Poder decidir sobre el propio cuerpo: las 8 claves de la nueva ley del aborto

BarcelonaEl consejo de ministros aprueba este martes el proyecto de la nueva ley del aborto que enviará a las Cortes para permitir el aborto sin el consentimiento de los padres a las chicas a partir de los 16 años y las bajas laborales por reglas dolorosas. Como la ley del solo sí es sí, la reforma del aborto se ha elaborado en medio de las discrepancias entre los socialistas y Podemos y promete también una tramitación complicada en las Cortes. Estas dificultades han hecho que el ministerio de Igualdad y Feminismos de Irene Montero no haya esperado a recibir los informes —no vinculantes— del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal sobre el borrador y proseguir, para que la norma entre en vigor esta legislatura. 

Para Montero, la ley obedece al reconocimiento de la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo, como "puerta de entrada para otros muchos derechos" y que alcanza desde la capacidad de renunciar libremente a un embarazo hasta tener voz en un parto.

Estos son los puntos clave de una ley que vuelve a situar el reloj de la salud sexual y reproductiva antes del 2015, el año de la reforma promovida por el popular Alberto Ruiz-Gallardón que introdujo el permiso paterno para las menores de edad.

El texto elimina la exigencia del consentimiento paterno para abortar para las menores de más de 16 años, la edad que la ley de la autonomía del paciente fija como mayoría de edad para poder decidir libremente si se quiere o no seguir un tratamiento oncológico, por ejemplo. Para Sílvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, mientras los permisos de los tutores legales han sido obligatorios para poder abortar ha habido “sufrimiento y desprotección” para las chicas que no contaban con el apoyo familiar. Señala que en muchos casos la única solución que han encontrado ha sido recorrer a los abortos clandestinos, comprando fármacos en internet o, en los casos más trágicos, matando a los bebés.

No hay ningún cambio para las interrupciones de más de 22 semanas, lamenta Aldavert, que confía que en la tramitación parlamentaria se pueda dar una solución para las mujeres a quienes se les detecta un embarazo no viable cuando se ha acabado el plazo del aborto libre. En caso de que no quieran continuar con el embarazo hasta el final, y sabiendo que la criatura nacerá muerta o con graves secuelas, las mujeres tienen que esperar que un tribunal médico las autorice a interrumpir la gestación o bien trasladarse a un país con la legislación más laxa. "Son mujeres que sufren mucho, que tienen que irse solas y pagárselo de su bolsillo", lamenta la activista.

Otro punto que enmienda la ley del 2015 es que se eliminan los tres días obligatorios de reflexión y la entrega de información a las mujeres que quieren abortar sobre ayudas y recursos por si se lo repiensan y quieren continuar con la gestación. Según las entidades feministas, era una excepción discriminatoria porque en ningún otro procedimiento médico se establece ninguna reflexión previa, cosa que se entiende como una infantilización de las mujeres. Aldavert pide que se aprovechen los cambios para hacer más "transparente" la información a cerca de los circuitos para el aborto e impedir así que las mujeres se pierdan en la burocracia.

La red pública, hasta ahora ajena a los abortos, tiene que pasar a ser la red "de referencia" para hacer las interrupciones quirúrgicas y evitar así que centenares de mujeres tengan que hacer hasta 100 o 200 kilómetros para encontrar un centro médico donde puedan practicarlas. Uno de los grandes problemas de la red pública es la alta tasa de ginecólogos objetores de conciencia, una figura que no está regulada. Esto hace que históricamente la Generalitat haya concertado los servicios a clínicas privadas. Otra vez, las entidades feministas han pedido parar esta privatización y fiscalizar los centros autorizados para hacer las interrupciones quirúrgicas y que, según algunas denuncias, priorizan el método farmacológico. 

Precisamente, la ley establece la creación de un registro de ginecólogos objetores, como el que se ha hecho para la ley de la eutanasia. El profesional que se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada. Pero Montero no ha explicado cómo lo hará la administración para controlarlo, porque hay muchos centros donde todo el personal es objetor. Se ha limitado a decir que una vez que se tenga la lista de quién quiere hacer interrupciones y quién no, las direcciones de los hospitales y las comunidades autónomas —que son las que tienen competencias en sanidad— tendrán que encargarse de la reorganización de la unidad. "No puede pasar que, por el cumplimiento del derecho constitucional a la objeción de conciencia, se impida a la mitad de la población, que somos las mujeres, a ejercer el derecho constitucional de decidir sobre el propio cuerpo", ha destacado.

Más allá del aborto, la norma entra en aspectos de la salud menstrual. Una de las novedades es que establece las bajas laborales de tres días en caso de reglas dolorosas y, como todas, las darán siempre los profesionales médicos. Será la Seguridad Social, y no las empresas, la que se hará cargo del gasto desde el primer día y no se exigirá un mínimo cotizado a las mujeres. La ministra Montero ha subrayado que el 70% de las mujeres consideran que la regla todavía está estigmatizada en los puestos de trabajo. "Se ha acabado ir al trabajo con dolor", ha sentenciado en la rueda de prensa.

Además, para combatir la llamada pobreza menstrual se repartirán productos para la regla de manera gratuita en centros cívicos, escuelas y prisiones. "La regla dejará de ser un tabú", ha afirmado la ministra, que asegura que la salud sexual y reproductiva forma parte de la salud de las mujeres.

Se crea el permiso retribuido a partir de la semana 36 de gestación y hasta el parto, así como cuando un profesional médico considere que una mujer es incapaz de volver a trabajar después de un aborto, ya sea espontáneo o involuntario.

La Seguridad Social se vuelve a hacer cargo de la subvención de las pastillas anticonceptivas de última generación de larga duración, seis años después de que salieran de la cartera de productos financiados. En cuanto a la píldora del día después, se garantiza la gratuidad en hospitales y centros de salud sexual y reproductiva. En los institutos también habrá preservativos gratuitos, pero tampoco se ha explicado qué se piensa hacer cuando haya un rechazo del claustro o de las familias.

La educación sexual y reproductiva entra en los currículums de todas las etapas educativas con el objetivo de promover el conocimiento del propio cuerpo y de trabajar la importancia del consentimiento en las relaciones sexoafectivas, ha explicado Montero. Quiere que esta educación "forme parte de la vida" de todo el mundo.

Finalmente, la ley evita referirse a la violencia obstétrica por la presión de ciertos sectores de la profesión. Pero ante las denuncias de mujeres, cada vez más habituales, sí que garantiza lo que denomina buenas prácticas: un conjunto de recomendaciones que pretenden reducir el intervencionismo de los profesionales en todo el proceso de gestación y parto y que a menudo crea dolor y estrés en las gestantes. Así, se da más capacidad de decisión y voz a la mujer, a quien se le tendrá que pedir el consentimiento siempre a la hora de practicarle una intervención invasiva.

En el borrador anterior de la ley, del mes de mayo, se había delimitado este consentimiento de forma que no hacía falta si la vida y la seguridad de la madre y la criatura peligraban. Finalmente no habrá excepciones, atendidos los comentarios de entidades sociales, ha dicho la ministra, que se ha felicitado porque la nueva solución "respecta más la voluntad" de las mujeres. Montero ha anunciado que en todos los paritorios se hará llegar el protocolo que tiene que elaborar el Consejo Territorial de Salud con las actuaciones que tienen que seguir los profesionales para garantizar un parto respetado.

Queda fuera de la ley la penalización de quien contrata vientres de alquiler en el extranjero, tal como había apuntado la ministra Montero, que se refiere a esta práctica como una "explotación reproductiva". Con todo, considera la contratación de gestantes como un tipo de violencia contra las mujeres.