Bruselas mantiene en el punto de mira la tarifa regulada de la luz –en casa nuestra conocida técnicamente como PVPC (precio voluntario del pequeño consumidor)– y que tienen algunos estados miembros, entre ellos el español. De hecho, l'año 2023 el gobierno español ya acometió una reforma de esta modalidad del recibo de la luz porque el ejecutivo comunitario lo exigía. El ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, hace una defensa firme, sobre todo en un contexto de tensión de los precios energéticos como el actual, si bien se ha comprometido con la Comisión Europea a elaborar un estudio "con profundidad" para analizar su funcionamiento y competencia, tal como exige la normativa europea y ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una atención a los medios de comunicación este martes.