"Me pusieron en la mesa de operaciones como si fuera una muñeca": la cesárea que ha llegado a la ONU

BarcelonaNahia Alkorta tiene 36 años y tres hijos. Hace diez años, en 2012, fue a un hospital público de San Sebastián, embarazada de 38 semanas, por haber roto aguas. Allí, Nahia fue sometida a una inducción del parto de manera prematura sin consentimiento y sin darle información ni explicarle las alternativas existentes a pesar de que tenía contracciones regulares de manera espontánea. El hospital ignoró su propio protocolo de esperar 24 horas entre la rotura y la inducción, para ver si el parto se desencadenaba solo. Se le practicaron múltiples tactos vaginales y no se le permitió comer. Finalmente, le practicaron una cesárea de urgencia sin justificación médica y sin su consentimiento durante la cual tuvo los brazos atados y a la cual no pudo asistir su marido. Cuando nació su bebé no lo pudo tocar porque tenía los brazos atados. Se lo llevaron y no pudo hacer piel con piel con su hijo. Tardó cuatro horas en poder cogerlo.

"Me pusieron en la mesa de operaciones como si fuera una muñeca. Nadie se presenta, nadie me habla, nadie me mira a la cara. Nadie se preocupa por intentar calmarme. Lloro mucho. Me ponen los brazos en cruz. El quirófano está lleno de gente, parece una plaza pública, me ignoran [...]. Hablan entre ellos de sus cosas, del fin de semana, sin importarles que yo esté allí y que está a punto de nacer mi hijo, que solo puede nacer aquella vez y no me dejan vivirlo". Este es el relato del parto de Nahia y que ha llegado hasta las Naciones Unidas.

Fruto de esta experiencia, Nahia sufrió síntomas de ansiedad, así como secuelas físicas, y fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, que condicionó su vida "a todos los niveles durante mucho tiempo –explica–. Tuve pesadillas, bloqueos, miedo... Y físicamente tuve una recuperación muy larga de la cesárea".

Diez años después de estos hechos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU ha reconocido que se trata de un caso de violencia obstétrica, "un tipo particular de violencia sufrida por las mujeres en los centros de salud durante la atención al parto, un fenómeno generalizado, sistemático y arraigado en los sistemas de salud". "Si los médicos y enfermeras hubieran seguido todos los protocolos aplicables, es probable que la víctima hubiera dado a luz de manera natural sin tener que pasar por estos procedimientos que la dejaron físicamente y mentalmente traumatizada", expone Hiroko Akizuki, miembro del comité. En el dictamen emitido el julio pasado, el comité también solicita que España respete "la autonomía y capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su salud reproductiva" e insta a los Estados a adoptar medidas para "modificar o abolir costumbres y prácticas que constituyan violencia obstétrica".

"Me sentí menospreciada, infantilizada y anulada", explica Nahia al ARA. "A pesar de que mi pareja y yo intentamos que nos explicaran y que no me hicieran diversas de las intervenciones, no fui escuchada y el maltrato verbal fue in crescendo", añade.

Segundo caso

Es la segunda vez que la ONU responsabiliza a España por un caso de violencia obstétrica. En marzo de 2020, el CEDAW reconocía que España sufre un problema estructural de violencia obstétrica a raíz del caso de una mujer que fue sometida también a una inducción sin justificación en un hospital público de Lugo. En aquel momento, el organismo internacional ya instó a España a adoptar políticas públicas para combatir este tipo de violencia.

Y este reconocimiento internacional de la violencia obstétrica ha sido posible gracias al trabajo de la abogada especializada en derecho sanitario Francisca Fernández Guillén, que, en total, ha llevado cuatro casos a la ONU –de los cuales tres han sido admitidos a trámite– después de agotar todas las vías judiciales en el Estado español. En dos de los casos se ha resuelto positivamente y uno de tercero está pendiente de resolución. Un posicionamiento como este es, según Fernández Guillén, "de gran importancia para la salud de las mujeres porque constata de forma inapelable una realidad que han ido negando los profesionales de la salud". Las autoridades sanitarias del País Vasco, por ejemplo, negaron en el caso de Nahia haber infligido violencia obstétrica. Nahia lo interpreta como "un reconocimiento a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia obstétrica" y "se han sentido solas", así como a "la lucha incansable de las mujeres y las asociaciones". Desde que se hizo pública la decisión de la ONU, Nahia explica que ha revivido "muy intensamente" lo que vivió. "Aún no lo he podido celebrar", dice.

Fernández Guillén, que también es socia fundadora del Observatorio de Violencia Obstétrica, lamenta el exceso de inducciones al parto que se practican en nuestro país e insta a estudiar las consecuencias sobre la salud de la mujer y los bebés. Si bien esta abogada considera que se están produciendo cambios en los hospitales, también cree que es un tipo de violencia que está muy "normalizada y socializada" y critica el exceso de "corporativismo" de la profesión médica. Nahia reconoce que le resulta "muy difícil" entender "la falta de autocrítica" de algunos profesionales médicos: "Si no son capaces de cuestionarse la manera de trabajar con tantas mujeres levantando la voz y con las recomendaciones y advertencias de organismos internacionales, veo difícil el cambio, desgraciadamente".

Dos décadas de activismo

Y si ahora se habla de violencia obstétrica es "sin ninguna duda" gracias "a la lucha de las mujeres", celebra Fernández Guillén. Todo empezó cuando ella misma fue víctima de violencia obstétrica y coincidió en un foro –Apoyo Cesáreas– con otras mujeres con historias similares. "Se repetían los mismos casos, los mismos procedimientos, las mismas frases... y nos dimos cuenta de que era una forma terrible de ejercer la profesión sanitaria. Muchas habíamos sufrido estrés postraumático y conocer todos estos testimonios que nos llegaban nos impulsó a implicarnos políticamente", recuerda Fernández Guillén. Así nació El Parto es Nuestro, entidad que lucha desde hace dos décadas por los derechos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el postparto.

Ante la sospecha de haber sufrido violencia obstétrica, esta abogada recomienda pedir la historia clínica al hospital para que la revise un profesional especializado. También insta a las mujeres a escribir su relato de parto y a acercarse a las asociaciones, donde podrán recibir ayuda. "Demandar es complicado –depende de la entidad del caso, es una inversión económica y hay que tener apoyo y las condiciones psicológicas para afrontarlo–, pero si las cosas se han hecho mal hay que poner, como mínimo, una queja", aconseja.