Cospedal y Sánchez-Camacho: dos caras, la misma mentira

El lunes de esta semana empezaba con la difusión en el programa El mundo en RAC1 de nuevos audios sobre la denominada operación Cataluña. Aparte del inefable comisario Villarejo, esta vez las protagonistas eran María Dolores de Cospedal y Alícia Sánchez-Camacho. La grabación data del año 2014, en plena eclosión del movimiento de autodeterminación catalán. En esa época, Villarejo era comisario de la Policía Nacional, en activo, y las dos dirigentes políticas concentraban un poder considerable: Cospedal era la secretaria general del PP a nivel español, y Sánchez-Camacho presidía el PP catalán. La primera hacía y deshacía en España, la segunda en Cataluña. Recordemos, como dato muy relevante, que eran los años en los que el PP gobernaba en España con mayoría absoluta, con Rajoy de presidente.

Las conversaciones difundidas el lunes, y negadas pocas horas después por las dos protagonistas en sus comparecencias en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la operación Catalunya, representan una nueva prueba de hasta qué punto se actuó con total impunidad para descuartizar y decapitar el proceso soberanista catalán. Llueve sobre mojado, en la medida en que las nuevas revelaciones se añaden a las ya conocidas del ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz, ya la constatación de que el propio presidente Rajoy estaba perfectamente al corriente.

Las evidencias que se van acumulando, que probablemente no serán las últimas, ponen de manifiesto que para combatir y destruir un movimiento político no sólo se tensaron, sino que se dinamitaron las costuras del estado de derecho y el núcleo de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Todo valía en la defensa del "todo por la patria": presiones sobre jueces y fiscales, o incluso conjuras con ellos; uso de dinero público para pagar confidentes para que mitieran; voluntad manifiesta de erosionar o dilapidar el buen nombre o la imagen pública de dirigentes políticos, con graves consecuencias sobre su reputación; utilización de un cuerpo de seguridad armado, como es la policía, de determinadas personas sospechosas de connivencia con el independentismo; alteración de resultados electorales, es decir, grave lesión sobre el derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus representantes políticos.

A medida que los indicios de criminalidad se van apilando sobre la mesa, la pregunta que aflora siempre es la misma: ¿y ahora, qué? La respuesta debería ser fácil: en un estado de derecho y en una democracia real, indicios de tipo delictivo deben investigarse en sede judicial, deben poder juzgarse y, llegado el caso, deben imponerse las penas pertinentes. No nos engañemos, cualquier cosa que no sea esto supone un derrumbe del estado de derecho y una putrefacción del cuerpo democrático.

Sin embargo, si la respuesta es tan fácil y evidente, ¿por qué no ocurre? La respuesta a esta nueva pregunta también es, desgraciadamente, clara: porque el sujeto de todo ello es Cataluña. En contra de lo que pueda pensarse, no es cierto que el PP puede actuar con impunidad para hacer lo que quiera; tenemos casos como la Gürtel que el PP ha pagado en sede judicial. Por contra, cuando el PP, o quien sea, actúa contra Catalunya, puede hacerlo con total impunidad porque intuye que tendrá inmunidad. En mi opinión, aquí radica el núcleo duro de la cuestión. Y conste que cuando digo Cataluña no confundo el proceso soberanista con el conjunto del país, porque sé que no son lo mismo. Pero también sé que si el Proceso no hubiera sido catalán, la impunidad y chulería con la que se actúa no serían las mismas.

Dicho todo esto, debo confesar que la comparecencia de Cospedal y Sánchez-Camacho me sorprendió en un aspecto: por su infinita cobardía. Contrasta con personajes como Villarejo, que cuando explican lo que hicieron no se esconden sino que presumen de ellos. Gente como el comisario se enorgullecen de servir al Estado y de batallar por su unidad, y si es necesario lo hacen por medios ilícitos, pensando que no los pillarán nunca. Pero si se caen, lo hacen con orgullo. En cambio, ellas dos niegan la pura evidencia, con total descaro y con la apariencia de que no les puede pasar nada, que no tendrán que rendir cuentas. A su vez, aparecen como personas miedosas y carentes de coraje, incapaces de asumir sus propios actos.

El contraste entre las penas y persecuciones que hemos sufrido los soberanistas y la impunidad que rodea a los "servidores del Estado" resulta brutal y estremecedor. Según los tribunales españoles, nosotros nos saltamos la legalidad, por lo que se nos han aplicado duras condenas. Según el propio sistema judicial español, los altos dirigentes estatales que acumulan evidencias de conductas ilegales no hace falta ni sean investigados. Si esto queda así, al menos que tengan la decencia de no llamar justicia.