El gobierno español estalla contra el Supremo por la 'ley de limpieza': "Es de una gravedad extraordinaria"

MadridLa decisión del Tribunal Supremo de negar el voto a unas 163.000 personas que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos ha sido interpretado como una declaración de guerra por parte del gobierno español. "Es de una gravedad extraordinaria", ha estallado la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. "Son personas que huyeron de un país por una dictadura –ha remarcado–. En una democracia el derecho a voto se garantiza y no se restringe".

En este sentido, ha dicho que la Abogacía del Estado está estudiando los siguientes pasos a dar, a pesar de que fuentes gubernamentales apuntan que quien debería presentar un recurso al Tribunal Constitucional son directamente los afectados por la decisión. Aun así, fuentes de la Moncloa evitan encararse al Supremo y se centran en la reacción del PP y Vox, que están celebrando que se haya excluido a una parte de los ciudadanos nacionalizados a través de la ley de nietos. "Es trumpismo", apuntan estas mismas fuentes. Además, se muestran perplejos porque se trataría de un porcentaje mínimo de electores; en las elecciones de 2023, la participación de los residentes en el extranjero no llegó ni al 10%, y en los últimos comicios ganó el PP.

"No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo –ha proclamado este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en esRadio–. No nos oponemos a dar el pasaporte ni el derecho a voto, pero no se puede abrir de manera indiscriminada a cualquier ciudadano que tenga un antepasado en España". Además, se ha sumado a las insinuaciones de fraude que ya han alimentado desde Vox y otros dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso. "Trabajaré hasta el último momento, incluida la jornada de reflexión, con interventores y apoderados en las mesas, para que no haya trampas ni manipulaciones", ha añadido después de que el PP haya cuestionado las garantías del voto por correo.

Desde el PP cuestionan –igual que desde el Supremo– la instrucción administrativa que impulsó el gobierno español en 2022, que desarrolla la ley de nietos para dar la nacionalidad a los descendientes de los exiliados –que asume que son todas las personas que se marcharon de España entre 1936 y 1955–. Para el alto tribunal, solo deben poder votar los que hayan acreditado que eran efectivamente familiares de personas que se marcharon por motivos políticos y no todas las que se marcharon del Estado en este periodo.

El gobierno español advierte de la dificultad de demostrar esto porque recuerda que mucha gente que huyó al exilio "se marchó con lo puesto" y quizá no guardó documentación acreditativa que demostrara que era perseguida políticamente. Por eso, en la instrucción administrativa que el ejecutivo redactó para desarrollar la ley de memoria democrática decía lo siguiente: "Se presumirá la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955". Posteriormente, hasta 1978, sí que se tendría que "acreditar la condición de exiliado".

La complejidad de la aplicación

Más allá de criticar la medida, desde la Moncloa también admiten que la deben acatar. El Supremo ha instado a suspender la inscripción en el Censo de Residentes Extranjeros Ausentes (CERA) de las 163.000 personas que han accedido a la nacionalidad a través de la ley de nietos, según la administración. Ahora bien, esta tarea es de una "gran complejidad" y desde el gobierno español reconocen que no saben cómo se acabará aplicando en los consulados repartidos por el mundo.

Tal como ya explicó el ARA, los servicios consulares hace tiempo que denuncian que están "colapsados". En los últimos años se han producido dos fenómenos que han agravado la situación. Por un lado, se ha triplicado el número de españoles en el extranjero: de un millón en los años 2000 a 3,2 millones actualmente. Y, por el otro, han aumentado las solicitudes para acceder a la nacionalidad a raíz de la ley de memoria democrática para hijos y nietos de los españoles que se exiliaron. Ahora se le debe añadir el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por el Supremo, que piden revisar los expedientes de los extranjeros inscritos en el CERA que hayan accedido a la nacionalidad a través de esta vía legal.

En una newsletter reciente, la Asociación de Diplomáticos Españoles advertía que la orden administrativa que desarrolló la ley de nietos "ampliaba muy significativamente el número potencial de solicitantes" de la nacionalidad, pero "sin preparar a la red consular para gestionarlo del modo deseable". Esta falta de recursos, subrayaban, se resolvió con un "esfuerzo extraordinario" de los empleados públicos de la red consular. Ahora, volverán a estar en el ojo del huracán.