Los últimos días José Luis Rodríguez Zapatero ha desplegado su estrategia de defensa en múltiples frentes: cuatro escritos en cuatro días. El último paso que ha dado el expresidente español ha sido arremeter con mucha dureza contra la UDEF, a quien responsabiliza de que sus agendas y las conversaciones con su secretaria hayan acabado esparcidas en los medios de comunicación. Denuncia que es un “auténtico disparate”, una “difusión indiscriminada” con un “resultado desolador” y “el atentado más grave que puede hacerse” contra los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones. Esta última petición, a la cual ha tenido acceso el ARA, se suma a los otros movimientos que ha hecho recientemente para intentar invalidar los chats que lo incriminan. Son todas conversaciones entre terceros que hablan de él y que fueron la base de su imputación. Hasta ahora, su hoja de ruta se centra en atacar el origen y legitimidad de las pruebas.

Al día siguiente de que salieran a la luz las conversaciones privadas y las agendas de José Luis Rodríguez Zapatero, el juez José Luis Calama, el instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, ha pedido que se investiguen las filtraciones. Calama ha enviado la petición a los juzgados de Madrid, a quienes insta a identificar a los responsables de las filtraciones, que ve potencialmente delictivas. El magistrado remarca que los hechos tienen "gravedad" y podrían tener encaje en tipos penales de revelación de actuaciones reservadas. En paralelo, el expresidente español ha solicitado a Calama la nulidad general de las actuaciones de la causa por vulneración de cuatro derechos fundamentales. Según el documento, al que ha tenido acceso el ARA, Zapatero denuncia que se ha incorporado al proceso una "prueba ilícitamente analizada".

Hay una comparativa entre dos jueces de moda que últimamente hace fortuna: José Luis Calama, que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Peinado, que ha enviado a Begoña Gómez a juicio después de una instrucción de dos años. A nadie se le escapa que la manera de pivotar las dos grandes causas mediáticas en las que están inmersos es diferente. No en vano por los pasillos del Congreso voces de alta jerarquía de la Moncloa reconocen que Calama "no es" Peinado, como muestra de que la investigación sobre el expresidente español, aún embrionaria, no tiene las extravagancias de la imputación de la mujer de Pedro Sánchez. La meridiana distancia entre ambos se ha hecho patente, especialmente, en dos cuestiones: la adopción de medidas cautelares y la imputación de personas que previamente han declarado como testigos con la obligación de decir la verdad. Vamos por partes.

Las joyas de Zapatero llenan titulares desde hace días y, desde este viernes, protagonizan una nueva pieza separada del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama ha acordado investigar también al expresidente español por la posesión de estos objetos de valor porque considera que existen indicios de presuntos delitos fiscales y de contrabando. La base de su decisión es la tasación preliminar de las joyas –localizadas en el despacho del exlíder del PSOE–, que han sido valoradas en 1.323.915 euros. El informe de la tasación, al que ha tenido acceso el ARA, analiza el precio de mercado estimado (impuestos incluidos) de hasta 79 joyas, entre las que destacan collares de más de 220.000 euros y pendientes de 80.000.

José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado en la Audiencia Nacional dos semanas más tarde de lo previsto. El juez José Luis Calama ha aceptado la petición de aplazamiento de la defensa del expresidente español y lo convoca los días 17 y 18 de junio. Inicialmente, estaba citado la semana próxima, martes día 2. En una providencia, Calama ve procedente retrasar la declaración por la extensión de la causa, tal como había solicitado el abogado del exlíder socialista, Víctor Moreno Catena, ya que no tuvo acceso hasta este lunes. En paralelo, el exlíder del PSOE ya se ha empezado a defender públicamente de las acusaciones.

Junto con las noticias sobre la causa abierta en la Audiencia Nacional, estos días me ha resultado imposible no recordar la estrecha relación que mantuve con José Luis Rodríguez Zapatero hace un cuarto de siglo, cuando decidió presentarse como candidato a la secretaría general del PSOE. Era junio del 2000, y aquel diputado de 40 años casi desconocido no tenía todas las garantías de que ganaría. Indirectamente, recibió la ayuda de Alfonso Guerra, que impulsó la presentación de la exministra Matilde Fernández para dividir el voto y dificultar la victoria de José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha. La cuarta candidata era Rosa Díez, que más tarde fundaría otro partido, ya desaparecido: Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

No es fácil encontrar una foto suya, tampoco en Google, pero su discreción contrasta con la envergadura de las macrocausas que suele tener entre manos. José Luis Calama Teixeira, el juez que justamente este miércoles cumple 67 años y que ha imputado al expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra, hace tres décadas que pertenece a la carrera judicial española y desde 2018 ejerce como magistrado de la Audiencia Nacional, donde ha destacado por la investigación del espionaje a diversos miembros del gobierno español con Pegasus.