El 4 de julio, mientras Estados Unidos celebraba el Día de la Independencia, el presidente Donald Trump firmaba una nueva ley que dejará sin cobertura sanitaria a 7,8 millones de personas. La One Big Beautiful Bill Act, aprobada por un margen muy estrecho en el Congreso (218 votos a favor y 214 en contra), contiene más de mil páginas y una larga lista de reformas. Entre todas ellas, una merece una atención especial: las restricciones al sistema público de salud, especialmente en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables.

Las políticas DEI se refieren a las estrategias y prácticas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de las organizaciones, las instituciones y la sociedad en general. El objetivo de estas políticas es fomentar entornos más representativos de la sociedad actual, en donde todas las personas dispongan de las mismas oportunidades de participación y desarrollo, con independencia de sus características personales, sociales o de origen. Estas iniciativas se han venido aplicando desde hace años en entornos laborales y educativos, así como eje transversal en el diseño de las políticas públicas.

Gracias al impulso de organismos internacionales, la desigualdad en salud que afecta a las mujeres se ha situado como uno de los temas prioritarios en las agendas políticas de los gobiernos de varios países. Hablé de ello en esta columna analizando casos de buenas prácticas, como la estrategia adoptada por el departamento de salud y servicios sociales del Reino Unido para promocionar la salud de las mujeres. El artículo de hoy está enfocado desde una perspectiva más global para caracterizar la magnitud del problema, sus causas, impacto económico y posibles vías de solución.

Aunque Donald Trump ha lanzado varios eslóganes sobre las grandes líneas de las políticas que definirán su nuevo mandato como presidente de Estados Unidos, la magnitud con la que implementará acciones concretas sigue siendo una incógnita. Si nos guiamos por los discursos proclamados durante la campaña electoral, y por los primeros actos de esta semana como presidente, uno de los temas estrella será la inmigración.

A estas alturas, todos somos muy conscientes del rastro de destrucción y muerte que ha dejado a la DANA a su paso por varias zonas del territorio español. Sin embargo, los efectos más devastadores se han concentrado en la Comunidad Valenciana.

Muchos de los que hemos estado inmersos en un programa de doctorado hemos experimentado la sensación intensa de angustia y de inseguridad que supone tener que vivir constantemente, y durante cuatro años, sin un rumbo predeterminado y con frustraciones constantes, algunas de ellas inherentes al proceso de investigación y otras externas al mismo, fruto de una cultura profesional excesivamente dura. Y todo esto te ocurre en un momento vital, entre los 23 y los 30 años, en el que también estás intentando encontrar el encaje con otros aspectos importantes de tu vida personal.

Todos los progenitores con hijos adolescentes que tengo alrededor (incluida yo misma) tenemos identificado como conflicto recurrente con nuestros hijos tanto el tiempo que dedican a los dispositivos móviles como su utilización. A raíz de estas preocupaciones han surgido iniciativas, que provienen de la sociedad civil, con el objetivo explícito de empoderar a las familias y promover un pacto social para retrasar la edad del primer móvil hasta los 16 años, como Adolescencia Libre de Móvil. Sin embargo, la persistencia de las dinámicas sociales acaba imponiéndose (al menos de momento) y gran parte de los niños y niñas ya disponen de este dispositivo a principios de la ESO. Si nos fijamos en las últimas datos recogidas por el Instituto Nacional de Estadística del año 2023 (representativas para el conjunto de España), el 23,3% de los niños dispone de teléfono móvil a los 10 años, el 72,1% a los 12 años y el 94 ,1% a los 14 años.

La tasa de fecundidad, definida como el número de hijos por mujer, se ha reducido considerablemente en la mayoría de países desarrollados. En Cataluña, mientras que las mujeres teníamos 2,72 hijos en 1975, en 2022 tenemos 1,17 (las cifras son similares en el resto de España). Esta reducción del número de hijos por mujer ha ido acompañada por el aumento de la edad media en la que se tiene el primer hijo, que ha pasado de los 24,6 años (1975) a los 31,6 actuales.

Es necesario entender las causas para enderezar el problema. Éste es uno de los mensajes principales que se extraen de la dilatada carrera académica de la reciente premio Nobel de economía 2023, Claudia Goldin.

Hay varios temas en los que, como sociedad, fallamos estrepitosamente. Muchos lectores pensarán ahora en el cambio climático. Ciertamente entra dentro de mi definición de error político-social. Aun así, hoy me quiero centrar en otro de estos equívocos, que también compromete el futuro de nuestros hijos.

El miércoles entró en vigor en todo el Estado la obligación para todas las empresas, independientemente de su medida, de diseñar un registro donde se especifique la retribución de sus trabajadores de manera diferenciada según el género. La ley obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a presentar un plan de igualdad y una justificación en caso de que la diferencia en las retribuciones de hombres y mujeres que realizan tareas “de igual valor” dentro de la empresa sea superior al 25%. Las sanciones previstas en caso de incumplimiento, ya sea por la negativa a presentar el registro, por la falsificación de información o por la acreditación de una situación grave de discriminación salarial, son sustanciales y van desde los 6.251 euros hasta los 187.515 euros. El objetivo de esta nueva norma es, a corto plazo, fomentar la transparencia empresarial y, a largo plazo, reducir la brecha salarial por cuestiones de género. Los dos primeros pasos para luchar contra la discriminación salarial son efectivamente volverse conscientes de su existencia y disponer de datos cuantitativos que nos permitan dimensionar la magnitud del problema.