Pedro Sánchez ha apostado decididamente en esta precampaña electoral por explotar su perfil más personal y humano, terreno donde se encuentra cómodo y que contrasta con las dificultades del popular Alberto Núñez Feijóo para salir del guion sin cometer errores. Después de su paso por La revuelta, el presidente español continúa con su gira de entrevistas desenfadadas y ha aterrizado en el pódcast Keep it cutre, donde ha asegurado que decidió avanzar las elecciones generales en una comida familiar el domingo 4 de octubre, un día antes de anunciar públicamente la convocatoria: "Tanto mis padres como mi mujer me dijeron que había que convocar elecciones. [...] Ahí fue donde tomé la decisión", ha dicho en el capítulo del pódcast donde le entrevistan, conducido por Ángela Henche y Albanta San Román y publicado esta mañana en YouTube.

Los disturbios de los últimos días en A Coruña, Barcelona y Bilbao han convertido la seguridad en el eje principal del discurso del PP esta semana. La estrategia de Alberto Núñez Feijóo es vincular los incidentes directamente con Pedro Sánchez y erigirse, en contraposición al líder socialista, como garante del "orden". Lo hará, por ejemplo, visitando este miércoles comercios afectados por los saqueos en Barcelona, al igual que su número 2, Miguel Tellado, ha visitado Bilbao este martes. "A partir del día 30 habrá orden. Seremos implacables con los violentos y la ley se cumplirá siempre", ha afirmado Feijóo en un acto de presentación de la lista electoral por Madrid a las elecciones del 29 de noviembre.

Alberto Núñez Feijóo comienza a desgranar su programa conservador para las elecciones españolas del 29-N. El líder y candidato del PP ha afirmado en la SER que si llega a la Moncloa quiere reabrir el debate sobre el aborto y reformar la ley de eutanasia, en una entrevista en la que ha asumido abiertamente el escenario de un gobierno con Vox para echar a Pedro Sánchez del poder. "Soy un demócrata", ha dicho, sobre la posibilidad de tener que contar con los ultras si no consigue una mayoría suficiente.

Gabriel Rufián da por prácticamente enterrada la posibilidad de un acuerdo unitario a la izquierda del PSOE, tanto en Cataluña como en el Estado, y admite que incluso ha pensado en dejarlo. Así lo ha explicado en una entrevista en RAC1, cuando quedan pocas horas para que esta medianoche termine el plazo para presentar las coaliciones para el 29-N. El líder de los republicanos en Madrid, muy crítico con la dirección de su partido, ha revelado que este jueves estuvo a punto de dar un paso al lado, pero que acabó descartándolo porque le "frenaron", y también por responsabilidad. Aun así, ha reconocido que no ha logrado sus planes a favor de una candidatura unitaria: "He fracasado, hemos fracasado. Quedan horas, pero es muy probable que no pase", ha dicho.

Este viernes por la noche acaba el plazo legal para registrar las coaliciones y las izquierdas a escala estatal continúan sin llegar a un acuerdo para presentarse a las próximas elecciones españolas conjuntamente. Una situación límite que diversas fuentes de los Comuns consideran que Gabriel Rufián ha propiciado llegando a un pacto solo con Podemos y dándole más poder de negociación ante los partidos del Frente Amplio.

Las encuestas son tozudas. Tanto el CEO como el CIS apuntan que la izquierda del PSOE perdería apoyos en las próximas elecciones respecto a las de 2023 y, por tanto, representación en el Congreso, especialmente si se presentan por separado. En este contexto, Ada Colau no se rinde e insiste en hacer llamamientos a la unidad. La exalcaldesa de Barcelona incluso se ha ofrecido a renunciar como candidata del Frente Amplio y, si hace falta, a cambiar el nombre de la candidatura para conseguir un acuerdo con Podemos, si bien este mismo miércoles la coalición ha presentado oficialmente la nueva marca electoral.

Después de anunciar que Gabriel Rufián será su candidato a las próximas elecciones generales, ERC ha salido este martes en rueda de prensa para descartar cualquier colaboración con las izquierdas estatales que vaya más allá de incorporar personas de Podemos a sus listas. De hecho, el portavoz del partido, Isaac Albert, ha evitado contestar a las críticas de los Comuns sobre la alianza con el partido morado y ha vuelto a cerrar la puerta a formar parte de la coalición estatal del Frente Amplio que están negociando Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid. Ahora bien, las palabras del dirigente republicano las ha contradicho el propio Rufián en un tuit en X: "ERC y Comuns deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación. Más allá de vetos y odios que no importan a nadie. Y yo estoy en ello. Y lo haré hasta el final". "Lo que no puede ser es que la forma de responder a la extrema derecha sea diluir las siglas de ERC. ERC se presentará en Cataluña como ERC", le ha replicado Albert en rueda de prensa.

Ada Colau no se rinde en su cruzada por unir a las izquierdas a escala estatal. La exalcaldesa de Barcelona ha vuelto a instar a Gabriel Rufián, que tiene buena relación con Podemos, a adherirse a la coalición de izquierdas del Frente Amplio y a utilizar "su liderazgo" para ayudarla a incluir a las diversas formaciones a la izquierda del PSOE. En una entrevista en La Sexta, Colau considera que el portavoz republicano es un actor clave para "cumplir con la demanda de la ciudadanía": una propuesta única para las próximas elecciones españolas del 29 de noviembre.

El camino para que Ada Colau sea la presidenciable del Frente Amplio cada vez está más allanado. Al día siguiente de que Más Madrid –un actor clave de esta coalición de izquierdas— la propusiera como candidata a las próximas elecciones españolas del 29 de noviembre, la exalcaldesa ha ratificado que está dispuesta a encabezar la lista. Ahora bien, la fundadora de la PAH mantiene la presión a Irene Montero, la líder de Podemos, para que se sume al Frente Amplio, hasta el punto de que lo ha puesto como condición para dar el paso decisivo al frente de la coalición formada por Sumar, Más Madrid, Esquerra y Comuns. "Se me ha interpelado y he dicho que, si estamos todas, yo también estaré. Pero tenemos que estar todas", ha dicho Colau en una entrevista en TVE.

Tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la amnistía de los líderes del Procés, todas las miradas están sobre el expresidente Carles Puigdemont. Su retorno a Catalunya, tras nueve años de exilio, se mueve entre la inminencia y la espera del momento político oportuno, y ahora mismo es una incógnita si lo hará coincidir o no con la campaña de las elecciones generales del 29-N. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, sin embargo, ya ha levantado la orden de detención que había sobre él, si bien diversas personas destacadas del entorno del exjefe del Gobierno han expresado públicamente que Puigdemont debería volver tras los comicios. Un parecer distinto del gobierno español, que recuerda que tiene luz verde para el retorno inmediato: "Puigdemont podría volver hoy si quisiera", ha afirmado esta mañana en declaraciones a la SER el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. "Es una decisión que le corresponde a él", ha añadido. De momento, el Govern sí que ha atendido la petición de Puigdemont para que la oficina que tiene como expresidente, que se encontraba en el Palau Centelles de Barcelona, se traslade a unas dependencias en la calle Dr. Roux, 51-63 que son propiedad de la Generalitat, tal como ha avanzado El País y ha confirmado el ARA.

La Moncloa quiere que la vivienda y "los problemas de la gente" sean el marco de la campaña electoral del 29-N y hará lo que esté a su alcance para que así sea. Unos temas que compiten directamente con los que pone sobre la mesa la derecha: desde la crisis migratoria en Ceuta –Alberto Núñez Feijóo ya vuelve esta semana– hasta los casos judiciales que rodean al gobierno español –este martes el PP ha pedido la imputación del PSOE por financiación ilícita en la Audiencia Nacional–. En este contexto, el presidente español, Pedro Sánchez, ha comparecido personalmente en la Moncloa este martes, después de la reunión del consejo de ministros, y ha puesto sobre la mesa un total de 21 medidas en materia de vivienda.

Uno a uno, el decreto antidesahucios había ido consiguiendo los votos necesarios para salir adelante este viernes en el Congreso, hasta que ha llegado el momento de Junts. En una reunión telemática por la noche, la dirección de Junts ha anunciado que se sumará al no si el gobierno español no retira el decreto para volver a aprobarlo –con diversas modificaciones– la semana que viene en el consejo de ministros. Un pulso al cual la Moncloa ya ha respondido diciendo que no los retirará. Antes, Podemos había confirmado que votará a favor de los dos decretos de vivienda aprobados a raíz del caso Maricarmen, y que el PNV y Coalición Canaria darán el sí al primero y el no al segundo, haciendo caer también la renovación automática de los alquileres y las indemnizaciones a los inquilinos.

El ático de lujo de 6,3 millones de euros adquirido por la Comunidad de Madrid se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La polémica, que amenaza con cobrar todavía más envergadura a raíz del traumático desahucio de Maricarmen Abascal, ha llegado a la justicia y también al Tribunal de Cuentas. Pero casi dos meses después de que El País destapara la compra, esta continúa rodeada de incógnitas, cambios de relato y contradicciones. Una situación similar, tragedia aparte, a la que se dio con Carlos Mazón sobre su papel el día de la dana en el País Valenciano.

Después de haber prometido que daría explicaciones sobre el origen de las joyas desde el momento en que las encontraron en su despacho, el 19 de mayo, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha dado una explicación oficial este miércoles a través de un escrito presentado a la Audiencia Nacional. Cuatro meses después, en el documento, al cual ha tenido acceso el ARA, afirma que las piezas son un regalo que el rey de Arabia Saudí Abdullah bin Abdulaziz al-Saud –muerto hace ya once años– le hizo en junio de 2007, durante su primer mandato al frente del gobierno español. Se trata de un obsequio que le entregó el monarca en la vivienda familiar ubicada en el Palacio de la Moncloa con motivo de un viaje realizado a Madrid, y justifica la entrega como una "atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" al rey saudí. Preguntado por la versión de Zapatero, el presidente español, Pedro Sánchez, desde Nueva York, ha reafirmado la confianza en la presunción de inocencia del expresidente.

El fiasco de los intérpretes de catalán en el juicio del caso Roger Español acabará con sanciones. Según ha avanzado Nació Digital y han confirmado al ARA fuentes del departamento de Justicia, la Generalitat ha decidido abrir un expediente a la empresa a la que se había adjudicado el servicio de traducción, Ofilingua SL, para imponerle las "penalizaciones económicas" previstas en los pliegos del contrato.

La denuncia contra Pilar Rahola por sus manifestaciones a favor de Israel y sus acciones en Palestina no seguirá adelante. La Fiscalía Provincial de Barcelona ha decidido archivarla después de las diligencias preprocesales que ordenó el 13 de abril. La denuncia, presentada por dos militantes de la Organización Juvenil Socialista (OJS), era por delitos de incitación al odio y complicidad con el genocidio en Gaza, pero el ministerio público considera que no hay suficientes elementos para continuar investigando a la periodista. La decisión no admite recurso, según la resolución con fecha de este lunes a la que ha tenido acceso el ARA.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene lugar en Nueva York, se ha producido una imagen inédita: la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha acercado al presidente español, Pedro Sánchez, para abordar el futuro de su país. Según fuentes de la delegación española, ha sido iniciativa de la nueva líder venezolana –tras la detención de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos–, que ha pedido a Sánchez poder sentarse a hablar de la situación política. Las mismas fuentes añaden que el presidente español ha correspondido al ofrecimiento y que ha reafirmado su "compromiso" con la región.

Alberto Núñez Feijóo ha regresado por cuarta vez a Ceuta. Esta vez, sin embargo, lo ha hecho acompañado del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, para reforzar el mensaje de los populares españoles ante esta crisis migratoria e ilustrar las llamadas a "europeizar" este enclave español del norte de África. El mensaje de los dos dirigentes populares ha ido en la misma dirección que el del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas: que los menores migrantes que entraron el 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma deben ser devueltos a Marruecos.

Uno de los titulares que dejó este jueves el juicio del caso Roger Español tiene que ver con los intérpretes que había en la sala, incapaces de traducir las preguntas de los abogados del catalán al castellano. Los letrados de las acusaciones particular y las populares, ejercidas por Irídia, Òmnium y la ANC, acabaron autotraduciéndose o interrogando a los policías directamente en castellano después de que hasta dos intérpretes no pudieran hacer su trabajo, un hecho que las entidades han denunciado por "vulneración de los derechos lingüísticos". ¿Pero cómo se pudo dar esta situación?

El gobierno español tiene vía libre para reubicar a los inmigrantes en las instalaciones del puerto de Ceuta. La Audiencia Nacional ha decidido finalmente denegar la suspensión temporal de la instalación del campamento, tal y como pedía un sindicato policial aduciendo motivos de seguridad. Será el ministerio del Interior, explica el auto judicial, el que se encargará de establecer las condiciones de seguridad para los agentes policiales y también para los inmigrantes. Este miércoles saltaron todas las alarmas cuando la Audiencia Nacional aceptó de forma "cautelarísima" la suspensión del campamento, pero ha tardado solo unas horas en cambiar de posición. Fuentes del gobierno español celebran la rapidez de la decisión judicial ante la urgencia social que hay en las calles de Ceuta y señalan que la previsión era que hoy mismo se pudieran instalar más de 1.700 personas. "Reiteramos que los terrenos del puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para sacar adelante el operativo", explican desde el ejecutivo estatal. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado de la crisis, ha celebrado en un vídeo la decisión: "Es una magnífica noticia porque nos permitirá iniciar los expedientes y que los migrantes puedan ser retornados si no tienen derecho a quedarse", ha dicho, asegurando que esto acercará a Ceuta a la "normalidad". La decisión del miércoles, aunque era temporal, causó "perplejidad" al gobierno español y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto palabras este jueves a este sentimiento. "Hay quien quiere que hagamos magia", ha manifestado en una entrevista en TVE, recordando la falta de espacio en la ciudad para que los inmigrantes que todavía malviven allí puedan tener garantizadas las necesidades básicas. El titular de Transportes ha alertado de la falta de ubicaciones alternativas para situar el campamento: "Ir al puerto no es un capricho".Puente no se ha privado de criticar los vaivenes del gobierno ceutí con el campamento y lo ha acusado de "profunda deslealtad". "El señor Vivas, más allá de la defensa de Ceuta de palabra, no ha colaborado con el gobierno español en ningún momento", ha lamentado refiriéndose al presidente ceutí, y ha profundizado en el choque entre el gobierno estatal y el de la ciudad autónoma. "Hay personas individuales que parece que han atendido el llamamiento del señor Aznar de quien pueda hacer que haga", ha añadido en una entrevista en la Cadena Ser el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en referencia a algunos magistrados "corruptos". "Cada vez me cuesta más encontrar argumentos para defender que hay imparcialidad en todas las decisiones", se ha sumado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista en RNE.