No es de extrañar que Joe Biden concluyera el martes que la retirada de Afganistán había sido un “éxito extraordinario”. El relato que Washington ofreció durante veinte años de ocupación resultó ser una enorme ficción -tal y como explicaba recientemente en estas páginas Mònica Bernabé-, y el epílogo escrito por el mandatario demócrata no desentona del resto de la narrativa. “Ninguna nación ha hecho algo así en toda la historia”, presumió Biden en un discurso con el que trató de poner en valor la rápida evacuación de Kabul de más de 120.000 personas.

Los presidentes de Estados Unidos pasan pero Angela Merkel permanece. Al menos hasta dentro de unos meses, cuando la canciller alemana cederá el testigo de su cargo. Cuatro inquilinos ha tenido al Casa Blanca durante su mandato: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. El último la recibió anoche en Washington con categoría de “amiga personal” para despedirla con honores y seguir recuperando la confianza de los socios europeos tras cuatro años de serias desavenencias con Trump. También para tratar de empujarla en el último minuto hacia su posición frente a los dos países que son hoy su gran obsesión: Rusia y China.

Veintidós años y medio de cárcel para Derek Chauvin. Esa es la condena que recibió anoche en Mineápolis el ex-policía que asfixió con su rodilla a George Floyd el 25 de mayo de 2020. Diez años más de lo que marcan las guías legales del estado de Minnesota para condenados por asesinato en segundo grado sin historial delictivo previo, como es el caso de Chauvin. El juez Peter Cahill argumentó que las agravantes del caso, como el abuso de poder y “la especial crueldad” que, en su opinión, mostró Chauvin, justifican la decisión. La agonía de Floyd, grabada en vídeo por una transeunte, provocó las mayores protestas contra el racismo institucional en décadas.

Los demócratas dicen estar luchando para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos. Los republicanos, para garantizar la inmunidad de las elecciones frente a cualquier tentación de fraude. Pero más allá de la retórica y de las razones más o menos legítimas de las partes, en juego está el control del poder.

Si el principal objetivo de Joe Biden a nivel doméstico es “sanar el alma de la nación” tras cuatro años de exacerbación de las diferencias, el internacional no parece estar muy alejado. El presidente estadounidense aterrizó ayer en el Reino Unido en el que es su primer viaje al extranjero con el objetivo principal de restañar las heridas y la desconfianza que sembraron cuatro años de trumpismo entre sus aliados tradicionales.

Cuando levantó la mirada de su atril y la condujo hacia las cámaras de televisión, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se estaba dirigiendo a la población de Guatemala, pero también a la de su país. “No vengáis”, aconsejó a quienes aspiran a una vida mejor en el norte. “No vengáis”, repitió negando con la cabeza en una rueda de prensa junto al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. Pudo quizá haberlo dicho en castellano, pero lo hizo en inglés, consciente de que tan importante en su primer viaje al extranjero es tratar de disuadir la migración desde los países de América Central como que en casa resuene el mensaje disuasorio de la Casa Blanca.

Cuando el gobernador de Carolina del Sur estampó en mayo su firma en el documento, a los condenados a muerte se les ofreció por ley una nueva modalidad con la que ser ejecutados: el pelotón de fusilamiento. El republicano Henry McMaster validó así la decisión de la mayoría conservadora en el legislativo estatal de recuperar esta vieja fórmula de ejecución. Si no es del agrado del preso, este puede decidir despedirse del mundo sentado en una silla eléctrica que ofrece sus prestaciones desde hace 109 años. Siempre y cuando no esté disponible una inyección letal. La ley de este estado, eso sí, no permite ejecutar con un método cuyos últimos detalles se están afinando en Arizona: la asfixia mediante el uso de un gas letal utilizado por los nazis en Auschwitz.

Cien años ha tardado un presidente de Estados Unidos en poner un pie en Tulsa para reconocer que lo sucedido allí en 1921 “no fueron unos disturbios”, sino que fue “una masacre”. Un siglo después de que una turba blanca arrasara literalmente Greenwood, el próspero barrio de mayoría afroamericana de esta localidad de Oklahoma, y acabara con las vidas de un número todavía indeterminado de vecinos negros (se estima que pudieron ser alrededor de 300), Joe Biden dio el martes un paso que ni siquiera Barack Obama llegó a dar: admitir en voz alta la verdad silenciada durante décadas sobre uno de los episodios más sangrientos de violencia racista en Estados Unidos.

Es la carta anual a los Reyes Magos de los presidentes estadounidenses, la presentación al Congreso de su plan de presupuestos. Según adelantó ayer el New York Times, Joe Biden propondrá hoy al Capitolio que para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de octubre, le aprueben uno por valor de 6 billones de dólares.

Casi tres años después de la controvertida cumbre en Helsinki entre Donald Trump y Vladimir Putin, los presidentes de ambos países volverán a encontrarse. En esta ocasión será en Ginebra, Suiza, y con Joe Biden como líder estadounidense. La fecha, el próximo 16 de junio. Previamente, Biden habrá asistido a la cumbre del G7 en el Reino Unido y a la de la OTAN en Bruselas, en el que será el primer viaje al extranjero de su presidencia. Así lo anunció ayer la Casa Blanca en un comunicado confirmado posteriormente por Moscú.

Solo en lo que llevamos de 2021, en Estados Unidos se han presentado, y en algunos casos aprobado, más de 60 propuestas de ley contrarias al aborto. No lo prohíben pero lo dificultan hasta el extremo de hacerlo casi imposible. Sin ir más lejos, la semana pasada el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, estampó su firma para hacer ley la prohibición de interrumpir el embarazo desde el momento de detección del latido del corazón del feto. Es decir, tan pronto como a las seis semanas de gestación. La ley, que de no mediar decisión judicial entrará en vigor en septiembre, impide la interrupción incluso en el caso de que la mujer haya sufrido violación o incesto.

Concentrado en poner fin a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, la resolución del drama israelo-palestino no estaba en los planes de Joe Biden para los primeros meses de su presidencia. Probablemente tampoco para lo que le resta de mandato. El bajo perfil de su respuesta a la masacre de Gaza demuestra su escaso interés. Tras asegurar el pasado jueves que no veía excesivos los ataques de Tel Aviv sobre la Franja de Gaza, Biden se ha protegido detrás de los comunicados de presidencia, medidos al milímetro.

Preguntado la semana pasada por los movimientos para retirar a Liz Cheney de su cargo como número tres del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Joe Biden respondió: “No entiendo a los republicanos”. El presidente expresaba así su frustración respecto a un partido que creyó que se distanciaría de Donald Trump una vez este abandonara la Casa Blanca y con el que, por lo tanto, sería factible alcanzar acuerdos. Así lo vaticinó como candidato. Pasados casi cuatro meses desde que asumiera la presidencia, la aspiración bipartidista de Biden se desvanece mientras se consolida el poder de Trump sobre su partido.

Cien días de mandato de Joe Biden han tenido un efecto balsámico en Washington. Después de cuatro años de infarto informativo, la capital estadounidense ha recuperado los fines de semana. Ya no hay tuits presidenciales que sobresalten a todas horas, no hay declaraciones provocadoras ni alarmantes. La población disfruta del efecto sedante del cuasi octogenario presidente incluso cuando solo han pasado cuatro meses del asalto al Capitolio, momento culminante de la huracanada presidencia de Donald Trump.

De la justicia para George Floyd a la reforma integral de las prácticas policiales y del sistema judicial estadounidense hay un enorme trecho. La primera se consiguió el martes cuando el jurado declaró culpable al ex-policía Derek Chauvin por el asesinato de Floyd en mayo de 2020. La segunda no está asegurada y tiene ante sí un incierto camino, pero el Departamento de Justicia dio ayer un paso en esa dirección. El fiscal general, Merrick Garland, anunció que abre una investigación a la policía de Mineápolis porque, admitió, el veredicto contra Chauvin “no aborda problemas policiales potencialmente sistémicos”.

Un estallido de alegría, abrazos, lágrimas, alivio y dolor llenó el centro de Mineápolis anoche tras conocerse que el jurado había encontrado a Derek Chauvin culpable del asesinato de George Floyd. El afroamericano, que tenía 46 años, falleció asfixiado bajo el peso de la rodilla del ex-policía el 25 de mayo de 2020. Chauvin, que recibirá su sentencia en seis semanas, fue declarado culpable de los cargos de asesinato en segundo y tercer grado y homicidio en segundo grado. El primero está penado con un máximo de 40 años de prisión, el segundo de 25 y el tercero de 10. Los nueve minutos y veintinueve minutos que se mantuvo sobre el cuello de Floyd marcarán el resto de su vida. Con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla, Chauvin permanecío inexpresivo mientras escuchaba al juez.

En su alegato final, el fiscal Steve Schleicher subrayó que el juicio que se está celebrando en Mineápolis es contra Derek Chauvin, “no contra la policía”. Es más, trató de aclarar que, en su opinión, el de policía es un “oficio noble”. Una nobleza que Chauvin habría traicionado el 25 de mayo del año pasado cuando mantuvo su rodilla presionada contra el cuello de George Floyd durante nueve minutos y veintinueve segundos sin que el afroamericano, esposado, supusiera una amenaza para su integridad. Rodilla que siguió en el cuello más de dos minutos después de que otro agente le indicara a Chauvin que Floyd carecía de pulso. Su obligación, según Schleicher, era haberle realizado prácticas de reanimación.

El martes le puso sobre aviso y le invitó a reunirse en un tercer país, el jueves hizo públicas las sanciones. 48 horas después de la conversación telefónica entre Joe Biden y Vladimir Putin, que el primero describió anoche como “sincera y respetuosa”, Estados Unidos anunció ayer una nueva ronda de sanciones contra Moscú, las segundas de la nueva administración, tras las emitidas en respuesta al envenamiento y la detención del opositor Alexey Navalni, y las primeras como reacción a los supuestos esfuerzos rusos por interferir en las elecciones de 2020 y por estar detrás, según Washington, del hackeo de la empresa SolarWinds. Igualmente se cita la sospecha de que Moscú pagó recompensas por ataques contra tropas estadounidenses en Afganistán.

Estados Unidos ha puesto ya fecha final a la guerra más larga de su historia, y tiene un alto valor simbólico. Para el día 11 de septiembre el ejército estadounidense deberá haber retirado de Afganistán todos los efectivos que todavía continúan sobre el terreno. Ese día se conmemorará el vigésimo aniversario de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, tras los que Washington inició la denominada “guerra contra el terror”, que incluyó el inicio de la invasión de Afganistán menos de un mes después de los atentados.

Si parte de lo que se juzga en Mineápolis es el modelo policial estadounidense, la muerte el domingo de un joven afroamericano de 20 años, tras ser disparado por la policía en la misma ciudad, parece el recordatorio de que, por ahora, es una aspiración. Conforme el juicio contra el ex-policía Derek Chauvin, el presunto autor de la muerte de George Floyd, entra en su tercera semana, vuelve a sobrevolar sobre la ciudad el fantasma de la violencia policial contra la comunidad afroamericana.