La vivienda se ha convertido en el gran tema de debate público de las últimas dos semanas. Si bien Ceuta y la crisis migratoria marcaron los tres meses de verano, ahora la situación en la ciudad autónoma ha pasado a un segundo plano para hablar sobre la emergencia habitacional. Una cuestión que ha llevado incluso al presidente español, Pedro Sánchez, a convocar elecciones para reclamar más apoyo a la mayoría progresista. En este contexto, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el ente gubernamental liderado por José Félix Tezanos, ha publicado una encuesta monotemática sobre vivienda realizada en junio y que refuerza el posicionamiento del gobierno español en este tema.

Ni el mejor guionista lo habría previsto mejor. Tres años después de que la amnistía diera una legislatura más a Pedro Sánchez, con la amnistía se ha puesto también punto final. La aceleración de los tiempos a raíz del caso de desahucio de Maricarmen Abascal ha hecho que la disolución de las Cortes haya coincidido prácticamente con la orden del Constitucional al Supremo de que aplique la amnistía inmediatamente a los líderes del Procés y con la retirada de las órdenes de detención al expresidente Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Una espada de Damocles que hacía nueve años que llevaban encima. Ahora bien, después de casi una década, a Carles Puigdemont le queda la parte más difícil: el verdadero retorno.

La Moncloa quiere que la vivienda y "los problemas de la gente" sean el marco de la campaña electoral del 29-N y hará lo que esté a su alcance para que así sea. Unos temas que compiten directamente con los que pone sobre la mesa la derecha: desde la crisis migratoria en Ceuta –Alberto Núñez Feijóo ya vuelve esta semana– hasta los casos judiciales que rodean al gobierno español –este martes el PP ha pedido la imputación del PSOE por financiación ilícita en la Audiencia Nacional–. En este contexto, el presidente español, Pedro Sánchez, ha comparecido personalmente en la Moncloa este martes, después de la reunión del consejo de ministros, y ha puesto sobre la mesa un total de 21 medidas en materia de vivienda.

Normalmente el Senado es una cámara secundaria en el día a día político en Madrid. Aunque esta legislatura el PP, que tiene mayoría absoluta, la ha convertido en el azote contra el gobierno socialista –las sesiones de control más duras a los ministros eran en la cámara alta– y la cuna de todas las comisiones de investigación que afectaban al PSOE. Ahora bien, en las próximas elecciones al Senado, fijadas también para el 29 de noviembre, no solo se juegan las mayorías en la cámara alta, también hay sobre la mesa, de manera indirecta, un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional.

"En esta legislatura hemos tenido que trabajar con un Congreso con mucha pelea. Donde se ha confundido pactar con traicionar y bloquear con convencer". Así ha definido el presidente español, Pedro Sánchez, su experiencia en el Parlamento en una muestra de cómo ha sufrido para aprobar propuestas legislativas, ya que principalmente Junts y, en menor grado, Podemos han sido su piedra en el zapato. Los decretos ley de vivienda son el último ejemplo. Sin embargo, la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes conceden a Pedro Sánchez una segunda oportunidad para aprobar cuestiones que hasta ahora le han sido imposibles. Lo podrá hacer vía decretos ley (que no pueden regular, por ejemplo, derechos fundamentales y deben hacerse solo por cuestiones de urgencia). ¿Por qué motivo? Porque entra en funcionamiento la diputación permanente. Se trata de un órgano parlamentario, una especie de mini-Parlamento, que opera cuando se convocan comicios o hay periodos de vacaciones. Está formado actualmente por 69 diputados en una representación proporcional de los grupos de la cámara. Ahora bien, a diferencia del plenario, en este organismo la mayoría progresista no depende de Junts para sacar adelante las medidas: Junts (1), el PP (27) y Vox (6) suman 34 votos y quedan a uno de la mayoría.

Alea iacta est. El presidente español, Pedro Sánchez, ha decidido convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre después de que en el Congreso los votos de Junts, el PP y Vox tumbaran los decretos ley de vivienda aprobados por el consejo de ministros. Lo ha anunciado este lunes en una comparecencia solemne en la Moncloa después de un fin de semana en el que ha abierto una ronda de contactos con su entorno de confianza, ha analizado datos y ha tomado el pulso de la calle, donde sobre todo en Madrid hubo una movilización multitudinaria a favor del derecho a la vivienda. "Necesitamos más apoyo a la mayoría progresista para doblegar a las élites", ha dicho, y ha instado a la ciudadanía a elegir entre sumarse a la ola ultraderechista que recorre el mundo o estar "en el lado bueno de la historia" y renovar la confianza en el PSOE.

Pedro Sánchez ha tenido que tomar muchas decisiones complicadas esta legislatura, pero esta es la definitiva. Puede ser una jugada maestra final o un error definitivo. El presidente español tiene sobre la mesa el adelanto electoral inmediato a raíz de la derrota en el Congreso de los Diputados el viernes en la normativa de vivienda. Aunque por primera vez en muchos meses Junts se había sentado a negociar con el gobierno español, finalmente el grupo de Miriam Nogueras tumbó los dos decretos junto con el PP y Vox y abocó a Sánchez a una reflexión este fin de semana para decidir si convoca elecciones anticipadas. Se podrían celebrar de manera inmediata, el 29 de noviembre, con el hilo conductor del derecho a la vivienda, en un intento de movilizar a la izquierda ante unas encuestas desfavorables. Aunque dirigentes del PSOE se decantan ya por el adelanto, la decisión final es de Pedro Sánchez y todavía no consta que haya tomado una determinación definitiva.

Junts ha pedido de nuevo este viernes al gobierno español que retire los decretos ley de vivienda y se siente a negociar con ellos "a puerta cerrada". Por este motivo, ha puesto sobre la mesa una última propuesta para iniciar las conversaciones, que el gobierno español ha rechazado. El resultado, el voto en contra y, por tanto, el fracaso de los decretos del gobierno. ¿En qué consiste y cuáles son los puntos de fricción entre la propuesta de los juntaires y las del ejecutivo de Pedro Sánchez?

El gobierno español y Junts protagonizaron ayer un pulso en el Congreso sin precedentes. Tras días de negociación in extremis sobre el decreto de vivienda, los juntaires decidieron tumbar, con los votos del PP y Vox, la normativa que suspendía los desahucios y también los contratos indefinidos de alquiler, y también se opusieron el PNV y Coalición Canaria. Para dar trascendencia al momento, incluso el presidente español, Pedro Sánchez, quiso tomar la palabra al final del pleno para pedir que recapacitaran. "La historia les juzgará con más contundencia de la que imaginan", sentenció. Ahora Sánchez ha abierto una reflexión este fin de semana –abrirá una ronda de contactos con su entorno– para decidir si convoca elecciones. El presidente español debe evaluar el pulso en la calle, con las diversas movilizaciones en el Estado, y también datos sobre los efectos de la votación fallida en el Congreso.

Hay mucha expectación en la calle Alcalá número 15 de Madrid. No es por la acampada de la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda, que está a pocos metros, sino porque habla el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, justo la semana antes de que el TC dicte la primera sentencia favorable a dar amparo y, por tanto, amnistiar, a los líderes del Procés. Participa en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, que ha concentrado muchos focos mediáticos, pero hay pocas autoridades políticas en la sala. Solo tres magistrados del Constitucional —la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán; Ramón Sáez Valcárcel, y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, los tres considerados del bloque progresista— y el delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martín, que es un habitual de este tipo de encuentros.

Los tribunales entran en la ecuación en las movilizaciones por el derecho a la vivienda. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado durante la sesión de control de la Asamblea madrileña que ha llevado la acampada en la Puerta del Sol a los tribunales para desalojarla inmediatamente. Así, ha presentado esta misma mañana un recurso, con medidas cautelarísimas, para que el gobierno español desaloje la protesta, después de que la Delegación en Madrid haya denegado sus requerimientos. Desde el gobierno de Ayuso denuncian la "inacción" del ejecutivo de Pedro Sánchez ante una acampada para defender el derecho a la vivienda que "no se debería haber permitido nunca". A juicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la protesta está "excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el derecho fundamental de reunión".

Uno a uno, el decreto antidesahucios había ido consiguiendo los votos necesarios para salir adelante este viernes en el Congreso, hasta que ha llegado el momento de Junts. En una reunión telemática por la noche, la dirección de Junts ha anunciado que se sumará al no si el gobierno español no retira el decreto para volver a aprobarlo –con diversas modificaciones– la semana que viene en el consejo de ministros. Un pulso al cual la Moncloa ya ha respondido diciendo que no los retirará. Antes, Podemos había confirmado que votará a favor de los dos decretos de vivienda aprobados a raíz del caso Maricarmen, y que el PNV y Coalición Canaria darán el sí al primero y el no al segundo, haciendo caer también la renovación automática de los alquileres y las indemnizaciones a los inquilinos.

En otro momento, sin una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, la visita de Emmanuel Macron de este martes y este miércoles se habría llevado todos los focos a la capital del Estado. Sin embargo, la frenética agenda interior ha hecho que los grandes titulares de las últimas dos jornadas hayan sido los decretos ley de vivienda que se deben votar este viernes en el Congreso. De hecho, en la comparecencia que ha hecho el presidente francés con el presidente español, Pedro Sánchez, después de reunirse en la Moncloa, la política española ha acaparado parte de las preguntas. El jefe del ejecutivo, después de exhibir "optimismo" ante la posibilidad de rehacer la mayoría plurinacional el viernes con la vivienda, se ha permitido incluso señalar al PP: ha pedido perdón directamente a Macron por el veto que los populares han orquestado desde el Senado al Tratado de Amistad entre Francia y España. Uno de los principales hitos de Sánchez para esta legislatura porque equipara la relación que hay con los franceses con la que estos tienen con Alemania o Italia.

Durante los primeros seis meses de 2026 han aumentado un 45% los incidentes en los que alguien ha disparado una bala en Cataluña. Es decir, cada dos días se ha registrado un tiroteo, con un balance de seis muertos y diecisiete heridos. Si se añaden los casos en los que alguien ha exhibido un arma de fuego, aunque no la haya llegado a utilizar, hay un incidente al día. Y, en estos casos, las armas reales son cada vez más habituales: ya representan el 42% del total, cuando hasta hace poco la mayoría eran simuladas. Detrás de este aumento hay diversos causantes, como que las armas cada vez son más baratas, están más disponibles y hay más grupos criminales que las necesitan para defender sus negocios, muy vinculados a la droga.

El gobierno español es optimista, pero el hecho es que, a 48 horas de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso, todavía no tienen los apoyos garantizados. Ni para el primer decreto ley, con una amplia batería de medidas como la suspensión de los desahucios e incentivos fiscales –ya publicado en el BOE–, ni para el segundo, que prorroga de manera automática los contratos de alquiler, que se publicará oficialmente este jueves. De momento, el gobierno español solo cuenta con el voto afirmativo de EH Bildu y de Esquerra, ya que así lo ha anunciado su presidente, Oriol Junqueras, aunque el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que se mirará hasta la "última coma". Mientras tanto, Junts, Podemos y el PNV mantienen la incógnita. De hecho, es con estas dos formaciones con quienes el gobierno español tiene que hacer más malabares para satisfacer sus exigencias, muy a menudo contrapuestas. En paralelo, el Sindicato de Inquilinas ha exigido a los grupos que convaliden los dos decretos.

El gobierno español aprobó el martes dos reales decretos diferentes. Uno con una batería de medidas muy amplia que va desde limitar la compra especulativa de inmuebles hasta suspender temporalmente algunos desahucios, y otro con una sola medida: la prórroga automática de los contratos de alquiler, la principal reivindicación del Sindicato de Inquilinas, que desde el fin de semana ha acampado en la Puerta del Sol —una imagen que ha evocado al 15-M—, y de todos los partidos de la izquierda. A su vez, es el decreto que más pende de un hilo (difícilmente prosperará) por el recelo de Junts y el PNV con el planteamiento. Ahora bien, ¿cuál es la letra pequeña?

Los textos definitivos de los dos decretos en materia de vivienda que ha aprobado el gobierno español este martes tienen diversas claves con algunas medidas fundamentales. El primer decreto ley ya se ha publicado en el BOE y el segundo decreto no se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta este jueves.

Tras horas de negociación muy intensa, el PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo in extremis en el seno del consejo de ministros para aprobar un paquete de medidas para la vivienda. "El esfuerzo ha valido la pena", ha proclamado la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior, a pesar de que no hay acuerdo entre los grupos de la mayoría plurinacional. Tienen hasta el viernes para conseguir su apoyo, porque es cuando se debe votar la normativa en un pleno extraordinario en el Congreso solicitado por el ejecutivo español. De hecho, la Moncloa confía en que la presión social en la calle haga decantar a los grupos hacia el sí. "El contexto es una ventana de oportunidad", aseguran fuentes del ejecutivo. Una de las principales novedades es la limitación de la compra de viviendas a los fondos de inversión: según el texto del decreto ley, al cual ha tenido acceso el ARA, se impide a una entidad privada comprar pisos por debajo del 70% del valor del precio de mercado, pero con limitaciones.

Emmanuel Macron es uno de los líderes con más peso dentro de la Unión Europea, pero, como dirían los americanos, un auténtico lame duck –pato cojo– que ya no se volverá a presentar a las elecciones presidenciales francesas del 18 de abril de 2027 y que tiene delante a una extrema derecha de Marine Le Pen que lidera las encuestas. Pedro Sánchez no es un lame duck porque se volverá a presentar a los comicios, pero también se encuentra al final de la legislatura, y con unos sondeos que dan la victoria al PP y Vox. En este contexto, de debilidad mutua, Emmanuel Macron estará en España este martes y este miércoles en su última visita como presidente de la República Francesa y con la idea de ser un colofón de un acercamiento progresivo entre los dos países. En este contexto, el rey Felipe VI le ha pedido desde el Palacio Real que la Unión Europea se responsabilice de la frontera con Ceuta.

Negociación in extremis. El gobierno español ultima a esta hora la elaboración de un decreto ley de vivienda para que se apruebe este martes en el consejo de ministros. L'ARA ha accedido al borrador en el que trabajan el PSOE y Sumar y que deben pactar con los socios de la mayoría plurinacional para que el paquete legislativo se acabe aprobando también en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, el pacto dentro de la misma coalición de izquierdas no es un hecho a estas alturas: según el borrador, el ministerio de Vivienda, que pilota el PSOE, incorpora la prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028, pero no de manera indefinida como piden Sumar y el resto de fuerzas a la izquierda de los socialistas, que este lunes han hecho un frente común para hacer suyas las demandas del Sindicato de Inquilinas. Han unido fuerzas Esquerra, EH Bildu, Podemos, Sumar, Compromís y el BNG. Junts, a su vez, considera que el borrador del decreto ley "se aleja" de un pacto que pueda suscribir, pero hace un llamamiento a seguir hablando.