La crisis migratoria vivida en las fronteras de Ceuta ha vuelto a hacer aflorar con fuerza en el debate público un concepto que parecía haber quedado olvidado: la integridad territorial. Entendida como el principio inalienable de derecho internacional que otorga a un estado el derecho de preservar intacto su territorio y de proteger de manera inviolable sus fronteras, esta idea ha vuelto a copar los titulares de los medios de comunicación y a monopolizar los discursos más encendidos de muchos políticos desde los atriles. Pero, ¿de dónde surge este concepto y por qué vuelve a dar miedo su vulneración?

Llega agosto. Las ciudades se vacían, el ritmo frenético se desvanece, el calor ahoga el asfalto y la ciudadanía hace las maletas hacia la playa o busca el refugio fresco de la montaña. Es el momento de colgar el cartel de "Cerrado por vacaciones" en los negocios y desconectar de la rutina. ¿Pero qué pasa mientras tanto con las instituciones?

Salvador Illa llega este sábado al ecuador de su mandato al frente de la Generalitat, y llega enfrentándose a un fenómeno bien conocido por la ciencia política: el desgaste de la acción de gobierno. La demoscopia nos muestra que tras la victoria en las urnas, el PSC experimentó un repunte al alza. Sin embargo, a medida que ha avanzado la legislatura y se ha impuesto la crudeza de la gestión diaria, el apoyo ciudadano ha ido sufriendo un declive constante y progresivo hasta tocar fondo y situarse en el punto más bajo de apoyo desde el inicio del mandato. ¿Cómo se explica este ciclo de pérdida de popularidad y qué opciones reales tiene el PSC de recuperar el terreno perdido antes de las próximas elecciones?

Es el primer vehículo multioperador del estado español y la principal función será que la gente reciba mensajes ES-Alert y que tenga cobertura en los lugares donde se hayan perdido las telecomunicaciones por incendios u otras emergencias, como en el caso del apagón del año pasado. Esta es la premisa con la que el Gobierno ha puesto en marcha este miércoles una nueva unidad móvil, un vehículo preparado para desplazarse en entornos rurales y actuar ante incidencias graves.

Junts per Catalunya ha formalizado este lunes su integración al Partido Demócrata Europeo (PDE), una adhesión que hacía meses que se estaba ultimando, tal como avanzó el ARA. Con este paso, el partido liderado por Carles Puigdemont cierra una larga etapa de orfandad política en el Viejo Continente, que se remontaba al año 2018. Fue aquel año cuando el PDECat fue expulsado del Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) bajo presiones de Ciudadanos y en un contexto marcado por acusaciones de corrupción a la formación que entonces lideraba David Bonvehí por el caso 3%.

Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

La ministra de trabajo de Austria, Christine Aschbacher, no tenía previsto dimitir de su cargo hasta que, 48 horas antes, se vertieron acusaciones de plagio en un blog de un profesor que comentaba su trabajo de fin de carrera, en 2021. Tampoco lo tenía previsto el ministro del interior francés, Bruno Le Roux, que, en 2017, había contratado a sus hijas como asistentes parlamentarias durante el verano, a pesar de que la ley francesa aún permitía contratar familiares. Ni Peter Magnus Nilsson, que en 2023 dimitió como jefe de gabinete del primer ministro sueco por haber pescado anguilas sin licencia y negarlo a las autoridades cuando lo descubrieron. La cultura de la dimisión está muy extendida en los países nórdicos y centroeuropeos y contrasta con la actitud que adoptan los políticos del sur de Europa.Un claro ejemplo de esta resistencia son los presidentes del gobierno español en un contexto en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene en el cargo a pesar de los casos judiciales que rodean a su partido y las constantes exigencias de dimisión por parte de los partidos de la oposición, algunos hasta ahora socios parlamentarios. Sánchez, sin embargo, no es la excepción. Mientras que el Reino Unido, en diez años, ha visto pasar seis primeros ministros por el número diez de Downing Street, en 51 años de democracia española solo el primer presidente español, Adolfo Suárez, renunció a su cargo.Esta misma inercia se traslada a los políticos catalanes. Precisamente estos últimos meses se ha vuelto a oír con fuerza la palabra dimisiónen boca de los partidos de la oposición y también de los colectivos de maestros que se manifiestan contra el Gobierno: han señalado a la consejera de Interior, Núria Parlon, y al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como a la titular de Educación, Esther Niubó, de quien la oposición ha exigido que dimita ahora por el error en las pruebas PISA.

Jordi Sendra ha sido elegido oficialmente candidato de Junts per Catalunya a la alcaldía de Tarragona este miércoles. Sendra ha obtenido un total de 108 votos (85,04%) en unas primarias en las que han participado 127 (82,47%) de los 154 militantes censados y que han estado marcadas por la ausencia de candidatos alternativos. La votación, celebrada entre este martes y este miércoles, culmina lo que pedía la militancia tarraconense, que reclamaba poder votar en un referéndum para decidir su futuro candidato a la alcaldía.

Durante las últimas semanas, la figura del confesor ha cobrado un protagonismo absoluto en el ecosistema judicial español. Pero el llamado derecho premial –la práctica del Estado de otorgar beneficios y rebajas de condena a cambio de información interna– no se diseñó en los despachos de Madrid para combatir la corrupción política. Algunas de sus raíces nos trasladan a las prisiones de los Estados Unidos y a las calles de Palermo (Sicilia), donde el estado tuvo que asumir una derrota previa para poder avanzar: la única manera de destruir una organización criminal cerrada es comprar la traición de sus propios miembros.

La incertidumbre sobre la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del Procés ha dejado abierto un laberinto judicial. A la espera de si el Tribunal Supremo aplicará la sentencia del TJUE, en este laberinto hay un camino que aún no está resuelto y que deja una incógnita abierta: en caso de una hipotética inaplicación de la amnistía, ¿es posible abrir la carpeta de un segundo indulto para borrar aquello que quedó pendiente? En su momento, el gobierno español indultó parcialmente a los líderes del Procés –era la única vía posible después de que el tribunal sentenciador se opusiera a la medida de gracia–, es decir, les perdonó la pena de prisión, pero mantuvo intacta la pena de inhabilitación que afectaba a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados también por un delito de malversación. Esta inhabilitación, por ejemplo, impide al actual líder de ERC presentarse a unas elecciones –tal como se ha mostrado dispuesto– o ejercer la docencia.

Con el aval del TJUE todavía presente y al día siguiente de que el expresidente Carles Puigdemont denunciara España en la Comisión Europea por el incumplimiento de la ley, el independentismo ha aprovechado la última sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para presionarlo, pero sobre todo para rebuscar en su hemeroteca. Lo ha hecho la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, cuando le ha espetado: "Primero dijo «ni amnistía ni nada de eso»". Se ha sumado poco después el cabeza de filas de ERC en la cámara, Josep Maria Jové, que le ha pedido que "haga memoria": "Usted no la quería". El presidente de la Generalitat ha evitado entrar en ello y ha defendido mirar "adelante": "Una amnistía era necesaria para que en Catalunya se pudieran normalizar las negociaciones".

“Todo esto acabará en los tribunales internacionales”, vaticinó el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en noviembre de 2017. De momento, la amnistía –que entonces no se podía ni imaginar– ya ha pasado la validación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no es el primer revés que la justicia europea da al Tribunal Supremo español. Desde el exilio, la defensa de Puigdemont ha encadenado una serie de resoluciones favorables en todo el continente. Una serie de victorias que, de momento, no le han servido para volver a Catalunya sin riesgo de ser detenido.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del jueves sobre la amnistía ha vuelto a poner el foco sobre quién y cómo juzga a nuestros representantes. Una vez el Tribunal Constitucional (TC) determine su posicionamiento, la decisión final sobre la aplicación de la ley a los líderes del 'procés' recaerá sobre el Tribunal Supremo (TS), dado que fueron o deberían ser juzgados por esta instancia. Pero, ¿por qué hay que ir directamente a Madrid?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este jueves un aval nítido a la ley de amnistía, hecho que ha provocado una oleada de reacciones que une al independentismo y a los gobiernos catalán y español en una misma exigencia: la aplicación inmediata de la norma por parte de la judicatura española. La resolución ha sido recibida como una "victoria rotunda", aunque con la prudencia de saber que la última palabra ejecutiva la tienen los tribunales estatales. En palabras del expresidente Carles Puigdemont, "el partido ahora ya no se jugará en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público decantados hacia un lado".

El debate político a menudo tensa las costuras del decoro y la cortesía institucional en las tribunas políticas. Este martes la Comisión del Estatuto de los Diputados aceptó sancionar con una falta leve los comentarios de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, sobre Najat Driouech, diputada de ERC, a quien acusaba de hacer "ostentación de la misoginia islámica" por el hecho de llevar velo.

El Parlament ha actuado este martes contra las vulneraciones del Código de Conducta en el hemiciclo. Después de nueve meses y de arrastrar cuatro expedientes –uno de Aliança Catalana y tres de Vox– en la Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano presidido por Antoni Castellà (Junts) ha acordado, en sesión secreta a puerta cerrada, calificar la actuación de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, de falta leve. Ahora la comisión trasladará este dictamen a la mesa del Parlament, que será la encargada de decidir y aplicar la sanción final. Este castigo puede ir desde una amonestación pública hasta una multa económica de entre 600 y 12.000 euros.

"Talar árboles no es un delito", decía este lunes Salvador Illa en una entrevista a RAC1. El presidente de la Generalitat reclamaba un "cambio de mentalidad" con la gestión forestal y defendía que "el bosque se debe gestionar". Hace unos meses, el Parlament modificó una parte de un decreto del Govern de medidas relacionadas con el sector agrario y forestal. ¿Qué cambió exactamente?

"Quien viene a delinquir debe saber que no tiene cabida en nuestra sociedad". Leído de manera aislada y sin ningún tipo de contexto, actualmente puede resultar difícil acertar de qué líder o partido político puede venir esta frase. La realidad, sin embargo, es un extracto de la ponencia del PP catalán para su 16º congreso de hace apenas unos días. Esta contundencia discursiva pone sobre la mesa una evidencia e introduce un debate vivo: la política española, así como la catalana, está virando hacia una derecha cada vez más radicalizada.

Gobernar sin depender de los pactos es el gran anhelo de cualquier candidato a la Moncloa. Con este objetivo en el punto de mira, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha resucitado una polémica receta que ya puso sobre la mesa su predecesor, Pablo Casado: regalar una prima de diputados extra a la lista más votada en las elecciones generales. ¿Sería posible con una simple reforma de la ley electoral como plantean los populares? Todos los expertos consultados por el ARA coinciden con rotundidad en decir que no: para poder aplicar la medida habría que reformar la Constitución.

El comité de gobierno de Aliança Catalana ha acordado por unanimidad este domingo, en una reunión que se ha hecho a las diez de la mañana, "retirar la confianza" a Arnau Liesa como candidato del partido al Ayuntamiento de Figueres e iniciar los trámites para expulsarlo de la formación. Según ha informado el partido en un comunicado, la decisión se ha tomado tras conocer una “situación personal” que, asegura, no había sido comunicada previamente y que considera “incompatible con los principios fundacionales” del proyecto político. El comité añade que, una vez trasladada la decisión, Liesa "ha optado por desvincularse voluntariamente del partido", un hecho que el partido "agradece".