El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez y la envía a juicio
El magistrado argumenta que los escoltas de la mujer de Sánchez podrían ayudarla a huir e indigna a la policía
BarcelonaEl juez Juan Carlos Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente español, Pedro Sánchez, y le retira el pasaporte. El magistrado ha resuelto este sábado la petición de medidas cautelares que habían hecho las acusaciones populares en la audiencia del lunes. De esta manera, Gómez no podrá acompañar a Sánchez en los viajes internacionales. Además de la retirada del pasaporte, también le prohíbe salir del Estado y le obliga a presentarse cada quince días en el juzgado. Son las medidas que había pedido Hazte Oír, la entidad ultra que agrupa las acusaciones populares, porque consideraba que había riesgo de fuga. No había pedido, sin embargo, prisión preventiva. Peinado también acepta las mismas medidas cautelares para la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez.
El lunes se celebró la audiencia previa a un juicio que será por jurado popular y Peinado se ha tomado cinco días para decidir si aceptaba las medidas cautelares solicitadas. Mientras tanto, aún ha abierto una nueva línea de investigación por los delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea por un contrato que se adjudicó a una empresa de Juan Carlos Barrabés. Para el empresario, que tiene una enfermedad, las acusaciones populares no solicitaron ninguna medida cautelar.
El papel de los escoltas, según Peinado
¿Cómo justifica la retirada de pasaporte a Gómez? Aunque la mujer del presidente español siempre va acompañada de escoltas –es el argumento que utilizó su defensa para rechazar las medidas cautelares que pedía Hazte Oír–, el juez considera que estos agentes podrían ayudar a Gómez a huir: "Estos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, colaborar en la acción o acciones para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia". El juez añade, además, que la "condición" de presidente español de Pedro Sánchez es algo "efímero y, por tanto, transitorio", lo que hace que los escoltas que tiene ahora Begoña Gómez puedan "desaparecer". "Esto facilitaría aún más esa hipotética fuga".
La justificación que utiliza el magistrado ha indignado al sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, que, en un comunicado, ha exigido una "rectificación" al juez. "Es una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional y, en particular, los agentes adscritos a la seguridad de la presidencia del gobierno puedan colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la justicia, diga quien lo diga", critican. También se ha sumado el sindicato SUP, que ha calificado "de especialmente preocupante" la afirmación de Peinado: "Los policías nacionales no actúan al margen de la ley".
Además de las quejas policiales, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado "la más enérgica queja" a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". En este sentido, le pide que "se adopten las medidas que puedan resultar procedentes en el uso de sus atribuciones".
El juez también utiliza otro argumento para justificar el riesgo de fuga: especula con la condena que puede recibir Gómez y pone la "hipótesis" de que sea de más de dos años de prisión. En este caso, recuerda que tendría que entrar en un centro penitenciario. "Se tiene en cuenta la posibilidad de que las acusadas [Gómez y Álvarez] intenten eludir la acción de la justicia y se cumpla así un riesgo de fuga que se intenta evitar adoptando una medida cautelar", justifica.
Apertura de juicio oral
Peinado envía a juicio a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. También quiere juzgar a su asesora, Cristina Álvarez, por los mismos delitos, y al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado.
¿Cuál es la tesis del juez? Que Begoña Gómez habría utilizado el hecho de ser la mujer del presidente español para conseguir beneficios particulares. El juez considera que hizo un "cambio radical" en su trayectoria profesional desde el momento en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Peinado lo ejemplifica diciendo que Sánchez llegó a la presidencia del gobierno español en julio de 2018 –aunque el juez escribe erróneamente 2028– y que en agosto de ese mismo año es cuando Gómez cambia de trabajo y es nombrada directora del IE Africa Center, cuando establece "vínculos" con la Organización Mundial del Turismo y con una de las empresas de Barrabés.
En este sentido, pone el foco en las cartas de recomendación que firmó a favor del empresario a la hora de relacionarse con la administración. También se centra en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la que habría creado una aplicación informática que el juez pone bajo sospecha por haberla patentado a su nombre. Considera, en este sentido, que esta cátedra no se creó por una vía ordinaria, sino que vino precedida "al menos" por una reunión entre el rector de la UCM, Joaquín Goyache, en la Moncloa.
Peinado ve ahí tráfico de influencias en los hechos que ha investigado y vuelve a hacer una mención al reinado de Ferran VII para justificarlo. Cree que por mucho que se analice o se busque en la jurisprudencia, "no se podrá encontrar un supuesto de características similares" y añade: "Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado". Y en este punto, cree que, en todo caso, se debería "remontar al reinado de Ferran VII".
El juez también cuestiona el trabajo de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por hacer trabajos relacionados con su tarea privada cobrando del gobierno español. Sobre Barrabés, Peinado subraya que "intensificara" las relaciones profesionales con Begoña Gómez y utilizara su posición académica "en favor" de sus intereses empresariales.
En todo caso, la acusación popular de Hazte Oír pide hasta 24 años de prisión para la mujer de Sánchez, mientras que la Fiscalía ha solicitado el archivo del caso porque no ve delito. La defensa de Begoña Gómez ha recurrido su procesamiento a la Audiencia Provincial de Madrid y también ha anunciado que lo hará de la decisión de este sábado de retirarle el pasaporte, según informa la agencia Efe. Hasta ahora, la Audiencia Provincial ha avalado la instrucción, pero ha limitado el radio de actuación. Además, puso pegas al procedimiento por jurado popular, ya que avisó a Peinado de que en un primer momento no estaba suficientemente justificado.
La Moncloa carga contra Peinado
La reacción de los socialistas ante la decisión de Peinado ha sido casi inmediata. Desde la Moncloa, fuentes consultadas por el ARA consideran que este movimiento constata la "persecución, obsesión y desproporción" del juez contra Begoña Gómez. De hecho, consideran que a la decisión le falta "todo el sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos", informa Andrea Zamorano. Ha puesto voz el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Hoy es un día nefasto para los que creemos en la justicia [...] ¿Quién reparará el daño causado?", ha escrito en X.
En la misma línea, la secretaria de organización de los socialistas, Rebeca Torró, la ha calificado de "desmesurada y desproporcionada" en un mensaje en X. Fuentes del partido también han insistido en la misma tesis y han remarcado que Begoña Gómez es "inocente": "Algunos han intentado construir una condena pública sin que haya pruebas que la sostengan. Han jugado con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del gobierno", lamentan. Desde el PSOE, además, consideran que esta causa también está "menoscabando la imagen de la justicia y la democracia". Con todo, avisan que continuarán haciendo "política con mayúsculas".
También ha mostrado su "solidaridad" con Begoña Gómez el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en un mensaje en X ha asegurado que hay decisiones judiciales "difíciles de entender y claramente excesivas cuando la voluntad de colaboración es absoluta".
Podemos, por su parte, ha acusado a Peinado de haber traspasado "todos los límites de la prevaricación", ha dicho el portavoz, Pablo Fernández. En cambio, desde el PP, su secretario general, Miguel Tellado, ha aprovechado para volver a reclamar elecciones y ha acusado a Sánchez de haber "convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y al ejecutivo en una organización criminal".