Desde el 11 de marzo hay abierto un proceso de selección para elegir al próximo juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una convocatoria que ha abierto una nueva pugna entre la judicatura y el gobierno español, hay una veintena de aspirantes y ya se han empezado a hacer las entrevistas. Entre los que se han presentado en esta convocatoria, según diversas fuentes consultadas por el ARA, está el jurista catalán Jordi Nieva-Fenoll (Barcelona, 1970). Este conocido catedrático de derecho procesal en Cataluña junto con el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Hugo Preciado (que ha impugnado el procedimiento en la Audiencia Nacional), son los dos catalanes de los que este diario tiene constancia que están entre los 28 aspirantes que han presentado credenciales para llegar a Estrasburgo. Una lista que ahora mismo no es pública.

La polémica está asociada al nombre de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, hace años que de esto ha hecho su particular estrategia política, pero su último viaje a México seguramente ha superado todas las expectativas. Un viaje oficial que, por un lado, ha puesto en entredicho el proceso de reconciliación entre España y el país presidido por Claudia Sheinbaum después de años de congelación de las relaciones; y, por otro, ha incendiado la política y la sociedad mexicana hasta el punto de que el equipo de Díaz Ayuso decidió marcharse antes de tiempo del viaje oficial. Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por culpar de ello al gobierno español y al mexicano: "Hemos tenido que desaparecer. Estábamos en peligro".

"Confiamos en la remontada". De esta manera la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha salido al paso este lunes de todas las encuestas publicadas que apuntan a una derrota histórica de los socialistas en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo. "No nos desmovilicemos, al revés", ha añadido, y ha asegurado que hay "mucha gente preocupada por los servicios públicos" que confiará en María Jesús Montero para cambiar el modelo que ha instaurado el PP en las últimas dos legislaturas. "Jugaremos hasta el final, se vota el 17 de mayo y es la encuesta que vale", ha sentenciado.

Desde hace unas semanas el Govern y Esquerra negocian con discreción los presupuestos que descarrilaron en marzo. Las dos partes decidieron darse una segunda oportunidad para intentar llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de verano y, tras múltiples encuentros y grupos de trabajo, según ha podido saber el ARA socialistas y republicanos en Barcelona y en Madridhan desencallado dos cuestiones que allanan el terreno para las cuentas. Si una parte del Cuarto Cinturón (por carretera) fue lo que desencalló los presupuestos del 2022 del Govern de Pere Aragonès, el eje orbital ferroviario, una especie de Cuarto Cinturón ferroviario, es lo que parece encarrilar las primeras cuentas de Salvador Illa. Se trata de la red ferroviaria para conectar la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona.

La elección de magistrados para ocupar puestos relevantes de la judicatura siempre está asociada a la batalla política o, como mínimo, al tira y afloja entre conservadores y progresistas. La composición del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acostumbra a ocupar primeras planas de la prensa, mientras que la elección para estar en instancias internacionales suele pasar a un segundo plano. Ahora no es el caso: hay abierta una batalla por el proceso de selección del juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la actual, la conservadora María Elósegui, se le acaba el mandato en marzo de 2027 y el proceso que ha puesto en marcha el gobierno español ha generado controversia entre los candidatos: lo ha impugnado un vocal del CGPJ propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, y, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, no ha sido el único, ya que otros aspirantes también lo han hecho o han verbalizado su intención de hacerlo.

Era sólo cuestión de tiempo que la gestión de la crisis del hantavirus saltase a la arena política. Lo ha hecho este jueves, dos días después de que se iniciase el debate sobre si Canarias debía ser una parada o no para el barco MV Hondius donde se ha detectado el brote de la enfermedad. El PP ya ha criticado el rol del gobierno de Pedro Sánchez, y Vox ha insinuado que si la ministra de Sanidad, Mónica García, ha aceptado finalmente el paso del crucero es porque espera un futuro cargo en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ministro de Exteriores español ha comparecido de forma urgente este jueves en el Congreso para dar cuenta de las acciones que ha llevado a cabo para reclamar la liberación inmediata del ciudadano palestinocatalán Saif Abukeshek, que fue detenido por Israel en aguas internacionales y que ahora mismo está retenido por un tribunal israelí. "Es un ciudadano europeo", se ha reafirmado en su primera intervención, y ha exigido otra vez que se le deje ir de forma inmediata. La semana pasada Israel interceptó la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para prestar ayuda humanitaria y, aunque dejó ir a la mayoría de activistas, mantiene detenidos a Abukeshek y al brasileño Thiago Ávila, acusados de terrorismo. Como protesta, Saif Abukeshek está haciendo una huelga de hambre y de beber agua. En su intervención, Albares ha prometido aumentar toda la presión diplomática para su liberación, pero también ha hecho referencia a la situación de Irán, a quien reclaman que deje ir también a la Nobel de la paz Narges Mohammadi. La posición de Albares no la ha secundado el PP, que ha chocado, una vez más, con el gobierno español.

A Isabel Díaz Ayuso no parecen preocuparle demasiado los quebraderos de cabeza diplomáticos entre España y México. Más allá de lo que significó para la izquierda el encuentro progresista en Barcelona, aquella cumbre también fue relevante por otro motivo: la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al Estado. Su presencia significó una reanudación de relaciones diplomáticas después de años de choque por la negativa española de pedir perdón por la Conquista. El gobierno español reconoció por primera vez la "injusticia" del pasado colonial con México y después fue el rey Felipe VI quien admitió "abusos" con un gesto que fue muy bien recibido por las autoridades mexicanas. Ahora bien, en medio de este clima de reconciliación, ha irrumpido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La presentación del libro de Iván Redondo no podía ser normal. Si algo ha caracterizado a este consultor político, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez de 2018 a 2021, es su capacidad para salirse del guion y para sorprender. Y el acto que ha hecho para presentar El Manual (Contraluz, 2026) no ha decepcionado. "Madrid ha acudido a la presentación", en el sentido de que en el Teatro de Bellas Artes estaba quien tenía que estar; y no ha empezado por donde todos esperaban que empezara: por él y su libro. Redondo no ha querido ser de entrada el cabeza de cartel y ha cedido el protagonismo a la que ha revelado como auténtica ministra de la democracia: Magdalena Chércoles.

Hace meses que en Madrid hay una semana de junio marcada en rojo: del 6 al 12. Se trata de un acontecimiento que está en la agenda social, pero también política, hasta el punto de que se especula que Juanma Moreno Bonilla decidió adelantar las elecciones andaluzas para que no coincidiera la campaña electoral. Se trata de la visita del papa León XIV al Estado, donde hará parada en Madrid, Barcelona y las Canarias. Este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido la reunión general del dispositivo de seguridad en Madrid, en la que también ha participado el director de la policía, Josep Lluís Trapero.

A pesar de que la repercusión mediática haya sido escasa en Madrid, esta semana ha sido clave para el caso Pujol. Catorce años después, todos los hijos han declarado ante el tribunal presidido por Ricardo de Prada, que después de obligar al expresidente a un desplazamiento innecesario a Madrid lo dejó fuera de la causa por incapacidad. Un hecho que no fue portada en ninguno de los principales diarios editados en la capital española (en Cataluña sí) a pesar del tiempo dedicado a la figura de Pujol durante el Procés. Queda claro que se ha pasado página y ahora la batalla son los Aldamas, Koldos, Ábalos y Kitchen.

Gabriel Rufián se dirige directamente a los diputados de Junts y les enseña un billete de 50 euros: "Esta es su bandera, la que comparten con el PP y Vox". Y, después, enumera uno por uno los parlamentarios que votan en contra de la prórroga de alquileres y sube hasta los escaños donde se sientan Míriam Nogueras y el resto del grupo para entregarles un dossier lleno de tuits en contra de la posición política de los de Carles Puigdemont. "He quitado los insultos", avisa. De esta manera, el portavoz de Esquerra en el Congreso defendió el sí al decreto de la prórroga de alquileres y atacó a los junteros por su posición en contra el martes en la cámara española. Una escenificación que ha encendido la relación entre los republicanos y el partido de Carles Puigdemont, pero que, según diversas fuentes consultadas por el ARA, tampoco ha gustado a algunos dirigentes de ERC en Barcelona y en Madrid que recelan de las formas que utiliza Rufián: cargan contra la posición de Junts en relación a la vivienda —hablan de "abominable"—, pero no les gusta la manera de hacer del portavoz en el Congreso. De hecho, no todos los diputados de Esquerra aplaudieron –Pilar Vallugera– el martes después de su intervención. Oficialmente la dirección republicana evita hacer ningún comentario.

Con el expresidente Jordi Pujol fuera ya de la escena y dos sesiones maratonianas de interrogatorio al hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, y a Josep Pujol Ferrusola, este miércoles en la Audiencia Nacional era el turno del resto de la familia. Oriol Pujol, el único de los hijos que se dedicó a la política, ha sido el primero y ha marcado la línea de defensa. La tesis es que el origen de la herencia en Andorra no es la corrupción, como sostiene la Fiscalía, sino una herencia que les dejó su abuelo porque no se fiaba de las actividades políticas que podía hacer su padre, Jordi Pujol i Soley –Florenci Pujol murió en 1980–. Tanto es así que Oriol Pujol ha afirmado que el expresidente no tuvo nunca una cuenta en Andorra a su nombre porque fue excluido expresamente de la herencia. Ha dicho que, sabiendo la desconfianza de su abuelo, no es "extraño" que dejara un legado directamente a sus nietos, y más teniendo en cuenta que era un hombre con "cierto patrimonio": "Mi abuelo tenía miedo. No entendía la actividad política y de compromisos de riesgo que años antes había llevado a mi padre a la cárcel". Lo ha dicho en alusión a iniciativas que financió Pujol i Soley, como Banca Catalana, Enciclopèdia Catalana y el diario 'El Correo Catalán'.

Durante muchos años, seguramente desde su fundación en el año 2017, a Junts se le ha acusado de no tener unas líneas ideológicas claras. Con el Procés y la metamorfosis de Convergència, el eje derecha-izquierda se desdibujó y la agenda nacional predominaba en todos los casos. Casi diez años después, los códigos de la política catalana y española son otros y, sobre todo en el Congreso, la agenda de votaciones impone mojarse en debates que hasta ahora habían sido incómodos para los juntaires. Ya no: Junts ha cogido una línea clara en propuestas ideológicas en materia de vivienda que dista del control de precios que plantean las izquierdas, y cada vez se muestra más crítico con el gobierno de Pedro Sánchez.

Celebrar Sant Jordi una semana después es seguramente una de las cosas más extrañas que les pasa a los catalanes en Madrid. El 23 de abril es el Día del libro –que no es ni mucho menos lo mismo– y normalmente unos días más tarde la delegación del gobierno de la Generalitat en la capital española organiza su propia festividad. Tampoco acaba de cuajar: se festejan libros y rosas, pero ya todo el mundo habla en pasado. Este año no ha sido diferente: la delegación capitaneada por Núria Marín escogió la Residencia de Estudiantes del barrio El Viso, en Chamartín, para celebrar la diada de Sant Jordi en Madrid. Se reivindicó la fiesta y lo que representa, pero buena parte de los asistentes parecía tener la cabeza en otro lugar: probablemente al Congreso, donde el gobierno español perdía la votación de la prórroga de los alquileres y el consorcio entre el PSOE y Esquerra por el no de Junts.

La última vez que hubo una expectación similar en San Fernando de Henares fue el 24 de noviembre del año pasado. Una multitud de periodistas esperaba desde primera hora de la mañana con un frío glacial la llegada de la familia Pujol. Era el día que comenzaba lo que se ha bautizado como el juicio de la década, aunque después de aquella jornada el foco mediático no ha vuelto a ser el mismo. En Madrid los comentarios en las tertulias han sido mínimos en los últimos meses y el juicio no ha abierto portadas ningún otro día que no fuera el primero. Hasta este lunes 27 de abril, donde volvía a haber más o menos los mismos periodistas, esta vez pasando calor y con la máxima expectación por la decisión ampliamente incomprendida del presidente del tribunal, Ricardo de Prada, de hacer ir presencialmente a Jordi Pujol a la capital española. "Ha descubierto el mar Mediterráneo", ironizaba un letrado, cuando han decidido excluir de la causa al expresidente por incapacidad.

Jordi Pujol i Soley ha quedado finalmente fuera de la causa judicial que tiene a su familia en el epicentro después de catorce años de instrucción. El procedimiento, que comenzó en 2012 en torno a su hijo mayor y que se agravó con la confesión sobre la herencia del abuelo Florenci en 2014, ha terminado en el caso del expresidente porque no está en condiciones de ser juzgado. Ha pasado demasiado tiempo y sus habilidades cognitivas ya no son las adecuadas. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que ha comunicado su exclusión del procedimiento después de haberle visto en persona. Como habían dicho ya repetidamente los médicos, los jueces han constatado la "imposibilidad" de que Jordi Pujol continúe como acusado con "plenitud de conocimientos y capacidades".

Hay un sector en el Estado que vive una época dorada, que crece sin tener todavía una regulación integral y que cada vez es más relevante en el proceso de decisión de gobiernos y Parlamentos: las consultoras de asuntos públicos. Un tipo de puente entre el mundo público y privado, que es terreno desconocido para una buena parte de la población y que en los últimos años está proliferando con fuerza en Madrid, pero también en Barcelona, a raíz de la fragmentación política, la complejidad cada vez mayor de los procesos de decisión y el aumento de las crisis económicas y geopolíticas. ¿Qué hacen, sin embargo, estas empresas? ¿Es un sector profesionalizado? ¿Por qué es terreno propicio para expolíticos? El ARA ha hecho una radiografía de las principales empresas instaladas en el Estado, hablando conpersonas de dentro del sector, asociaciones profesionales, políticos y también expertos que señalan la falta de regulación como principal problema.

Palantir es una empresa conocida por todos aquellos que se mueven en el ámbito de la defensa y de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, hasta ahora ha estado poco presente en el debate público, a pesar de estar presente en los Estados Unidos y, según los expertos consultados, tener contratos con buena parte de los gobiernos europeos. También con el ejecutivo español: el ministerio de Defensa tiene al menos dos contrataciones con la filial española, que comenzó a operar con oficina física en España en 2022, a pesar de que algunas informaciones ya registren actividad desde 2018.

Ursula von der Leyen ha tardado muy pocas horas en cerrar la puerta a la petición de Pedro Sánchez y Giorgia Meloni de suspender las reglas fiscales para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo. La presidenta de la Comisión Europea no se ha mostrado nada ambigua y ha descartado de manera contundente la solicitud del dirigente español e italiana, que también le habían pedido —sin éxito— la aplicación de una tasa adicional a los beneficios extraordinarios que obtienen las empresas energéticas con el encarecimiento de los combustibles fósiles. "La cláusula [de suspender las reglas fiscales] solo se puede activar en caso de una grave recesión económica en la eurozona o en la Unión Europea en su conjunto. Afortunadamente, esta no es la situación", ha respondido en rueda Von der Leyen, si bien ha obviado que el bloque comunitario ha aplicado excepciones con el tope de déficit para financiar el gran rearme europeo.