06/02/2022

Paz a los hombres (poderosos) de buena voluntad

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 La fe católica no para de retroceder en el Estado español, no así el poder de su Iglesia. En dictadura o democracia, con gobiernos de izquierda o derecha, siempre consigue preservar sus privilegios. El último y transparente caso ha sido el de las inmatriculaciones. Si hablásemos en términos futbolísticos sería un gambeteo –hacer florituras con el balón para escaquearlo–; un hábil gambeteo que en este caso, ha sido pactado con el gobierno.

Inspirándose en una ley de 1946 que permitía registrar inmuebles solo con la firma de un obispo –una recompensa de Franco a la Iglesia por su apoyo en la guerra civil–, Aznar reactivó esta posibilidad y dio un paso más. Durante un paréntesis de unos años –del 1998 al 2015–, se podría hacer lo mismo y se podrían inscribir los templos, algo no permitido hasta entonces. Además de 35.000 inmuebles de todo tipo, la Iglesia puso a su nombre entonces al menos treinta catedrales que pertenecían al Estado desde la II República. Entre ellas inscribió la Giralda, la Seo de Zaragoza, la catedral del Buen Pastor de Donostia, y la mezquita de Córdoba, algunos de los casos más polémicos. El negocio es circular: los templos no pagan impuestos y en general se restauran con dinero público –no están obligados a proporcionar entradas gratuitas– pero los beneficios de las visitas van íntegramente a las arcas eclesiásticas. En el caso de la mezquita de Córdoba, fueron más de 15 millones de euros en 2018. Muchos ayuntamientos y entidades laicas han reclamado estos espacios como propiedad pública.

El PSOE se opuso en su día a la ley de Aznar. De hecho, una de las promesas del gobierno de coalición fue su reversión. Hoy la Iglesia devuelve mil de estos inmuebles de menor importancia –el 3% de todo lo apropiado– y el gobierno sella con su firma –de izquierdas– este sablazo. De esta manera se legaliza, ya para siempre, la apropiación indebida del resto de los inmuebles y la pérdida de todo ese patrimonio histórico público que en su mayoría, el 80%, ya es eclesiástico. ¿Suena este método? Como con la reforma laboral o la de la ley Mordaza, aquí el gobierno hace unos pequeños retoques pactados –ya sea con la Iglesia, la CEOE o los sindicatos policiales– a cambio de seguir pilotando la máquina estatal con cierta paz de espíritu. ¿Es esto la concertación?

Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con el programa más laicista de la democracia cuando conservaba todavía sus aires rebeldes. El programa era ambicioso. Además de la cuestión de las inmatriculaciones, pretendía “denunciar” los acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en la Transición; la retirada de su financiación pública –que hoy se realiza a través del IRPF con unos 300 millones de dinero público anual–; la eliminación de la religión en las escuelas y hasta la revisión de las exenciones del IBI. Tres años después, poco es lo que se ha abordado de este programa. Incluso la religión sigue en el programa escolar.

A cambio, la Conferencia Episcopal, que tan fuerte oposición hizo en su día a Rodríguez Zapatero ha estado bastante quieta esta legislatura. Los obispos, que hace unos años bajo el bastón de Rouco Varela hubiesen salido a la calle ante leyes como la de la eutanasia, a penas se han movido de sus sillones más allá de los preceptivos comunicados. De hecho, parece que su nuevo líder, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella –conocido por su intento de mediar entre Rajoy y Puigdemont días antes del 1O– era el candidato favorito del PSOE. Candidato fiel a la vista de los resultados, ya que incluso ha ha conseguido mantener a la Iglesia neutral en temas como los indultos a los presos del procés, algo inaudito si observamos los precedentes cuando muchos obispos se manifestaban públicamente a favor de "la unidad de España” con aderezo moral.

¿Han firmado la paz los socialistas y la Iglesia borrando su histórica enemistad? Si es así, parece que otra vez, el armisticio es ruinoso para los ciudadanos. Como lo fue en la Transición, cuando otro gobierno socialista pactó otra tregua. En este caso, preservaría los privilegios franquistas de la Iglesia en educación dando lugar a uno de los pocos sistemas duales de todo el planeta en el que la educación privada se nutre de fondos públicos, llámese “concertada”. Este tipo de educación todavía hoy está un 80% en manos de la Iglesia y eso no se toca. La paz de los hombres poderosos parece que no implica justicia aquí en la tierra.