De goles, en el fútbol, hemos visto de muchos tipos. Pero esta semana, con la visita papal, hemos visto unos que no sabíamos ni que existían: "los goles de la Iglesia". Aprovechando la visita de León XIV al Santiago Bernabéu del martes, Manolo Lama y su compañero de batallas, Paco González, fueron los encargados de narrar un espectáculo curioso. "Cómo se nota que Dios está capitaneando esta gesta", decía el locutor habitual en la Cadena COPE (la radio de la Conferencia Episcopal) de los partidos del Real Madrid, mientras se chutaban una serie de balones en unas porterías improvisadas situadas delante del Papa.

Después de décadas de lo que se conocía como "excepcionalismo ibérico" –la ausencia de formaciones de derecha radical en los parlamentos de la península–, este espectro político no solo ha irrumpido en el Parlament de Catalunya, sino que lo ha hecho por partida doble. Un estudio del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), publicado este miércoles, analiza a fondo el ascenso de Vox y Aliança Catalana (AC), dos formaciones que, a pesar de defender proyectos nacionales diametralmente opuestos, se alimentan principalmente de un mismo combustible electoral: el rechazo a la inmigración.El estudio del ICPS desafía la idea de que el crecimiento de estos partidos responde únicamente a la polarización y la gestión del proceso independentista. Si bien el conflicto territorial creó el clima propicio para que Vox, de la mano de Ignasi Garriga, entrara en el Parlament en 2021 y Alianza Catalana, de la mano de Sílvia Orriols, lo hiciera en 2024, el verdadero motor de ambos electorados es estructural. Las dos formaciones explotan de pleno el "chauvinismo del bienestar", una estrategia que propugna que los servicios públicos deben reservarse exclusivamente a los "nacionales". Tanto el partido liderado por Santiago Abascal como el de Sílvia Orriols coinciden en sus programas en asociar inmigración y delincuencia, reclaman la deportación de inmigrantes en situación irregular y la expulsión de los menores extranjeros no acompañados (MENA), y exigen medidas drásticas para agilizar el desalojo de okupas. Económicamente, también van de la mano: proponen recortes fiscales, supresión de impuestos como el de sucesiones y donaciones y el de patrimonio, critican el exceso de gasto público y claman, en general, un fuerte impulso de políticas de libre mercado.