Las mujeres de Lleida podrán abortar quirúrgicamente a partir del lunes

golpe MartorellA partir del próximo lunes, 4 de octubre, las mujeres de Lleida tienen el derecho garantizado de un aborto instrumental gratuito sin tener que salir de la demarcación. La intervención se podrá hacer en la clínica MiNova Aliança, un centro concertado que ha recibido la acreditación para hacer las interrupciones entre las semanas nueve y catorce de gestación. Hasta ahora las 800 leridanas que abortan cada año solo tenían al alcance el método de la pastilla abortiva, pero para la cirugía se tenían que desplazar a Barcelona o Tarragona, porque en la zona de Lleida todos los médicos se han declarado objetores de conciencia y han dejado a las mujeres sin poder acceder a una prestación pública y universal. Salud ha anunciado también que pronto se podrán hacer interrupciones quirúrgicas en las Terres de l'Ebre.

A pesar de que el aborto es un derecho reconocido en la cartera pública de prestaciones sanitarias desde el 2010, la realidad es que a lo largo de esta década se han mantenido los desequilibrios territoriales que obligan a las mujeres a recorrer a veces centenares de kilómetros. Además de Lleida y el Ebre, no hay oferta de abortos quirúrgicos en el Alt Pirineu ni en la Catalunya Central, y los hospitales gestionados por órdenes religiosas rechazan hacerlos y derivan a las pacientes a otros centros. Evidentemente, donde solo se ofrece una sola opción no se puede elegir, a pesar de que el sistema tendría que garantizar la posibilidad de escoger el método, denuncia Sílvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos.

Para Aldavert, que en Lleida se hagan abortos es una "buena noticia" pero también cuestiona que se haya elegido un centro "sin experiencia" en los tratamientos y señala que esto no soluciona el problema estructural de los médicos objetores de conciencia que rechazan participar en este tipo de intervenciones en centros de la red pública. Según una investigación de El Crític, en Catalunya un 42% de los ginecólogos de hospitales se han inscrito al nuevo registro de objetores. Pero de estos, tal como informa Efe citando al departamento de Salud, la mitad aceptan hacerlos si hay una prescripción médica. En este sentido, Aldavert añade que a esta cifra se tienen que añadir los profesionales de dentro del circuito que "implícitamente" hacen todo lo posible para que las mujeres que quieren abortar dentro de los plazos permitidos no lo hagan y por eso "hacen presión, no dan información o hacen un acompañamiento moral" a las mujeres.

Para evitar estos obstáculos, la asociación afirma que los circuitos del aborto se tienen que simplificar y hacer que "las mujeres estén en el centro" de un sistema que hoy por hoy prioriza los posicionamientos de los centros médicos y los profesionales. "Hay que prestigiar la red pública del aborto porque los médicos todavía son los más marginados de la clase médica", sentencia la activista, que sostiene que del mismo modo que en Catalunya está garantizado en todo el territorio el parto, también se tendría que garantizado el aborto.

Precisamente, coincidiendo con el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el ministerio de Igualdad español ha abierto la consulta pública para reformar la ley del 2010, que persigue, entre otras cosas, limitar el ejercicio de la objeción de conciencia para eliminar el principal obstáculo para garantizar el derecho a la libre interrupción del embarazo. La ministra Irene Montero, que confía en tener el borrador a finales del año, también se ha mostrado partidaria de eliminar el requisito de la autorización de los progenitores para las menores de 16 y 17 años, que introdujo en 2015 el gobierno del popular Mariano Rajoy, así como castigar a los que se concentran ante las clínicas que hacen abortos para acosar a las mujeres que quieren entrar.

La consellera de Feminismos e Igualdad, Tània Verge, también ha avanzado hoy que trabaja en una "estrategia nacional" para que la información sobre el aborto sea "accesible, veraz y contrastada", en palabras de la consellera, que ha anunciado que se reforzarán los programas de educación sexual en las escuelas. Aldavert critica que no hay campañas institucionales sobre el aborto, como sí las hay de los beneficios del uso del preservativo, y que las webs oficiales esconden o dificultan la búsqueda de información porque se habla de interrupciones del embarazo y no de abortos.

Otra de las propuestas planteadas es luchar contra la violencia obstétrica e institucional, que para la ONG de Aldavert se agrava en la gestación de más de 22 semanas en el supuesto de que el feto sufra malformaciones graves. En estos casos, la mujer tiene que someterse al criterio de uno de los comités clínicos catalanes –uno en el Hospital Clínic y el otro en el Vall d'Hebron–, que son los que determinan si se practica o no el aborto. Cada año la entidad acompaña a una decena de mujeres a las que se les deniega la interrupción más allá de las 22 semanas y a las que solo les queda la opción de viajar al extranjero.

Además, en esta misma línea de prevención el departamento de Salud facilitará a mujeres vulnerables y menores de 29 años que hayan abortado métodos anticonceptivos de larga duración, como el implante subdérmico o el DIU de cobre, para evitar nuevos embarazos. Con datos del 2019, una cuarta parte de las mujeres fértiles tienen un segundo aborto.

En cuanto a los datos, durante el 2020 las interrupciones voluntarias del embarazo disminuyeron un 13,6% en Catalunya. En los 42 centros autorizados se hicieron el primer año de pandemia 18.961 intervenciones respecto a las 21.926 de 2019, según los datos facilitados hoy por el ministerio de Sanidad. Tres cuartas partes de las mujeres tenían entre 20 y 34 años, pero también se han registrado cuarenta menores de 15 años. Según la asociación, una de cada tres catalanas abortará a lo largo de su vida y, de estas, dos tercios optarán por centros privados.