Las trampas al solitario de algunos economistas y políticos exigen que muchos otros tengan que estar atentos para no perder pie de la realidad económica en la que se quiere intervenir. Así, cuando nos dicen que se mejora la renta, y que aún mejora más la ocupación, nos dicen indirectamente que baja la productividad; a veces para dar a entender después que esta bajada se debe a la falta de esfuerzo de los trabajadores, ignorando el papel de los excedentes empresariales en los acompañamientos de la tecnología al trabajo. Igualmente, da pavor ver cómo algunos se enorgullecen de la creación de ocupación, a pesar de la elevadísima tasa de paro que España mantiene (y más tendría si computáramos bien el número de parados). Recordemos que se considera que los fijos discontinuos no son parados, a pesar de cobrar subsidio, y que, por tanto, hay que forzar el ingenio al calcular la población efectivamente ocupada.

La sanidad española necesita reformas importantes, tanto por ser financieramente sostenible como por otros envites que tiene por delante. Esta incertidumbre por el futuro ha hecho que los políticos más atrevidos se lanzaran, sin más bagaje que su ideología, a implementar cambios. Empezaron los vientos privatizadores en Galicia, extendidos despuéses por la Comunidad Valenciana, y se hicieron borrasca en Madrid. La presidenta Ayuso, de hecho, se encontró realizadas muchas de las reformas que hoy se debaten. Pero si sólo tienes ideología y no pruebas de evaluación por las propuestas implementadas, sólo puedes defenderlas haciendo el machito, en lugar de aprender haciendo y corregir el rumbo en su caso.

Cada vez conozco más gente que se opone a pagar impuestos. Algunos, jóvenes, dicen que con lo poco que ganan, solo necesitan que les retengan dinero para las contribuciones; al fin y al cabo, no identifican muchos gastos públicos que les favorezcan en términos de prestaciones. Entre pensiones y sanidad, parece que todo les beneficia a las personas mayores. También es fácil ver cómo muchos ciudadanos y profesionales siguen con la política de "con o sin factura" para bajar los precios de los servicios. Por último, conozco a muchos ricos que no pagan impuestos (¡para mí, esta es la mejor definición de quién es rico!), ya que son lo suficientemente ricos como para permitirse lo que implica la ingeniería fiscal y los asesores fiscales que la mantienen. Y, aun así, les compensa todo lo que ahorran pagando impuestos. Y algunos que sí los pagan se quejan, sin embargo, amargamente al ver cómo otros, más atrevidos, optan por lo seguro entre la evasión y la elusión fiscal y apenas pagan impuestos, para abofetear a los cumplidores demostrando que no son "lo suficientemente inteligentes".

Quisiera ofrecer una valoración analítica, alejada de apriorismos, sin entrar en detalles, pero sí considerando los rasgos estructurales más básicos de la nueva propuesta de financiación. No creo que puedan anticiparse totalmente sus efectos en resultados finales, a pesar de los importantes trabajos relativos a cifras y rankings de ordinalidad elaborados por ejemplo por FEDEA y por este mismo diario a partir de fuentes gubernamentales. Nos faltan algunos detalles sobre qué existen en los denominadores de los ratios y cómo se han hecho los cálculos del acuerdo. Las cifras finales son malas de garantizar, más allá del dinero que uno puede creer que de una forma u otra (y si quiere el gobierno español actual), hará llegar a cada comunidad. Pero no creo que la nueva fórmula, en manos de algún otro gobierno, garantice la ordinalidad. Y está claro que no es lo mismo situarse tercera en el orden de recursos per cápita con un euro por debajo de la segunda que con un euro más per cápita que la cuarta. Creo que es por eso que, en relación con la ordinalidad, la ministra no se ha mojado más allá de asegurarla voluntariosamente para Cataluña en 2027.

Es recurrente el clamor de buena parte de la clase empresarial por reducir la presión fiscal que soportan las empresas y los inversores para favorecer la innovación, la creación de puestos de trabajo, la recuperación de talento, etc. Es difícil no mostrar simpatía con esta postura, aunque la reivindicación no puede ser eliminar todo lo que molesta. No se trata de abolir por la vía fácil alguno de los impuestos que generan ciertos problemas empresariales de forma genérica, sino de ajustar la fiscalidad a los propósitos concretos.

Todavía hay quien recuerda mi etapa en el consejo de gobierno del Banco de España y me pide por el hundimiento del sistema de cajas durante la crisis, desde la añoranza y el necesario reposicionamiento financiero de la economía productiva catalana. Claro que algunos, por este motivo, querríamos una nueva banca, totalmente pública, más allá de lo que son las actuales tareas del Instituto Catalán de Finanzas: una banca pública que, por ahora, no acabo de ver. En cualquier caso, quisiera destacar aquí una interesante intervención reciente del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en la asamblea general de la Asociación Europea de la Banca Cooperativa, aunque refiriéndose al sector de crédito cooperativo en España.

En el tema de la fiscalidad es muy fácil hacer demagogia. Por un lado, nadie quiere pagar impuestos voluntariamente, a pesar de saber que si todos nos negamos, probablemente todos acabaremos perdiendo. Por otra parte, las cosas a veces son bastante envueltas debido a la misma legislación que queriendo afinar resulta muy compleja, y al final algunos analistas optan por una simplificación que sirve para argumentar a favor de la supresión. A menudo lo hacen argumentando bajar los brazos ante el dumping fiscal autonómico, olvidando la existencia del impuesto estatal. Y a veces, reside algún interés oculto, ya que por el bien de la economía son propuestas que benefician siempre a las clases más poderosas. Por ejemplo, desde la idea de que los impuestos son confiscatorios, se pide la abolición del impuesto sobre el patrimonio, sin mayores consideraciones respecto de la globalidad de la fiscalidad en renta y riqueza, renta del trabajo y del capital, o de patrimonios productivos y no productivos, cuando de hecho en renta y patrimonio se limita al 60% como máximo la renta tributaria como máximo.

De momento, lo único que tiene de singular la nueva y esperada financiación autonómica de Catalunya es que probablemente duerme el sueño de los justos, y por culpa de las mamografías andaluzas. Puede sorprender, pero es así. Me explico.

Escribo sobre este tema con cierto escepticismo sobre los resultados, pero lo hago creyendo que ayudo a entender problemas de financiación autonómica bastante complejos. Y esto en estos momentos tiene trascendencia política, tanto en lo que se refiere a la estabilidad de los gobiernos español y catalán –por este orden– como por el miedo a que la ultraderecha pueda llegar al poder.

Se termina un intento de fusión marcada por su elevada hostilidad. Como ciudadanos debemos alegrarnos que no haya servido para aumentar la concentración bancaria del país. Accionistas y empleados de unos y otros no creo que tengan que pensar necesariamente igual. BBVA, un gran banco, ha visto erosionada su estrategia y la credibilidad de su dirección a medio plazo. Justo lo contrario que el Sabadell: enhorabuena a sus gestores, pero se les vuelve trabajo muy complejo y desde ahora mismo. Al accionista le ocurrirá lo contrario: pese al éxito del Sabadell, es previsible que, a corto plazo, la cotización sufra. Cae sobre su valor un precio inflado por la misma expectativa de opa y un reparto extraordinario de dividendos que no debe descapitalizar el banco.

Puede cotizarse en una comunidad autónoma, tributar en otra y utilizar los servicios públicos de una tercera. Conozco el caso, por ejemplo, de una persona residente efectiva en Valladolid; allí cotiza su despacho, allí trabaja, obtiene la renta y plusvalía de los recursos que utiliza. Sin embargo, es residente fiscal en Madrid, donde tiene un piso de propiedad como inversión y donde va de vez en cuando con el AVE. Sabe lo que debe hacer para justificarlo ante la Agencia Tributaria, para mostrar que habita al menos la mitad del año en la Comunidad de Madrid, ya que allí paga menos renta y patrimonio. Así, los costes de los servicios relativos a su actividad los soporta Castilla y León, y quien hace caja es la Comunidad de Madrid. ¡Pero dónde tiene la residencia administrativa autodeclarada es en Ibiza!, donde viaja los veranos y más de un fin de semana, porque así se beneficia de unos descuentos de transporte que su contribución fiscal no ayuda a financiar. Siendo residente administrativa en las Islas Baleares, esta comunidad recibe la financiación autonómica correspondiente, basada en la población empadronada. Por tanto, su residencia legal no es realmente en ninguna parte. No es donde cotiza, en Valladolid: aquí no tiene ni médico de cabecera, aunque si necesita acceder por urgencias como ciudadano desplazado. Tampoco es donde tributa, en Madrid, donde, con lo que se ahorra de impuestos, puede pagarse la sanidad privada. Y no es allí donde se le financian los servicios públicos, sino en las Islas Baleares, que reciben por ello un ingreso sin apenas asumir ningún coste, ya que, al fin y al cabo, ¡la subvención del transporte la paga el Estado! ¿Cómo puede que estemos instalados en este desenfreno de residencias reales, fiscales y administrativas, sin un mínimo cruce de datos ni responsabilidades identificables en la financiación de un estado del bienestar contra el que muchas personas como la del caso mencionado practican su particular dumping fiscal?

Lo decía el historiador Jordi Nadal refiriéndose a la economía catalana a la vista de su industrialización y modernización del siglo XIX. A estas alturas, en el siglo XXI, quizás podríamos decir que el turismo es –el isleño en particular, visto su peso demográfico y su contribución–, la gran fábrica (de divisas) de España. Sin la entrada de divisas que el turismo proporciona no podría equilibrarse la balanza exterior por cuenta corriente –más del 4% del PIB–, y sufragar al completo el déficit de rentas y el de la energía. Ciertamente, Cataluña es la gran receptora de los casi cien millones de visitantes anuales, con un 25% del total; un 50% por encima de su peso demográfico. Pero, relativamente, las Islas son, respecto a su población, la principal sujetadora del saldo exterior, de los déficits comerciales, de una economía española que de otro modo importa mucho más de lo que exporta, con un número de estancias que quintuplica el propio y ya elevadísimo del Principado. Una aportación que representa a 13 puntos del PIB y en crecimiento reiterado.

Es cierto que hasta cierto punto el dumping fiscal se utiliza como elemento de distracción política, porque en el tema de la financiación existen otros singularidades, incluido el concierto foral, y no aparecen en el discurso político de nuestro país. Pero esto no significa que la Comunidad de Madrid de la neoconservadora Dª. Ayuso no lo haga. Madrid hace dumping fiscal, sí. Andalucía no. Tampoco Murcia. Si estas comunidades bajan sus impuestos y recaudan menos, allí ellos, porque dispondrán de menor capacidad de gasto y no podrán reclamar después las transferencias de nivelación. A cada uno el suyo. En el caso de estas otras comunidades, si utilizan su autonomía tributaria para bajar impuestos, con pérdida de recaudación en su caso, la bajada sí será real.

En turismo toca, ahora, decrecer. Al menos, respecto a las tasas de crecimiento anteriores. Veremos cómo la sociedad vive un proceso de estas características. Lo veremos desde una disparidad de lecturas: ¿conservar el récord de visitantes año tras año será decrecer? Claro que desde el punto de vista de mantener la cifra, que ya sería un hito, ¡esto implicaría una tasa de crecimiento cero! ¿Será percibido como decrecimiento registrar tasas de crecimiento inferiores a las del pasado? Más de lo mismo: ¿en tasas de crecimiento, pero incrementadas con menor rapidez que antes, se considerará como un fracaso, a pesar de reportar aumentos absolutos de visitantes? ¿Hay que decrecer en términos absolutos o, simplemente, bastaría con sustituir un tipo de turistas por otro, considerando como una mejora satisfactoria el hecho de lograr una mayor productividad, es decir, una mayor generación de renta por ocupado? Por la misma cifra de negocio puede que no hagan falta tantos turistas, si tienen más disposición a pagar.

Éste no es un artículo de economía. Va de política. Y debemos hablar de ello, ya que si no resolvemos entre todos la maraña política actual, la prosperidad económica no llegará a las Islas y no podrá favorecer la sostenibilidad, la cohesión social ni las condiciones de vida de los ciudadanos. Necesitamos, por eso, la política, pero no esa que sufrimos de los dos grandes partidos nacionalistas españoles, críticos unos y cínicos otros, acusándose de corrupción y siempre supeditados a un interés que ellos consideran superior al que convoca a los electores a elegir a sus representantes.

A través de una proposición de Más, el Parlamento de las Islas Baleares quiere poner límites a la utilización que hace Aena de los aeropuertos de Baleares, hoy tratados como si fueran el patio trasero particular de su casa. Desde el monopolio que ejercen, en favor de sus accionistas, multiplican entradas de visitantes y capacidades instaladas, que les dan ingresos tanto de los slots que cobran como de los equipamientos que alquilan. A costes desmedidos, estos alquileres se trasladan, después, dentro de los recintos, a mercancías con precios prohibitivos. No se puede entrar, por ejemplo, agua por los filtros de seguridad aeroportuarios, y una vuelta dentro de los espacios no es de extrañar pagar cuatro euros –o más– por una pequeña botella de agua; tal es el coste fijo a repercutir por unas instalaciones que son el gran negocio de Aena. Al igual que las entradas y salidas de los aviones. Al no pagar el coste ambiental completo de su huella de carbono, las compañías pueden permitirse pagar lo que se les pide para el uso de las pistas, haciendo menos atractivos los equipamientos territoriales alternativos, que desconcentrarían la demanda y se convertirían en competitivos. Esta forma de entender el interés público como conseguir rendimiento para los accionistas casa mal, hoy, con las aspiraciones de los ciudadanos. El Estado no debería comportarse, por eso, como un accionista más, ni hacer caja como el resto. Le toca ser sensible a las demandas de unos sitios como Barcelona o las Islas Baleares, que han dicho bastante. Y, a falta de esa sensibilidad por parte de la dirección actual de Aena, quizás no queda más remedio que acoger la demanda de los gobiernos por la plena gestión o cogestión de sus aeropuertos, y no dejar en manos de accionistas el deseo de alcanzar unos niveles de turismo más razonables que los actuales.

Parece que las administraciones, y en particular la Generalidad, a partir de sus propias competencias, estudian reducir la fiscalidad de las rentas bajas en el IRPF. La polémica la ha abierto la reciente subida del salario mínimo interprofesional, que se llevó a cabo sin tocar el mínimo exento. Esto hace que, marginalmente, más gente del grupo de rentas bajas deba presentar la declaración de la renta por no estar cubierta por aquella exención. Esta cuestión está en el tejado del Parlamento español. En cambio, el catalán emprende la reforma bajando el tipo en las rentas bajas (parece ser que un puntito, del 10,5% al ​​9,5%, sujeto a la aprobación final). Así, si ésta es la voluntad, la mejor manera de reducir la fiscalidad de quienes ganan poco, dadas las competencias actuales de la Generalitat, efectivamente es disminuir el tipo impositivo para estas rentas, y no eximiéndoles de la obligatoriedad de declarar, como algunos partidos pretenden. Me explico. Una cosa es realizar la declaración de renta, y otra tributar por IRPF. Eximir era una forma de reducir cargas administrativas, a partir del supuesto de que hacer la declaración es complejo. Pero hoy, con retenciones y un mínimo de informática, esta carga ya es escasa. Y eximir de declaraciones tiene más contrapartidas que beneficios. Todo el que tenga una renta percibida durante el año debería notificarlo a Hacienda; y, en su caso, no sólo no tributar, sino recibir "crédito fiscal". La declaración de las circunstancias personales y familiares no deja de ser una fotografía de la realidad de los contribuyentes que debe permitir afinar tanto los impuestos a pagar como el derecho a recibir prestaciones. A partir de las deducciones, bonificaciones y tipos diferenciados es posible ajustar impuestos y subsidios, y prestaciones universales, pero ajustadas a la situación de cada uno. No se trata de recaudar más, sino de, a presupuesto neutral, ser más cuidadosos con quien paga y quien recibe.

Estos días se inicia, tanto con trabajos previos como con la preparación del pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el debate sobre la condonación de la deuda de las comunidades autónomas y del nuevo sistema de financiación autonómica. Del primero hemos tenido noticia el lunes; del segundo ya se verá. Algunos comentarios al respecto.

Anticipándome al previsible final del sistema de protección sanitaria de funcionarios Muface tal y como lo hemos conocido, marcado por la libre elección entre seguro privado y seguro general propio de la seguridad social (hoy CatSalut, en nuestra casa), quisiera identificar el emergencia de un nuevo problema que afecta a las desigualdades en salud. Se trata de un hecho ya observado, pero que la salida de funcionarios del régimen Muface hacia el seguro público puede agravar en gran medida.

Anticipándome al previsible final del sistema de protección sanitaria de funcionarios Muface tal y como lo hemos conocido, marcado por la libre elección entre seguro privado y seguro general propio de la seguridad social (hoy CatSalut, en nuestro país), quisiera identificar el emergencia de un nuevo problema que afecta a las desigualdades en salud. Se trata de un hecho ya observado, pero que la salida de funcionarios del régimen Muface hacia el seguro público puede agravar en gran medida.