El TSJC imputa al exconseller Elena y al exlíder de ICV Joan Herrera por adjudicaciones irregulares
El Supremo ya investiga desde abril al exalcalde de Altafulla por el mismo caso
BarcelonaEl exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena –actual diputado de ERC– y el exlíder de Iniciativa Joan Herrera han sido imputados por un caso de presunta corrupción en la localidad de Altafulla. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) ha comunicado este miércoles que ha ampliado la investigación a Elena y Herrera como "supuestos cooperadores necesarios" en la consecución de unos contratos menores para una consultoría administrada por ambos, Sinergia EDM. El importe total alcanzaría los 30.000 euros. A juicio del tribunal, podría tratarse de un delito de prevaricación en cooperación con el entonces alcalde, Fèlix Alonso Cantorné, que está investigado por el Tribunal Supremo por favorecer a los dos políticos cometiendo supuestos delitos. Alonso es añadirá diputado en el Congreso por los Comunes.
La sala Civil y Penal del TSJC ha acordado este miércoles asumir la competencia para la instrucción de una causa iniciada en la plaza 4 del Juzgado de Instrucción en El Vendrell porque Elena está aforado por su condición de diputado de Esquerra en el Parlament. Una de las conductas investigadas es que habrían acordado saltarse las reglas de contratación para conseguir que se les adjudicaran los contratos menores. Según el tribunal, los contratos "exigirían una licitación pública basada en el respeto a la transparencia y al tratamiento igualitario y no discriminatorio entre los licitadores", según consta en la resolución firmada por los magistrados Maria Eugènia Alegret, Jesús María Barrientos y Carlos Ramos.
Los jueces añaden que "los correspondientes servicios de asesoramiento habrían sido facturados por la mercantil SINERGIA EDM de manera mensual en la cantidad de 1.300 euros más IVA, emitiéndose 13 facturas con el concepto de asesoramiento", si bien fuera de contrato se habrían emitido nueve facturas más por igual importe por conceptos similares, que habrían sido pagadas mayoritariamente en 2019. La suma de las 22 facturas emitidas entre el 11 de noviembre de 2017 y el 31 de julio de 2019, que fueron pagadas por el Ayuntamiento, ascendieron a un total de 25.046,67 euros más 5.259,80 euros de IVA, que superaron el precio del contrato que era de 15.600 euros más 3.276 euros de IVA.
La sombra de sospecha
El tribunal tiene en cuenta el informe de fiscalización de la interventora respecto al contrato menor, que concreta que las facturas "no han respetado los principios de publicidad y concurrencia" y que "se repiten a lo largo de los años con el mismo proveedor", cosa que hace que se tuviera que proceder a incoar el expediente de contratación según la ley; pero también recuerda el hecho de que no podía durar más de un año. El Ayuntamiento de Altafulla también habría adjudicado a SINERGIA EDM por 5.000 euros que se encargara de redactar los pliegos para la planificación, coordinación y programación del Casal municipal La Violeta, sin que hubiera "la necesidad del contrato". De hecho, es una de las tareas que habitualmente realizadas por el personal municipal, no tenía el informe jurídico del secretario aprobando el expediente de contratación y contaba con informes contrarios de la interventora.
A juicio del tribunal, podría haberse prescindido del procedimiento correspondiente, con un "uso indebido de la prórroga" y del contrato menor, y se habría contratado con empresas dirigidas por personas que supuestamente mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde (Sumar En Comú Podem).
La sospecha procede de la etapa de alcalde de Alonso entre 2011 y 2019 con una supuesta connivencia con Elena, que antes de ERC (con quien fue conseller de Interior entre 2021 y 2024 y desde entonces es diputado) había ocupado responsabilidades en el PSC (hasta 2014), y Herrera, un histórico del espacio de Iniciativa, integrado ahora en los Comunes. A finales de abril, la sala penal del Tribunal Supremo abrió causa a Alonso por un presunto delito de prevaricación por los contratos a Sinergia EDM y las empresas Milà Advocats SLP. "Para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, [Alonso] acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, con la que eludía los requisitos de publicidad y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario", explicaba el alto tribunal español. De hecho, el tribunal apunta que en algunos casos no había ningún procedimiento antes de hacer la adjudicación.
