El gobierno español estalla contra el Supremo por la ley de amnistía: "Es de una extraordinaria gravedad"

MadridLa decisión del Tribunal Supremo de vetar el voto a unas 163.000 personas que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos ha sido interpretada como una declaración de guerra por parte del gobierno español. "Es de una extraordinaria gravedad", ha estallado la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. "Son personas que huyeron de un país por una dictadura", ha remarcado, "en una democracia el derecho a voto se garantiza y no se restringe".

En este sentido, se ha reafirmado en que la Abogacía del Estado está estudiando qué hacer ante esto, a pesar de que fuentes gubernamentales apuntan que quien debería presentar un recurso son los directamente afectados por la decisión ante el Tribunal Constitucional. Aun así, fuentes de la Moncloa evitan enfrentarse al Supremo y ponen énfasis en la reacción del PP y Vox, que están celebrando que se haya excluido a una parte de los ciudadanos nacionalizados a través de la ley de nietos. "Es trumpismo", apuntan estas fuentes gubernamentales.

"No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo", ha proclamado este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Esradio. "No nos oponemos a dar el pasaporte y el derecho a voto, pero no se puede abrir de forma indiscriminada a cualquier ciudadano que tenga un antepasado en España", ha añadido. Además, ha mezclado la insinuación de fraude que ya han alimentado desde Vox y algunos dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso. "Trabajaré hasta el último instante, incluida la jornada de reflexión, con interventores y apoderados en las mesas, para que no haya trampas ni manipulaciones", ha aseverado.

Desde el PP cuestionan, igual que el Supremo, la instrucción administrativa que desarrolla la ley de nietos para dar la nacionalidad a descendientes de los exiliados, ya que asume que lo son todos aquellos que se marcharon de España entre 1936 y 1955. Para el alto tribunal, solo pueden votar aquellos que hayan acreditado que eran efectivamente familiares de gente que se marchó por motivos políticos.

Desde el gobierno español advierten de la dificultad de esta acreditación, ya que fuentes gubernamentales recuerdan que cuando tú te exilias "te marchas con lo que llevas puesto" y quizás no guardan documentación acreditativa que lo demuestre. Por eso, en la instrucción administrativa que desarrolló la ley de memoria democrática se decía lo siguiente: "Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955". Posteriormente, hasta 1978 sí que se tendría que "acreditar la condición de exiliado".

La complejidad de la aplicación

Más allá de criticar la medida, desde la Moncloa también admiten que la tienen que acatar. El Supremo ha instado a suspender la inscripción en el Censo de Residentes Extranjeros Ausentes (CERA) a las 163.000 personas que han accedido a la nacionalidad, según la administración, a través de la ley de nietos. Ahora bien, esta tarea es de una "gran complejidad" y desde el gobierno español reconocen que no saben cómo se acabará aplicando en los consulados repartidos por el mundo.

Tal como ya explicó el ARA, los servicios consulares hace tiempo que denuncian "colapso". En los últimos años se han producido dos fenómenos que han agravado la situación: por un lado, se ha triplicado el número de españoles en el extranjero, de un millón en los años 2000 hasta 3,2 millones en la actualidad; y, por otro lado, el aumento de las solicitudes para acceder a la nacionalidad a raíz de la ley de memoria democrática para hijos y nietos de los españoles que se exiliaron. Una norma que se interpretó de forma extensiva y que permitió las solicitudes desde octubre de 2022 hasta octubre de 2025.