El acceso al aborto en España aún depende del código postal
Madrid y Andalucía realizan casi todas las interrupciones en la privada, mientras que Cataluña representan alrededor del 40%
BarcelonaEn 2024 se notificaron al Estado 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, una cifra que supone un aumento del 3% respecto al año anterior y un récord en el histórico de esta prestación que este año cumple cuarenta años. En estas cuatro décadas ha habido intentos de recortar los criterios y en la reforma del PP de 2011 se condicionó los abortos de jóvenes entre los dieciséis y los dieciocho años a una autorización paterna. Sin embargo, en el 2023 el gobierno español de Pedro Sánchez sacó adelante una modificación en el 2023 en la que devolvía la autonomía a las menores y, además, eliminaba los tres días impuestos de reflexión antes de la interrupción, lo que recogía la demanda histórica de las feministas que reprochaban que la medida infantilizaba a las mujeres. Ahora bien, ninguna de las modificaciones ha logrado poner fin a las desigualdades territoriales de acceso al aborto, un derecho garantizado en la cartera de servicios sanitarios, así como tampoco la dependencia del sector privado. Hay gobiernos autonómicos que, además, se niegan a abrir el obligatorio registro de médicos objetores, útil para ayudar a planificar los equipos y que ningún centro quede desatendido por falta de profesionales.
En el último informe del aborto que elabora el ministerio de Sanidad se aprecia que las facilidades para poder abortar voluntariamente dependen del código postal de residencia de las mujeres porque, como apunta Sílvia Aldavert, del Observatorio de derechos sexuales y reproductivos, "hay una única ley estatal, pero cada comunidad propios". En el conjunto estatal, sólo una de cada cinco interrupciones (21%) se realizó en un centro público, aunque la norma que impulsó la ministra Irene Montero hace dos años obliga a garantizar esta prestación dentro del sistema nacional de salud.
Andalucía y Madrid, los grandes territorios privatizados
Entre Cataluña, Andalucía y Madrid suman más de la mitad de los abortos notificados. Andalucía, con un 0,2%, y Madrid, con el 0,47%, son las comunidades que bajan la media de intervenciones en centros públicos, ya que casi todos se acaban practicando en el sector privado y concertado, lo que supone en este último caso que las mujeres no pagan el servicio y es la conselleria de turno la que corre con los gastos, como se hace en. Peor aún, pero con menor peso en el global estatal, se sitúan Extremadura o Ceuta y Melilla en la que ninguno de los abortos se realizó en la red pública.
En Cataluña, que es donde más abortos se practicaron, el 55% de las intervenciones se realizaron en centros públicos, básicamente gracias a los ASSIR, los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva integrados dentro de la atención primaria. Pero en el 45% restante, no todas las mujeres sufragaron los gastos: dos tercios fueron derivados a clínicas autorizadas por el departamento de Salut y sólo una tercera parte acudió a un centro totalmente privado.
Cantabria (88%), Galicia (77%), La Rioja (76%) o Navarra (75%) lideran la integración de las interrupciones dentro de la sanidad pública, en parte porque hacen más abortos farmacológicos, un método menos rechazado por médicos y ginecólogos5 que en Cataluña supone. Aldavert, que ha impulsado la versión española de la iniciativa Vullavortar.org, comparte con la ministra de Sanidad, Mónica García, la queja de las pocas posibilidades que las mujeres encuentran en su centro para "elegir" entre las pastillas y la intervención en función de cada situación personal.
En la presentación del informe, la ministra García advertía de que es necesario "huir de la doble privatización de las interrupciones voluntarias del embarazo" y sacar la práctica de este derecho en el ámbito íntimo y privado. Además, apuntaba la disfunción asistencial que se produce en estas comunidades con una alta presencia privada: cuatro de cada cinco mujeres reciben la información relacionada sobre cómo se realizará el aborto en centros públicos, pero terminan en un centro privado. Sólo en Aragón y Asturias la información se da ya en la red privada.
Sin registro
Dos años después de la entrada en vigor de la última reforma, los registros de profesionales objetores siguen bloqueados en cuatro comunidades gobernadas por el PP y en algunos casos con el apoyo de los ultras. Son Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid. Precisamente, en este último territorio, la presidenta Isabel Díaz Ayuso insistió en su negativa a abrir el registro, que calificó de "lista negra" para marcar a los profesionales entre aquellos que quieren y quienes se niegan a practicar abortos. "Vayan a abortar a otro sitio", puso en marcha la líder popular en una intervención en el Parlamento autonómico dirigiéndose a la oposición de izquierdas cuando le reprochaban que no la habría puesto en marcha todavía. Precisamente, el activista Aldavert cuestiona que con un "incumplimiento de la ley" del que hace gala la popular madrileña no haya ninguna "reacción" contundente por parte del gobierno español para llamar a la orden y hacer cumplir la norma.
La rebelión por el registro, la iniciativa fracasada de hacer sentir el latido fetal o la propuesta también quiebra de la falso síndrome del postura del PP de José Luis Martínez Almeida forman parte "de la misma estrategia" ultraconservadora y fundamentalista para "tomar la ley del aborto" y los derechos sexuales de las mujeres, al igual que se replica a otros países de Occidente y que desde aquí se exporta a América Latina o África, indica Aldavert.
