El debate sobre la regulación de los lobis, que finalmente el Congreso ha tumbado, ha tenido invitados especiales en la tribuna. Se trata de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas (APRI), que han acudido a la cámara para reclamar que se les regule como sector. Carlos Parry, presidente de la entidad, atiende al ARA en plena discusión dentro del hemiciclo.

La legislatura española está en tiempo de descuento. Las elecciones generales serán en 2027 –cada vez hay más voces que apuntan al primer trimestre–, de manera que ahora se intensifican las conversaciones sobre los proyectos que están en cartera y que tendrán una sola oportunidad en estos próximos meses para salir adelante. Uno de ellos, según apuntan diversas fuentes consultadas por el ARA, es una propuesta del gobierno catalán para endurecer el Código Penal en los delitos de tenencia de armas, que ya está sobre la mesa de la Moncloa. En concreto, se propone duplicar las penas de prisión en el caso de llevar armas prohibidas –actualmente son de 1 a 3 años de privación de libertad– y crear un nuevo delito por exhibición de armas en público.

Un mes y medio después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, la crisis en la ciudad autónoma continúa marcando la agenda y los ataques en la política española. Ahora bien, como ha pasado en las grandes catástrofes previas que ha tenido que gestionar el ejecutivo de Pedro Sánchez en coordinación con las comunidades del PP, como la dana en el País Valenciano o los incendios del verano en Madrid y Castilla y León, el debate está derivando en un choque competencial. El ejemplo claro es la situación de los menores inmigrantes que todavía están en Ceuta, de los cuales actualmente hay 2.084 filiados y entre 700 y 1.000 deambulando por la calle. Sobre la delicada situación un mes y medio después, Sánchez ha sido tajante: "Que se lo pregunten a [Juan Jesús] Vivas", ha dicho en declaraciones saliendo del hemiciclo del Congreso. Es decir, el presidente español señala directamente al gobierno de Ceuta.

El gobierno español ha dado nuevos datos este martes sobre la situación en Ceuta, a pesar de que el lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitó dar cifras actualizadas. Ha sido el ministro de Política Territorial y líder del mando único sobre la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, quien ha puesto números a la situación: ha especificado que actualmente hay 2.048 menores filiados en Ceuta, es decir, registrados con nombre, apellido y procedencia por parte de la policía, pero que tan solo se han podido iniciar 10 expedientes. El problema de esta lentitud ha sido, ha admitido, que el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea obliga a la presencia de un tutor legal para tramitar estos expedientes y que hasta hace quince días no habían conseguido encontrar un mecanismo para proporcionárselos. Se trata de una competencia de la ciudad autónoma, pero Ceuta argumentaba que no tenía recursos para ejercerla. Por este motivo, según el gobierno español la ha acabado financiando la administración del Estado.

Si fuera por el Tribunal Supremo, el expresidente Carles Puigdemont no sería amnistiado. Tampoco después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que dictó que el 1-O no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Se ha vuelto a demostrar este martes, cuando el magistrado instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, ha vuelto a rechazar retirar la orden de detención contra el expresidente y aplicarle la amnistía. No obstante, el tono del auto ha sido ya diferente a los anteriores, como quien ya sabe que está llegando al final del camino. El alto tribunal mantiene su doctrina de excluir el delito de malversación de la norma porque interpreta que Puigdemont y el resto de exiliados tuvieron un beneficio patrimonial a raíz del referéndum de octubre de 2017, pero también admite que esto es así a la espera de los recursos de amparo en curso en el Tribunal Constitucional (TC). La decisión de Llarena llega semanas antes de que el TC empiece a discutir el recurso de amparo de los líderes independentistas, que previsiblemente debería desmontar este criterio del Supremo para desencallar la aplicación de la amnistía. La previsión, pues, es que si el Constitucional es claro avalando los argumentos de los expresos y exiliados, Llarena sí modifique su doctrina.

El PSOE pierde apoyos, pero resiste y volvería a ganar las elecciones, según el primer CIS después de la crisis en Ceuta. El barómetro de septiembre, publicado este lunes, da a los socialistas el 31% de los votos, dos puntos menos que en la encuesta de julio, y ve cómo el PP le recorta distancias, que se sitúa a solo 5,5 puntos de diferencia –en la anterior eran casi ocho–. Los populares, sin embargo, solo suben medio punto en estimación de voto, del 25 al 25,5%. La extrema derecha de Vox, que está centrando buena parte de su discurso en la crisis migratoria, obtiene un crecimiento limitado, de 1,3 puntos (del 15,3% al 16,6%), mientras que Se Acabó la Fiesta, el partido del ultra Alvise Pérez, cae del 2,6% al 1,8%. "La auténtica encuesta se producirá en las urnas", ha dicho este lunes al respecto la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, a pesar de que este sondeo es mucho más favorable que las encuestas que se publicaron la semana pasada. Desde el diario El País hasta La Razón y el Abc daban una clara victoria al voto de la derecha frente al apoyo a la izquierda. Por este motivo, desde el PP han calificado el pronóstico del CIS de un "chiste" y una "broma de mal gusto", informa Andrea Zamorano.

Todas las encuestas apuntan a una victoria del PP en las próximas elecciones –menos la del CIS–, pero Pedro Sánchez no lo da por perdido y dará la batalla por la izquierda a escala estatal y también en el ámbito global. En la Moncloa están convencidos de que la reedición de la coalición progresista va más allá de España y se contrapone a la ola de ultraderecha que está ganando en toda Europa. Por eso está haciendo dos cosas: por un lado, intensificar la presencia mediática de Pedro Sánchez; y por otro, recuperar la agenda internacional, aprovechando su paso la semana que viene por la asamblea general de las Naciones Unidas para hacer un acto conjunto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Una escenificación de la alianza progresista en contra de Donald Trump.

Sonia Moreno es periodista, ex corresponsal en Rabat para diversos medios como la Cadena SER y El Español y autora del libro Marruecos, el vecino incómodo (La Esfera de los Libros, 2025). Ahora es más actual que nunca con la crisis de Ceuta, ya que Moreno apunta en él las claves para entender lo que ocurre.

Pedro Sánchez tenía una hoja de ruta antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta: confrontar con todo lo que tenga que ver con la internacional ultraderechista, presentar los presupuestos más sociales de la historia de España y erigirse en el último baluarte del progresismo europeo y mundial. La entrada masiva de migrantes del 30 de julio lo ha embarrancado en una crisis sin precedentes que amenaza con ser la estocada final del sanchismo, pero, aun así, y llegados a este punto, desde la Moncloa creen que solo existe un camino: aguantar e intentar remontar. Por eso desde su entorno mantienen que quiere agotar la legislatura hasta 2027. Con la duda de si pondrá las urnas antes o después de las municipales y autonómicas.

Entre los 40 documentos que desclasificó el martes la Moncloa hay un informe del CNI sobre la inmigración irregular en España del 27 de julio que fue compartido tanto en la Delegación del gobierno español en Ceuta como en todos los ministerios competentes que alerta de dos cuestiones: asegura, por un lado, que la sentencia del Supremo rechazando las devoluciones en caliente por mar puede tener un impacto "muy relevante" en las entradas irregulares en Ceuta, aunque –eso sí– dice que confía en que Marruecos contendría la presión migratoria, y, por otro, que la regularización extraordinaria de migrantes puede ser un "riesgo" para España porque "aumentará la presión migratoria directa e indirectamente".

Ahora sí: cuenta atrás para la amnistía a los líderes del Procés. O eso es lo que se ha respirado este jueves en los pasillos de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Según apuntan a l'ARA fuentes conocedoras del alto tribunal, la aplicación de la ley al Govern del 1-O, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont, podría desencadenarse después de la resolución del primer recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, sin que haga falta esperar a que los resuelva individualmente uno por uno. Las mismas voces argumentan que el primer pronunciamiento “generaría una doctrina” que podría arrastrarse al resto de casos. Es, precisamente, lo mismo que defendió el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, hace unos días en una entrevista. Es decir, aunque el caso de Carles Puigdemont no será el primero que aborde el TC, la orden de detención contra él podría levantarse cuando el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del exconseller Jordi Turull, que es el de cabecera y, en principio, será el primero que tendrá una sentencia, que todas las fuentes asumen que será favorable. Llegaría el mes de octubre y arrastraría al resto.

El 30 de julio por la mañana el ejército español ya hablaba de "caos migratorio" en la frontera entre Marruecos y Ceuta con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "saturadas" ante la entrada de miles de personas. Pero el goteo de llegadas de migrantes a Ceuta provenientes del país alauita, sobre todo nadando, había sido una constante a lo largo del mes de julio, hasta superar con creces los datos del año anterior.

Pocas horas antes de que el gobierno español desclasifique los informes sobre Ceuta, Pedro Sánchez se ha defendido de los ataques del PP y Vox en el Congreso por la gestión de la crisis migratoria. "No tenemos nada que ocultar", ha defendido el presidente del gobierno español durante la primera sesión de control tras el parón estival. Sánchez ha asegurado que su ejecutivo "no acepta el chantaje de ningún partido, de ningún país y de ningún poder". "Yo puedo ser un perro, pero no tengo amo", ha remachado el líder socialista, haciendo referencia al apelativo de Perro Sanxe, con el que se le quiso desacreditar en el pasado, aunque él haya conseguido acabar haciendo bandera de ello.Por contra, ha acusado al PP y a Vox de llevar una "correa" de Israel y Estados Unidos.

Sí que hubo advertencias: al menos sí que el CNI alertó tanto a Marruecos como al gobierno español de convocatorias masivas en las redes sociales para entrar en Ceuta. Lo hizo con una nota informativa a los servicios de inteligencia marroquíes el día antes de la crisis y también por Whatsapp a la delegación del ejecutivo en Ceuta y a mandos de la Guardia Civil. También informes de los cuerpos de seguridad previos a la crisis alertaban de un posible aumento de las entradas irregulares a raíz de la sentencia del Supremo del 8 de julio que rechazaba las devoluciones en caliente por mar. Esto es lo que se desprende de los informes y de las comunicaciones que el consejo de ministros acordó desclasificar este martes y que ha publicado a través de la web de la Moncloa. Unos avisos que, según el gobierno español, no fueron suficientes para anticipar la entrada masiva de migrantes.

Tal como prometió la semana pasada el presidente español, Pedro Sánchez, el consejo de ministros ha desclasificado este martes los informes relativos a la crisis de Ceuta. Es decir, todos los documentos que se elaboraron antes del 30 de julio sobre la situación en la ciudad autónoma para comprobar si se podía o no anticipar la situación de crisis por parte del ejecutivo español. "Cumplimos nuestro compromiso con la transparencia", ha dicho la portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, aunque está previsto que no sea hasta mañana miércoles que medios de comunicación y ciudadanía puedan acceder a los papeles. Tampoco está claro cuál será el alcance de la publicación, aunque desde la Moncloa aseguran que serán todos los informes y las comunicaciones entre ministerios que se produjeron desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto. En todo caso, desde Defensa habían puesto objeciones ante la posible afectación de otros servicios de inteligencia. De hecho, este lunes, en plena crisis de Ceuta, el rey Felipe VI se reunió con la ministra Margarita Robles y la plana mayor de Defensa –el jefe del estado mayor, el comandante general de Ceuta y los mandos operativos– con el objetivo de "examinar la situación desde el punto de vista de la defensa".

Este lunes buena parte de los diarios de Madrid publican una encuesta. Los resultados no son exactamente los mismos, pero la tendencia es clara: el PP y Vox superan al bloque de la izquierda con mucha diferencia y el PSOE se empantana con la crisis de Ceuta y va directo a la caída. El País apunta que por primera vez la derecha y la ultraderecha superan el 50% en intención de voto; mientras que en el Abc y en La Razón el PP y Vox superan los 200 diputados, a mucha distancia ya de la mayoría absoluta que necesitan para gobernar. En este contexto, y justo al día siguiente del triunfo de la extrema derecha alemana en un land, el presidente español, Pedro Sánchez, ha intentado insuflar ánimos a las filas socialistas. En una reunión interparlamentaria en el Congreso este lunes, con presencia de diputados y senadores, se ha reafirmado que esta legislatura es de cuatro años y que el proyecto que tiene como presidente mira al 2030. Es decir, no solo ha ratificado que las elecciones serán el año que viene, sino que aún tiene esperanza de volver a sumar para gobernar cuatro años más, a pesar de la demoscopia. "Llevamos ocho años, y el año que viene, cuatro años más", ha proclamado entre aplausos de los representantes del PSOE. Es más: se ha proclamado "punta de lanza" contra el ascenso de la extrema derecha en Europa: "Somos más necesarios que nunca".

Pedro Sánchez se quedó solo esta semana en el Congreso defendiendo a Marruecos, a pesar de que por primera vez introdujo matices en su discurso. Previamente, la posición de la Moncloa era argumentalmente poco sostenible, ya que si Marruecos se caracteriza por algo es por tener controlado su territorio (¿de verdad se puede defender que no se dieron cuenta de que miles de personas se dirigían a la frontera?). Además, tampoco es la primera vez que Marruecos utiliza a los migrantes para hacer un pulso a España (recordemos, recientemente, Ceuta en 2021).

Sin alteraciones de guion. El sistema de financiación ha salido avalado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ahora deberá aprobar el consejo de ministros y comenzar el curso en el Congreso de los Diputados, donde los apoyos no están garantizados. Ha sido con los votos previstos: el apoyo del Estado, Cataluña y también las Canarias, que llegaron a un acuerdo in extremis con Hacienda en el mes de julio por 1.337 millones adicionales. Las comunidades del PP y el PSOE, en cambio, han votado en contra. "Hacía 17 años que en un Consejo de Política Fiscal y Financiera no se debatía un modelo de financiación", ha comenzado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en rueda de prensa tras la reunión, mostrándose satisfecho de un acuerdo que ha definido de "histórico" y "relevante". "Este modelo es mejor que el actual, más solidario y aporta más recursos al estado de bienestar de nuestro país", ha concluido.

La Comunidad de Madrid hizo un llamamiento al "boicot" al Consejo de Política Fiscal y Financiera para evitar que se aprobara este viernes el modelo de financiación, que ahora comenzará el periplo en el consejo de ministros y en el Congreso de los Diputados. Si las comunidades del PP la seguían y plantaban la cita, no se podía celebrar la reunión por falta de quórum y vetaban la aprobación del sistema. Ahora bien, no ha sido así: los barones populares no han seguido a Isabel Díaz Ayuso y Madrid se ha quedado sola ausentándose del encuentro, ya que el resto de consejeros de Hacienda de las autonomías, a pesar de que han votado que no al sistema de financiación, sí que han estado en la reunión. Es decir, había una sola silla vacía en la mesa que preside el ministro de Hacienda, Arcadi España, con todos los representantes de las autonomías, incluida Cataluña, este viernes en Madrid. Solo faltaba la titular de hacienda madrileña, Rocío Albert López-Ibor.

Pedro Sánchez afrontaba una de las comparecencias más difíciles de su presidencia. Tenía que dar cuentas de la gestión en Ceuta, inmersa en una crisis humanitaria y social por la entrada masiva de migrantes el 30 y 31 de julio. Pero no solo eso: era una jornada complicada porque justo este miércoles trascendió un informe policial que apuntaba a Marruecos y ponía contra las cuerdas el relato del presidente. Sánchez ha matizado su discurso endureciendo ligeramente el tono hacia el régimen alauí. Ha mantenido que no hay "ninguna evidencia sólida" que apunte a que Marruecos "planificó y ejecutó" la entrada masiva de migrantes, pero ha admitido que la gendarmería marroquí fue pasiva en la frontera.