Laura Díez (Barcelona, 1969) es catedrática de derecho constitucional por la Universidad de Barcelona y miembro del Tribunal Constitucional desde el 2023. Atiende al ARA después de una decisión clave sobre el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa que debe desencadenar en la aplicación total de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha suspendido los derechos electorales de las personas nacionalizadas por la ley de nietos, una decisión que el gobierno español ha tildado de "gravedad extraordinaria" y que ha generado una nueva batalla política entre la derecha y la izquierda. Mientras que para el PP y Vox es una manera de garantizar la "limpieza" de las elecciones del 29-N, para los progresistas es una vulneración de derechos fundamentales inaceptable. Ahora bien, más allá del ruido, ¿qué implica en la práctica la decisión que tomó el lunes el Supremo? ¿Qué tiene que hacer el gobierno español para cumplir con las medidas cautelares y excluir del censo a las 163.020 personas que han sido nacionalizadas a través de la llamada ley de nietos? La mayor responsabilidad se la lleva el servicio exterior del Estado y la Oficina del Censo Electoral, que es quien debe suspender en la práctica el voto de los afectados.

Punto final. El Tribunal de Cuentas ha aplicado finalmente la amnistía a todos los líderes del Procés, entre los cuales el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el expresidente Artur Mas. Así lo ha dictado el tribunal este miércoles en una sentencia, a la cual ha tenido acceso el ARA, y en la cual absuelve de responsabilidades contables a todos los exconsejeros y miembros del segundo nivel de la Generalitat entre 2011 y 2017 que participaron en gastos relacionados con el referéndum del 1 de Octubre y la acción exterior del Gobierno. Lo hace después de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –que consideró que no hubo afectación de los intereses financieros del club comunitario en la votación de 2017– y en aplicación del artículo 1.1 de la ley de amnistía, que dejaba sin efectos la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos los actos relacionados con el 9-N y el 1-O desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2023.

La decisión del Tribunal Supremo de negar el voto a unas 163.000 personas que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos ha sido interpretado como una declaración de guerra por parte del gobierno español. "Es de una gravedad extraordinaria", ha estallado la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. "Son personas que huyeron de un país por una dictadura –ha remarcado–. En una democracia el derecho a voto se garantiza y no se restringe".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado este martes que el gobierno español tiene censados a 3.019 menores no acompañados en Ceuta desde la entrada masiva los días 30 y 31 de julio. Tras el consejo de ministros, la también portavoz del ejecutivo de Pedro Sánchez ha concretado que estos 3.000 niños están "filiados y atendidos", es decir, que se encuentran en los espacios habilitados para menores y, por lo tanto, separados de los adultos. De estos, 89 han sido reubicados en la Península en aplicación del derecho de reagrupación familiar –con familiares directos o con familia extensa–, y 173 más han sido reubicados en diferentes comunidades autónomas de acuerdo con el artículo 35 de la ley de extranjería.

Hubo unas semanas, durante el punto más álgido de la crisis de Ceuta, que la principal pregunta era: ¿por qué los reyes no visitan la ciudad autónoma después de la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio? El día ha llegado finalmente este martes, justo el día después del Día de la Hispanidad, cuando Felipe VI y Letizia han pisado por primera vez la ciudad autónoma y han reivindicado su españolidad. "Ceuta es España y Europa", ha defendido el monarca en un discurso pronunciado al final de una jornada en la que se ha dado un baño de masas. Se trata de un viaje delicado en lo que respecta a los equilibrios diplomáticos del estado español con Marruecos, pero el rey ha sido claro en el rechazo a la "violación de la frontera" de este verano. "La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles", ha remarcado.

Revés del Tribunal Supremo, de nuevo, al gobierno español. Y, esta vez, a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre y con una cuestión tan delicada como el censo electoral. El alto tribunal ha decidido este lunes rechazar el recurso de la Abogacía del Estado contra la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados a través de la llamada ley de nietos. Una disposición adicional de la ley de memoria democrática de 2022 que permite a descendientes de exiliados españoles acceder a la nacionalidad. De esta manera, mantiene las medidas cautelares, solicitadas por Iustitia Europa, que dictó el 10 de septiembre y que impiden a estos nuevos ciudadanos votar si no acreditan individualmente que efectivamente sus predecesores se marcharon de España por motivos políticos. En la práctica, de cara a las elecciones del 29 de noviembre, esto afectará a 163.020 personas que se inscribieron en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta el 1 de agosto de este año, según la administración electoral, y a las que se les había otorgado la nacionalidad por esta vía –la fecha en la que se cierra el censo para los próximos comicios generales.

En el autobús 14 de Madrid, que recorría el paseo del Prado y el barrio de Recoletos este domingo por la tarde, un niño pedía insistentemente a su madre si se podrían levantar temprano hoy para ir a ver el desfile militar. Se lo preguntaba después de ver que ya estaban a punto todas las sillas, las vallas y las tarimas. "No iremos, no me gustan los desfiles militares", decía la madre, y el niño recurría tácticamente a su padre por si podía revertir la decisión. No se sabe si lo consiguió, pero este lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, sí que había muchas familias en el centro de Madrid como espectadoras de la fiesta nacional española, presidida por los reyes. El ritual ha sido el siguiente, el mismo que cada año: llegada de los miembros de la monarquía, honores militares y actuación del ejército del aire. Después, el turno del ejército de tierra, con la cabra de la legión. En total, han participado unos 4.400 efectivos de las fuerzas armadas, de seguridad y de otras instituciones civiles.

Después de una semana de negociaciones, ERC ha confirmado que Gabriel Rufián será el candidato del partido en las próximas elecciones generales. Lo ha hecho en un comunicado en el que ha anunciado que será el número uno de la lista de los republicanos por Barcelona. Según el entorno de Rufián, él ha llegado a un entendimiento con Podemos para que el partido morado "no se presente en Cataluña" y pida el voto para ERC, cosa que confirman fuentes de la dirección del partido de Oriol Junqueras.

Pedro Sánchez Castejón (Madrid, 1972) es, parafraseando a Winston Churchill, "un enigma, envuelto en un misterio dentro de un jeroglífico". ¿Es el monstruo cínico, frío y sin escrúpulos que dibuja la derecha? ¿O es el líder empático y compasivo con la gente que lo pasa peor que defiende la izquierda? ¿Es un aspirante a dictador o, al contrario, el último muro que queda en pie contra la extrema derecha mundial? Lo único cierto es que entre el Pedro Sánchez actual y el que irrumpió en política en el año 2014 hay un abismo. Y es esta evolución, plagada de giros dramáticos, cambios de opinión y una innegable capacidad de superar adversidades y adaptar la realidad a sus necesidades, lo que ha desembocado en aquello que conocemos hoy como sanchismo. Esta es la historia del gran prestidigitador de la historia política española reciente.

"A Pedro Sánchez no lo investiremos porque hemos salido escaldados". De esta manera respondía el secretario general de Junts, Jordi Turull, esta semana a la periodista Ariadna Oltra en Els matins cuando le preguntaba qué haría su partido si volvieran a ser decisivos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué ha pasado en estos tres años para que la conclusión de Junts sea esta? ¿Qué se ha roto y, sobre todo cuándo, si al final parece que se podrá aplicar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont? El ARA ha reconstruido los momentos clave de esta tortuosa relación que empezó el verano de 2023 después de años de poco contacto a raíz del Procés.

La vivienda se ha convertido en el gran tema de debate público de las últimas dos semanas. Si bien Ceuta y la crisis migratoria marcaron los tres meses de verano, ahora la situación en la ciudad autónoma ha pasado a un segundo plano para hablar sobre la emergencia habitacional. Una cuestión que ha llevado incluso al presidente español, Pedro Sánchez, a convocar elecciones para reclamar más apoyo a la mayoría progresista. En este contexto, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el ente gubernamental liderado por José Félix Tezanos, ha publicado una encuesta monotemática sobre vivienda realizada en junio y que refuerza el posicionamiento del gobierno español en este tema.

Ni el mejor guionista lo habría previsto mejor. Tres años después de que la amnistía diera una legislatura más a Pedro Sánchez, con la amnistía se ha puesto también punto final. La aceleración de los tiempos a raíz del caso de desahucio de Maricarmen Abascal ha hecho que la disolución de las Cortes haya coincidido prácticamente con la orden del Constitucional al Supremo de que aplique la amnistía inmediatamente a los líderes del Procés y con la retirada de las órdenes de detención al expresidente Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Una espada de Damocles que hacía nueve años que llevaban encima. Ahora bien, después de casi una década, a Carles Puigdemont le queda la parte más difícil: el verdadero retorno.

La Moncloa quiere que la vivienda y "los problemas de la gente" sean el marco de la campaña electoral del 29-N y hará lo que esté a su alcance para que así sea. Unos temas que compiten directamente con los que pone sobre la mesa la derecha: desde la crisis migratoria en Ceuta –Alberto Núñez Feijóo ya vuelve esta semana– hasta los casos judiciales que rodean al gobierno español –este martes el PP ha pedido la imputación del PSOE por financiación ilícita en la Audiencia Nacional–. En este contexto, el presidente español, Pedro Sánchez, ha comparecido personalmente en la Moncloa este martes, después de la reunión del consejo de ministros, y ha puesto sobre la mesa un total de 21 medidas en materia de vivienda.

Normalmente el Senado es una cámara secundaria en el día a día político en Madrid. Aunque esta legislatura el PP, que tiene mayoría absoluta, la ha convertido en el azote contra el gobierno socialista –las sesiones de control más duras a los ministros eran en la cámara alta– y la cuna de todas las comisiones de investigación que afectaban al PSOE. Ahora bien, en las próximas elecciones al Senado, fijadas también para el 29 de noviembre, no solo se juegan las mayorías en la cámara alta, también hay sobre la mesa, de manera indirecta, un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional.

"En esta legislatura hemos tenido que trabajar con un Congreso con mucha pelea. Donde se ha confundido pactar con traicionar y bloquear con convencer". Así ha definido el presidente español, Pedro Sánchez, su experiencia en el Parlamento en una muestra de cómo ha sufrido para aprobar propuestas legislativas, ya que principalmente Junts y, en menor grado, Podemos han sido su piedra en el zapato. Los decretos ley de vivienda son el último ejemplo. Sin embargo, la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes conceden a Pedro Sánchez una segunda oportunidad para aprobar cuestiones que hasta ahora le han sido imposibles. Lo podrá hacer vía decretos ley (que no pueden regular, por ejemplo, derechos fundamentales y deben hacerse solo por cuestiones de urgencia). ¿Por qué motivo? Porque entra en funcionamiento la diputación permanente. Se trata de un órgano parlamentario, una especie de mini-Parlamento, que opera cuando se convocan comicios o hay periodos de vacaciones. Está formado actualmente por 69 diputados en una representación proporcional de los grupos de la cámara. Ahora bien, a diferencia del plenario, en este organismo la mayoría progresista no depende de Junts para sacar adelante las medidas: Junts (1), el PP (27) y Vox (6) suman 34 votos y quedan a uno de la mayoría.

Alea iacta est. El presidente español, Pedro Sánchez, ha decidido convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre después de que en el Congreso los votos de Junts, el PP y Vox tumbaran los decretos ley de vivienda aprobados por el consejo de ministros. Lo ha anunciado este lunes en una comparecencia solemne en la Moncloa después de un fin de semana en el que ha abierto una ronda de contactos con su entorno de confianza, ha analizado datos y ha tomado el pulso de la calle, donde sobre todo en Madrid hubo una movilización multitudinaria a favor del derecho a la vivienda. "Necesitamos más apoyo a la mayoría progresista para doblegar a las élites", ha dicho, y ha instado a la ciudadanía a elegir entre sumarse a la ola ultraderechista que recorre el mundo o estar "en el lado bueno de la historia" y renovar la confianza en el PSOE.

Pedro Sánchez ha tenido que tomar muchas decisiones complicadas esta legislatura, pero esta es la definitiva. Puede ser una jugada maestra final o un error definitivo. El presidente español tiene sobre la mesa el adelanto electoral inmediato a raíz de la derrota en el Congreso de los Diputados el viernes en la normativa de vivienda. Aunque por primera vez en muchos meses Junts se había sentado a negociar con el gobierno español, finalmente el grupo de Miriam Nogueras tumbó los dos decretos junto con el PP y Vox y abocó a Sánchez a una reflexión este fin de semana para decidir si convoca elecciones anticipadas. Se podrían celebrar de manera inmediata, el 29 de noviembre, con el hilo conductor del derecho a la vivienda, en un intento de movilizar a la izquierda ante unas encuestas desfavorables. Aunque dirigentes del PSOE se decantan ya por el adelanto, la decisión final es de Pedro Sánchez y todavía no consta que haya tomado una determinación definitiva.

Junts ha pedido de nuevo este viernes al gobierno español que retire los decretos ley de vivienda y se siente a negociar con ellos "a puerta cerrada". Por este motivo, ha puesto sobre la mesa una última propuesta para iniciar las conversaciones, que el gobierno español ha rechazado. El resultado, el voto en contra y, por tanto, el fracaso de los decretos del gobierno. ¿En qué consiste y cuáles son los puntos de fricción entre la propuesta de los juntaires y las del ejecutivo de Pedro Sánchez?

El gobierno español y Junts protagonizaron ayer un pulso en el Congreso sin precedentes. Tras días de negociación in extremis sobre el decreto de vivienda, los juntaires decidieron tumbar, con los votos del PP y Vox, la normativa que suspendía los desahucios y también los contratos indefinidos de alquiler, y también se opusieron el PNV y Coalición Canaria. Para dar trascendencia al momento, incluso el presidente español, Pedro Sánchez, quiso tomar la palabra al final del pleno para pedir que recapacitaran. "La historia les juzgará con más contundencia de la que imaginan", sentenció. Ahora Sánchez ha abierto una reflexión este fin de semana –abrirá una ronda de contactos con su entorno– para decidir si convoca elecciones. El presidente español debe evaluar el pulso en la calle, con las diversas movilizaciones en el Estado, y también datos sobre los efectos de la votación fallida en el Congreso.