Forestalia es una gran empresa aragonesa de energías renovables que en el Camp de Tarragona conocen bastante bien: pretendía impulsar una línea de alta tensión de 287 kilómetros, 181 de los cuales en territorio catalán, para hacer llegar la electricidad desde Aragón hasta Cataluña. Un proyecto, polémico en su día, que hoy ya es historia. Los quebraderos de cabeza para la compañía, sin embargo, no han terminado y ahora la polvareda la genera un presunto caso de corrupción ambiental que, de momento, se ha saldado con seis detenciones. ¿Qué se investiga?

Vamos por partes. La causa ya se ha bautizado como el caso Forestalia. Este viernes hay prevista precisamente una vista de medidas cautelares por parte del magistrado responsable del caso. Finalmente, sin embargo, lo ha aplazado cinco días. A grandes rasgos, se investiga una supuesta trama de corrupción ambiental que afecta a la provincia de Teruel, en Aragón.

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La decisión deeliminar el veto a la venta de vehículos de combustión a partir del 1 de enero de 2035 ha cogido más de uno con el pie cambiado. Sin embargo, es un anuncio que ha ido cocinándose desde hace ya un tiempo en la discusión permanente sobre políticas ambientales y políticas industriales. De hecho, la directiva de la Comisión Europea (CE) para eliminar la comercialización de vehículos de propulsión con combustibles fósiles se puso en marcha en julio de 2021 y se aprobó definitivamente en el Parlamento Europeo en febrero de 2023. ha decidido modificar la directiva, y lo que se establecía inicialmente como una reducción del 100% de las emisiones de CO₂ para vehículos nuevos ahora se fija en el 90%. Con este cambio, se permitirá la comercialización limitada de vehículos con motor de combustión más allá de 2035. Se marca así una flexibilización del Pacto Verde Europeo.

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La transición ecológica adquiere en la Unión Europea (UE) un color verde cada vez menos intenso. El cambio radical en la hoja de ruta que el club comunitario había establecido de cara a la desaparición de los coches con motor de combustión es una prueba de ello. De prohibir su venta a partir de 2035 a dejar sin efecto esta limitación hay mucha diferencia. La presión de la industria automovilística, con gran peso en países como Alemania, ha acabado debilitando la regulación del ejecutivo comunitario.

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