El Partido Popular tiene un armario lleno de banderas que va sacando al debate público a medida que encuentra que le pueden ser de servicio. Las saca a desfilar, las envuelve de ruido, fuerza con ellas falsas disyuntivas y debates igualmente falsos, y después saca la siguiente. Tanto da si es la inmigración, Cataluña y la lengua catalana, la organización territorial del Estado, la lucha contra la corrupción, los diversos negacionismos que arrastra o la defensa de lo que llama la unidad familiar. Todo consiste en conseguir hacer desfilar una bandera, o unas cuantas banderas simultáneamente, y hacer sonar la matraca.Ahora se trata del concebido no nacido, un concepto grotesco que pretende que un feto sea un miembro más de la ya mencionada unidad familiar. En este caso, la bandera sale de los telares de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, expertos en banderas victoriosas, que ya han legislado sobre la cuestión en la Asamblea de Madrid (qué nombre irónico, Asamblea de Madrid). Vox también quiere disputarla, esta bandera, porque les viene muy bien: al fin y al cabo, el antiavortismo y la negación de los derechos reproductivos de las mujeres ocupan un punto destacado del ideario fascista/neofascista que promulgan desde el partido de Abascal. Hay también un componente de machismo rancio y patriarcalismo: la criatura empieza a existir desde el momento en que el padre fecunda a la afortunada madre, o quizás ya cuando el padre se baja la cremallera. Por si todo ello no fuera suficiente, es un discurso que viene avalado también por el movimiento MAGA y el trumpismo. Así pues, el concebido no nacido es un hallazgo que está en sintonía con el aire de los tiempos y merece el nihil obstat del nuevo integrismo. Aceite en un crisol.La idea de contar un embrión como un miembro de la familia, a parte de macabra y aberrante, también es muy acertada. Hace unas semanas, a propuesta de Vox, se discutió sobre el concebido no nacido al Parlament balear –una cámara vanguardista, desde que la preside un energúmeno de ultraderecha con el apoyo del PP– y ya se vio que la idea es tan buena que deberían incluir también dentro la unidad familiar a los parientes muertos. Así tendríamos el concebido no nacido y el difunto ya enterrado: entre todos juntos formarían una unidad familiar ideal y bien completa.No hace falta decir que la ley aprobada en la Comunidad de Madrid bajo la mayoría absoluta de Ayuso, y que Feijóo promete introducir en una ley de alcance estatal en caso de gobernar, supone una involución alarmante en derechos y libertades. También plantea preguntas: ¿cómo concuerda el concebido no nacido con la prioridad nacional de Vox? ¿Y con la mayoría nacional de Aznar? Más concretamente: ¿un embrión de inmigrante es miembro de una unidad familiar? Y si es así, ¿esta unidad familiar, que cuenta sus fetos, merece formar parte de la mayoría nacional y, por tanto, recibir privilegios reservados a los ciudadanos de la prioridad nacional? Vox ya ha contestado que no. ¿O quizá alguien dudaba que, entre los embriones, también los hay de primera y de segunda? El problema de hacer desfilar tantas banderas a la vez es que tropiezan entre ellas y todo.

1. Juanma Moreno Bonilla dijo que no quería repetir como presidente de Andalucía si tenía que tener Vox dentro del gobierno. Al final, como tantas otras comunidades autónomas donde el Partido Popular ganó pero se quedó corto, Andalucía también tendrá un gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha. Moreno Bonilla, a contrapelo, se ha tragado sus principios y ha tenido que ceder. Ha acabado aceptando los postulados de Abascal y ya tiene un vicepresidente de Vox en su gobierno que le enmienda la plana antes de la investidura. “Y lo que te rondaré, morena”, que dirían en Sevilla, en otra expresión popular que ya debe estar cerca de alguna bandera roja.

Primero tuvo que pasar por el acicalador de Vox la presidenta extremeña, María Guardiola, a pesar de las dificultades; después fue el turno del Aragón de Jorge Azcón y de la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco. Pero aún quedaba el máximo exponente de los moderados del PP, el presidente andaluz, el sorayista Juanma Moreno Bonilla, que también cederá a las pretensiones de Vox, tal como ha asumido él mismo y como quiere la dirección estatal. El acuerdo se está ultimando, pero la única duda que queda es el tempo, es decir, si claudica para la sesión de investidura de este jueves o lo deja para más adelante haciéndose rogar de cara a la opinión pública. En todo caso, según fuentes conocedoras de las negociaciones entre el PP y Vox consultadas por el ARA, el dilema fue claro desde el principio: "O aceptas las condiciones o elecciones", dijo el equipo negociador de Vox.

Existe un amplio acuerdo institucional y académico según el cual entre los principales objetivos de un sistema sanitario justo debe estar incluido el concepto de equidad; que la equidad, en el campo de la salud, comporta que las personas con las mismas necesidades de salud deberían tener el mismo acceso a la atención sanitaria, y que, por el contrario, las personas con diferentes necesidades de salud, con desigualdades, deberían tener un acceso desigual a la atención sanitaria, que no es otra cosa que la aplicación del concepto marxista de “a cada cual según sus necesidades”. Este es el sentido de la visión actual de la salud pública: las políticas sanitarias no deberían limitarse a tratar enfermedades, sino que también deberían reducir las desigualdades sociales que las generan. Y asociada a esta visión, la idea de justicia.

El papa León XIV ha pronunciado este lunes en el Congreso de los Diputados un discurso que contiene el mensaje principal de su visita a España, donde recordamos que, además de Madrid y Cataluña, tiene previsto visitar las Islas Canarias. Este mensaje tiene que ver con el drama de la inmigración y la manera como los gobiernos y las sociedades la gestionan, y se basa en un principio fundamental: la defensa de la dignidad humana. "Muchos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a abandonar sus comunidades y dejar atrás a sus seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad supera cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos", ha afirmado el Santo Padre.

Matar niños no es fácil; se sabe hacer. En abstracto se pueden hacer proclamas de exterminio de todo un pueblo, como hace Netanyahu u otros líderes genocidas, pero lo cierto es que este trabajo –el de aniquilar criaturas– no lo puede hacer cualquiera. ¿Quién irá puerta por puerta, cuando se dicte el exterminio de una raza entera, para acabar con todos los niños que allí vivan? ¿Quién podrá apretar el gatillo o lanzar una bomba, quién apuntará con un ojo entrecerrado directamente a la cabeza de un niño que apenas levanta unos palmos de tierra? ¿Quién hundirá un cuchillo en la carne tierna y soportará los gritos agudos y espeluznantes? Muy pocas personas, de hecho, podrían llevar a cabo el peor de los actos, el más funesto y terrible: el de acabar con la vida de un retoño indefenso. Por eso los soldados han de ser entrenados para deshumanizar al otro en un proceso que es de doble sentido. Porque es imposible ver al “enemigo” en una criatura si no se ha sufrido una erosión importante de la propia humanidad.

La lenta pero segura claudicación del PP ante Vox ha encontrado un punto de anclaje en el principio de prioridad nacional, bandera de las negociaciones en curso y coartada para los déficits neoautoritarios. Las derechas siempre se han movido en la lógica simplista de los buenos y los malos, de los nuestros y los otros, dando por entendido que de esta manera se dibujan los límites de lo que es aceptable y que lo que no se acomoda a ello es enemigo. Y siempre han tenido la inmigración en el punto de mira como territorio de la sospecha.

Alberto Núñez Feijóo ha abierto una brecha en su propio partido con la asunción del principio de "prioridad nacional", un emblema de la extrema derecha lepenista que se ha ido extendiendo por el resto de Europa, pero que el PP nunca había hecho suyo. Es más, lo había rechazado con vehemencia.

Los pactos del PP y Vox en Extremadura y Aragón han tenido un "caja o faixa" que no iba solo de gestión, sino sobre todo de guerra ideológica. Sobre el papel, la ha ganado Vox con el logro por primera vez de la "prioridad nacional" en "las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" –en ambas regiones. Según ha podido saber el ARA, Vox enfocó las negociaciones como un escenario clave para la batalla cultural a un año vista de las elecciones españolas, con dos ejes esenciales: inmigración sobre la base del lema "primero los de casa"; y la desregulación, la motosierra del argentino Javier Milei. La prioridad nacional ha sido un elemento pactado como antesala de nuevas ofensivas: "Es la ventana de Overton", sostienen fuentes de Vox consultadas, que citan un concepto de la ciencia política que describe la aceptación progresiva de ideas que inicialmente eran rechazadas.

El PP llevará a votación este miércoles en el Congreso un texto en el que se pide "priorizar el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, así como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, a las personas que acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, inspirándose en el principio de prioridad nacional". De esta manera, afirman los populares, trasladan a la cámara baja "el alma" del acuerdo con Vox en Extremadura. Sin duda se trata de un movimiento relevante, ya que Alberto Núñez Feijóo decide asumir un principio que históricamente ha estado vinculado a la extrema derecha, y especialmente al lepenismo francés, a pesar de las reticencias expresadas por figuras relevantes de su partido como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla.