El PP y Vox pactan la "prioridad nacional" para limitar derechos a los migrantes y Ayuso se opone

Barcelona / MadridVox salió de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en verano de 2024 como protesta por el hecho de que los populares aceptaran la acogida de 400 menores procedentes de Ceuta y Canarias. No es extraño que, dos años después, la carpeta de la inmigración haya sido clave para retomar la alianza con el PP, de momento, en el ejecutivo de Extremadura. Cuatro meses después de las elecciones, el PP ha pactado con la extrema derecha limitar los derechos de los inmigrantes, empezando por comprometerse a rechazar la llegada de los irregulares por todas las vías, "legales, jurídicas y políticas", sean menores o mayores de edad. El gobierno de María Guardiola no ofrecerá nuevas plazas de acogida e intentará vaciar las actuales "trabajando activamente para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen". Toda una declaración de intenciones, a pesar de que Extremadura no tiene competencias para expulsar personas de su territorio.

El acuerdo que firmaron las dos derechas extremenñas en Mérida no se limita solo a hablar de inmigración irregular. Uno de los principios clave que inspirará el nuevo gobierno de Extremadura será la "prioridad nacional" para otorgar "todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas", también a los migrantes con papeles. ¿Qué significa? Pese a que no entran en detalle, el PP y Vox destacan que establecerán un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y que, además, vincularán el acceso a las ayudas a la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema" de los inmigrantes. Para los populares, el quid de la cuestión de esta medida es el arraigo –y no la nacionalidad–, un postulado que aseguran que ya defendían: "No cambia nada, es una baremación positiva", subrayan voces próximas a la dirección del PP.

En cambio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado: "No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los cuales tiene derechos y al margen de un sistema al cual ha contribuido", ha verbalizado esta mañana desde Bruselas. Más tarde, la líder autonómica de Vox, Isabel Pérez Moñino, le ha avisado de que la formación ultra también lo exigirá en Madrid si el PP necesita sus votos –ahora gobierna con mayoría absoluta– después de las elecciones de 2027. Unas palabras que llegan 24 horas después de que el PP madrileño votase en contra de una propuesta de Vox en el parlamento autonómico que reclamaba instaurar la "prioridad nacional" en las prestaciones económicas a la maternidad.

Vox saca pecho de una "hito muy importante" por haber conseguido que la "prioridad nacional" sea un "requisito imprescindible" en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda: "Será un eje estratégico, no solo en este gobierno, sino en los futuros", ha subrayado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Desde Génova atribuyen esta expresión a la "narrativa" del partido de Santiago Abascal y lo presentan como un "eslogan" de la formación de extrema derecha: "No nos incomoda", subrayan voces del entorno de Feijóo. El PP lo ve como un principio inspirador –más narrativo que pragmático– y celebra que Vox haya cedido en esta concepción del acuerdo sin exigir que se deba llevar a la práctica hasta las últimas consecuencias, cosa que chocaría con la Constitución.

Otro de los puntos del acuerdo estipula que las personas en situación irregular "quedan excluidas" de las prestaciones y servicios sociales estructurales, como la salud, "y se limita su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". El PP y Vox también crearán una unidad encargada de verificar si hay fraude en las prestaciones sociales y en el padrón, especialmente destinada una vez más a los inmigrantes, y se suspenderá, entre otros, la enseñanza de árabe en las escuelas públicas.

Un monumento franquista como bien cultural

Más allá de la inmigración, la reducción de impuestos –aunque Extremadura es una de las comunidades que más recursos recibe del modelo de financiación autonómico–, la lucha contra las ocupaciones de viviendas, la defensa de la "familia" y la nostalgia también asoman en el acuerdo. Por ejemplo, Vox había sido muy beligerante defendiendo que el monumento franquista de la Cruz de los Caídos de Cáceres fuera declarado bien de interés cultural. La extrema derecha se ha salido con la suya y el PP ha aceptado protegerlo. En el acuerdo, en cambio, no hay ninguna referencia a la violencia contra las mujeres, que tanta polémica generó hace dos años por la negativa de Guardiola a aceptar las propuestas de Vox.

La Moncloa estará "vigilante"

El encargado de reaccionar al acuerdo en nombre de la Moncloa ha sido Félix Bolaños. "El gobierno español estará muy vigilante a la implementación de este pacto ultra y llevaremos a los tribunales, y en particular al Tribunal Constitucional, todo lo que sea discriminatorio y sean recortes de derechos", ha advertido en una entrevista a La Sexta. El mismo aviso ha hecho Pedro Sánchez desde Barcelona, donde ha apelado a recurrir a "toda la fuerza del estado de derecho" para "defender las libertades de los extremeños". El presidente español cree que el acuerdo "traiciona la historia" de Extremadura –una "tierra de migrantes"– y supone "bloqueo, freno e involución" para la región. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lamenta que el PP haya "comprado por completo todos los marcos ideológicos de la ultraderecha" con un pacto que incluye cosas "absolutamente inhumanas" en un "marco xenófobo, racista y contrario al desarrollo de los derechos".