"La dignidad educativa ha ganado" y "No era por el dinero. Luchemos por un nuevo modelo educativo". Estos han sido los mensajes de las dos principales pancartas de la movilización docente de este viernes. La primera ha sido la pancarta de la cabecera de la manifestación que ha congregado en el paseo Lluís Companys de Barcelona a unos 15.200 docentes, según la Guardia Urbana, y hasta 90.000 según los sindicatos. Una pancarta que, a diferencia de las de las últimas manifestaciones, era totalmente amarilla –el color en defensa de la escuela pública– y sin el nombre de ningún sindicato. La segunda pancarta es la del escenario del Parc de la Ciutadella, donde ha terminado la manifestación con los parlamentos y con una pitada de los docentes a la portavoz del sindicato USTEC, Iolanda Segura, después de que la organización hiciera campaña por el sí al acuerdo con Educación y en su propia consulta el 65% de los maestros y profesores votaran en contra.

Ha llegado el día. Después de 72 horas de votaciones, los docentes han revelado este mediodía que rechazan el preacuerdo de los sindicatos mayoritarios y Educación. Lo han hecho en una consulta en la que han participado más de 60.000 docentes (aproximadamente un 60% de los maestros y profesores del sistema educativo público). De estos, un 65,1% han rechazado el pacto y, por tanto, se han comprometido a continuar movilizándose. En cambio, los que han visto con buenos ojos el preacuerdo se han estancado en el 34,9%.

Sin ninguna referencia a los casos judiciales que rodean su entorno, pero con un anuncio que es el mensaje en sí, Pedro Sánchez impulsa la legislatura adelante y esta misma semana comenzará los trámites para presentar los presupuestos del 2027. El anuncio lo ha hecho ante el empresariado catalán y también del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en las jornadas de este año del Círculo de Economía en Barcelona. Sánchez ha reivindicado la necesidad de unas cuentas estatales, que serían las primeras de la legislatura y que llegarían en el momento más delicado del mandato, cuando los casos de presunta corrupción acosan cada vez más el entorno del presidente español.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha desafiado a Alberto Núñez Feijóo a reunirse con Carles Puigdemont en Waterloo si quiere convencer al partido para que se sume a una moción de censura instrumental para hacer caer a Pedro Sánchez y convocar elecciones. "Si tiene una oferta seria, las cosas serias se explican en reuniones, y él [Feijóo] sabe que las reuniones con Junts, con la máxima dirección [...], se tienen que hacer en Waterloo", ha dicho en El matí de Catalunya Ràdio. La propuesta ha pillado a Feijóo en el Cercle d'Economia, pero no ha querido responder explícitamente a la petición de Turull. El líder popular ha vuelto a defender la moción de censura, pero ha avisado: "No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos".

La moción de censura planea con fuerza sobre el debate político desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi dos semanas. Aunque el PP se resiste a presentarla, Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más en la estrategia de presión a los aliados de la investidura de Pedro Sánchez y este lunes se ha ofrecido, especialmente a Junts y al PNB, para poner punto final a la legislatura. En una entrevista a Telecinco, y después de que el presidente español se conjurara este fin de semana para resistir en la Moncloa, el líder del PP ha hecho un llamamiento a sumar esfuerzos para una moción de censura instrumental. El objetivo sería hacer caer el gobierno del PSOE, asediado por los casos de presunta corrupción, y convocar elecciones de manera inmediata. "Decencia y elecciones", ha resumido.

Tras el preacuerdo del viernes por la noche entre los sindicatos mayoritarios y Educación, los docentes están llamados a partir de este lunes a pronunciarse sobre el pacto, que prevé un aumento salarial de 450 euros brutos mensuales en cuatro años. La consulta, que se ha enviado al correo corporativo de los docentes, ha arrancado a las 12 horas y se alargará hasta el jueves a la misma hora. Hasta las 20h de la primera jornada han participado más de 17.000 docentes de un censo de 94.490, el 18%. Los maestros deben votar si aceptan el acuerdo, tal como plantea la USTEC, o si continúan con las huelgas previstas hasta las vacaciones de verano, la opción defendida por la CGT, la Intersindical y la COS. De hecho, estos tres sindicatos han promovido nuevas acciones. Este mismo lunes, unos 200 docentes han hecho una marcha lenta en Montserrat y han ocupado el atrio de la Basílica de Santa Maria de Montserrat para celebrar una asamblea y debatir el preacuerdo con Educación. Es una imagen insólita, ya que nunca una manifestación había entrado hasta este espacio. Alrededor de las cuatro de la tarde han levantado la protesta. Paralelamente, esta noche unos 300 docentes han hecho una acampada delante de los Servicios Territoriales de Educación en Girona y, más tarde, han organizado un debate sobre el preacuerdo, llamados por la Coordinadora de Assemblees Educatives.

José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado en la Audiencia Nacional dos semanas más tarde de lo previsto. El juez José Luis Calama ha aceptado la petición de aplazamiento de la defensa del expresidente español y lo convoca los días 17 y 18 de junio. Inicialmente, estaba citado la semana próxima, martes día 2. En una providencia, Calama ve procedente retrasar la declaración por la extensión de la causa, tal como había solicitado el abogado del exlíder socialista, Víctor Moreno Catena, ya que no tuvo acceso hasta este lunes. En paralelo, el exlíder del PSOE ya se ha empezado a defender públicamente de las acusaciones.

José Luis Ábalos, en prisió preventiva por el caso de las mascarillas, alza la voz tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista concedida a TVE desde la prisión de Soto del Real, el exministro de Transportes se ha desvinculado del rescate de Plus Ultra y ha afirmado que fue el expresidente español quien, tal como apunta la Audiencia Nacional, habría presionado para que la aerolínea recibiera los 53 millones de euros del gobierno español en 2021, durante la pandemia de covid-19. El exsecretario de organización del PSOE, de hecho, asegura que se enteró del rescate cuando llegó al consejo de ministros. "Zapatero se me saltó y habló directamente con Pedro Saura [secretario de estado de Transportes]", afirma.

El Gobierno ya tiene todos los apoyos para aprobar los presupuestos de 2026. Después de el acuerdo de esta semana con ERC, validado este miércoles por el gobierno español, el ejecutivo y Comuns han firmado este jueves por la mañana su pacto definitivo para las cuentas, que incluye 2.500 millones para vivienda y repensar la R-Aeropuerto, entre otros. Salvador Illa y Jéssica Albiach han sellado el entendimiento en el Palau de la Generalitat y este viernes el Gobierno aprobará los números en consejo ejecutivo, con el objetivo de que el Parlament los valide definitivamente la primera quincena de julio.

No es fácil encontrar una foto suya, tampoco en Google, pero su discreción contrasta con la envergadura de las macrocausas que suele tener entre manos. José Luis Calama Teixeira, el juez que justamente este miércoles cumple 67 años y que ha imputado al expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra, hace tres décadas que pertenece a la carrera judicial española y desde 2018 ejerce como magistrado de la Audiencia Nacional, donde ha destacado por la investigación del espionaje a diversos miembros del gobierno español con Pegasus.

El pacto entre el Govern y ERC para los presupuestos del 2026, los primeros de la presidencia de Salvador Illa, ya está firmado. El presidente y Oriol Junqueras han rubricado el documento en un breve acto a primera hora en el Palau de la Generalitat, después de que los republicanos dieran formalmente este lunes su sí a las cuentas. La consellera de Economía, Alícia Romero, ha dado todos los detalles en una rueda de prensa a primera hora de la mañana y Junqueras comparecerá más tarde, sobre las once y media.

Juanma Moreno Bonilla ha entrado entre aplausos en la sede estatal del PP al día siguiente de las elecciones andaluzas. Pese al regusto agridulce de su victoria, este lunes entre las filas populares se reivindica el "espectacular" resultado obtenido por el candidato popular. En declaraciones a los medios a la entrada de la junta directiva estatal del partido, Moreno Bonilla ha defendido que, por mucho que se haya quedado a dos diputados de la mayoría absoluta, los 53 escaños son un resultado "suficientemente contundente" como para dejar a Vox fuera de su futuro ejecutivo autonómico. "Es un resultado muy bueno que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario", ha afirmado. De momento, Vox no ha puesto el precio de entrar en el gobierno, como sí hizo en Extremadura y Aragón, a la espera de que comience la negociación. Moreno ha explicado que aún no ha mantenido contactos con los de Santiago Abascal.

El conflicto entre el sector educativo y el Gobierno escala un grado más y sacude la política parlamentaria. Con la nueva oleada de movilizaciones en marcha, y en plena polémica por la prueba piloto para introducir policías de paisano en escuelas e institutos, los sindicatos denunciaron este jueves la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea de docentes que preparaban las próximas jornadas de huelga. A la indignación del sector se han sumado las peticiones de explicaciones de la oposición, y ERC, los Comuns y la CUP ya han reclamado la destitución del director de la policía, Josep Lluís Trapero. De momento el cuerpo policial defiende que actúa "siempre atendiendo la legislación vigente" y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido su "profesionalidad".

Es bien sabido que dentro de ERC el proyecto para la unidad de las izquierdas que impulsa Gabriel Rufián no ha sumado, de momento, muchos partidarios. Al contrario, de detractores no faltan, como el Colectivo 1 de Octubre, un sector minoritario pero con voz propia en el partido, que ha presentado una denuncia interna por "deslealtad" contra el líder republicano en Madrid. La denuncia, presentada ante la Comisión de Garantías, pide al organismo que investigue "la actuación" de Rufián por posible vulneración de los estatutos de Esquerra. Pero no se queda aquí: como medida cautelar reclama apartarlo temporalmente como portavoz en el Congreso.

Las intenciones del gobierno español de prohibir las redes sociales para los menores de 16 años tienen muy buena acogida en Cataluña. Un 87% de los catalanes –casi 9 de cada 10– avalan que esta sea la edad mínima de los usuarios de las redes en todos los países de la UE, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) y el Parlamento Europeo. El sondeo, publicado este lunes con motivo de los 40 de la adhesión de España al club comunitario, indica que solo un 10% de los encuestados están en contra de la medida, mientras que tan solo un 3% no lo sabe o no contesta. Establecer un límite mínimo de edad para estas plataformas convence incluso a los más jóvenes de la muestra, ya que un 84% de los entrevistados de entre 18 y 24 años están a favor.

A Pedro Sánchez se le complica el camino hasta el final de la legislatura. En las últimas horas dos de los socios clave de la mayoría de investidura, Junts y el PNB, han dado muestras de distanciamiento respecto al gobierno español. Si los juntaires se sumaron este martes al PP y Vox para tumbar el decreto de prórroga de los alquileres y el consorcio de inversiones pactado entre el PSOE y ERC, los nacionalistas vascos suspendieron una reunión en la Moncloa después de un polémico mensaje en las redes del PSE contra Aitor Esteban. Y todo ello les ha servido para pedir "respeto" a Sánchez y lanzarle una advertencia en la sesión de control al Congreso de esta mañana: "Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no".

El gobierno español acostumbra a ser prudente cuando se tiene que pronunciar sobre el poder judicial, pero hay dos excepciones: el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en que defendieron su inocencia hasta el final, y la causa de la mujer del presidente español, Begoña Gómez, que este lunes el juez Juan Carlos Peinado dejó a un paso de juicio. Este martes hasta tres ministros han hecho piña con la mujer de Pedro Sánchez y hasta han insinuado que hay persecución política. Aún más, se han reafirmado en que todo será corregido por instancias superiores. "Estamos en un estado de derecho y no en el régimen de Fernando VII", ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en alusión a la referencia que Peinado hizo en su auto en que comparaba el gobierno español con un régimen absolutista.

El humorista Jair Dominguez se ha enfrentado esta mañana al juicio impulsado por Vox contra él. La formación de extrema derecha lo denunció por un presunto delito de odio por haber dicho que al "fascismo" y a los "nazis" se les combate con un "puñetazo en la boca", unas declaraciones que hizo en 2021 en Catalunya Ràdio. Los ultras consideran que las declaraciones iban dirigidas a ellos y piden dos años de prisión.

Lamine Yamal ha roto su silencio sobre los gritos islamófobos de este martes en Cornellà-El Prat, con motivo de un amistoso entre España y Egipto, con una publicación en Instagram. "Sé que [los cánticos] iban para el equipo rival [Egipto], pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable [...]. A los que cantan estas cosas: usar la religión como una burla os deja como personas ignorantes y racistas", ha escrito el crack del Barça y máxima estrella del combinado de Luis de la Fuente. El futbolista marchó del estadio del Espanyol cabizbajo y sin saludar a la afición local.

El ministerio de Trabajo reclama 110 millones de euros a Uber Eats por haber dado empleo a 60.000 repartidores como falsos autónomos entre los años 2022 y 2026, según ha avanzado El País y han confirmado a el ARA fuentes del ministerio de Trabajo. La Inspección de Trabajo, que depende de la cartera que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, inició una investigación el verano del año pasado y llegó a la conclusión de que estos trabajadores debían ser asalariados.