La información que reciben las mujeres que quieren abortar: poca y con errores
Entidades piden que haya campañas para explicar cuál es el circuito para acogerse a un derecho universal
BarcelonaTreinta y cinco años después de haberse despenalizado el aborto y de que sea un procedimiento universal, las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente el embarazo chocan con una carrera de obstáculos y una falta de información que les hace aumentar el sentimiento de vergüenza o de culpa. El diagnóstico lo ha hecho la Associació Drets Sexuals i Reproductius, que pide a las administraciones que impulsen campañas informativas para orientar a las mujeres en un momento tan sensible aprovechando la futura reforma de la actual ley. Datos de hace cinco años apuntaban que el 80% de las mujeres desconocían que el aborto era gratuito y la mitad de las menores de 30 años no eran conscientes de que podían abortar libremente, por decisión personal.
“La información es esencial porque si no la mujer no puede acceder a un derecho”, subraya la portavoz de la asociación, Sílvia Aldavert, que explica que España suspende en este aspecto porque las mujeres tienen que buscar y remover mucho para encontrar profesionales o información clara. La cosa se complica para las mujeres sin residencia legal ni acceso a la sanidad universal, las menores que no cuentan con el apoyo parental y las que no dominan el idioma. Lo saben en el Centre Jove d'Atenció a la Sexualitat, que cada día recibe consultas de chicas que “no saben ni por dónde empezar”, asegura la enfermera Paula Barrantes. “Algunas vienen buscando información y otras traen información errónea proveniente del mismo sistema”, destaca. Aldavert asiente y afirma que han acompañado a mujeres a quien profesionales sanitarios les habían dicho que “más allá de las 14 semanas es ilegal abortar” cuando, en realidad, la ley del 2010 prevé que hasta la semana 22 se puede hacer con un informe médico.
Rebotadas del sistema
“Otras vienen rebotadas del CAP”, sigue la enfermera Barrantes, que destaca la poca formación que reciben los sanitarios sobre los procedimientos, técnicas e incluso los plazos que hay. Hasta la semana 14 del embarazo, la mujer puede decidir libremente, a pesar de que las especialistas critican que tengan que esperar las 72 horas pertinentes que la ley marca como “reflexión” después de la visita con la comadrona, porque las mujeres lo pueden percibir como un “castigo” o “el alargamiento de una angustia” porque ya han valorado y pensado que quieren sacar adelante el aborto.
La asociación ha elaborado el informe El acceso voluntario al aborto en el estado español: principales barreras, que subraya que muchas mujeres desconocen la posibilidad de abortar y que desde el sistema público se potencia el aborto farmacológico por delante del quirúrgico, sin tener en cuenta la particularidad de cada mujer. “Son dos métodos diferentes y las mujeres no disponen de toda la información para decidir cuál es el que más les encaja”, explica Paula Barrantes. En este sentido, Aldavert matiza que la pastilla es poco aconsejable para una mujer que no quiera que se sepa que ha abortado porque vive con los progenitores o con alguien con quien no quiere compartir esta situación, por ejemplo. “Dedicamos una buena parte del tiempo a desmentir leyendas y mitos”, asegura la portavoz de la asociación, para quien los vacíos informativos y la dificultad en el circuito público dan al aborto un carácter “clandestino y de tabú” que no tendría que ser y que repercute finalmente en la salud mental de las mujeres.
Más allá de la información, las mujeres chocan con profesionales que se declaran objetores de conciencia y se niegan a practicar abortos, un derecho reconocido constitucionalmente. También hay centros hospitalarios gestionados por entidades religiosas, como el Hospital de Sant Pau, que por estatutos también rechaza incluir este servicio en el catálogo de prestaciones. Esta negativa incide en la desigualdad territorial a la hora de poder abortar y obliga a miles de mujeres a trasladarse de comarca porque en su centro de referencia no hay nadie que lo haga. O, como en el caso de Lleida, solo se hacen los farmacológicos, previstos para las primeras nueve semanas de gestación.
Aldavert critica que ninguna institución pública española ha hecho una campaña sobre el derecho a un aborto libre y gratuito en la última década, salvo "algún tríptico informativo" en Catalunya o Andalucía y que, según dice, han pasado "inadvertidos".
