"Colapso" en el servicio exterior español: los diplomáticos reclaman a la Moncloa que actúe

MadridTrabajar en la red de embajadas y consulados españoles dista del idilio con que se asocia la diplomacia. Es lo que denuncian tanto los funcionarios que trabajan para el Estado en el exterior como los representantes de los ciudadanos españoles que residen en el extranjero y son usuarios de esta red. Todos ellos hace tiempo que batallan por una mejora de recursos ante el "colapso" que aseguran que viven en los servicios consulares. "Hay cabreo" con el ministerio, explican fuentes diplomáticas a el ARA, que denuncian la indiferencia por parte del gobierno español, a pesar de que desde el ministerio de Exteriores aseguren en este diario que están trabajando para redimensionar el servicio.

En los últimos años se han producido dos fenómenos que han agravado la situación: por un lado, se ha triplicado el número de españoles en el extranjero, de un millón en los años 2000 hasta 3,2 millones en la actualidad; y, por otro lado, el aumento de las solicitudes para acceder a la nacionalidad a raíz de la ley de memoria democrática para hijos y nietos de los españoles que se exiliaron. Una norma que se interpretó de forma extensiva y que permitió las solicitudes desde octubre de 2022 hasta octubre de 2025.

"La situación de la red consular es catastrófica desde hace mucho tiempo", constata Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles y exembajador en Senegal, habla de un estado "crítico" de la red consular, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como del mantenimiento de los inmuebles y la digitalización de la administración. Y asegura, como Alonso, que con el aumento de la comunidad en el exterior y las demandas de nacionalidad están aún más al límite: actualmente hay una cola de 2,4 millones de solicitudes para acceder a la nacionalidad española que podrían llegar a alargarse una década. "Los sucesivos gobiernos no han tenido suficientemente en cuenta las condiciones de la administración general del Estado en el exterior", resume Virella, que considera que no hay una planificación suficiente de los recursos disponibles para ejecutar las decisiones políticas que se toman. Ahora mismo dice que hay 1.000 diplomáticos para una población española de 49 millones de habitantes; una ratio inferior en relación a países como Polonia (37 millones para unos 1.700 diplomáticos) o Portugal (unos 10 millones de habitantes para 490 diplomáticos).

La Fedeca (la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) se ha hecho suyas las reivindicaciones de los diplomáticos, hasta el punto de que recientemente denunciaban el "abandono" del servicio exterior. Ponían de ejemplo la saturación del consulado de Sao Paulo (Brasil), en el que afirman que atienden "más de 1.000 personas al día con aproximadamente 70 trabajadores".

Fuentes conocedoras de la situación en el exterior también ponen de ejemplo la ciudad de Buenos Aires, donde aseguran que si de aquí a unos años se terminan aceptando todas las solicitudes, se puede convertir en una de las ciudades con la comunidad más grande de españoles (unos 800.000), contando también los municipios del Estado. De hecho, Violeta Alonso constata que Argentina es uno de los lugares con más saturación y resalta que se conforman con el hecho de que estas tramitaciones duren cinco años. Alonso asegura que la ley de memoria democrática ha sido un "éxito" –"el problema no es el aumento de las solicitudes", dice–, sino que se redimensione bien la administración en el exterior porque a raíz de esto no se pueden atender los servicios habituales. Por ejemplo, la tramitación para renovar el pasaporte de un español en el exterior puede durar meses. "Hay un aumento de la carga de trabajo", manifiesta Virella a raíz de todas estas transformaciones, que recuerda que la administración debe poder garantizar los derechos a todos los españoles, dentro y fuera del Estado.

Violeta Alonso pone el ejemplo del derecho a voto: a pesar de que todos los españoles en el exterior puedan votar, la participación es muy baja por la dificultad de los trámites y también es desigual entre los diferentes países. Incluso después de la derogación del voto rogado. En las últimas elecciones generales, constata, solo un 10% votaron. En todo caso, Alonso tiene la esperanza de que el gobierno español tome decisiones de seguida.

Las demandas de los diplomáticos

La Asociación de Diplomáticos tiene una lista de demandas y considera indispensables las siguientes medidas: la aprobación de un nuevo reglamento de la carrera diplomática –la vigente es de 1955, en pleno franquismo–; la creación de 90 plazas en el exterior; la incorporación de la especificidad de los funcionarios en el exterior en la producción normativa porque consideran que no se puede aplicar la misma plantilla fuera que en cualquier lugar del Estado; o la cobertura sanitaria, que es deficiente sobre todo para muchas parejas de diplomáticos que deben desplazarse con ellos a trabajar fuera.

Y qué dice, ¿el gobierno español? Fuentes de Exteriores consultadas por el ARA aseguran que trabajan en un "redimensionamiento estructural del servicio exterior, adaptándolo a una comunidad española fuera que no deja de crecer". Pese a las quejas de los diplomáticos, dicen que han hecho un refuerzo "extraordinario" de las plantillas más saturadas y que se está impulsando una "transformación digital sin precedentes para agilizar los trámites". Para abordar la situación, la Asociación de Diplomáticos se ha reunido en diversas ocasiones con el subsecretario de Exteriores –el último encuentro fue el 19 de enero– para abordar sus reivindicaciones, pero todavía no han conseguido encontrarse con el ministro, José Manuel Albares, ni con el presidente español, Pedro Sánchez, pese a las diversas solicitudes que le han hecho llegar. "Mucho relato y pocos datos, una actitud irresponsable de los encargados de solucionar una situación crítica", resume Virella.