Plazas fantasma: denuncian a una entidad por falsificar ayudas a jóvenes tutelados

BarcelonaEl piso estaba medio vacío, pero la entidad que lo gestionaba cobraba de la Generalitat como si todas las plazas que tenía la vivienda estuvieran ocupadas. Es lo que entre los propios trabajadores del sector se conoce como "plazas fantasma". Ahora, tres ejemplos de esta entidad lo han denunciado en la Oficina Antifrau y en la Síndica de Greuges de Catalunya, en el marco de la investigación que avanzó el ARA en enero: presuntas irregularidades en el pago de prestaciones económicas y de vivienda a jóvenes extutelados que denunció a un técnico de la demarcación de Girona.

La denuncia que ya han recibido Antifrau y la Síndica hace referencia a una entidad de la provincia de Girona que tenía pisos medio vacíos destinados a jóvenes vinculados a programas de inserción laboral (PIL). En realidad, pese a haber plazas vacías, cobraba como si las viviendas estuvieran totalmente llenas y de esta manera percibía todo el dinero que aporta la administración catalana para estos chicos y chicas, tanto tutelados de entre 16 y 18 años como sobre todo extutelados de entre 18 y 21 años. Esto se hacía, según los distintos testigos, "falsificando firmas de jóvenes" para confirmar que "seguían al servicio", es decir, que todavía vivían en el piso y que la entidad trabajaba estrechamente con ellos, aunque no era cierto.

Estas plazas cuestan a la Generalitat 119,91 euros cada día, cuando son menores, y 46,53 euros por día y joven cuando se trata de extutelados. Las trabajadoras –que no quieren ser identificadas por miedo a represalias– también denuncian que les hacían "dejar fechas en blanco en documentos firmados" porque así los superiores podían poner la fecha que más les "convenía" y jugar con las plazas fantasma. Unas prácticas irregulares que tuvieron que realizar "bajo coacción" de sus superiores y que les generaron situaciones de ansiedad.

Una de estas denunciantes, de hecho, se puso en contacto con el Área de Apoyo a Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET) para alertar de algunas de estas praxis. Desde ese organismo, que pertenece a la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), le comunicaron que harían "seguimiento" de las ayudas. Para evitar estas irregularidades, les aseguraron, "obligarían" a los propios jóvenes a "presentarse individualmente" para comprobar que todavía vivían en el piso y no se habían ido a otros lugares de España o incluso al extranjero, como suele ocurrir en muchos de estos casos.

Investigaciones en paralelo

Esta denuncia se enmarca en lo que otro trabajador, que tiene la calidad de persona protegida por la Oficina Antifrau, trasladó en enero de 2024 a los diferentes organismos fiscalizadores que hay en Cataluña: en el propio Antifrau, en la Sindicatura de Cuentas y en la Síndica de Greuges. El empleado asegura que detectó ciertas irregularidades del servicio SPAE Resilis Pisos +18 años. La entidad cobraba una prestación de vivienda por un extutelado de origen senegalés que, en realidad, llevaba meses trabajando y viviendo en Valencia.

El trabajador incluso comprobó que desde la entidad se había hecho un cambio de recurso de vivienda para el joven aludiendo que estaba buscando trabajo y le era mejor vivir en otro piso, cuando llevaba meses trabajando fuera de Catalunya. Cuando alertó del caso a su superior, le instaron a no poner "en evidencia la mala praxis y la malversación de fondos públicos" que había efectuado el servicio de vivienda.

Durante el 2024, el trabajador aportó documentación que acreditaba tres casos (y apuntaba muchos más) y diversos tipos de "fraude". Según su testimonio, los jóvenes trabajaban al tiempo que cobraban una prestación económica, superando con creces los límites fijados por ley. Esto, aparte de comportar una posible malversación de dinero público, también tenía una implicación para los jóvenes, a los que Hacienda acababa reclamando mucho dinero, lo que los situaba en una situación de vulnerabilidad.

El pasado otoño, la denuncia superó el filtro de verosimilitud que tiene Antifrau para comprobar los hechos, y ahora está en fase de investigación. Por su parte, la Síndica solicitó información al departamento de Derechos Sociales e Inclusión para velar por la protección de estos jóvenes, y la respuesta que trasladó a la conselleria fue "insuficiente", algo que ha ralentizado la investigación. Ante este escenario, la semana pasada la Síndica de Greuges volvió a hacer un requerimiento pidiendo de nuevo más y mejor información. La DGAIA, por su parte, aseguró en un primer momento que el análisis de los tres casos denunciados por este profesional demostraba que no había habido irregularidades. Sin embargo, abrió un expediente informativo al respecto.

Antifraude, la Sindicatura de Cuentas y la Síndica de Greuges están colaborando con sus investigaciones para tener una mirada detallada ya la vez transversal de la problemática denunciada. Esta misma semana, la conselleria cesó la responsable de la DGAIA, Isabel Carrasco, nombrada en septiembre, y el subdirector del organismo, Joan Mayoral.

Investigan irregularidades en el pago de las prestaciones económicas a jóvenes extutelados