Derechos sexuales y reproductivos
Sociedad  /  Salud 16/01/2022

Una década de aborto gratuito pero sin accesibilidad total

La objeción de casi la mitad de los médicos y el hecho de que no se pueda optar a los dos métodos en todas partes oscurece la conquista de este derecho

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Concentracio contra la reforma de la ley del aborto del PP en Barcelona, en 2015

BarcelonaGratuito por ley desde el 2010, el aborto voluntario continúa siendo una asignatura pendiente porque no a todas las regiones sanitarias de Cataluny las mujeres tienen la opción de elegir el método que quieren usar para abortar. El departamento de Salud ha intentado corregir este déficit, pero para las entidades feministas los pasos que se han hecho en este sentido todavía son insuficientes para evitar que centenares de mujeres cada año tengan que desplazarse para una interrupción voluntaria del embarazo (IVE): 1.200 en los últimos dos años.

Hay dos métodos para abortar: el farmacológico (se administra un medicamento que no tiene nada que ver con la píldora del día siguiente) y el quirúrgico (una intervención hospitalaria). Históricamente, en Catalunya las dos opciones están disponibles –en centros públicos, concertados y privados– en las regiones de Barcelona, el Campo de Tarragona y Girona, aunque recientemente se han añadido Lleida y la Catalunya Central, después de que se autorizara a practicar el aborto quirúrgico en la clínica MiNovAliança y la Fundación Althaia-Red Asistencial Universitaria de Manresa.

No ha sido hasta el 2021 que las mujeres del Alt Pirineu y el Aran han podido abortar cerca de casa: hace pocos meses que el Hospital del Pallars, en Tremp, y el de la Vall d'Aran, en Vielha, así como la Fundación Sant Hospital de la Seu d'Urgell han empezado a practicar interrupciones del embarazo, pero soólo ofrecen la vía farmacológica. El gran agujero continúa siendo las Tierras del Ebro. Según el departamento de Salud , "se está negociando para dar una opción" en esta región. En un comunicado, la consejería explica que la interrupción voluntaria del embarazo —la administración evita el concepto aborto, incluso en los apartados de información práctica– “siempre ha estado garantizada en todos los territorios”, a pesar de que admite que “lo que no estaba del todo garantizado era el acceso de proximidad”.

Hacia la equidad

Desde la nueva consejería de Igualdad y Feminismos, la secretaria de Feminismos, Montse Pineda, asegura que la voluntad es que en esta legislatura aumenten los centros autorizados para “romper la inequidad territorial” existente y que “en todos los territorios estén disponibles los dos métodos” para garantizar "el derecho de elección". Pineda insiste que el aborto, como la violencia obstétrica o la pobreza menstrual, son “prioridades” del Govern. A tal efecto, explica, se constituyó en octubre la Comisión Interdepartamental por una Estrategia Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, que está a punto de entregar el nuevo protocolo en que profesionales y administración sellan el compromiso a favor del aborto libre y seguro, y perfilan el dibujo del circuito sanitario para mejorar la atención.

Pero a pesar del compromiso y el impulso administrativo, la política choca de pleno con el hecho de que un 44% de los ginecólogos de centros públicos sean objetores de conciencia y se nieguen a practicar interrupciones, según datos del mismo departamento de Salud a partir de una encuesta -porque no dispone de ningún registro oficial-. En este sentido, el doctor Oriol Porta, presidente de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología de la Academia de Ciencias Médicas de Catalunya, que participa en la redacción del nuevo protocolo, atribuye parte de esta negativa no solo a un hecho ideológico sino a "una suma más compleja de malestar laboral por la precarización de los profesionales y mala organización". Porta subraya, sin embargo, que la mayoría de sus compañeros sí que hacen abortos y están por el "respeto al derecho de las mujeres".

Comarcas sin centros para la interrupción voluntaria del embarazo

Para la Asociación Derechos Sexuales y Reproductivos, la lentitud de la administración no es más que la prueba que “el aborto no figura en el centro del debate ni del interés político de ningún gobierno”, subraya Sílvia Aldavert, crítica con el hecho de que el grueso de las intervenciones se deriven a clínicas privadas autorizadas y no se apueste porque sea un servicio ofrecido por la red pública. Comparte sus palabras Marta Sans, de la Assemblea Vaga Feminista de l'Ebre, que ha iniciado una campaña para ampliar la actual oferta en que solo los ASSIR (centros de primaria especializados) de Tortosa y Móra d'Ebre ofrecen la opción farmacológica. “De momento, no tenemos respuesta del departamento porque el aborto no es una prioridad”.

En Cataluña, en 2020 abortaron voluntariamente 19.800 mujeres, es decir, 380 cada semana. La cifra supone una disminución del 7% respecto al año anterior, seguramente por el efecto del aislamiento social de la pandemia, y vuelve a los registros anteriores al 2017. Casi la mitad de las mujeres (49,8%) abortaron por el método farmacológico, un punto más que las que lo hicieron quirúrgicamente. Al 1% restante se les practicó una combinación de métodos. En el 18% de los casos, las mujeres asumieron la factura de la intervención al acudir directamente a una clínica privada y solo un número insignificante de interrupciones quirúrgicas se hicieron en hospitales públicos, siguiendo la política de derivarlas a centros concertados.

Los dos métodos, igualados

Desde hace una década Salud apuesta por el método farmacológico (una combinación de mifepristona y misoprostol) y su administración ha crecido al mismo ritmo que el quirúrgico decrecía hasta casi igualarse. El tratamiento se administra en los centros ASSIR, con más implantación territorial que hospitales o clínicas, pero hoy por hoy solo está aconsejado para gestaciones inferiores a nueve semanas. El doctor Porta avanza que el protocolo plantea "augmentar el margen por arriba" a raíz de los nuevos informes médicos que aseguran que también es una vía "segura y efectiva" más allá de las 10 semanas.

Cuando una mujer quiere interrumpir voluntariamente el embarazo es atendida, primeramente, por la comadrona, que le explica las posibilidades que tiene en función del día de la última regla, explica Montse Carreras, que forma parte de la dirección de un ASSIR de Tarragona. Pasados los tres días preceptivos "de reflexión" exigidos desde la reforma de la ley del 2015 del PP, se le practicará el aborto. La interrupción se hará en el mismo centro médico si el método escogido es el farmacológico, mientras que si la mujer elige el método instrumental se la derivará a una clínica privada acreditada, a pesar de que la intervención no tendrá ningún coste para ella.

Carreras afirma que la mayoría de usuarias se decantan para tomar medicación porque “no requiere anestesia y es menos invasivo”, a pesar de que el método quirúrgico también es valorado porque el proceso “se acaba el mismo día”. Sans añade, precisamente, que en regiones como la del Ebro, sin ninguna alternativa, las mujeres ni se lo piensan para ahorrarse hacer 400 kilómetros en tres días y también por “el miedo” que supone una intervención quirúrgica, por simple que sea. Además, Aldavert subraya otros factores que no tienen nada que ver con la elección de las mujeres: “Es por una cuestión económica, porque dar una píldora es más barato y cómodo para los profesionales”, asegura esta experta. En este punto, el ginecólogo niega la mayor y argumenta que los adelantos médicos permiten ahorrarse entrar en quirófano.

A diferencia de Carreras, que sostiene que el sistema funciona, Aldavert y Sans afirman que el circuito informativo y la información que a menudo se dispensa son confusos, hasta el punto que no se tiene en cuenta las particularidades de las mujeres a quienes, según sus circunstancias personales, la vía farmacológica puede ponerlas en un problema sin saberlo. "Es una práctica que requiere que la mujer disponga de un espacio seguro y de red, y que conozca su cuerpo porque tiene un impacto en la vida diaria", afirma la responsable de la Asociación. "No se trata solo de tomar una píldora y ya, sino que hay un sangrado y un dolor muy fuertes", relata, cosa que puede hacer el tratamiento desaconsejable para mujeres que conviven con los padres o su maltratador y no quieren dar explicaciones. La revisión de los analgésicos que se administran ahora será uno de los puntos que incluirá el nuevo protocolo, apunta Porta.

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