Tras una escalada de tensión sin precedentes en Ceuta –un grupo de manifestantes quemó el jueves un campamento de inmigrantes e impidió que la Cruz Roja les llevara alimentos–, las principales fuerzas políticas han condenado la violencia y han hecho un llamamiento a la calma.

Si ha habido una cuestión que ha centrado la comparecencia del gobierno español de este jueves sobre la crisis de Ceuta ha sido el rol de Marruecos. Tras el choque dentro del ejecutivo por la información que transmitió el CNI, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comparecido en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, con el objetivo de dar cuenta de la gestión a raíz de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes el 30 de julio en la ciudad autónoma. ¿Qué pasó? Según Bolaños, se produjo a raíz de la "tergiversación" de una sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba las devoluciones en caliente en caso de entrar nadando, ya que consideraba que en estos casos se debía abrir un proceso administrativo y una evaluación individualizada antes de un retorno inmediato. El ministro ha desvinculado a Marruecos de los hechos: "No hay ninguna evidencia de que haya impulsado la entrada masiva de inmigrantes", ha sentenciado ante las críticas de la oposición.

Con la crisis de Ceuta, la inmigración se ha convertido en la cuestión central de la política española. En este contexto, Junts ha vuelto a poner sobre la mesa el traspaso de competencias en esta materia a la Generalitat. Para los juntaires, que consideran que Cataluña no tiene capacidad para aumentar más de población, es necesario que el gobierno catalán gestione la entrada, la integración o la expulsión de los inmigrantes. La iniciativa fracasó en el Congreso por la oposición de Podemos, pero este martes Junts la ha vuelto a registrar con un gesto hacia la formación de Ione Belarra: ha cambiado el preámbulo, que Podemos consideraba "racista". Un cambio que no resuelve las discrepancias con Podemos, ya que mantiene el veto argumentando que el problema es el conjunto de la norma.

¿Hubo un aviso del CNI o no, para prever que habría una entrada masiva de inmigrantes el 30 de julio? Esta es la pregunta que ha propiciado un choque de versiones dentro del gobierno español, sobre todo entre el ministerio de Defensa, de quien dependen los servicios de inteligencia, y el ministerio del Interior, que es el encargado del control de fronteras. La ministra Margarita Robles, que en ningún momento ha dicho que tuvo constancia de una ola migratoria como la que se produjo, sí ha asegurado que el CNI compartió dos avisos con Interior, el gobierno de Ceuta y la Delegación del gobierno español de forma verbal: por un lado, que había un repunte de las entradas nadando; y, por otro, que corría una convocatoria por las redes para entrar a España a través de Ceuta. Una afirmación que ha puesto en entredicho a todo el gobierno español y, sobre todo, al ministerio del Interior, ya que representa que si había avisos podría haber actuado. Por este motivo, la Moncloa se alinea con Fernando Grande-Marlaska: remarca que no hubo ningún informe de los servicios de inteligencia del cual se desprendiera que podía haber una entrada de más de 80.000 inmigrantes a Ceuta.

El gobierno español ha aprobado este martes dos anteproyectos clave en materia migratoria: por un lado, una nueva ley sobre el derecho de asilo y, por otro, una reforma de la ley de derechos y libertades de los extranjeros. Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha comparecido después del primer consejo de ministros posterior a las vacaciones de verano, que se ha centrado en la crisis de Ceuta. Marlaska ha expuesto el impulso de estas dos reformas para adaptar la legislación española al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que endurece las políticas migratorias de las fronteras europeas.

Pedro Sánchez ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) este martes a las 9 h de la mañana. Lo ha convocado 26 días después de que miles de personas cruzaran la frontera con Marruecos y entraran en la ciudad autónoma de Ceuta, lo que es ya la crisis migratoria más letal que se ha vivido en el Estado. El mismo gobierno español tildó los hechos de violación de la integridad territorial de España.

"Está en venta; chao, pescao". De esta manera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intentado este lunes cerrar la polémica sobre la compra del ático de lujo en Chamberí por parte del gobierno autonómico. Una manera de quitarse de encima la presión que proviene de su propio partido: este domingo era el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideraba que Patrimonio de la Comunidad de Madrid debía dar explicaciones por haber adquirido un inmueble que no se podía usar de oficina.

Casi un mes después de la entrada de decenas de miles de personas inmigrantes en Ceuta (que Pedro Sánchez definió como una "violación de la integridad territorial" del Estado), el gobierno español declarará la "situación de interés para la seguridad nacional" y aceptará constituir un "mando único" que estará dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Se aprobará en el consejo de ministros de este martes, el primero tras el periodo estival.

Carles Ramió (Girona, 1963) es catedrático de ciencia política y de la administración por la Universitat Pompeu Fabra, y desde esta semana preside formalmente la comisión de expertos que ha puesto en marcha el Gobierno para la transformación de la administración pública (CETRA).

Eusebi Campdepadrós, exsecretario de la mesa del Parlament, abandona Junts. Según ha podido saber el ARA, Campdepadrós comunicó su decisión a la ejecutiva del partido hace pocos días, el 27 de julio, cuando anunció que dejaba la formación después de que el Tribunal Supremo le hubiera aplicado la amnistía. Consideraba, de esta manera, que su etapa política se había acabado. Contactado por el ARA, el ya exmilitante juntaire no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Onalabs es una empresa fundada en Barcelona hace diez años. Una deep tech que ha pasado una década centrada en la investigación y el desarrollo de una tecnología para generar un "cambio de paradigma" en el ámbito sanitario, en palabras de la consejera delegada, Elisabet del Valle. ¿Cómo? Plantea una nueva manera de supervisar la salud: pasar de los análisis puntuales de sangre a un "monitoraje intensivo" y continuo de las personas a través del sudor.

Se ha hablado mucho de una alianza a la izquierda del PSOE, de todo lo que representa el espacio de Sumar con la posibilidad de ampliarlo a Podemos e, incluso, con Gabriel Rufián. Ahora bien, por ahora esta opción no está cuajando. Ante esto, dentro del PSOE ya hay quien piensa en otros escenarios si finalmente las otras izquierdas se vuelven a presentar divididas. Esto es porque hay una realidad demoscópica difícilmente inapelable: que si el PSOE no tiene opciones ahora mismo de quedarse en la Moncloa no es porque caiga en picado, sino por la bajada generalizada de Sumar, Podemos y el resto de socios de la mayoría plurinacional. Solo hay que comparar los 31 escaños que sacó Sumar en 2023 con lo que ahora les pronostican las encuestas: el último CIS los sitúa en poco más del 6% de los votos, la mitad de apoyo que tuvo hace tres años.

Josep Antoni Duran i Lleida fue un tótem durante muchos años de la política catalana y española. Dirigente mejor valorado en Cataluña y con capacidad de influencia en Madrid, quedó fuera de la política de forma abrupta porque no obtuvo representación para Unió en las elecciones españolas de 2015. Él ya tenía previsto irse retirando, pero aquella derrota, que vivió como una tragedia, lo relegó de la vida pública. Ahora, once años más tarde, da gracias cada día por no estar ahí. Gracias por no haber vivido en primera línea el momento álgido del Procés, que siempre consideró que iba por mal camino, y tampoco en el hemiciclo actual del Congreso con el ambiente de polarización. Sí lamenta profundamente la defunción de CiU, ya que cree que ha perdido tanto Cataluña como el conjunto del Estado. Ahora bien, eso no quiere decir que Duran i Lleida esté retirado. Con 74 años y abuelo, continúa siendo hiperactivo y su agenda echa humo. La diferencia es que ahora lo hace fuera de foco.

Si hay algo que ha marcado la semana, de nuevo, es el caso Zapatero. Comenzó con el escrito de defensa del empresario Julio Martínez Martínez en la Audiencia Nacional en el que incriminaba al expresidente español en el rescate de Plus Ultra; y acaba con la primera entrevista de Zapatero desde que fue imputado el pasado 19 de mayo. El exlíder del PSOE mantiene su inocencia: este jueves volvió a negar cualquier gestión con el gobierno español para conseguir el crédito a la aerolínea de capital venezolano; y explicaba que las joyas fueron un "regalo de cortesía" sin explicar su origen. El expresidente dijo que esto lo explicaría pronto ante el juez de la Audiencia Nacional. Ahora bien, ¿ha convencido Zapatero? ¿Cómo afecta al gobierno de Pedro Sánchez? Vea el análisis.

Este jueves es día de efemérides. Hace exactamente 26 años que José Luis Rodríguez Zapatero fue escogido secretario general del PSOE. En aquel momento no se imaginaba que un cuarto de siglo después estaría sentado en el plató de Mañaneros de TVE dando explicaciones por dos causas penales graves: una de presunto tráfico de influencias por el rescate de Plus Ultra y otra por presunto contrabando por unas joyas millonarias encontradas en la caja fuerte de su despacho. ¿Por qué ha aparecido ahora? De hecho, las explicaciones, según lo que él mismo había anunciado, deberían haber llegado antes. En su primer vídeo tras la imputación, anunció que atendería a los medios de comunicación, pero ante las informaciones que iban apareciendo en relación a sus negocios decidió nombrar un portavoz, Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid.

"Resulta difícil explicar que alguien no quiera que se le reduzca el pasivo". De esta manera ha defendido el ministro de Hacienda, Arcadi España, la condonación de parte de la deuda a las autonomías ante las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y que ha fracasado en el Congreso gracias a los votos de la mayoría plurinacional. Para Arcadi España es necesario un respiro para buena parte de las comunidades, que son las administraciones que soportan los gastos del estado del bienestar, pero muchas como Cataluña y el País Valenciano están infrafinanciadas y ahogadas aún a raíz de la crisis económica de hace una década.

Probablemente son las explicaciones más esperadas de los últimos tiempos. Tanto para la opinión pública, como para la oposición del PP y Vox y también el gobierno español, que mantiene su confianza en el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Dos meses después de haber sido imputado, el exlíder del PSOE ha roto este jueves el silencio en la primera entrevista que ha concedido desde que es investigado en la Audiencia Nacional. Y solo empezar ha sido claro: mantiene que es inocente, que no se ha "corrompido" y que las joyas fueron un "regalo de cortesía", cuyo origen explicará ante el juez José Luis Calama. Es decir, Zapatero se ha reafirmado en el hecho de que no ejerció ningún tipo de influencia sobre el gobierno que preside Pedro Sánchez porque durante la pandemia rescatasen la aerolínea de Plus Ultra y, paralelamente, ha defendido que no ha tenido ningún afán de lucro en la tenencia de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros. Incluso, en un momento dado de la entrevista, ha llegado a decir que sencillamente "estaban allí", en la caja fuerte, mezcladas con las joyas de herencia de la familia.

Sumar ha anunciado este miércoles que ha acordado con el PSOE la prórroga de los alquileres para 2028 a través de un nuevo decreto sobre vivienda que también incluirá incentivos fiscales para los propietarios, una medida indispensable para conseguir que el texto acabe aprobado con el voto favorable de Junts en el Congreso.

¿Es normal que el PSOE pusiera un despacho a José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Es normal que usted no sepa qué le dijo Leire Díez a Santos Cerdán? ¿Es normal que usted reciba a una militante del PSOE? Estas son solo algunas de las preguntas que los senadores de la comisión de investigación del caso Koldo le han hecho a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Un interrogatorio de más de tres horas que ha resultado ser del todo estéril, sin ninguna nueva conclusión —ella no ha aportado ningún elemento nuevo y ha procurado contestar de forma breve— y donde, más que preguntas, los senadores de la derecha se han mostrado indignados por el caso Leire, Zapatero o las ya tres sentencias por el caso del fiscal general, Ábalos y el hermano del presidente español, Pedro Sánchez. Y es que más que cuestiones sobre la relación entre Narbona y Leire Díez, acusada de montar una guerra contra jueces y fiscales por encargo de Santos Cerdán, los senadores han utilizado la comisión para hablar de las joyas del expresidente español, de cómo lo apunta Julio Martínez o del comportamiento del ya sentenciado José Luis Ábalos.

A pesar del cambio de estrategia de Julio Martínez, que incrimina al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, la Moncloa mantiene su guion. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de ayer, la portavoz, Elma Saiz, defendió el crédito concedido a la aerolínea durante la pandemia y, además, aseguró que desde el ejecutivo español “siguen manteniendo la presunción de inocencia” de Zapatero. Saiz no quiso salirse de ahí: se negó a comentar las versiones de Julio Martínez Martínez (alias Julito) y también del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que señalan al expresidente como pieza clave del rescate, como hace la Policía Nacional a través de la UDEF, y se limitó a decir que la instrucción judicial está en una fase inicial.