Más allá de los cargos por narcotráfico contra Maduro, Trump, que tiene la ventaja de la claridad, ha dicho que busca "recuperar su petróleo". Para Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, la nacionalización venezolana de la industria petrolera de 1976 supuso "el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense".

“En una Catalunya islámica habría violaciones en grupo, mutilaciones genitales, matrimonios forzados”. La frase es de Sílvia Orriols, pero podría ser de cualquier otro líder de la derecha radical europea. Representar al Islam como fundamentalista y retrógrado –como el gran "otro" de la identidad europea– es una de las principales líneas discursivas que comparten estas formaciones. Para construir esta imagen se instrumentalizan los derechos de las mujeres y las preocupaciones feministas, una estrategia que Sara Farris llama "feminacionalismo". Marine Le Pen en Francia, Alice Weidel en Alemania o Giorgia Meloni en Italia han perfeccionado esta técnica en búsqueda de mayor voto femenino y de hacer coincidir su racismo con consensos sociales igualitaristas –una vaporosa defensa de las mujeres o de las personas LGTBIQ que luego no se verifica en otras votaciones parlamentarias.

Este ha sido un verano caliente, con múltiples incendios racistas. Las protestas o incluso agresiones contra centros de menores y migrantes se han multiplicado por todo el estado español. Lo que más trascendió fue lo ocurrido en Torre Pacheco, pero también se han producido ataques contra centros de menores en Vallirana —con cócteles molotov— y en Marcilla (Navarra), disturbios en Piera —donde en mayo también se lanzaron artefactos incendiarios—, en Alcalá de Henares (Madrid) y en Sabadell, y persecuciones en Hernani (Guipúzcoa). En Donostia se han organizado "cacerías" de personas magrebíes y africanas a través de un grupo de Telegram. Estos son solo algunos de los casos. Nos situamos así en la línea de Europa, que lleva un tiempo sumida en una crisis de vigilantismo y donde el aumento de la violencia contra los migrantes, y sobre todo contra los menores magrebís, parece imparable. 

Recientemente ha sido rechazada la moción de Aliança Catalana, presentada con el apoyo de Vox, que intentaba prohibir las diferentes formas del velo islámico en espacios públicos o instituciones como escuelas e institutos. Se trataba de resucitar así un viejo debate que en Catalunya se abrió en el 2010. Hoy, alrededor de veinte municipios catalanes todavía conservan ordenanzas con algún tipo de prohibición.

¿El contexto patriarcal anula o condiciona la capacidad de decisión de las mujeres? ¿Si lo hace, cómo y por qué? Esa incapacidad –si es que la asumimos– ¿es inherente en todas las mujeres, o existen diferencias? ¿Dónde empezar a poner límites? ¿Cómo ha contribuido la ficción a distorsionar la idea de consentimiento? En esta pieza coral, seis opinadoras exploran la (im)posibilidad o la dificultad de decir que no de las mujeres y las rendijas abiertas a través de las cuales se puede operar para revertir esta desigualdad.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado esta semana que finalmente las trabajadoras del hogar serán equiparadas con el resto de trabajadores, en virtud de la reciente aprobación de una norma para la prevención de riesgos laborales. Ya estamos acostumbradas a que la grandilocuencia de los enunciados de la ministra tope con la realidad. Este caso tampoco será excepcional. Pero más allá de las diferencias en derechos, que todavía siguen existiendo, las características de estos trabajos seguirán poniendo en riesgo a muchas trabajadoras. A menos que se busque una solución no privada para el cuidado de los grandes dependientes.

La legislatura avanza por curvas cerradas con un punto de vértigo para el PSOE, y en cada curva Sánchez sigue apostando a la batalla cultural por apuntalarla. Esta vez ha tocado la abolición de la prostitución. Sin embargo, ya sabemos, a la luz de políticas similares aplicadas en Suecia y en otros países, que no acaba con una actividad que permite sobrevivir a miles de mujeres pobres a golpe de Código Penal, sólo se la clandestiniza más.

El resultado de las elecciones no deja lugar a dudas: el panorama institucional está virando hacia la derecha y las primeras encuestas pronostican ya la próxima victoria del PP en las generales de julio. Es cierto que el PSOE aguanta –solo ha perdido cuatrocientos mil votos-, pero para repetir en el gobierno no solo tendría que mejorar resultados, depende también de lo que suceda con los partidos a su izquierda. Sumar, la nueva confluencia de actores, todavía es una completa incógnita enfrentada con la aceleración súbita de los tiempos electorales. Podemos además se ha desplomado. Ha perdido la inmensa mayoría de su poder territorial, pasando de 47 diputados autonómicos a 14 y se enfrenta a su casi desaparición de los parlamentos de Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, Valencia y Cantabria. En los medios de izquierdas se echa la culpa a la “falta de unidad” como si algo así importase más allá de Twitter. Pero la desunión no explica la alta abstención localizada sobre todo en distritos de renta baja de las ciudades donde se supone que residen segmentos sociales importantes para esta formación. Parte de este electorado sí se activó durante el surgimiento de estos nuevos partidos en el 2014 al calor de la energía política desplegada por el 15 M y las nuevas organizaciones de base que se crearon. Hoy, cerrada esa oportunidad, la desafección política sigue en aumento y como consecuencia, el clima resulta más favorable a las derechas, incluyendo a las postfascistas.

Estos días muchos medios y políticos de derechas se han dedicado a construir un nuevo terror sexual: “¡Se está excarcelando a violadores!”, “¡La seguridad de las mujeres está comprometida!”. Los partidos de gobierno han respondido con campañas de comunicación donde lo que importa es salvar votos o atizarse entre ellos para marcar diferencias ante las inminentes elecciones. Si algo evidencia este caso es un rasgo de la política contemporánea donde la verdad no importa, sino que se construye a golpe de argumentario. El resultado parece que será un nuevo endurecimiento penal en un país que tiene una de las poblaciones carcelarias más numerosas de toda Europa mientras mantiene índices de criminalidad muy bajos.

Estos días nos asaltan imágenes de cuerpos amontonados, de cuerpos que quizás seguían muriendo mientras eran golpeados por agentes marroquíes. Imágenes de las devoluciones en caliente y de las fosas comunes en las que fueron enterrados. La primera repuesta del presidente del gobierno fue que “la operación” –la matanza– estuvo “bien resuelta”. Hasta la ONU pide una investigación.

Ha tenido que ser la prensa la que ponga en evidencia la inacción de la Iglesia católica española frente a las acusaciones de abusos sexuales perpetrados por sus miembros durante décadas. De hecho, el Estado español es uno de los escasos países occidentales –junto con Italia– donde todavía no se han realizado investigaciones exhaustivas y procesos de reparación de las víctimas. Hoy, forzadas por la prensa –El Periódico, el ARA, El País–, se han lanzando varias iniciativas que las asociaciones de víctimas consideran insuficientes. La comisión parlamentaria liderada por el Defensor del Pueblo es una de ellas: será a puerta cerrada y aparentemente sin poder coercitivo para obligar al clero a colaborar. Parece que el poder de la Iglesia todavía es capaz de sujetar a buena parte de la clase política. Resuena en este caso, como en otros recientes, el pacto de “no agresión” con el PSOE para poder llevar adelante una legislatura tranquila por ese flanco.

Circula una especie de mito recurrente que señala que en Catalunya se reprime menos la protesta social que en España porque muchas de las funciones de seguridad y policiales están transferidas. Es posible que haya sido así en algún momento, pero desde luego no lo parece en relación a la represión del movimiento de vivienda. Desde marzo de 2019 hasta octubre de 2021, los Mossos lo han bombardeado con multas –364 por un importe de 206.000 euros– gracias a la ley mordaza.