La hemeroteca del PP: ¿por qué se acaba apropiando de las leyes del PSOE?

BarcelonaLa política española es el escenario de un enfrentamiento total entre el gobierno y sus detractores, pero la historia demuestra que las promesas de ruptura total por parte de la oposición acaban diluyéndose a menudo cuando entra en el Palacio de la Moncloa. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tiene toda una serie de leyes que ha prometido derogar cuando gobierne, como antes había hecho por ejemplo Mariano Rajoy. ¿Cuál fue el resultado después de convertirse en presidente?

El caso más paradigmático es el de la ley del matrimonio homosexual. Aprobada el 30 de junio del 2005 bajo el impulso del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la norma recibió una oposición frontal del PP, liderado en aquel momento por Mariano Rajoy, que no solo rechazaba el fondo de la cuestión, sino especialmente el uso de la palabra "matrimonio" para definir la unión entre dos personas del mismo género. Los populares presentaron un recurso de inconstitucionalidad que mantuvo la ley en unos limbos jurídicos durante siete años. Pero mientras en Madrid se libraba la batalla legal, en las bases del partido la realidad se imponía: el 8 de abril del 2006, Feijóo, entonces líder del PP gallego, asistía a la boda de un concejal homosexual de su partido en Ourense. Cuando finalmente el Tribunal Constitucional validó la ley en el 2012, el gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de gozar de una mayoría absoluta, decidió no tocarla, y en el 2015 se produjo la aceptación definitiva, cuando Rajoy y toda la plana mayor del partido asistieron a la boda de Javier Maroto, exalcalde de Vitória.La pauta de resistencia inicial y aceptación posterior se repitió con la ley del divorcio de 2005. La reforma del Código Civil que permitía la disolución matrimonial sin necesidad de alegar causas concretas fue tildada por el PP como una medida que convertía el matrimonio en un simple "contrato" sin peso institucional. Sin embargo, cuando Rajoy llegó al gobierno, no solo mantuvo la ley, sino que en 2015 fue más allá con la aprobación del divorcio ante notario, permitiendo que las parejas sin hijos menores pudieran separarse en cuestión de minutos. Una historia similar se vivió con la ley del aborto de 2010, recurrida por los populares al TC con la promesa de retornar al "modelo restrictivo" de 1985. Pero el peso de la realidad social fue más fuerte. En 2011, con el retorno popular al gobierno, Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, intentó una reforma dura que el mismo Rajoy acabó frenando por miedo al desgaste electoral y la presión de la calle. El resultado fue la dimisión de Gallardón y un retoque mínimo sobre el permiso para las menores, y se dejó el grueso de la ley socialista plenamente vigente.Gestión y memoria: cuando la ideología choca con el presupuesto y la salud

Hay otros ámbitos donde las promesas de derogación no han topado tanto con cuestiones morales como con el pragmatismo de la gestión diaria o la falta de presupuesto. La ley de memoria histórica de 2007 fue calificada por el mismo Rajoy como un "error" que solo servía para "dividir a los españoles", pero una vez en la Moncloa no la derogó oficialmente. Optó por una vía más sutil: la "derogación presupuestaria", dejando la partida para su aplicación en cero euros durante toda la legislatura. Con la ley antitabaco de 2010 sucedió algo similar, pero por motivos de salud pública. A pesar de que Rajoy la consideró "excesiva" y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la tildó de "ataque a la libertad", cuando el PP llegó al poder, la ministra de Sanidad, Ana Mato, confirmó que no se cambiaría "ni una coma", teniendo en cuenta el éxito social de la norma y la mejora de los indicadores de salud.

Otra contradicción punzante se vivió en la economía. Durante la campaña de 2011, Rajoy prometió que bajaría los impuestos para reactivar el consumo, y criticó con dureza la "inoperancia" de Zapatero por haber subido el IVA. Sin embargo, la realidad de las cuentas públicas y el "déficit oculto" llevaron al PP a aprobar una de las subidas impositivas más grandes de la democracia: el IVA general saltó del 18% al 21%, además de un incremento notable del IRPF.