Sanidad denuncia al gobierno de Ayuso por ignorar el registro de objetores del aborto

BarcelonaEl pulso que el gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso mantiene con el ministerio de Sanidad por elincumplimiento de la ley del aborto tiene un nuevo capítulo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El departamento de la ministra Mónica García ha presentado un recurso contencioso administrativo reclamando que sea el alto tribunal el que fuerce a la Comunidad de Madrid a crear el registro de facultativos objetores de conciencia en el aborto, una lista que obliga a la ley del 2023 y que sirve para ayudar a planificar los servicios de ginecología en los centros.

En septiembre, Madrid, Aragón, Baleares y Asturias eran las únicas cuatro comunidades que no habían abierto el registroPero el gobierno de Ayuso es el único que no ha respondido al requerimiento que hizo el ejecutivo español e incluso, la presidenta madrileña ha insistido en varias ocasiones su negativa a las listas de profesionales. En ese momento, la ministra García ya anunció que llegaría hasta el final, utilizando todas las vías para el cumplimiento de los registros.

Ante la rebeldía madrileña, el ministerio de Sanidad ha formalizado el recurso en el que solicita en la sala contenciosa del Tribunal Superior que, como medida cautelar, ordene a la Comunidad de Madrid elaborar este registro no sólo porque así lo mandata la ley del aborto, también porque esta comunidad, junto con el resto4 votó a2. una lista de carácter confidencial y que no se puede consultar por la ciudadanía. Se crea para cumplir una doble función: por un lado, garantizar que en todos los hospitales haya profesionales que aceptan realizar abortos para que las mujeres puedan ejercer en todo momento su derecho, y por otro, para evitar presiones a estos facultativos por parte de sus superiores. De hecho, la filosofía y funcionamiento de esta herramienta es similar a la recogida por los sanitarios objetores para practicar la eutanasia, aunque, a diferencia del aborto, no ha levantado ningún rechazo ni entre los profesionales ni la política.

Colectivos de mujeres y de profesionales han denunciado que en muchos centros públicos la negativa de los profesionales a practicar abortos hace imposible que las mujeres puedan acceder a una prestación universal y gratuita desde 2010. Esta situación obliga a las mujeres a aplazar la intervención oa buscar alternativas, lo que aumenta la ansiedad y la angustia.