Son las 12 de la noche y Nancy mira una película en Netflix como hacen muchos catalanes antes de ir a dormir. Ella, sin embargo, lo hace desde el móvil, en la calle de Barcelona, resguardada del frío con un anorak que utiliza de manta. A su lado hay otra chica que duerme en el suelo tapada con varias capas. Se ha descalzado para dormir y Nancy le vigila los zapatos, aunque no sabe cómo se llama. Se han conocido en la cola que hay delante del centro de acompañamiento a la regularización de personas migrantes de la calle Miquel Bleach, que entró en funcionamiento el lunes para dar respuesta a la alta demanda. Como ellas, esta semana cientos de personas que viven y trabajan en Cataluña han hecho noche a las puertas de edificios municipales y de entidades sociales para conseguir el informe de vulnerabilidad o el padrón y completar el proceso para obtener la residencia y tener el permiso de trabajo en regla.

El balance de la primera semana de la regularización de los 150.000 migrantes que viven y en muchos casos trabajan en Cataluña se resume en las colas de 12 horas a las puertas de ayuntamientos y entidades sociales para tener el informe de vulnerabilidad y en las consecuencias de haber tenido que improvisar a última hora para adaptarse a la letra definitiva de la instrucción aprobada. "Dicen que no necesitamos el informe de vulnerabilidad o el padrón, pero conozco gente a la que entonces no le cogen la solicitud", afirma Elida Rojas, boliviana con dos hijos a cargo.

Durante la presidencia rotatoria española, los Veintisiete aprobaron el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo y dos años después de su aprobación, el 12 de junio, expira el período de transición para que los estados se adapten a él. A partir de esta fecha, el acuerdo estará plenamente vigente en toda la Unión Europea. El texto fija que se debe evitar la entrada irregular de personas extracomunitarias y facilitar el retorno a todos aquellos que no tienen derecho a pedir la protección oficial. Para las entidades pro derechos humanos se trata de una iniciativa que avanza hacia la necropolítica de fronteras. Con otras palabras, jugárselo todo al control y mano dura a la acogida. La profesora agregada de derecho internacional público y relaciones internacionales de la UPF, Sílvia Morgades, ha estudiado a fondo lo que supondrá este proceso.

La regularización extraordinaria de migrantes que los últimos días ha dejado colas interminables para conseguir los papeles llegará a miles de personas, pero hay rincones desde donde será casi imposible acceder a ellas. Por ello, esta semana el ministerio del Interior ha pedido a las prisiones que den facilidades a los presos preventivos que quieran hacer los trámites porque estos internos no están condenados y, por tanto, no tienen antecedentes penales que les veten la regularización. Además de los presos, sin embargo, hay otra parte de la población migrante para quien será más difícil pedir los papeles, los que están cerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En estos centros –hay 7 en España– hay personas pendientes de ser expulsadas del Estado por diferentes motivos y aunque la mayoría de los cuales no son penales, los expertos coinciden en señalar que tendrán dificultades para solicitar la regularización.

Las colas para conseguir hacer los trámites para la regularización extraordinaria de migrantes no aflojan. Alrededor de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la plaza de Sant Miquel de Barcelona, junto al Ayuntamiento, decenas de personas se esperan este viernes con el saco de dormir después de pasar la noche en la calle para poder conseguir cuanto antes mejor la documentación necesaria para completar el proceso para obtener la residencia y el permiso de trabajo en regla. La hilera, de hasta un kilómetro, pasa por detrás del consistorio y da varias vueltas a la calle dels Templers y a la plaza de Sant Jaume. La mayoría de las personas cargan carpetas con documentación, así como bolsas con comida y agua, preparadas para pasar allí horas hasta que les llegue el turno.

"Presentar los documentos para la regularización es el primer paso para poder seguir creciendo aquí con estabilidad y calma". Así explica Xavier, venezolano, la oportunidad que significaría para él que le otorgaran la regularización como solicitante de asilo. Ante la oficina de Correos de la plaza del Doctor Letamendi de Barcelona –habilitada para hacer los trámites desde este lunes de manera presencial–, el joven de 31 años explica que él ya ha conseguido presentar toda la documentación. Xavier llegó al Estado hace cerca de un año y, una vez establecido en la capital catalana, ve la aprobación de la regularización extraordinaria como un paso más para continuar trabajando sin tener que preocuparse por los papeles. Un proceso que ha hecho solo. "Hay que leer todo muy bien y llevar los documentos necesarios, pero en mi caso ha sido bastante fácil y rápido", señala Xavier.

Mientras que en la mayoría de oficinas de Correos habilitadas atienden sin incidentes remarcables y por rigurosa cita previa las personas migrantes que pueden hacer la regularización de papeles presencialmente desde este lunes, las largas colas se multiplican en los servicios que los ayuntamientos han montado para agilizar los trámites obligatorios. Desde el jueves 16, las solicitudes también se pueden hacer telemáticamente, pero es este lunes que se abrían los trámites presencialmente. La tardanza en la publicación de los documentos que se requieren ha hecho que hoy el grueso de los 150.000 beneficiarios que se calculan que habrá en Cataluña todavía estén pendientes de recoger toda la documentación necesaria.En L'Hospitalet la cola da la vuelta al enorme edificio de La Farga, donde se tramitan el informe de vulnerabilidad social y el volante del padrón municipal. El Ayuntamiento prevé atender hoy a 1.500 personas de las 27.000 que ya viven en el municipio. Los primeros demandantes han comenzado a llegar antes de la medianoche de este domingo. Las hermanas Sandra y María, colombianas que hace tres años y siete meses que residen en la ciudad, se esperan desde las 4 de la madrugada. "Si desde el principio nos hubieran dicho que necesitábamos la vulnerabilidad, tres cuartas partes de los que hoy estamos aquí ya tendríamos el informe", lamentan, sin tener la certeza de que hoy los funcionarios puedan dar respuesta a todos los que forman la fila.

Girona es una ciudad mediana de poco más de 100.000 habitantes. En pocos kilómetros a la redonda, se concentra un paisaje urbano diverso y lleno de contrastes, con muy poca distancia física entre los barrios bienestantes y los más humildes. Tal como constatan los datos del Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), analizadas por el ARA,el distrito 2, que incluye Montilivi y parte de Palau, tiene alrededor de un 9% de población nacida en el extranjero, mientras que, a esta misma altura, pero en la banda suroeste de la ciudad, en Santa Eugenia, esta proporción supera el 50%.

A la familia Martínez Mejía les han denegado cuatro veces una hipoteca, a pesar de que les avala el sueldo de los cuatro miembros, y tienen que continuar viviendo de alquiler en un piso de La Torrassa —un barrio de L'Hospitalet en el que el 54% de los vecinos han nacido en el extranjero— que casi se cae a pedazos. El piso es tan pequeño que uno de los hijos, en la veintena, tiene que dormir en la habitación con los padres. A los Khan, la buena nómina que aporta el padre no les abre puertas de las viviendas que les gustan y que podrían pagar. “Ni con dinero puedo vivir donde quiero”, se queja Atusa Khan. El matrimonio y las dos hijas pequeñas están realquilados en el barrio de El Raval de Barcelona –con un 64% de los vecinos nacidos en el extranjero.

Isabela no quiere pensar qué será de su vida si no puede acogerse a la regularización extraordinaria que el gobierno español va a poner en marcha las próximas semanas para conceder permisos de residencia a medio millón de extranjeros que cumplan unos criterios que, a día de hoy, son provisionales. El decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado para regresar otra vez al consejo de ministros. Si bien hay incógnitas de cómo quedará la letra pequeña, Isabela tiene muy claro que la suya es una misión imposible porque no han pasado los 10 años pertinentes desde que completó la condena para poder anular sus antecedentes penales y, en el borrador del texto, es invalidante cualquier mancha en el historial delictivo.

El retrato de una España con las fronteras cerradas a la inmigración perfila una sociedad más envejecida, pero también con pérdidas importantes, tanto en la población como en la mano de obra en sectores esenciales como son los cuidados, la educación o la sanidad. También habría un inevitable aumento de impuestos e incluso el cierre de escuelas, bares, comercios y explotaciones agrarias. Este panorama casi distópico responde a la siguiente pregunta: ¿cómo sería la España de 2075 si los flujos migratorios se redujeran un 30% siguiendo las políticas restrictivas que impulsan casi todos los socios de la Unión Europea?

Es un pueblo de Osona de poco más de cuatro calles y donde sólo viven unos 1.200 habitantes, pero donde se encuentra la cárnica que produce el 45% del béicon que se vende en toda España. La empresa tiene una plantilla que equivale a más de la mitad de la población del pueblo y el 55% de la cual son extranjeros de cuarenta nacionalidades diferentes. El pueblo se llama Sant Miquel de Balenyà y pertenece al término municipal de Seva; y la cárnica, Embutidos Monells. Se puede decir que son un ejemplo de lo que ocurre en el conjunto de la comarca de Osona, pero tal vez llevado al extremo.

Emigrar es siempre una experiencia difícil, pero aún se complica más si no conoces a nadie en el país al que vas, si el idioma y las costumbres son diferentes y si sólo tienes quince años y el viaje es en patera y no sabes nadar. Pero eso no es todo: cuando llegas a destino descubres que nada era tan fácil como parecía y que devolver el dinero que te ha dejado para hacer el viaje será casi imposible.

Josep Sala i Cullell es profesor de geografía en un instituto de Noruega. Su primer ensayo, Generación tapón, desató cierta polémica a la hora de abordar las luchas generacionales por el poder. Ahora vuelve con No somos 6 millones (Pórtico), un libro con el que pide hablar abiertamente de inmigración y donde critica que nos han vendido como inevitable un modelo diseñado para favorecer a empresarios y perjudicar a trabajadores.

Es un pueblo de Osona de poco más de cuatro calles y donde sólo viven unos 1.200 habitantes, pero donde se encuentra la cárnica que produce el 45% del béicon que se vende en toda España. La empresa tiene una plantilla que equivale a más de la mitad de la población del pueblo y cuyo 55% son extranjeros de cuarenta nacionalidades diferentes. El pueblo se llama Sant Miquel de Balenyà y pertenece al término municipal de Seva; y la cárnica, Embutidos Monells. Se puede decir que son un ejemplo de lo que ocurre en el conjunto de la comarca, pero quizás llevado al extremo.

El Gobierno se plantea la creación de un fondo económico para financiar a los ayuntamientos en función de la población migrada que tienen para ayudar a mejorar su acogida y facilitar que los consistorios dejen de depender de subvenciones. Es una de las propuestas del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS) del departamento de Derechos Sociales, que este lunes ha presentado un informe en el que radiografía a los 1,4 millones de extranjeros que viven en la Cataluña de los 8 millones.

Han tenido que pasar tres años para que la justicia le haya reconocido al gambiano Saynei Kanteh que, efectivamente, era menor de edad cuando la Fiscalía de menores dictó que ya había superado los dieciocho años y, por tanto, no tenía derecho a estar bajo la protección pública. Inmediatamente, dejó de estar tutelado por la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA, reconvertida ahora en la DGPPIA) y fue expulsado del centro en el que vivía. "Yo sabía que no mentía, que tenía diecisiete años y confiaba en que tarde o temprano tendría los papeles", afirma.

Las entidades sociales se integrarán en el circuito para la regularización de inmigrantes en Cataluña que se prevé que comience en el mes de abril y que en Cataluña podría beneficiar a entre 120.000 y 150.000 personas migrantes. Ésta es una de las principales conclusiones de la cumbre que se ha celebrado este miércoles entre el Gobierno, la Delegación del gobierno español, representantes de sindicatos y patronales, administraciones locales y el tercer sector social. El objetivo del encuentro era poner las bases para "una alianza" de país que pueda acompañar a los ciudadanos que necesiten completar este proceso.

El proceso que el gobierno español ha puesto en marcha por regularizar a los migrantes que viven en España de forma irregular ha dado pie a un alud de afirmaciones, a menudo falsas, que circulan en las redes sociales. Impulsadas a menudo por influencers de la órbita de la extrema derecha, estas afirmaciones quieren crear un estado de opinión contrario a la regularización, ya que afirman que los migrantes que se beneficien pondrán más presión en los servicios sociales, o que todo ello se hace para beneficiar electoralmente al PSOE. La confusión ha llenado las redes de verdades, de mentiras y, a menudo, de afirmaciones que no son ni del todo ciertas ni del todo falsas. Éste es un repaso a muchas de las dudas que deja atrás el proceso, en un tema social y políticamente muy complejo.

A principios de siglo, el Casal dels Infants, toda una institución en el área metropolitana, se planteó la necesidad de tener ojos y manos en Marruecos que trabajaran en red con las entidades locales, las criaturas con intención de marcharse y sus familias. La francesa Claire Trichot es la responsable de la delegación del Casal en el país magrebí, con sede en Tánger.