La adjudicación de contratos a dedo bajo sospecha en Altafulla con varios políticos imputados vuelve a poner bajo el foco al Parlament. ¿Por qué? Una de las personas que están imputadas en el caso es el actual diputado de ERC y exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, que este lunes ha declarado como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Elena se ha desvinculado de cualquier movimiento ilegal en un asunto que la defensa ve como meramente administrativo. De hecho, Elena defiende su trabajo y honestidad, y niega el relato acusatorio que ha desembocado en la imputación. Por eso, espera que se archive. Ahora bien, si la imputación deriva en la apertura de juicio oral, tal como pasó con la expresidenta del Parlament Laura Borràs en 2022, volverá a poner a la cámara en la encrucijada de suspender a un diputado por un caso de presunta corrupción. ¿Qué dice el reglamento? ¿Se ha cambiado, tal como se prometió?

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunciaba este miércoles que ha ampliado la investigación por supuestas adjudicaciones irregulares en Altafulla al diputado de ERC y exconsejero Joan Ignasi Elena y al exlíder de Iniciativa Joan Herrera. La investigación, sin embargo, tiene varias ramificaciones. En el Supremo se investiga al exalcalde de Altafulla y actual diputado de Comuns en el Congreso Félix Alonso y todavía hay una tercera pata en manos de un juzgado del Vendrell: allí, la jueza instructora ya ha dejado a un paso de juicio por prevaricación al exconsejero de ICV durante el tripartito Salvador Milà, según ha avanzado El País y ha confirmado Efe. La decisión está pendiente del recurso que Milà ha presentado a la Audiencia de Tarragona.

El exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena –actual diputado de ERC– y el exlíder de Iniciativa Joan Herrera han sido imputados por un caso de presunta corrupción en la localidad de Altafulla. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) ha comunicado este miércoles que ha ampliado la investigación a Elena y Herrera como "supuestos cooperadores necesarios" en la consecución de unos contratos menores para una consultoría administrada por ambos, Sinergia EDM. El importe total alcanzaría los 30.000 euros. A juicio del tribunal, podría tratarse de un delito de prevaricación en cooperación con el entonces alcalde, Fèlix Alonso Cantorné, que está investigado por el Tribunal Supremo por favorecer a los dos políticos cometiendo supuestos delitos. Alonso es año actual diputado en el Congreso por los Comunes.