José Luis Ábalos, en prisió preventiva por el caso de las mascarillas, alza la voz tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista concedida a TVE desde la prisión de Soto del Real, el exministro de Transportes se ha desvinculado del rescate de Plus Ultra y ha afirmado que fue el expresidente español quien, tal como apunta la Audiencia Nacional, habría presionado para que la aerolínea recibiera los 53 millones de euros del gobierno español en 2021, durante la pandemia de covid-19. El exsecretario de organización del PSOE, de hecho, asegura que se enteró del rescate cuando llegó al consejo de ministros. "Zapatero se me saltó y habló directamente con Pedro Saura [secretario de estado de Transportes]", afirma.

El Gobierno ya tiene todos los apoyos para aprobar los presupuestos de 2026. Después de el acuerdo de esta semana con ERC, validado este miércoles por el gobierno español, el ejecutivo y Comuns han firmado este jueves por la mañana su pacto definitivo para las cuentas, que incluye 2.500 millones para vivienda y repensar la R-Aeropuerto, entre otros. Salvador Illa y Jéssica Albiach han sellado el entendimiento en el Palau de la Generalitat y este viernes el Gobierno aprobará los números en consejo ejecutivo, con el objetivo de que el Parlament los valide definitivamente la primera quincena de julio.

No es fácil encontrar una foto suya, tampoco en Google, pero su discreción contrasta con la envergadura de las macrocausas que suele tener entre manos. José Luis Calama Teixeira, el juez que justamente este miércoles cumple 67 años y que ha imputado al expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra, hace tres décadas que pertenece a la carrera judicial española y desde 2018 ejerce como magistrado de la Audiencia Nacional, donde ha destacado por la investigación del espionaje a diversos miembros del gobierno español con Pegasus.

El pacto entre el Govern y ERC para los presupuestos del 2026, los primeros de la presidencia de Salvador Illa, ya está firmado. El presidente y Oriol Junqueras han rubricado el documento en un breve acto a primera hora en el Palau de la Generalitat, después de que los republicanos dieran formalmente este lunes su sí a las cuentas. La consellera de Economía, Alícia Romero, ha dado todos los detalles en una rueda de prensa a primera hora de la mañana y Junqueras comparecerá más tarde, sobre las once y media.

Juanma Moreno Bonilla ha entrado entre aplausos en la sede estatal del PP al día siguiente de las elecciones andaluzas. Pese al regusto agridulce de su victoria, este lunes entre las filas populares se reivindica el "espectacular" resultado obtenido por el candidato popular. En declaraciones a los medios a la entrada de la junta directiva estatal del partido, Moreno Bonilla ha defendido que, por mucho que se haya quedado a dos diputados de la mayoría absoluta, los 53 escaños son un resultado "suficientemente contundente" como para dejar a Vox fuera de su futuro ejecutivo autonómico. "Es un resultado muy bueno que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario", ha afirmado. De momento, Vox no ha puesto el precio de entrar en el gobierno, como sí hizo en Extremadura y Aragón, a la espera de que comience la negociación. Moreno ha explicado que aún no ha mantenido contactos con los de Santiago Abascal.

El conflicto entre el sector educativo y el Gobierno escala un grado más y sacude la política parlamentaria. Con la nueva oleada de movilizaciones en marcha, y en plena polémica por la prueba piloto para introducir policías de paisano en escuelas e institutos, los sindicatos denunciaron este jueves la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea de docentes que preparaban las próximas jornadas de huelga. A la indignación del sector se han sumado las peticiones de explicaciones de la oposición, y ERC, los Comuns y la CUP ya han reclamado la destitución del director de la policía, Josep Lluís Trapero. De momento el cuerpo policial defiende que actúa "siempre atendiendo la legislación vigente" y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido su "profesionalidad".

Es bien sabido que dentro de ERC el proyecto para la unidad de las izquierdas que impulsa Gabriel Rufián no ha sumado, de momento, muchos partidarios. Al contrario, de detractores no faltan, como el Colectivo 1 de Octubre, un sector minoritario pero con voz propia en el partido, que ha presentado una denuncia interna por "deslealtad" contra el líder republicano en Madrid. La denuncia, presentada ante la Comisión de Garantías, pide al organismo que investigue "la actuación" de Rufián por posible vulneración de los estatutos de Esquerra. Pero no se queda aquí: como medida cautelar reclama apartarlo temporalmente como portavoz en el Congreso.

Las intenciones del gobierno español de prohibir las redes sociales para los menores de 16 años tienen muy buena acogida en Cataluña. Un 87% de los catalanes –casi 9 de cada 10– avalan que esta sea la edad mínima de los usuarios de las redes en todos los países de la UE, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) y el Parlamento Europeo. El sondeo, publicado este lunes con motivo de los 40 de la adhesión de España al club comunitario, indica que solo un 10% de los encuestados están en contra de la medida, mientras que tan solo un 3% no lo sabe o no contesta. Establecer un límite mínimo de edad para estas plataformas convence incluso a los más jóvenes de la muestra, ya que un 84% de los entrevistados de entre 18 y 24 años están a favor.

A Pedro Sánchez se le complica el camino hasta el final de la legislatura. En las últimas horas dos de los socios clave de la mayoría de investidura, Junts y el PNB, han dado muestras de distanciamiento respecto al gobierno español. Si los juntaires se sumaron este martes al PP y Vox para tumbar el decreto de prórroga de los alquileres y el consorcio de inversiones pactado entre el PSOE y ERC, los nacionalistas vascos suspendieron una reunión en la Moncloa después de un polémico mensaje en las redes del PSE contra Aitor Esteban. Y todo ello les ha servido para pedir "respeto" a Sánchez y lanzarle una advertencia en la sesión de control al Congreso de esta mañana: "Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no".

El gobierno español acostumbra a ser prudente cuando se tiene que pronunciar sobre el poder judicial, pero hay dos excepciones: el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en que defendieron su inocencia hasta el final, y la causa de la mujer del presidente español, Begoña Gómez, que este lunes el juez Juan Carlos Peinado dejó a un paso de juicio. Este martes hasta tres ministros han hecho piña con la mujer de Pedro Sánchez y hasta han insinuado que hay persecución política. Aún más, se han reafirmado en que todo será corregido por instancias superiores. "Estamos en un estado de derecho y no en el régimen de Fernando VII", ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en alusión a la referencia que Peinado hizo en su auto en que comparaba el gobierno español con un régimen absolutista.

El humorista Jair Dominguez se ha enfrentado esta mañana al juicio impulsado por Vox contra él. La formación de extrema derecha lo denunció por un presunto delito de odio por haber dicho que al "fascismo" y a los "nazis" se les combate con un "puñetazo en la boca", unas declaraciones que hizo en 2021 en Catalunya Ràdio. Los ultras consideran que las declaraciones iban dirigidas a ellos y piden dos años de prisión.

Lamine Yamal ha roto su silencio sobre los gritos islamófobos de este martes en Cornellà-El Prat, con motivo de un amistoso entre España y Egipto, con una publicación en Instagram. "Sé que [los cánticos] iban para el equipo rival [Egipto], pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable [...]. A los que cantan estas cosas: usar la religión como una burla os deja como personas ignorantes y racistas", ha escrito el crack del Barça y máxima estrella del combinado de Luis de la Fuente. El futbolista marchó del estadio del Espanyol cabizbajo y sin saludar a la afición local.

El ministerio de Trabajo reclama 110 millones de euros a Uber Eats por haber dado empleo a 60.000 repartidores como falsos autónomos entre los años 2022 y 2026, según ha avanzado El País y han confirmado a el ARA fuentes del ministerio de Trabajo. La Inspección de Trabajo, que depende de la cartera que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, inició una investigación el verano del año pasado y llegó a la conclusión de que estos trabajadores debían ser asalariados.

Después de 20 meses de espera, Noelia Castillo ha recibido este jueves por la tarde la eutanasia. Su padre y el grupo ultracatolico Abogados Cristianos han intentado hasta el último momento impedirla con un recurso que ha llevado a los juzgados la batalla ideológica contra el derecho a una muerte digna. Hoy mismo un auto les repetía que la justicia no detendría la eutanasia de la chica. Pero incluso cuando ya no tenían ninguna opción en la vía judicial, su presión ha continuado con una convocatoria a las puertas del centro sanitario donde estaba ingresada, donde una veintena de personas gritaban su nombre en el mismo momento que estaba previsto que se prestara la muerte digna. La protesta ha obligado a desplegar un dispositivo policial en el Hospital Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes, un centro ahora público que inauguró en 1975 la orden religiosa de los Camilos y que hoy ha sido el escenario de esta disputa contra la eutanasia en nombre de la religión.

Una de las primeras consecuencias de el anuncio de elecciones en Andalucía ha sido la salida de María Jesús Montero del gobierno español. La vicepresidenta y ministra de Hacienda tendrá que hacer las maletas para convertirse en candidata del PSOE a los comicios, anunciados este lunes de manera anticipada por el presidente Juanma Moreno Bonilla. En la primera rueda de prensa desde el anuncio, Montero ha asegurado este martes que inicia "esta carrera electoral" como candidata y que su marcha como ministra "será inminente en los próximos días", tal como dijo el lunes.

La extrema derecha no avanza tanto como quisiera en el conjunto de Francia, pero suma nuevos ayuntamientos y gana fuerza en la Cataluña Norte. Reagrupament Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, ya revalidó hace una semana la alcaldía de Perpiñán por la vía rápida, con mayoría absoluta en primera vuelta, y este domingo ha vencido en la segunda vuelta de las municipales en Ribesaltes y Cañás, en el Rosellón. El ultra Steve Fortel, además, ha conseguido la victoria en Elna, y el también político de extrema derecha Gilles Foxonet ha revalidado su mandato en Baixàs. "Es una lección para el futuro para Cataluña y España: diciendo que son fascistas no basta", asegura a ARA el exalcalde de Elna Nicolas Garcia. "Los catalanes no podemos ganar", añade el concejal de Forcas Jordi Vera, que subraya que el 60% de la población proviene de fuera de la Cataluña Norte.

"O negociación o dimisión". Éste ha sido el principal mensaje que los 35.000 maestros y profesores –100.000 según los organizadores– que se han manifestado este viernes en Barcelona han repetido para mostrar su rechazo a el acuerdo que el Gobierno firmó con CCOO y UGT para mejorar las condiciones de los docentes y la situación en las aulas. Su negativa se ha traducido en lo que los sindicatos han calificado de "huelga total": casi la mitad de los docentes (43,77%) han secundado el paro –si bien los sindicatos enfilan este porcentaje hasta el 85%–. El dato es ligeramente mayor que el seguimiento que comunicó el departamento de Educació durante la última huelga que el sector protagonizó en Catalunya, el pasado mes de febrero, cuando al final del día se dio un balance de un 40,94% de adhesión.

En la cuarta jornada de huelga de los docentes y un día antes del paro en los centros educativos de todo el país, el Gobierno ha insistido en que la opción de mejorar el acuerdo firmado con CCOO y UGT –pero no con Ustec, que es el sindicato mayoritario– no está sobre la mesa. La consellera de Economia, Alícia Romero, lo ha reiterado tras aprobar un suplemento de crédito de 5.988,65 millones de euros, que servirán para afrontar gastos una vez retirados los presupuestos para seguir negociando con ERC. Romero ha advertido de que "tener más recursos es muy difícil sin presupuesto" y también ha admitido que en caso de que se aprobaran las cuentas sería "muy complicado" mejorar el acuerdo con los maestros porque "es un incremento muy y muy alto". "El Gobierno ha hecho un esfuerzo muy relevante y todos deberíamos ser conscientes de ello", ha defendido.

Segundo movimiento del gobierno de Salvador Illa en el marco del nuevo plan para intentar tener presupuestos en 2026. Después de que este miércoles retirara las cuentas, que se abocaban a una derrota en el Parlament, y salvara así la negociación con ERC, este jueves por la mañana el ejecutivo ha aprobado un suplemento de crédito de 5.988,65 millones de euros para dar "oxígeno" y "garantizar el funcionamiento" de los servicios públicos y ganar "más tiempo" para encarrilar las conversaciones con los republicanos. Unos fondos que se destinarán principalmente al aumento de retribuciones de funcionarios –incluidos los aumentos pactados para los docentes y los Mossos d'Esquadra– pero también para compromisos en ámbitos como la dependencia, el transporte público o el mundo local.

Salvador Illa decidió seguir adelante después del no de ERC a negociar los presupuestos y presentó el proyecto de ley hace dos semanas sin tener el apoyo de los republicanos garantizado. Una medida de presión hacia el partido de Oriol Junqueras que no sirvió para hacerlo mover de su posición: los republicanos hasta ahora mantenían la línea roja para empezar a negociar que el gobierno español hiciera un gesto para ceder la recaudación del IRPF. Las cuentas se encaminaban al fracaso este viernes, porque Esquerra habría votado su enmienda a la totalidad y, por lo tanto, el proyecto de ley habría caído. Para evitar la derrota, Salvador Illa ha decidido retirar las cuentas este mismo miércoles, tal como apuntaban algunas fuentes consultadas por ARA, y dar una nueva oportunidad a la negociación con los republicanos. Ahora bien, Esquerra también se ha movido y ahora ya no habla del IRPF como una condición sine qua non para negociar las cuentas. "Es una condición muy importante", ha afirmado Oriol Junqueras cuando los periodistas le han preguntado si seguía siendo una condición "imprescindible" como hasta ahora. De hecho, Esquerra se ha abierto a negociar una propuesta alternativa al IRPF si el Govern la pone sobre la mesa. El horizonte para tener unos nuevos presupuestos es antes del verano.