El Tribunal Supremo expresa dudas sobre la legalidad de la regularización extraordinaria de migrantes que ha impulsado el gobierno español y que finaliza este martes. En dos providencias a las que ha tenido acceso el ARA, el alto tribunal cuestiona el encaje del decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el derecho europeo y da cinco días a las partes personadas contra el proceso –en este caso el gobierno de Aragón y el del País Valenciano, ambos del PP– para que se pronuncien sobre la idoneidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

La cruzada del PP para hacer caer a Pedro Sánchez topa con el hecho de que depende de los partidos catalanes y vascos para que tenga efectos reales. En este contexto, Alberto Núñez Feijóo ha recuperado una de aquellas propuestas que los populares tienen en mente para acabar con la dependencia del independentismo en el Congreso de los Diputados y, de rebote, también de Vox, a quien están atados cada vez en más autonomías. El líder del PP ha planteado una reforma electoral que haga que la lista ganadora tenga un "plus" de diputados "para facilitar la estabilidad". Un escenario que habría podido evitar que Pedro Sánchez hubiera gobernado esta legislatura en la que la suma de PP y Vox se quedó a tan solo cuatro diputados de la mayoría absoluta. Es lo que ha defendido Feijóo en una entrevista este lunes a EsRadio, después de que le preguntaran directamente por maneras de evitar que "grupos minoritarios tengan sobrerrepresentación" en la cámara baja.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia contra Pilar Rahola por los delitos de incitación al odio y complicidad con el genocidio en Gaza. Según ha avanzado El matí de Catalunya Ràdio y ha confirmado el ARA, el ministerio público ha ordenado diligencias a los Mossos a raíz de la denuncia presentada por dos militantes de la Organización Juvenil Socialista (OJS), que señalaron a la comunicadora por su actividad política y mediática y sus manifestaciones públicas favorables al estado de Israel y sus acciones en Palestina.

El PSC, Esquerra y los Comunes han llegado a un acuerdo para encarecer la tasa turística a los cruceros que hacen escala en Barcelona. A través de una enmienda a la ley de acompañamiento de presupuestos de la Generalitat, presentada este martes en el Parlament, los tres grupos forzarán el incremento del impuesto hasta los 30 euros para los buques que estén menos de 12 horas en la capital catalana.

Las joyas de Zapatero llenan titulares desde hace días y, desde este viernes, protagonizan una nueva pieza separada del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama ha acordado investigar también al expresidente español por la posesión de estos objetos de valor porque considera que existen indicios de presuntos delitos fiscales y de contrabando. La base de su decisión es la tasación preliminar de las joyas –localizadas en el despacho del exlíder del PSOE–, que han sido valoradas en 1.323.915 euros. El informe de la tasación, al que ha tenido acceso el ARA, analiza el precio de mercado estimado (impuestos incluidos) de hasta 79 joyas, entre las que destacan collares de más de 220.000 euros y pendientes de 80.000.

El PSOE se ha visto obligado a acostumbrarse a los sobresaltos. El último vaivén de una legislatura tempestuosa lo han provocado las joyas que la policía española encontró en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero hace casi un mes. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo registró por orden del juez, que sitúa al expresidente español en la cúspide de una trama de tráfico de influencias. Pero el horizonte judicial se hace aún más cuesta arriba después de que la tasación de las joyas las haya valorado en 1,3 millones de euros y haya desembocado en una pieza separada para investigarlo por contrabando y delito fiscal. Hasta ahora, la investigación apuntaba, entre otros delitos, a la organización criminal, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y la falsedad documental. El portavoz de Zapatero aseguró hace unos días que estarían valoradas en 50.000 euros como mucho y la secretaria del expresidente dijo a la policía española que procedían de la herencia de la mujer de Zapatero y de regalos de viajes.

"La dignidad educativa ha ganado" y "No era por el dinero. Luchemos por un nuevo modelo educativo". Estos han sido los mensajes de las dos principales pancartas de la movilización docente de este viernes. La primera ha sido la pancarta de la cabecera de la manifestación que ha congregado en el paseo Lluís Companys de Barcelona a unos 15.200 docentes, según la Guardia Urbana, y hasta 90.000 según los sindicatos. Una pancarta que, a diferencia de las de las últimas manifestaciones, era totalmente amarilla –el color en defensa de la escuela pública– y sin el nombre de ningún sindicato. La segunda pancarta es la del escenario del Parc de la Ciutadella, donde ha terminado la manifestación con los parlamentos y con una pitada de los docentes a la portavoz del sindicato USTEC, Iolanda Segura, después de que la organización hiciera campaña por el sí al acuerdo con Educación y en su propia consulta el 65% de los maestros y profesores votaran en contra.

Ha llegado el día. Después de 72 horas de votaciones, los docentes han revelado este mediodía que rechazan el preacuerdo de los sindicatos mayoritarios y Educación. Lo han hecho en una consulta en la que han participado más de 60.000 docentes (aproximadamente un 60% de los maestros y profesores del sistema educativo público). De estos, un 65,1% han rechazado el pacto y, por tanto, se han comprometido a continuar movilizándose. En cambio, los que han visto con buenos ojos el preacuerdo se han estancado en el 34,9%.

Sin ninguna referencia a los casos judiciales que rodean su entorno, pero con un anuncio que es el mensaje en sí, Pedro Sánchez impulsa la legislatura adelante y esta misma semana comenzará los trámites para presentar los presupuestos del 2027. El anuncio lo ha hecho ante el empresariado catalán y también del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en las jornadas de este año del Círculo de Economía en Barcelona. Sánchez ha reivindicado la necesidad de unas cuentas estatales, que serían las primeras de la legislatura y que llegarían en el momento más delicado del mandato, cuando los casos de presunta corrupción acosan cada vez más el entorno del presidente español.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha desafiado a Alberto Núñez Feijóo a reunirse con Carles Puigdemont en Waterloo si quiere convencer al partido para que se sume a una moción de censura instrumental para hacer caer a Pedro Sánchez y convocar elecciones. "Si tiene una oferta seria, las cosas serias se explican en reuniones, y él [Feijóo] sabe que las reuniones con Junts, con la máxima dirección [...], se tienen que hacer en Waterloo", ha dicho en El matí de Catalunya Ràdio. La propuesta ha pillado a Feijóo en el Cercle d'Economia, pero no ha querido responder explícitamente a la petición de Turull. El líder popular ha vuelto a defender la moción de censura, pero ha avisado: "No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos".

La moción de censura planea con fuerza sobre el debate político desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi dos semanas. Aunque el PP se resiste a presentarla, Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más en la estrategia de presión a los aliados de la investidura de Pedro Sánchez y este lunes se ha ofrecido, especialmente a Junts y al PNB, para poner punto final a la legislatura. En una entrevista a Telecinco, y después de que el presidente español se conjurara este fin de semana para resistir en la Moncloa, el líder del PP ha hecho un llamamiento a sumar esfuerzos para una moción de censura instrumental. El objetivo sería hacer caer el gobierno del PSOE, asediado por los casos de presunta corrupción, y convocar elecciones de manera inmediata. "Decencia y elecciones", ha resumido.

Tras el preacuerdo del viernes por la noche entre los sindicatos mayoritarios y Educación, los docentes están llamados a partir de este lunes a pronunciarse sobre el pacto, que prevé un aumento salarial de 450 euros brutos mensuales en cuatro años. La consulta, que se ha enviado al correo corporativo de los docentes, ha arrancado a las 12 horas y se alargará hasta el jueves a la misma hora. Hasta las 20h de la primera jornada han participado más de 17.000 docentes de un censo de 94.490, el 18%. Los maestros deben votar si aceptan el acuerdo, tal como plantea la USTEC, o si continúan con las huelgas previstas hasta las vacaciones de verano, la opción defendida por la CGT, la Intersindical y la COS. De hecho, estos tres sindicatos han promovido nuevas acciones. Este mismo lunes, unos 200 docentes han hecho una marcha lenta en Montserrat y han ocupado el atrio de la Basílica de Santa Maria de Montserrat para celebrar una asamblea y debatir el preacuerdo con Educación. Es una imagen insólita, ya que nunca una manifestación había entrado hasta este espacio. Alrededor de las cuatro de la tarde han levantado la protesta. Paralelamente, esta noche unos 300 docentes han hecho una acampada delante de los Servicios Territoriales de Educación en Girona y, más tarde, han organizado un debate sobre el preacuerdo, llamados por la Coordinadora de Assemblees Educatives.

José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado en la Audiencia Nacional dos semanas más tarde de lo previsto. El juez José Luis Calama ha aceptado la petición de aplazamiento de la defensa del expresidente español y lo convoca los días 17 y 18 de junio. Inicialmente, estaba citado la semana próxima, martes día 2. En una providencia, Calama ve procedente retrasar la declaración por la extensión de la causa, tal como había solicitado el abogado del exlíder socialista, Víctor Moreno Catena, ya que no tuvo acceso hasta este lunes. En paralelo, el exlíder del PSOE ya se ha empezado a defender públicamente de las acusaciones.

José Luis Ábalos, en prisió preventiva por el caso de las mascarillas, alza la voz tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista concedida a TVE desde la prisión de Soto del Real, el exministro de Transportes se ha desvinculado del rescate de Plus Ultra y ha afirmado que fue el expresidente español quien, tal como apunta la Audiencia Nacional, habría presionado para que la aerolínea recibiera los 53 millones de euros del gobierno español en 2021, durante la pandemia de covid-19. El exsecretario de organización del PSOE, de hecho, asegura que se enteró del rescate cuando llegó al consejo de ministros. "Zapatero se me saltó y habló directamente con Pedro Saura [secretario de estado de Transportes]", afirma.

El Gobierno ya tiene todos los apoyos para aprobar los presupuestos de 2026. Después de el acuerdo de esta semana con ERC, validado este miércoles por el gobierno español, el ejecutivo y Comuns han firmado este jueves por la mañana su pacto definitivo para las cuentas, que incluye 2.500 millones para vivienda y repensar la R-Aeropuerto, entre otros. Salvador Illa y Jéssica Albiach han sellado el entendimiento en el Palau de la Generalitat y este viernes el Gobierno aprobará los números en consejo ejecutivo, con el objetivo de que el Parlament los valide definitivamente la primera quincena de julio.

No es fácil encontrar una foto suya, tampoco en Google, pero su discreción contrasta con la envergadura de las macrocausas que suele tener entre manos. José Luis Calama Teixeira, el juez que justamente este miércoles cumple 67 años y que ha imputado al expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra, hace tres décadas que pertenece a la carrera judicial española y desde 2018 ejerce como magistrado de la Audiencia Nacional, donde ha destacado por la investigación del espionaje a diversos miembros del gobierno español con Pegasus.

El pacto entre el Govern y ERC para los presupuestos del 2026, los primeros de la presidencia de Salvador Illa, ya está firmado. El presidente y Oriol Junqueras han rubricado el documento en un breve acto a primera hora en el Palau de la Generalitat, después de que los republicanos dieran formalmente este lunes su sí a las cuentas. La consellera de Economía, Alícia Romero, ha dado todos los detalles en una rueda de prensa a primera hora de la mañana y Junqueras comparecerá más tarde, sobre las once y media.

Juanma Moreno Bonilla ha entrado entre aplausos en la sede estatal del PP al día siguiente de las elecciones andaluzas. Pese al regusto agridulce de su victoria, este lunes entre las filas populares se reivindica el "espectacular" resultado obtenido por el candidato popular. En declaraciones a los medios a la entrada de la junta directiva estatal del partido, Moreno Bonilla ha defendido que, por mucho que se haya quedado a dos diputados de la mayoría absoluta, los 53 escaños son un resultado "suficientemente contundente" como para dejar a Vox fuera de su futuro ejecutivo autonómico. "Es un resultado muy bueno que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario", ha afirmado. De momento, Vox no ha puesto el precio de entrar en el gobierno, como sí hizo en Extremadura y Aragón, a la espera de que comience la negociación. Moreno ha explicado que aún no ha mantenido contactos con los de Santiago Abascal.

El conflicto entre el sector educativo y el Gobierno escala un grado más y sacude la política parlamentaria. Con la nueva oleada de movilizaciones en marcha, y en plena polémica por la prueba piloto para introducir policías de paisano en escuelas e institutos, los sindicatos denunciaron este jueves la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea de docentes que preparaban las próximas jornadas de huelga. A la indignación del sector se han sumado las peticiones de explicaciones de la oposición, y ERC, los Comuns y la CUP ya han reclamado la destitución del director de la policía, Josep Lluís Trapero. De momento el cuerpo policial defiende que actúa "siempre atendiendo la legislación vigente" y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido su "profesionalidad".

Es bien sabido que dentro de ERC el proyecto para la unidad de las izquierdas que impulsa Gabriel Rufián no ha sumado, de momento, muchos partidarios. Al contrario, de detractores no faltan, como el Colectivo 1 de Octubre, un sector minoritario pero con voz propia en el partido, que ha presentado una denuncia interna por "deslealtad" contra el líder republicano en Madrid. La denuncia, presentada ante la Comisión de Garantías, pide al organismo que investigue "la actuación" de Rufián por posible vulneración de los estatutos de Esquerra. Pero no se queda aquí: como medida cautelar reclama apartarlo temporalmente como portavoz en el Congreso.