Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, ha sido asesinado a tiros este martes al mediodía en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en la capital del Estado. La Policía Nacional ya ha detenido a una mujer por la presunta relación con el crimen a plena luz del día y, según fuentes consultadas por el ARA, se estarían buscando a otras dos personas. El asesinato se ha producido a las 12.30 h en la entrada de un restaurante de carretera en la M-612, vía que conecta El Pardo con Madrid.

El autor del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero Molina, ha fallecido este miércoles por la tarde en Alzira (País Valenciano) a los 93 años, tal como ha informado el despacho jurídico que representa a la familia a través de un comunicado. La muerte del ex teniente coronel coincide con el mismo día que el gobierno español ha desclasificado los documentos sobre el golpe de Estado del 23-F. Tejero llevaba varios años con una salud delicada y este miércoles por la tarde ha dicho basta. En el comunicado, los abogados de la familia explican que "en el convencimiento absoluto de que la muerte no es el final, [la familia] agradece todas las muestras de estima recibidas en estos momentos tan difíciles y pide el máximo respeto a su privacidad".

La convocatoria electoral anticipada en Extremadura para el 21 de diciembre ha servido en bandeja a Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, 1974) la posibilidad de presentarse en sus primeras elecciones autonómicas. El candidato del PSOE ha recibido el aval del partido a nivel estatal, aunque tenga abierto un juicio oral por presunta prevaricación y tráfico de influencias por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno español, en la Diputación de Badajoz. En plena instrucción, Gallardo promovió una renuncia de varios miembros de la lista del PSOE para obtener el acta de diputado, ser aforado y que la causa ocurriera en el TSJ de Extremadura.

En estas páginas ya hemos recordado en otras ocasiones que el 2 de noviembre del 2017, la entonces secretaria general de ERC, Marta Rovira, avisó de que lo que la justicia española, de la mano del PP, hacía contra el independentismo –encarcelar a todo un gobierno–, algún día se giraría contra el PSOE. Que ese momento ha llegado se vuelve a demostrar con el inicio del juicio en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un punto álgido de la guerra que la cúpula judicial española dominada por la derecha inició contra Pedro Sánchez cuando pactó una amnistía con Junts a cambio de mantenerse en el poder. Ejecutivo, porque sería inadecuado no especificarlo.

Al día siguiente que Pedro Sánchez reiterase al Senado ante los ataques de la derecha que no existe ninguna irregularidad en la financiación del PSOE, el Tribunal Supremo ha hecho un movimiento que pone en entredicho las explicaciones del presidente del gobierno español. El juez instructor del caso Ábalos/Koldo, Leopoldo Puente, pidió a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico que realizó el PSOE al exministro José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García para, según la versión del partido, liquidar gastos justificados. Ahora bien, Puente considera que el flujo de dinero en efectivo que había en Ferraz tiene "incógnitas que deben ser despejadas". Ante la sospecha de una hipotética financiación irregular y también de un posible blanqueo, el juez del Supremo pasa el balón en la Audiencia Nacional. "Lo que Sánchez veía tan normal ayer en la comisión de investigación del Senado no lo es. La verdad de Sánchez no ha durado ni 24 horas", pió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

No habrá reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para reconducir las relaciones entre Junts y el PSOE. La formación independentista ya había apuntado esta semana que no lo arreglaría, y este viernes ha coincidido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien en una entrevista en TVE ha afirmado que este hipotético encuentro entre el presidente español y el líder de Junts "no es relevante". Cuando le preguntaron directamente si ayudaría a retener las negociaciones, fue categórico: "No lo creo".

El PP quería someter a Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo/Ábalos del Senado, pero en ocasiones como éstas sabe cómo desesperar a la formación conservadora, hasta que se impone el caos. El presidente español se puso la chaqueta de líder del PSOE para confrontar las acusaciones de corrupción de la derecha y la discusión se convirtió en un nuevo capítulo del "y tú más" entre los dos grandes partidos del Estado. "Creo que esto es un circo", espetó Sánchez desde el principio. El espectáculo ha llegado sobre todo al final, durante el tenso interrogatorio del senador del PP Alejo Miranda de Larra, impotente ante las respuestas del presidente español, algunas evasivas y otras directas. "Había un circuito de dinero negro en la calle Génova, no en Ferraz", ha dicho Sánchez, que se ha ido "muy satisfecho" de la comisión.

La misma semana de la ruptura de Junts con el PSOE, Pedro Sánchez se abre ahora a desbloquear uno de los pactos con la formación de Carles Puigdemont y Junts vota favorablemente a una ley del gobierno español, la de los servicios de atención a la clientela. El presidente español hizo un gesto para sacar del congelador la ley sobre multirreincidencia, si bien fue un anuncio genérico de que ni la Moncloa ni en el PSOE esperaban, y que habrá que ver si tendrá o no recorrido.

"¿Cuándo ha habido mayoría de investidura?", se preguntan fuentes de la Moncloa. Y esto resume por qué para el gobierno español no ha cambiado mucho la legislatura en el Estado después de que Juntos decidiera romper el acuerdo de Bruselas con el PSOE. Pedro Sánchez sabe desde el primer día que la aritmética parlamentaria surgida de las elecciones del 23 de julio del 2023 era "compleja", tal y como ha recordado este martes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Y ahora el ejecutivo español minimiza que Junts y Podem se sitúen en una posición de no ser aliados fijos del ejecutivo en el Congreso. "Todas las relaciones tienen sus altibajos", ha afirmado la portavoz de la Moncloa, Pilar Alegría.

Carles Puigdemont pensaba en el 2017 que el gobierno español negociaría la autodeterminación con la amenaza del 1-O y, seis años después, creía que podría hacerlo gracias a siete diputados clave en el Congreso y un mediador internacional. Pero la unidad de España no se negocia ni con un gobierno del PP ni con uno del PSOE. Es la principal lección a extraer después de diecinueve encuentros en Suiza entre Junts y los socialistas, tal y como ha revelado el expresidente catalán en su comparecencia sin preguntas en Perpiñán.

Desde febrero pasado, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluye a Gabriel Rufián entre las opciones de respuesta a la pregunta: "De los principales líderes políticos, ¿quién preferiría que fuera el presidente del gobierno español?" Hace medio año el 0,4% de los encuestados elegían al líder de ERC, y en el último estudio, el de octubre, el apoyo subió hasta el 2,7%. Habrá que ver la variación después de su paso por el programa La revuelta de TVE el pasado lunes. Por el momento se trata de una cifra anecdótica, pero seguramente lo más relevante del debate de fondo no es ese porcentaje, sino que un dirigente independentista catalán esté entre las opciones de respuesta.

A las puertas de un año con citas electorales en varias comunidades autónomas –Castilla y León y Andalucía y los interrogantes de Extremadura y Aragón–, Pedro Sánchez parece instalado en un marco de precampaña, aunque a nivel estatal insiste en que no avanzará los comicios y llevará la legislatura hasta el 2027 . ideológica que le distancian del PP, a fin de contrarrestar la presunta corrupción que le rodea y su fragilidad parlamentaria, acentuada ahora por las amenazas de Junts con romper las relaciones. Sánchez trata de imponer un relato que le beneficie, mientras que Alberto Núñez Feijóo se afana por retratar a un ejecutivo agotado que no tiene otro camino que convocar a los españoles a las urnas.

Movimiento importante del gobierno español para reconducir las relaciones con Junts. Alemania y España acordaron este viernes un "diálogo" para hacer oficial el catalán en la Unión Europea. En plena crisis con la formación independentista, los ejecutivos de ambos países se conjuran para encontrar una "respuesta" a la solicitud española de reconocer las lenguas cooficiales en el Estado: la lengua catalana, el euskera y el gallego. En un comunicado conjunto, escrito en inglés, alemán y castellano, aseguran que la "incorporación de estas lenguas constituye una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España" y añaden que por ello han decidido "iniciar conversaciones bilaterales a partir de las cuales España presentará un texto para el debate y la decisión de los 27 estados miembros en una futura reunión del Consell de Además, se comprometen a empezar "lo antes posible", pilotando las conversaciones los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores. Es decir, no se comprometen a ningún calendario concreto, pero sí a ir rápido para llegar a un pacto.

"[Isabel Díaz] Ayuso no está por encima de la ley. Tendrá que cumplirla", decía este jueves la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en los pasillos de la Asamblea de Madrid. Esta era una frase que solía oírse por boca de representantes del PSC, Catalunya Sí Que es Pot, Cs o el PP en el 2017, cuando el Gobierno de la Generalitat se disponía a declarar unilateralmente la independencia, cambiando el sujeto por "Carles Puigdemont". 8 años después de la DUI —el lunes es 27 de octubre—, la cámara autonómica de la capital española ha sustituido al Parlament de Catalunyahonor de alojar los plenos más tensos, sobre todo en las sesiones de control a la presidenta madrileña.

El discurso de Junts al Congrés va un paso más allá. Míriam Nogueras volvía a hacer preguntas este miércoles a Pedro Sánchez en la sesión de control, cinco semanas después de la última vez, cuando avisó de que la "prórroga" no podía durar toda la legislatura. "Quizá debería hablarse menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio", ha proclamado la portavoz de la formación independentista en Madrid, que ha dibujado un punto de inflexión en las relaciones entre el ejecutivo del Estado y su partido. Fuentes de Junts aseguran que esta vez la amenaza es seria y que en los próximos días "pasarán cosas".

Pedro Sánchez es quien habría dado la orden de buscar trapos sucios en la Guardia Civil y en la Fiscalía. Concretamente, trapos sucios de quienes investigan casos que rodean al presidente español. Esto es lo que traslada al fiscal Ignacio Stampa en la denuncia que presentó contra el exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, con el que se reunió el 7 de mayo, por un presunto cohecho. Estas dos personas le habrían pedido información sobre irregularidades de fiscales de Anticorrupción en un encuentro que, inicialmente, tenía como objetivo trasladarle unas disculpas por parte del gobierno español por su "injusta" salida del ministerio público.

Sumar eleva el tono contra el PSOE y sugiere la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, frente a la crisis de precios. "Necesitamos medidas serias, valientes e innovadoras. Y nos da miedo que Isabel Rodríguez no acaba de asumirlo, eso, y por tanto debería dejar paso a quien esté dispuesto a hacerlo", ha afirmado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. La portavoz de la Moncloa, Pilar Alegría, replicó que no comparte la petición, y en la parte socialista de la coalición sostienen que no está "justificada". "Los grupos deben hacer su trabajo para llamar la atención", ha reaccionado la propia Rodríguez en los pasillos del Senado.

"Los reconozco [los hechos]", ha afirmado el empresario Francisco Correa, líder de la Gürtel, en el último juicio sobre la trama que ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional. Se trata de la causa principal de un caso que propició la exitosa moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018, tras la sentencia de la época I de la Gürtel que condenó al PP como responsable a título lucrativo. La Audiencia Nacional sentenció a Correa a 51 años de cárcel por liderar la trama de comisiones a políticos del PP a cambio de contratos a empresas de su red, pero también condenó al extesorero del partido, Luis Bárcenas, a 33 años de cárcel, y al PP como persona jurídica.

Ya hace dos semanas que Pedro Sánchez se ríe, no como en su debate de investidura cuando se burló del "no soy presidente porque no quiero" de Alberto Núñez Feijóo, pero se ríe. En la sesión de control de la semana pasada espetó al líder del PP "Ánimo, Alberto", y se rió, después de que el jefe de la oposición anunciara que el presidente español debería comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado –será el próximo 30 de octubre–. Y este lunes pasado también correspondió a la euforia de Donald Trump durante su show a Sharm el-Sheij a cuenta del alto el fuego en Gaza.

Tras el nuevo informe de la Guardia Civil que revela descuadres de dinero que manejaban José Luis Ábalos y Koldo García, comparecieron esta semana en el Tribunal Supremo y continúan en libertad provisional. En cambio, el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán está encarcelado desde junio y el juez instructor del caso, Leopoldo Puente, se ha ratificado dos veces en su decisión. ¿Por qué se da esa diferencia? De los tres factores que legitiman la prisión provisional, el magistrado descartaba el riesgo de escape y la reiteración delictiva, pero alertaba de la posible destrucción de pruebas.