Meta esquiva un juicio histórico y evita el riesgo de revivir el gran revés de los 90 contra las tabaqueras. Mark Zuckerberg ha acordado con 47 estados, el Distrito de Columbia y los territorios estadounidenses pagar unos 17.000 millones de dólares –unos 14.300 millones de euros– a cambio de que se retire el caso en que se acusa a la compañía tecnológica de haber diseñado redes sociales adictivas para los menores y haber engañado al consumidor sobre la seguridad de sus productos.

El juicio histórico a Meta, la matriz de Facebook e Instagram, por los efectos perniciosos de sus redes sociales sobre niños y adolescentes, obliga a reabrir el debate del acceso de la juventud a las redes sociales. El estado español ya estudia una norma para obligar a las plataformas digitales a establecer controles efectivos para alejar a los menores de 16 años; una propuesta que la ministra de juventud e infancia, Sira Rego, espera que se apruebe tras las vacaciones, según declaraba en una reciente entrevista con la agencia Europa Press. España se sumaría a un tren que pilota Australia, que prohibió el acceso a las redes a los menores de 15 años en diciembre. También Francia aspiraba a añadirse a la tendencia; si bien su ley, que debía entrar en vigor el 1 de septiembre, fue tumbada por el Consejo Constitucional, alegando que la prohibición "no proveía las salvaguardas legales necesarias para garantizar el derecho al respeto a la vida privada". El órgano también observaba un conflicto claro con la libertad de expresión de los usuarios afectados.

Las consecuencias del modelo de negocio de las redes sociales podrían estar llegando para Meta, la matriz de Facebook e Instagram. El gigante que dirige Mark Zuckerberg se enfrenta este martes a la primera sesión de un juicio que puede poner límites a lo que parte de la administración norteamericana considera excesos digitales. 29 estados de los EE. UU., liderados por Colorado, California, Nueva Jersey y Kentucky, acusan a la multinacional de haber introducido funciones y dinámicas en sus principales plataformas que generan adicción entre los niños y los adolescentes.

22 jóvenes ingresaron el pasado año en la unidad de referencia de psiquiatría infantil y juvenil (URPI) del Hospital de Santa Catalina de Salt por un intento de suicidio. Cinco casos más que en el año anterior. Tras cada intento hay un inmenso sufrimiento y la desesperación de los propios jóvenes con riesgo de suicidio y también de sus familias, que suplican más recursos para que las administraciones "no dejen morir" a sus hijos y doten de más recursos al sistema de atención a la salud mental infantojuvenil. "A la hora de decidir presupuestos, de apostar en serio, siempre es la última de la cola. Cuando un adolescente está en crisis, tres meses de espera para el psicólogo de la sanidad pública no son una simple demora administrativa. Son una eternidad que puede tener consecuencias fatales", lamenta la periodista Sònia Cebrian, madre de ingreso infantil y juvenil del Hospital de Santa Catalina de Salt por un intento de suicidio. Ha estado durante quince días y este miércoles ha recibido el alta. "Los profesionales, los de la sanidad y los de la educación, están desbordados y no llegan a todo, y las familias improvisan parches que sólo les permiten mantener la cabeza fuera del agua a base de lucha y soledad", añade Cebrian.

"Me sentía muy diferente a todo el mundo, tenía la sensación de sentirme débil en la escuela y desarrollé ansiedad y muchos sentimientos de tristeza", explica Mireia, que ahora tiene 23 años y recuerda cómo fue gestionar la ansiedad y la depresión durante la adolescencia. "Me quedaba en clase, no salía al patio, llegaba tarde, no tenía ganas de hablar con las amigas. Todo parecía normal, pero internamente estaba mal y me fui aislando", comenta sobre los ataques de ansiedad que aparecieron a los catorce años y que no pudo verbalizar hasta los dieciséis.

Una de las muchas lecciones que dejó la pandemia de Covid-19 es que hay que cuidar y proteger la salud mental de los jóvenes, ya que su malestar emocional ha aumentado desde la irrupción del coronavirus, hace seis años. Aunque cada vez hay más concienciación sobre esta problemática y en consecuencia se destinan más recursos públicos a revertir la situación, los datos muestran que existen un elevado número de estudiantes catalanes que siguen sufriendo. Entre 2024 y 2025, por ejemplo, un 30,6% de los estudiantes de entre 16 y 22 años en Cataluña han tenido pensamientos suicidas, es decir, casi un tercio han pensado en el suicidio, se lo han planteado o incluso lo han planificado. Además, uno de cada cuatro (25,9%) se autolesionó y uno de cada diez (10,6%) intentó suicidarse.

Casi seis años después de la sacudida que supuso el confinamiento por la covid, los indicadores de la salud mental de los jóvenes comienzan a dar síntomas de mejora. No se puede afirmar que los efectos de la crisis se puedan dar por superados, pero sí que los que ahora tienen entre 15 (eran niños en el 2020) y 29 años dicen tener unos hábitos y comportamientos más saludables, si bien en la mayoría de los casos los resultados son aún peores que antes del 2019.

Hay una generación que vive con el agua en el cuello y el corazón acelerado. Una generación que ha crecido entre pantallas e incertidumbres, que mira al futuro con una sonrisa cansada y una pregunta en los labios: "¿Cómo aprender a vivir si todo parece demasiado?"