Si cualquier observador imparcial aterrizara en Madrid y repasara lo que ha pasado en el último medio año, se haría una pregunta: teniendo en cuenta los resultados electorales autonómicos, las encuestas y la proliferación de presuntos casos de corrupción, ¿por qué Pedro Sánchez no tiene una revuelta interna en el PSOE? ¿Hay demasiada crítica actualmente dentro de los cuadros socialistas para montarle un pulso interno y forzar, por ejemplo, unas elecciones? La respuesta es que la probabilidad es casi cero. A pesar de que hay algunas voces que levantan el dedo, la oposición, ínfima, no está articulada, no tiene una cara visible ni tampoco apoyo en las estructuras orgánicas del partido, que están dominadas por afines a Sánchez. ¿Por qué motivo?

La moción de censura planea con fuerza sobre el debate político desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi dos semanas. Aunque el PP se resiste a presentarla, Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más en la estrategia de presión a los aliados de la investidura de Pedro Sánchez y este lunes se ha ofrecido, especialmente a Junts y al PNB, para poner punto final a la legislatura. En una entrevista a Telecinco, y después de que el presidente español se conjurara este fin de semana para resistir en la Moncloa, el líder del PP ha hecho un llamamiento a sumar esfuerzos para una moción de censura instrumental. El objetivo sería hacer caer el gobierno del PSOE, asediado por los casos de presunta corrupción, y convocar elecciones de manera inmediata. "Decencia y elecciones", ha resumido.

Al entrar a la sede de la UGT de Madrid costaba distinguir si era la clausura del congreso de las Juventudes Socialistas de España o una discoteca. La versión máquina de Pedro de Raffaella Carrà sonaba a todo trapo mientras los cuadros esperaban que el presidente español, Pedro Sánchez, entrase en la sala. Un militante estaba de pie con una rosa alzada y dos libros del líder del PSOE en la mano –Manual de resistencia y Tierra firme–, que Sánchez ha firmado disciplinadamente cuando le ha pasado por el lado entre gritos y aplausos. Es la escenificación de lo que el PSOE quiere hacer después de quince días de terremoto judicial: contraatacar.

Lo único que ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero desde que el martes 19 de mayo trascendió su imputación en la Audiencia Nacionalha sido a través de un vídeo de un minuto y medio. Justo al acabar el martes la rueda de prensa semanal del gobierno, en la que salió del paso como pudo a las preguntas de los periodistas, el expresidente español quiso defenderse de la imputación aseverando que su actividad pública y privada se ha desarrollado dentro de la legalidad y negó cualquier "gestión" ante el sector público con relación al rescate de Plus Ultra, una de las principales patas de la causa que le afecta. Se conjuraba, de esta manera, a ejercer su derecho a la defensa "con firmeza" y añadía que "en los próximos días atendería a los medios de comunicación". Diez días después no lo ha hecho, ni lo hará antes de someterse al interrogatorio previsto para los días 18 y 19 de junio ante el magistrado, ya que es el consejo también que le ha dado su abogado Víctor Moreno Catena.

El caso Zapatero ha abierto un debate paralelo: ¿a qué se dedican los expresidentes? ¿Tienen algún límite en el sector privado? Uno de los argumentos que usan desde el entorno del PSOE para responder a la interlocutoria del juez José Luis Calama es que Zapatero –presidente desde 2004 a 2011– ha hecho uso de su agenda de contactos para llevar a cabo tareas de consultoría o lobismo como han hecho otros expresidentes españoles. Cosa que, remarcan, es legal, aunque los expertos consultados alertan de que hay un vacío legal en torno a las actividades que pueden llevar a cabo los exjefes del ejecutivo del Estado y que tampoco hay una regulación ad hoc del lobismo porque está encallada en el Congreso.

Después de una semana atónitos con el caso Zapatero y la causa que apunta a una trama dentro del PSOE, los socialistas contraatacan. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado al Congreso comparecer para informar sobre "la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas". Es decir, para hablar de los escándalos que rodean su partido. Así informan fuentes del gobierno español, que aseguran que no tienen "nada que ocultar" y ningún problema para tratar, si el PP lo quiere, las causas que afectan al PSOE y también las del PP, como la Kitchen, que está en pleno juicio. En el PSOE se han conjurado para resistir en la Moncloa. La comparecencia no tiene fecha aún, pero será después del 19 de junio, cuando habrá el próximo Consejo Europeo del cual Sánchez también quiere dar cuentas.

Era el 24 de abril de 2024, a las puertas de la campaña de las elecciones al Parlament de Catalunya, cuando Pedro Sánchez lanzó una bomba en las redes. Una carta a la ciudadanía en la que se confesaba "profundamente enamorado de su mujer" y se preguntaba si valía la pena seguir adelante después de saber que se habían abierto diligencias contra Begoña Gómez en un juzgado. Se tomó cinco días de reflexión, en los que fueron muchos los que dieron por hecho que dimitiría... pero se quedó. Decidió resistir. El lector se debe preguntar por qué ahora sale a colación este episodio, pero tiene una explicación: fue durante este período de reflexión que el juez Santiago Pedraz sitúa el inicio del nuevo frente judicial que desde este miércoles afronta el PSOE.

Un paranoia recorre el PSOE. Esta es la sensación que este miércoles tenían los diputados socialistas que han acudido al Congreso a primera hora para asistir a la sesión de control y que se han visto sorprendidos por una noticia de El Confidencial que apuntaba a un registro en la sede del PSOE por una presunta trama de financiación irregular. El susto ha sido mayúsculo: no sabían qué estaba pasando y la sensación de estar completamente vendidos ante la sucesión de acontecimientos, en plena tormenta por el caso Zapatero, era absoluta. Después del shock inicial, ha llegado, entre comillas, una especie de respiro a pesar de la gravedad de las acusaciones: desde el partido han indicado que la Guardia Civil se había personado en la sede (ha estado doce horas) para pedir información sobre una nueva causa relacionada con Leire Díez: la Audiencia Nacional investiga ahora si ella y exdirigentes del PSOE intentaron entorpecer procedimientos judiciales que afectaban al partido o al gobierno español. Es decir, un caso que señala directamente a la estructura de partido socialista y que ha derivado en una nueva imputación de Santos Cerdán y la gerente del partido, Ana Fuentes, entre otros.

El nombre de Delcy Rodríguez saltó a primera línea en la política española mucho antes de la intervención de Donald Trump en Venezuela y de que deviniera la nueva líder del país a raíz de la detención y encarcelamiento de Nicolás Maduro. Fue en enero de 2020, cuando aterrizó en el aeropuerto de Barajas y mantuvo un encuentro (formal o informal, según las versiones) con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ahora en prisión preventiva por el caso Koldo. Aquel contacto fue muy polémico, ya que Rodríguez tenía prohibido entrar en territorio de la Unión Europea como parte de las sanciones acordadas por Bruselas contra el gobierno de Maduro. Ahora, el llamado Delcygate vuelve a situarse en primera línea: hay un hilo que conecta aquellos hechos con el sumario del caso Zapatero, que ha sacudido la política española. Este hilo tiene un nombre y es el comisario Jesús María Gómez Martín.

Novedades en la jubilación activa. El gobierno español ha aprobado este martes un real decreto, que entrará en vigor dentro de tres meses, en el que se establece una nueva modalidad para que autónomos y trabajadores por cuenta ajena tanto a tiempo parcial como a tiempo completo puedan combinar su trabajo y al mismo tiempo cobrar la pensión. El objetivo, según ha explicado la ministra de Seguridad y Migraciones, Elma Saiz, es facilitar que las personas que están jubiladas puedan volver a trabajar sin perder la pensión, con la idea de contribuir a un "envejecimiento activo".

José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado en la Audiencia Nacional dos semanas más tarde de lo previsto. El juez José Luis Calama ha aceptado la petición de aplazamiento de la defensa del expresidente español y lo convoca los días 17 y 18 de junio. Inicialmente, estaba citado la semana próxima, martes día 2. En una providencia, Calama ve procedente retrasar la declaración por la extensión de la causa, tal como había solicitado el abogado del exlíder socialista, Víctor Moreno Catena, ya que no tuvo acceso hasta este lunes. En paralelo, el exlíder del PSOE ya se ha empezado a defender públicamente de las acusaciones.

8.17 de la mañana, 19 de mayo. La policía se presenta con una orden judicial en el número 35 de la calle Ferraz, piso primero izquierda. Es el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Él no está, los abre "doña Gertrudis" –su secretaria, Gertrudis Alcázar–, que es la persona que estará presente en todo el registro. Colabora con los agentes, a los que deja pasar voluntariamente, y comienzan a registrar todas las dependencias: cinco despachos, tres habitaciones vacías, dos lavabos, una sala de reuniones y un office. Así se desprende del acta que incluye el sumario del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso el ARA, en la que se describe la oficina de expresidente como un “centro de dirección operativo” y un “núcleo de recepción y emisión de instrucciones” de Zapatero. Ahora bien, de acuerdo con la policía, cuando se trataba de operaciones "sensibles" había otro centro: el mismo domicilio del expresidente.

Todas las macrocausas, como apunta que será el caso Zapatero, tienen el origen concreto en algún personaje clave. Suele haber un individuo que permite al juez instructor dar un giro a la investigación, una especie de paciente cero. En el caso que afecta al expresidente español, esta figura es la del venezolano Rodolfo Reyes Rojas y la palanca necesaria para que el juez José Luis Calama llegase a ella han sido los Estados Unidos, tal como se desprende del informe de la UDEF de la Policía Nacional. Es decir, la instrucción a Zapatero no comenzó por una querella de Manos Limpias –como dijo en un primer momento el gobierno español–, sino que los indicios que ahora están en manos de la Audiencia Nacional provienen de la agencia Homeland Security Investigations (HSI), todavía en época de la administración Biden. Calama ha emitido una orden de detención internacional contra Reyes y su mujer, Aurora López, por delitos de tráfico de influencias, apropiación indebunda, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Santos Cerdán sentado en su escaño del Congreso, ensimismado, leyendo el informe de la UCO. Esta es una imagen grabada en la mente de muchos dirigentes socialistas hace justo un año. En aquel momento tomaron conciencia de que lo que se había ido publicando sobre la mano derecha de Pedro Sánchez tenía indicios de veracidad y el cataclismo para muchos dirigentes del partido fue total. La imputación el lunes del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero generó un efecto aún mayor: Zapatero es un referente moral para el PSOE y la interlocutoria del juez que lo señala como "líder" de una trama organizada para conseguir dinero a cambio de favores políticos ha sido una "bomba nuclear" entre la militancia. "Estupefacción", relatan fuentes socialistas, aunque también "plena confianza en el expresidente español y con la esperanza aún de remontar". El problema es que solo la sombra de sospecha significa la caída de un tótem: la pena es el proceso y en la sede de la calle Ferraz lo saben.

Si alguien quiere encontrar casa de alquiler en Figueres, lo tiene difícil. El lector puede comprobarlo de primera mano: si entra en un portal inmobiliario como Idealista, encontrará solo dos pisos de alquiler en toda la ciudad y a un precio elevado: 1.100 euros al mes en un chalet en el centro o 1.800 en el barrio de la Oliva Gran. No es porque sea una ciudad de lujo, sino porque simplemente no hay oferta. Este es solo un ejemplo de los retos que la capital del Alt Empordà arrastra desde hace tiempo junto con el aumento de la población, la percepción de inseguridad, la saturación de los servicios públicos o la pérdida de poder adquisitivo. Un cóctel que en las pasadas elecciones al Parlament se tradujo así: la extrema derecha sumó hasta el 21,92% de los votos. Vox fue tercera fuerza, con el 11,87%, y Alianza cuarta con el 10,05%, en unos comicios que ganó Junts (25,80%), seguidos del PSC (23,18%). El resultado dista de las municipales del 2023, cuando Jordi Masquef (Junts) consiguió la mayoría absoluta con un liderazgo que genera muchos adeptos en el municipio –sacó el 49,81% de los votos– frente a los detractores que lo acusan de comprar el marco de la extrema derecha.

Después de la imputación el martes del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, nuevo movimiento de la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama ha ordenado bloquear 490.780 euros de las cuentas del exdirigente socialista, el importe que recibió de la sociedad en el epicentro de la instrucción, Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. El magistrado, según informan fuentes del tribunal, también ha ordenado el bloqueo de todas las cuentas de las otras mercantiles investigadas en la causa.

Gabriel Rufián da un paso más. El líder de ERC en Madrid, que se ha convertido en un fenómeno para la izquierda española, se ha mostrado "dispuesto" este miércoles a liderar un nuevo espacio de cara a las elecciones españolas del 2027. En una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid, recogida por Europa Press, el cabeza de filas republicano obvia la negativa de los partidos a sumarse a esta opción e insiste en su vía: la unidad de la izquierda en los próximos comicios. Hasta ahora, no se había abierto a encabezar él directamente este eventual nuevo espacio, que desde la dirección de Esquerra en Barcelona rechazan de todas todas.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional es un terremoto de alcance todavía incalculable para la política española. Una noticia que ha sacudido al PSOE y que ha dado al PP un nuevo motivo para cargar contra el gobierno español y pedir a los socialistas que abandonen la Moncloa. Por eso todos los focos estaban puestos a primera hora en el Congreso, donde se esperaba la primera reacción del presidente español, Pedro Sánchez, a la cuestión. Y no ha cambiado el guion: "Todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha dicho. "Si usted quiere mirar la corrupción, mírese al espejo", le ha espetado, incluso, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de tener información privilegiada del poder judicial y utilizarla políticamente. "A las elecciones se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027", ha seguido Sánchez, que también ha defendido el legado de Zapatero. "No nos metió en una guerra ilegal, avanzó en derechos como el matrimonio homosexual y acabó con ETA", ha resumido.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero no es solo la imputación de un expresidente español (que ya es mucho). Es también la imputación del máximo hombre de confianza de Pedro Sánchez después de que haya caído su entorno más cercano: José Luis Ábalos, en prisión preventiva, y Santos Cerdán. Zapatero es el último pilar del líder del PSOE que queda en entredicho por una trama de presunta corrupción.

La derrota del PSOE en Andalucía es profunda. Solo hay que ver la evolución del resultado electoral desde las autonómicas de 1982 hasta el día de hoy para darse cuenta de la magnitud del desastre. Porque no solo se trata de una pérdida de votos del partido sino que también hay una derechización palmaria de esta comunidad. Una corriente de fondo que ha ido calando desde 2018, el primer año desde la restauración de la democracia que el PP llegó al poder de la mano de Vox y de Ciudadanos. La misma candidata María Jesús Montero ha hecho autocrítica –la honestidad siempre es bienvenida–, ya que es consciente de que ha quedado muy lejos de su objetivo y que si el bloque de izquierdas ha revivido mínimamente ha sido por el resultado de la izquierda soberanista de Endavant Andalucía.