"Sin música la vida sería un error", predicaba el filósofo alemán Friedrich Nietzsche hace casi dos siglos, y la política parece que se ha tomado esta máxima como un patrón a seguir. Lo saben en el movimiento MAGA, que bailan al ritmo del YMCA del grupo neoyorquino Village People imitando los peculiares pasos de su gran líder, Donald Trump, que la semana pasada lo volvía a reivindicar.

Aficionados al fútbol, élites económicas –como el hombre más rico del mundo, Elon Musk– y formaciones marcadamente ultras han cogido gusto a levantar bien alto el brazo derecho rindiendo homenaje al fascismo nazi e italiano de Adolf Hitler y Benito Mussolini. Y no son los únicos. Hace años que también se oyen las famosas frases “Con Franco se vivía mejor” y “Esto con Franco no pasaba”, unas aseveraciones que, a menudo, y de forma paradójica, salen de la boca de jóvenes a quienes la imagen que les da Franco es la de un hombre calvo y viejo que con apenas podía caminar y que, por tanto, tampoco podía ser muy peligroso.

En el tablero de la política catalana y española, las palabras han dejado de ser meros vehículos de información para convertirse en proyectiles simbólicos. Estos últimos meses hemos asistido a una revitalización de términos que parecían herencia de otras épocas: el Partido Popular de Cataluña (PPC) se refirió al proyecto de presupuestos como "soviéticos y comunistas" –y volvió la semana pasada el secretario general de los populares, Juan Fernández, refiriéndose a las políticas de vivienda de la Generalitat–, y el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha descrito al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como "marxista con corbata". Todo ello mientras desde el ámbito empresarial, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, calificó de "filocomunista" el veto a la compra de viviendas para la especulación, que aún colea.Según explica el politólogo Jordi Mir, en conversación con el ARA, nos encontramos ante conceptos que han sido "alterados" a lo largo de la historia. Mir sostiene que muchas de estas definiciones nacen en escenarios alejados de su origen a fin de "darle la vuelta para que sea negativo". El objetivo no es el debate argumentado, sino "activar un imaginario que la gente tiene más o menos situado". En palabras de Mir: "Cuando Sánchez Llibre u otros representantes hablan de esta manera es porque están muy convencidos de que al utilizar este concepto activarán un imaginario que hará que la gente piense «esto no puede ser»".Esta táctica recuerda directamente al escenario político de los Estados Unidos, donde, como apunta el experto, es "muy habitual la descalificación de representantes públicos del partido demócrata como socialistas". Allí, acusar a Obama o Biden de socialismo busca que la población identifique al líder con el enemigo histórico de la Guerra Fría, destaca. No obstante, Mir diferencia claramente la situación en casa nuestra: "Aquí es más difícil que pase con el socialismo porque el Partido Socialista no ha abandonado su concepto". Por eso, para generar el mismo "shock" y evocar el estalinismo o la Unión Soviética, se recurre a términos como comunista o pseudosoviético.Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por autores internacionales como el lingüista estadounidense George Lakoff, que en su teoría del framing o encuadre, sostiene que las palabras activan estructuras mentales (marcos) que determinan nuestra visión del mundo. Si el marco dominante es el del miedo al totalitarismo, cualquier política social quedará atrapada bajo la etiqueta soviética, impidiendo un análisis racional de la medida. ¿Es lo que Mir define como la "disputa por los conceptos": quién tiene la capacidad de hacer que, al oír una palabra, la gente piense en una realidad determinada y no en otra?Del "feminismo" a la "feminazi"

Uno de los cambios más significativos en esta disputa semántica se encuentra en el movimiento feminista. Mir recuerda que, durante los años 80 y 90, "presentar a una mujer como feminista era una manera de descalificarla" porque no se consideraban personas "respetables". Sin embargo, hoy el feminismo ha ganado una hegemonía positiva en la sociedad, afirma.Ante este cambio, ha surgido el neologismo feminazi. Mir lo analiza con precisión: "Yo ya no le puedo decir a una mujer feminista para desprestigiarla porque parece que tiene buena acogida... ¿Qué le puedo decir para crear este imaginario negativo? Pues juntémosla con nazi". Se trata, así, de un intento "de subir el tono del imaginario" para recuperar el carácter de insulto que la palabra original ha perdido, destaca el experto.El "ultraconservador" y la "casta"

Esta intensa batalla discursiva no es unidireccional. El consultor político Luis Arroyo –famoso los últimos meses por haber sido portavoz de Zapatero– recuerda, en conversación con el ARA, que la política democrática es, en su misma esencia, "la lucha entre narraciones". En este sentido, Arroyo señala que el concepto conservador no tiene por sí mismo una carga negativa en la sociedad, sino que el verdadero problema político surge "cuando se le coloca el añadido ultra o extrema derecha". Ante el actual contexto de incertidumbre, la izquierda intenta intencionadamente situar los discursos de sus adversarios "en el plano del ultra, del extremista, del excéntrico". El objetivo es, explica, activar un sentimiento de rechazo social, ya que el término ultra tiene hoy un sentido profundamente peyorativo que evoca "lo que está más allá, lo que excede los límites de lo razonable". Así, se castiga a formaciones como Vox o Aliança Catalana cada vez que se ven asociadas, o incluso Junts per Catalunya, descrito como "la extrema derecha independentista" el pasado mayo por Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, en una advertencia al presidente del gobierno español Pedro Sánchez por sus pactos con los de Carles Puigdemont.Por otra parte, el juego de los conceptos alcanza su máxima complejidad con las llamadas "narrativas que se cruzan", una herramienta que, destaca Arroyo, ya no es exclusiva de ningún bloque ideológico sino que deviene una característica del populismo. Esta estrategia se fundamenta en la dicotomía de "el pueblo virtuoso frente a la élite o la casta gobernante y viciada". Según explica el experto, es un marco que utiliza tanto la derecha como la izquierda. En el caso español, Podemos hizo una "utilización extraordinaria del concepto casta, que funcionó muy bien", mientras que, en el otro extremo, líderes como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adoptan exactamente el mismo lenguaje y se identifican con este "pueblo virtuoso" ante una élite corrupta. Son las dos caras de una misma moneda en la disputa por la interpretación de la realidad.

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Melilla es una ciudad española desde el año 1497 y Ceuta lo es de forma definitiva desde 1580, integrada plenamente en la Corona de Castilla en 1640. A pesar de más de cinco siglos de historia y vínculos peninsulares, su estatus administrativo actual es una anomalía territorial en el Estado. Y su foco político se circunscribe básicamente a las crisis migratorias como la que comenzó el 30 de julio. La Constitución de 1978 preveía explícitamente, en la disposición transitoria quinta, la posibilidad de que se constituyeran como comunidades autónomas. Aun así, no fue hasta 1995 que las Cortes Generales aprobaron sus Estatutos de Autonomía, decantándose por una figura inédita: la "ciudad autónoma". Antes funcionaban como municipios de régimen especial integrados en las provincias de Cádiz –en el caso de Ceuta– y Málaga –en el caso de Melilla–, y gozaban del rango de puertos francos con ciertas ventajas fiscales singulares frente al resto de territorios.

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El Partido Andalucista se presentó a las últimas elecciones andaluzas —obtuvo solo 532 votos— apelando al "humanismo islámico" como bandera y al deseo de reivindicar el árabe como "lengua histórica". Su irrupción ha servido de combustible para la extrema derecha. Candidatos como Manuel Gavira (Vox) agitaron el fantasma de la "islamización", y han convertido una propuesta de normalización lingüística en la prueba de cargo de los argumentos alarmistas que comparten con Alianza Catalana: la idea de que la autoorganización de los inmigrantes es una amenaza directa para la democracia y la libertad. En resumen, que llegará el día en que serán suficientes para crear sus propios partidos y ganar las elecciones. Una teoría de la invasión a la que una parte de la ciudadanía recurre también ahora para reclamar la expulsión de todos los inmigrantes que llegaron a Ceuta.

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Solo una cincuentena de miembros y simpatizantes del grupo ultra Save Europe Act han asistido este sábado a su convocatoria en la plaza Sant Jaume de Barcelona, una cifra que ha contrastado con los aproximadamente 200 manifestantes de la contramanifestación antifascista. De esta manera, el escenario de esta doble movilización de signo opuesto ha evidenciado desde el primer momento el pinchazo de la extrema derecha, que había escogido la capital catalana para hacer su primera parada en el Estado español con una concentración a las 19 h. Como respuesta, colectivos como la Coordinadora Antifascista de Barcelona y Som Antifeixistes habían llamado a "plantarles cara" en el mismo lugar, comenzando una hora antes, a las 18 h.

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Las recientes rencillas y tensiones entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el rey Felipe VI, han vuelto a poner bajo el foco la compleja convivencia entre la Jefatura del Estado y el ejecutivo. No es un fenómeno nuevo. El historiador Charles Powell recordaba cómo el expresidente del gobierno español, José María Aznar, llegó a marginar deliberadamente al rey emérito Juan Carlos I en visitas de Estado de gran relevancia internacional, generando enormes recelos en la Zarzuela. Estas fricciones evidencian una realidad ineludible del sistema político español: teóricamente, el monarca y el presidente del gobierno deben llevarse bien por fuerza, ya que prácticamente ningún acto del rey tiene validez sin la aprobación del ejecutivo.

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La crisis migratoria vivida en las fronteras de Ceuta ha vuelto a hacer aflorar con fuerza en el debate público un concepto que parecía haber quedado olvidado: la integridad territorial. Entendida como el principio inalienable de derecho internacional que otorga a un estado el derecho de preservar intacto su territorio y de proteger de manera inviolable sus fronteras, esta idea ha vuelto a copar los titulares de los medios de comunicación y a monopolizar los discursos más encendidos de muchos políticos desde los atriles. Pero, ¿de dónde surge este concepto y por qué vuelve a dar miedo su vulneración?

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Llega agosto. Las ciudades se vacían, el ritmo frenético se desvanece, el calor ahoga el asfalto y la ciudadanía hace las maletas hacia la playa o busca el refugio fresco de la montaña. Es el momento de colgar el cartel de "Cerrado por vacaciones" en los negocios y desconectar de la rutina. ¿Pero qué pasa mientras tanto con las instituciones?

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Salvador Illa llega este sábado al ecuador de su mandato al frente de la Generalitat, y llega enfrentándose a un fenómeno bien conocido por la ciencia política: el desgaste de la acción de gobierno. La demoscopia nos muestra que tras la victoria en las urnas, el PSC experimentó un repunte al alza. Sin embargo, a medida que ha avanzado la legislatura y se ha impuesto la crudeza de la gestión diaria, el apoyo ciudadano ha ido sufriendo un declive constante y progresivo hasta tocar fondo y situarse en el punto más bajo de apoyo desde el inicio del mandato. ¿Cómo se explica este ciclo de pérdida de popularidad y qué opciones reales tiene el PSC de recuperar el terreno perdido antes de las próximas elecciones?

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Es el primer vehículo multioperador del estado español y la principal función será que la gente reciba mensajes ES-Alert y que tenga cobertura en los lugares donde se hayan perdido las telecomunicaciones por incendios u otras emergencias, como en el caso del apagón del año pasado. Esta es la premisa con la que el Gobierno ha puesto en marcha este miércoles una nueva unidad móvil, un vehículo preparado para desplazarse en entornos rurales y actuar ante incidencias graves.

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Junts per Catalunya ha formalizado este lunes su integración al Partido Demócrata Europeo (PDE), una adhesión que hacía meses que se estaba ultimando, tal como avanzó el ARA. Con este paso, el partido liderado por Carles Puigdemont cierra una larga etapa de orfandad política en el Viejo Continente, que se remontaba al año 2018. Fue aquel año cuando el PDECat fue expulsado del Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) bajo presiones de Ciudadanos y en un contexto marcado por acusaciones de corrupción a la formación que entonces lideraba David Bonvehí por el caso 3%.

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Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

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La ministra de trabajo de Austria, Christine Aschbacher, no tenía previsto dimitir de su cargo hasta que, 48 horas antes, se vertieron acusaciones de plagio en un blog de un profesor que comentaba su trabajo de fin de carrera, en 2021. Tampoco lo tenía previsto el ministro del interior francés, Bruno Le Roux, que, en 2017, había contratado a sus hijas como asistentes parlamentarias durante el verano, a pesar de que la ley francesa aún permitía contratar familiares. Ni Peter Magnus Nilsson, que en 2023 dimitió como jefe de gabinete del primer ministro sueco por haber pescado anguilas sin licencia y negarlo a las autoridades cuando lo descubrieron. La cultura de la dimisión está muy extendida en los países nórdicos y centroeuropeos y contrasta con la actitud que adoptan los políticos del sur de Europa.Un claro ejemplo de esta resistencia son los presidentes del gobierno español en un contexto en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene en el cargo a pesar de los casos judiciales que rodean a su partido y las constantes exigencias de dimisión por parte de los partidos de la oposición, algunos hasta ahora socios parlamentarios. Sánchez, sin embargo, no es la excepción. Mientras que el Reino Unido, en diez años, ha visto pasar seis primeros ministros por el número diez de Downing Street, en 51 años de democracia española solo el primer presidente español, Adolfo Suárez, renunció a su cargo.Esta misma inercia se traslada a los políticos catalanes. Precisamente estos últimos meses se ha vuelto a oír con fuerza la palabra dimisiónen boca de los partidos de la oposición y también de los colectivos de maestros que se manifiestan contra el Gobierno: han señalado a la consejera de Interior, Núria Parlon, y al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como a la titular de Educación, Esther Niubó, de quien la oposición ha exigido que dimita ahora por el error en las pruebas PISA.

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Jordi Sendra ha sido elegido oficialmente candidato de Junts per Catalunya a la alcaldía de Tarragona este miércoles. Sendra ha obtenido un total de 108 votos (85,04%) en unas primarias en las que han participado 127 (82,47%) de los 154 militantes censados y que han estado marcadas por la ausencia de candidatos alternativos. La votación, celebrada entre este martes y este miércoles, culmina lo que pedía la militancia tarraconense, que reclamaba poder votar en un referéndum para decidir su futuro candidato a la alcaldía.

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Durante las últimas semanas, la figura del confesor ha cobrado un protagonismo absoluto en el ecosistema judicial español. Pero el llamado derecho premial –la práctica del Estado de otorgar beneficios y rebajas de condena a cambio de información interna– no se diseñó en los despachos de Madrid para combatir la corrupción política. Algunas de sus raíces nos trasladan a las prisiones de los Estados Unidos y a las calles de Palermo (Sicilia), donde el estado tuvo que asumir una derrota previa para poder avanzar: la única manera de destruir una organización criminal cerrada es comprar la traición de sus propios miembros.

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La incertidumbre sobre la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del Procés ha dejado abierto un laberinto judicial. A la espera de si el Tribunal Supremo aplicará la sentencia del TJUE, en este laberinto hay un camino que aún no está resuelto y que deja una incógnita abierta: en caso de una hipotética inaplicación de la amnistía, ¿es posible abrir la carpeta de un segundo indulto para borrar aquello que quedó pendiente? En su momento, el gobierno español indultó parcialmente a los líderes del Procés –era la única vía posible después de que el tribunal sentenciador se opusiera a la medida de gracia–, es decir, les perdonó la pena de prisión, pero mantuvo intacta la pena de inhabilitación que afectaba a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados también por un delito de malversación. Esta inhabilitación, por ejemplo, impide al actual líder de ERC presentarse a unas elecciones –tal como se ha mostrado dispuesto– o ejercer la docencia.

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Con el aval del TJUE todavía presente y al día siguiente de que el expresidente Carles Puigdemont denunciara España en la Comisión Europea por el incumplimiento de la ley, el independentismo ha aprovechado la última sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para presionarlo, pero sobre todo para rebuscar en su hemeroteca. Lo ha hecho la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, cuando le ha espetado: "Primero dijo «ni amnistía ni nada de eso»". Se ha sumado poco después el cabeza de filas de ERC en la cámara, Josep Maria Jové, que le ha pedido que "haga memoria": "Usted no la quería". El presidente de la Generalitat ha evitado entrar en ello y ha defendido mirar "adelante": "Una amnistía era necesaria para que en Catalunya se pudieran normalizar las negociaciones".

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“Todo esto acabará en los tribunales internacionales”, vaticinó el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en noviembre de 2017. De momento, la amnistía –que entonces no se podía ni imaginar– ya ha pasado la validación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no es el primer revés que la justicia europea da al Tribunal Supremo español. Desde el exilio, la defensa de Puigdemont ha encadenado una serie de resoluciones favorables en todo el continente. Una serie de victorias que, de momento, no le han servido para volver a Catalunya sin riesgo de ser detenido.

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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del jueves sobre la amnistía ha vuelto a poner el foco sobre quién y cómo juzga a nuestros representantes. Una vez el Tribunal Constitucional (TC) determine su posicionamiento, la decisión final sobre la aplicación de la ley a los líderes del 'procés' recaerá sobre el Tribunal Supremo (TS), dado que fueron o deberían ser juzgados por esta instancia. Pero, ¿por qué hay que ir directamente a Madrid?

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