No pienses en un elefante... ¿Has pensado en él? Probablemente, sí. Ahora debes estar preguntándote por qué motivo este artículo empieza así, preguntando sobre un elefante, pero la respuesta es sencilla: demostrar cómo opera el A-B-C de cualquier campaña electoral y que es clave para ganar elecciones. Tal como teorizó George Lakoff en su libro de referencia No pienses en un elefante! (2004, Chelsea Green Publishing), quien impone el marco del debate y consigue que se hable de lo que uno quiere y con el lenguaje que uno elige, tiene muchos números de llevarse la victoria a las urnas. Y esta es la batalla de fondo que hace meses que libran el PP y el PSOE en Madrid, ya que quien consigue imponer los términos de la discusión pública es quien sale con ventaja de cara a las próximas elecciones generales. El enfrentamiento es entre dos visiones: los que agitan el fantasma de la corrupción (el PP) contra los que amenazan con el fantasma del neofascismo (el PSOE).

Al día siguiente de la validación de la justicia europea a la amnistía todo el mundo construye su propio relato. Mientras el independentismo celebra la decisión del TJUE, pero avisa que esto no acaba con la represión, tanto el gobierno catalán como el español ven validada su agenda de la "reconciliación" y reivindican el fin de la "crisis política" entre Cataluña y el Estado. Es más, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que si él "fuera Carles Puigdemont" volvería a España, "sin ninguna duda". "Hay que plantar cara de una vez", ha dicho en una entrevista a RNE recogida por Efe. Esta actitud no ha gustado nada a Junts, ya que la orden de prisión se mantiene vigente y el expresidente sería detenido. "Cuánta miseria y frivolidad", ha replicado el secretario general del partido, Jordi Turull. Después de esto, fuentes del partido consultadas por el ARA se reafirman en la ruptura con el gobierno español, también después de la sentencia favorable a la amnistía del TJUE.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía era un paso muy relevante para alcanzar un aval jurídico desde Europa a la norma aprobada en el Congreso de los Diputados, ya que es la primera vez que se pronuncia sobre la medida para poner fin a las causas penales del Procés. Lo ha hecho avalando el espíritu del legislador: la normalización de la situación política en Cataluña en pro de la "reconciliación". Ahora bien, ¿cuáles son los efectos prácticos de esta resolución? ¿Cuándo podrá volver el expresidente Carles Puigdemont? ¿Cuándo dejarán de estar inhabilitados Oriol Junqueras y los expresos políticos?

Decisión relevante de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la causa que afecta a Begoña Gómez. Desde hacía semanas el gobierno español esperaba su pronunciamiento para que parara los pies al juez instructor, Juan Carlos Peinado, y finalmente la decisión ha llegado este jueves. ¿Qué ha decidido la sala? Los cinco magistrados ordenan retirar las medidas cautelares y devolverle el pasaporte –consideran que no hay riesgo de fuga "real" porque tiene arraigo familiar y fue una decisión "poco afortunada"–, pero avalan que la juzgue un jurado popular.

El foro Libertas es una iniciativa del Partido Popular Europeo que pretende tejer puentes de diálogo entre Europa y Iberoamérica y está formado por organizaciones de derecha y centroderecha, con un total de 60 partidos de más de 40 países diferentes. Y ha sido en el marco de la cumbre celebrada en Madrid este miércoles, ante líderes europeos y también iberoamericanos, que Alberto Núñez Feijóo ha definido a Pedro Sánchez como un "presidente autoritario". En un discurso de inauguración en el que ha reivindicado los "valores occidentales" y la alianza con los Estados Unidos frente a otros estados como China, Feijóo ha acusado a Sánchez sin citarlo explícitamente de querer "controlar" los elementos clave del Estado y de "amenazar" la democracia.

La invitación de la embajada francesa a la fiesta nacional del 14 de julio en Madrid ya incluía en el programa ver la semifinal del Mundial. Lo que no sabían hace un mes cuando la enviaron es que el partido sería entre Francia y España. Y menos que sería la misma semana que un expresidente del gobierno español –Mariano Rajoy y Brey– haría un comentario racista sobre los jugadores franceses. Este ha sido sin duda uno de los temas más comentados este martes en el palacete de la calle Serrano 124 de Madrid, donde reside la embajadora, Kareen Rispal, y donde se ha celebrado la conmemoración de la toma de la Bastilla con cientos de invitados en la capital española.

"Este 14 de julio será recordado como el día que se refundó nuestro sistema de cuidados". El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha subrayado así una jornada en la que el Congreso ha aprobado por mayoría dos cuestiones trascendentales del sistema de cuidados: se convalida un decreto ley para obligar al Estado a aportar, por primera vez, el 50% de la financiación de los servicios previstos en la ley de dependencia; y también que la teleasistencia sea un servicio universal para todas las personas dependientes (actualmente está sujeta a criterios de edad o al copago). De hecho, Bustinduy ha comparado la nueva legislación con el sistema de pensiones que se estableció en el siglo XX o con el acceso a la educación y a la sanidad universales. El nuevo escenario debe beneficiar a los 300.000 dependientes y a los 130.000 en lista de espera que hay en Cataluña, la comunidad con más lista de espera, que ya ha aprobado un plan de choque para agilizar los trámites en el cobro de las ayudas mientras no llega el turno de una plaza residencial. Cada día una treintena de catalanes mueren sin haber recibido una ayuda.

No se ha tenido que esperar mucho a la primera reacción del gobierno español por la condena del hermano de Pedro Sánchez a 9 años de inhabilitación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que es uno de los miembros del gobierno que se ha mostrado más beligerante contra la justicia, ha asegurado que la sentencia es un intento de desbancar al PSOE del gobierno español. "Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones con la única finalidad de derrocar un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas", ha sentenciado.

Hace una década, cuando un presidente de la Generalitat aterrizaba en Madrid, era para defender la posibilidad de que Cataluña votara en una consulta sobre la independencia. Lo hizo Artur Mas primero; después Carles Puigdemont, Quim Torra y, finalmente, Pere Aragonès. Diez años después, en cambio, con ya unas nuevas mayorías en el Parlament, el gobierno catalán se presenta como la mejor garantía de "cooperación institucional" y "lealtad" al proyecto del gobierno de España. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha protagonizado este lunes un desayuno informativo en la capital española, organizado por Efe y RTVE, en el que ha remarcado el momento que vive la Cataluña sin Procés: la Generalitat tiene presupuestos; "lidera" la nueva propuesta de financiación donde todas las autonomías ganan recursos, y es sinónimo de "estabilidad". Además, ha pedido "celeridad" a la hora de aplicar la ley de amnistía, hurgando en la llaga a aquellos como el PP y Vox que acusan al PSOE de reavivar el independentismo: "Es la primera vez en cuarenta años que no hay mayoría nacionalista e independentista. No ha revitalizado, al contrario [...]. Sé de qué hablo".

El próximo jueves 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará sobre la amnistía. Será a raíz de una cuestión del Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del 1-O, en la que este organismo estatal pregunta a las autoridades judiciales europeas si poner fin al caso va en contra de los intereses financieros de la UE. Pero la resolución tendrá efectos más allá: saber qué piensa Europa es la condición que había puesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que afectan a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. ¿Se acaba ya, pues, su periplo judicial? No todavía: véase el análisis.

El 16 de julio hace semanas que estaba rodeado en rojo en el calendario como una fecha clave para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley, aceptando que tiene encaje en la legislación europea y descartando que afecte los intereses financieros de la UE. Ahora bien, los efectos de esta sentencia irán más allá. El pronunciamiento es un requisito previo que se ha autoimpuesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que presentaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, a la espera de que Europa dé un cojín argumental para justificar que se les deje libres de responsabilidades penales y se les aplique también la ley. Pero el camino hasta llegar aquí no será fácil: aunque se espera un pronunciamiento favorable del Constitucional en otoño –en junio del año pasado avaló el encaje de la norma en la carta magna–, la pelota volverá a caer en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. De momento, fuentes del tribunal consultadas por el ARA explican que, hoy por hoy, no se moverán porque ellos no han hecho ninguna petición al TJUE.En el Supremo son crípticos sobre la estrategia que seguirán, aunque las fuentes remarcan que si hay unas resoluciones muy claras de Europa y del Constitucional, las seguirán y habrá extinción de la responsabilidad penal. De momento, consideran que no la hay. Hay un precedente inmediato en el que el Supremo no ha actuado con celeridad. Hace dos años, el alto tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre el caso de un manifestante de Girona investigado por desórdenes públicos a raíz de las protestas de octubre de 2019. El 8 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses, el Constitucional desestimó el recurso y dio vía libre al Supremo para que pusiera fin a la causa penal. A pesar de ello, a estas alturas, todavía no ha habido ningún movimiento. Tampoco el TC ha movido ficha para hacer cumplir su resolución, ya que, según las fuentes consultadas, la defensa del chico no ha presentado ningún incidente de ejecución. Fuentes oficiales del Supremo aseguran no tener información del caso.El precedente de las Canarias 

Más allá del caso de Cataluña, hay un ejemplo que pone de manifiesto la odisea en que puede convertirse hacer cumplir una sentencia del Constitucional. Tenemos que viajar hasta La Laguna, un municipio en la isla de Tenerife. En abril de 2020, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anuló el artículo de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que impedía que las mujeres pudieran hacerse socias alegando que vulnera el derecho a la igualdad. La mujer que lo propició fue Teresa Laborda.En enero de 2022, sin embargo, el Supremo tumbó la sentencia y avaló la exclusión de las mujeres de la asociación, que se define como una “asociación religiosa de caballeros”. Laborda llevó el caso al Constitucional, que en noviembre de 2024 le dio la razón. Ahora bien, ha pasado un año y medio y no ha habido ningún cambio, a pesar de que el juzgado haya barrado el paso a los múltiples intentos de la asociación y del obispado de Tenerife de impedir que se aplique. Vista la inoperancia, Laborda ha presentado dos incidentes de ejecución al TC, pero ambos se han desestimado por prematuros.La reforma de Rajoy

La cuestión radica en qué poderes tiene el Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. ¿Qué dice la ley? El gobierno de Mariano Rajoy, en vista del Procés, hizo una reforma en 2015 para dar capacidad de ejecución al TC. Durante 2016 y 2017, la Moncloa presentaba incidentes de ejecución ante el TC porque la mesa del Parlament admitía iniciativas que desplegaban el proceso de independencia –que se interpretaba como un incumplimiento de una sentencia previa–, y el Constitucional pasaba los hechos a la Fiscalía, que interpuso numerosas querellas por desobediencia hasta la macrocausa del Procés por sedición.La ley va más allá y también da poderes al TC para que actúe de oficio: puede imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros –se aplicó contra la sindicatura electoral del 1-O– o suspender a las autoridades que incumplan las resoluciones. Por lo tanto, el Constitucional tiene herramientas legales, pero fuentes jurídicas conocedoras aseguran que los magistrados del TC acostumbran a ser poco beligerantes con otros jueces. ¿Se enfrentará abiertamente Cándido Conde-Pumpido al Supremo para hacer cumplir la amnistía?Evitar el choque

Hasta ahora, el TC ha querido evitar un choque directo con el Supremo. La prueba es que ha rechazado aplicar medidas cautelares como retirar la orden de prisión a Puigdemont, lo que habría permitido al expresidente volver a Cataluña mientras continúa abierto el procedimiento sobre el recurso de amparo y la causa en el Supremo. Hacerlo habría implicado una batalla inédita entre el Supremo y el TC que Conde-Pumpido ha esquivado. Eso sí, el presidente del Constitucional ha avisado públicamente que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento" de lo que resuelva el TC.Políticamente, este escenario, según diversas fuentes consultadas, se abordó en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts antes de la ruptura, pero no llegó a ninguna parte. Y aquí radica también el distanciamiento entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fuentes conocedoras apuntan que el expresidente español siempre transmitía un optimismo elevado sobre el cumplimiento de los acuerdos PSOE-Junts que después no se correspondía con la realidad.La otra posibilidad: acudir a Europa

La otra carta que puede jugar el Supremo es acudir al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Un movimiento inédito que hasta ahora solo ha hecho un tribunal: la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Después de ser revisado por el TC, elevó una prejudicial a Luxemburgo porque consideró que la anulación de las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicaba “riesgo sistémico de impunidad”.El Supremo podría repetir un movimiento similar en el caso de los líderes independentistas. ¿Con qué argumento? Lo que hará el tribunal de Luxemburgo la semana que viene es sentenciar si el 1-O afectó los intereses financieros de la UE, pero el Supremo tiene otro argumento sobre el cual Europa aún no se habrá pronunciado: sostiene que hay malversación porque los líderes del Procés se ahorraron pagar el referéndum de su bolsillo. "Una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial", avisó el Supremo hace casi dos años en una de sus resoluciones.

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El ministerio de Hacienda, capitaneado por Arcadi España, envió ayer por escrito a todas las comunidades autónomas un primer borrador de la propuesta de la nueva financiación, al cual accedió el ARA, y que mantiene lo que el gobierno español pactó con la Generalitat y Esquerra, que han negociado hasta última hora con el equipo del ministro. Se trata de la primera vez que el gobierno español detalla los pilares de la propuesta, ya que hasta ahora solo se había introducido de viva voz en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de enero. Es, pues, un paso adelante para enfilar realmente el proceso para aprobar el modelo.

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La batalla de PP y PSOE trasciende los asuntos internos y ya tiene consecuencias en la relación con terceros países. Más de tres años después de que el gobierno de Pedro Sánchez suscribiera un tratado de amistad con Francia, en enero de 2023 en Barcelona, todavía no ha entrado en vigor. Uno de los motivos de este bloqueo es la posición contraria de los populares, que consideran que uno de los puntos del documento es inconstitucional. En el PP justifican su oposición porque aseguran que el ejecutivo español ha hecho un "chapuza legislativa". Enmarcan la crítica en su denuncia generalizada de las formas de Sánchez, a quien acusan de pisotear constantemente el estado de derecho, también con este acuerdo bilateral con Francia. El gobierno español, por contra, atribuye al PP una voluntad de "sabotear los intereses de los españoles" por intereses partidistas.

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Julio será un mes trepidante para el ministerio de Hacienda. No solo porque ha puesto en marcha la maquinaria para presentar los presupuestos de 2027 –con la votación de la senda de estabilidad en el Congreso y la presentación del techo de gasto–, sino porque será clave para el modelo de financiación. Después de casi dos años de negociación con Esquerra y la Generalitat, esta semana el ministerio tiene previsto enviar por escrito el borrador de la nueva ley del sistema de financiación y el 29 de julio el ministro Arcadi España lo oficializará en una nueva reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y será en este encuentro en el que todas las autonomías de régimen común (País Vasco y Navarra quedan fuera) votarán en contra del modelo a excepción de Cataluña.

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Probablemente, ningún país desea un conflicto diplomático con los Estados Unidos. Por mucho que sean los Estados Unidos de Trump, siguen siendo la primera potencia mundial, situada todavía en el tradicional bloque occidental. Ahora bien, no es así para Pedro Sánchez. Bienvenido sea para la Moncloa un nuevo choque con Donald Trump, en un momento de máxima tensión por los casos de presunta corrupción que rodean al PSOE y al gobierno español y en una semana en que el foco de la cumbre de la OTAN en Ankara, a escala estatal, estaba puesto en el ramo de flores que no se pudo entregar a Begoña Gómez por el veto de la justicia a salir de España. Es decir, aunque España ha contestado con contención, a Sánchez le va bien que por un día el marco de debate vuelvan a ser las relaciones internacionales.

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Después de anunciar al Consejo de Política Fiscal y Financiera los objetivos de déficit para las comunidades autónomas, este martes el consejo de ministros los ha ratificado y también ha aprobado el techo de gasto de todas las administraciones públicas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado que será el "más grande de toda la historia": hasta 226.032 millones, un 6,6% más que el techo de gasto anterior, que fue 212.026 millones de euros.

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Mientras la legislatura española tenga vida, el gobierno español mantiene los pasos para intentar que el nuevo modelo de financiación autonómica vea la luz. ¿Con qué calendario trabaja? Una vez superadas las elecciones andaluzas –en las que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentó de candidata–, el ejecutivo estatal ha reactivado la maquinaria y ha fijado para el miércoles 29 de julio una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debería servir para poner sobre la mesa el nuevo sistema de financiación que los socialistas pactaron con ERC (y presentaron en enero). Previamente, el 14 de julio el gobierno español hará una reunión técnica preparatoria con todas las autonomías y esta semana ya distribuirá a todas las comunidades la propuesta concreta. El siguiente paso ya será que el consejo de ministros apruebe la propuesta para después enviarla al Congreso, probablemente en septiembre. Y allí, todavía ha de ganar los apoyos necesarios para que este nuevo modelo vea la luz.

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La Moncloa está decidida a presentar los presupuestos para el 2027 a pesar de que no tiene los apoyos en el Congreso de los Diputados. Y, por este motivo, ya ha comenzado a dar los pasos preceptivos para llevar las cuentas a la cámara española este otoño. El ministro de Hacienda, Arcadi España, reunió ayer a todos los titulares de Hacienda de las comunidades autónomas y les trasladó los límites de gasto que prevé el gobierno del Estado para los gobiernos autonómicos y municipales a lo largo del año que viene. Tendrán la posibilidad de gastar hasta un 4% más, y esta la nueva regla de gasto se aplicará a todas las administraciones, aunque mantiene el margen de déficit para las administraciones autonómicas en un 0,1% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el tamaño de una economía) español.

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Alberto Núñez Feijóo tenía una esperanza con Juanma Moreno Bonilla. Era el barón autonómico con más posibilidades, según las encuestas, de mantener la mayoría absoluta y seguir gobernando sin la concurrencia de Vox. Pero el resultado de las elecciones disipó cualquier duda de que el destino del PP exige tener que convivir con la extrema derecha, también su dirigente más moderado, como se ha demostrado con el pacto de este jueves que cede importantes espacios de poder para los de Santiago Abascal en Andalucía. Con el nuevo gobierno de coalición de Juanma Moreno con la extrema derecha, la coalición PP-Vox pasa a ser la modalidad de ejecutivo autonómico que gobierna a más gente en el Estado, en concreto un 27,3%, por delante de los gobiernos populares en solitario, que rigen sobre el 20,8% de los ciudadanos, y los gobiernos del PP con apoyo de la extrema derecha, que afectan a un 16,8%.

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La Audiencia Nacional imputa a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el caso Leire Díez y la cita a declarar el 16 de julio. No es el único cargo del instituto armado que el tribunal considera bajo sospecha: también investiga al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por las presuntas maniobras de Díez para frenar las investigaciones que afectan al entorno del presidente español, Pedro Sánchez. En concreto, el juez Santiago Pedraz, que ha tomado esta decisión tras la petición de la Fiscalía y las acusaciones populares lideradas por el PP, cree que podrían haber cometido delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

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