Ferrusola tenía en Andorra procedía de la deja del abuelo Florenci, como asegura el expresidente catalán desde la confesión de julio del 2014, o provenían de "pagos millonarios ilícitos" de empresarios a cambio de "favores políticos".

Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat, ha roto el silencio después de once años y pocas semanas antes del juicio a la familia por organización criminal, que arranca el 24 de noviembre en la Audiencia Nacional. "Mi padre quiere ir al juicio", ha asegurado en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio. Admitió que quien fue jefe del Gobierno durante 23 años tiene problemas cognitivos, tal y como publicó El Periódico, que tiene algún "problema de habla" y que "le cuesta recordar nombres de los hijos o de los nietos". Pero dejó claro que "no es un hombre inservible o que sea necesario inhabilitar", y aclaró que su objetivo es poder participar en el juicio telemáticamente, sin necesidad de desplazarse a Madrid.