La Policía Nacional ha informado este viernes de la detención en Madrid de un hombre por difundir, a través de una aplicación de retransmisión en directo, las agresiones sexuales que él mismo cometía a su hija menor. El arresto del individuo, que ya está en prisión, tuvo lugar en diciembre, después de que un ciudadano alertara a la policía un mes antes a través de un correo habilitado para denunciar pornografía infantil.

En Criadas de la globalización (Icària, 2024), Gabriela Poblet, doctora en antropología social y cultural, directora de Europa Sin Muros y actualmente profesora en la Universidad de Valladolid, radiografía el servicio del hogar en España y Cataluña a partir de entrevistas con mujeres que trabajan de internas en las casas donde cuidan a personas mayores o criaturas. Hoy son básicamente mujeres de América Latina, muchas a la espera de los permisos de residencia, que han emigrado solas y les es muy difícil escapar de situaciones de abusos y reclamar derechos. Con las denuncias por agresiones y acosos sexuales y abusos laborales de dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias, la experiencia de Poblet sirve para poner el foco en las condiciones en las que trabajan estas mujeres.

Las plataformas de contenido sexual se presentan casi como un rasca y gana, una forma cómoda y rápida de ganar dinero. A través de un buen marketing, el soporte deinfluencers y elopaco algoritmo de internet, redes como OnlyFans o las webs de sugar de addías –las relaciones asimétricas entre un hombre y una joven a cambio de regalos o dinero– se han posicionado no solo como una opción para la población adulta, sino que también captan a adolescentes, a los que les llega publicidad y llamas para que compartan contenido sexual como si se tratara "de una iniciativa propia". Una encuesta elaborada por Save the Children a un millar de jóvenes españoles indica que uno de cada cuarenta –el 2,5%– ha recibido una compensación económica, regalo o favor si enviaba material erótico cuando era menor de edad. Un 15% afirma además conocer casos que han accedido a enviar este tipo de imágenes.

Casi la mitad de los jóvenes españoles declara haber sufrido violencia psicológica en la infancia y la adolescencia. Un 40% también afirma haber recibido golpes y palizas, y tres de cada diez (29%), que durante la etapa de crecimiento han sido víctimas de agresiones sexuales y violaciones. Son cifras de la primera macroencuesta de prevalencia de la violencia entre los menores de edad que ha presentado este jueves el ministerio de Juventud e Infancia en Madrid, la primera gran fotografía de una realidad que, según la ministra Sira Rego, "se ha vivido de puertas adentro" auspiciada por "un pacto de silencio" que los datos ahora prevé.

Las terapias de conversión sólo están prohibidas en ocho estados miembros de los veintisiete de la Unión Europea y, según datos de la Comisión Europea, uno de cada cuatro europeos del colectivo LGBTIQ+ ha sido víctima de estas prácticas, que implican violencia física o sexual, abusos verbales o humillaciones y que representantes de la ONU calificaron de tor. Por este motivo, Bruselas ha anunciado este miércoles su intención de prohibirlas y poner fin de una vez por todas. "Esto debe pararse", ha remarcado en rueda de prensa la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib.

Los dos hombres de entre 24 y 26 años condenados recientemente apenas de 20 y 12 años de cárcel por violar en grupo a una menor de 14 años en un municipio de la comarca valenciana del Valle de Albaida han huido de España. orden europea de detención y otra de búsqueda e búsqueda internacional. del Estado, este lunes no ha comparecido en una vista programada por el tribunal que les juzgó. Hay que destacar que los dos hombres son de nacionalidad búlgara, circunstancia que podría favorecer su residencia en este país. individuos condenados y un número indeterminado de personas, la mayoría de ellos hombres. Como recoge la sentencia, la menor ingirió bebidas alcohólicas que afectaron a sus capacidades físicas y su voluntad. acompañada o trasladada a un sitio conocido como elmuro, que es una zona apartada, aunque no lejos del lugar donde se celebraba la fiesta. Allí, los dos condenados mantuvieron relaciones sexuales con ella de forma simultánea. La chica se encontraba en una situación en la que no podía verlos, pero sí oyó hablar a los agresores y oyó a otros hombres que también agredieron a la menor o contemplaron cómo lo hacían otros. Estos hombres no pudieron ser juzgados porque no pudieron ser identificados. De hecho, no se sabe a ciencia cierta cuántos eran, aunque se estima que unos 15.

"Al final yo también entré en el coche, me dejé morrear y el hombre me dio tabaco". Quien lo explica es una joven de 20 años que durante buena parte de su infancia estuvo tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). Nunca se lo dijo a nadie. La chica, que quiere mantener el anonimato, vivió en tres centros distintos, los llamados CRAE, donde convivía con más menores que, por distintas razones, también fueron separados de su familia.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado de 13 a 8 años y 6 meses de cárcel la condena a un hombre que violó a una menor de 13 años en el municipio de Burlada al considerar que el acusado "pudo razonablemente considerar" que la víctima tenía 16 años, la edad legal del consentimiento sexual en España. En este sentido, los magistrados sostienen que los hechos juzgados no pueden ser considerados una violación, sino sólo un delito de agresión sexual, rechazando el principio de que el desconocimiento o ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.

En los últimos seis años, los casos conocidos de violencia sexual contra criaturas se han multiplicado por cinco, pasando de 2,8 cada 10.000 habitantes (2018) a 16 (2024). Sólo en este último ejercicio, los expedientes abiertos de ahí que se hayan más que duplicado. En este período, lo que ha cambiado es la apertura en 2020 de la primera Barnahus en Tarragona, un servicio importado de Islandia que trata al menor de edad agredido desde el punto de vista médico y social, pero también policial y judicial. Desde entonces, el departamento de Derechos Sociales ha implementado este tipo de atención en otros 13 municipios y ha hecho aflorar 2.897 casos nuevos, es decir, se atienden a ocho menores cada día víctimas de agresiones sexuales.

Más de la mitad de las periodistas catalanas, un 54%, han sufrido acoso sexual en el trabajo a lo largo de su carrera. El dato lo revelaba a mediados de diciembre un estudio de Mèdia.cat sobre violencias machistas en la profesión. Menos de un mes después, la periodista Ana Polo denunciaba un caso sufrido por sí misma: el comunicador Quim Morales la agredió sexualmente cuando era su jefe en RAC1 y ella era becaria, hace diez años. El señalado admitió este martes los hechos, que calificó de "mal comportamiento", y desde entonces varias periodistas han levantado la voz para denunciar agresiones en una acción simultánea que lleva a pensar en un nuevo Me Too.

La Policía Nacional ha detenido a 34 presuntos pedófilos por poseer y distribuir pornografía infantil, cuatro de ellos en la demarcación de Barcelona. La treintena de arrestos corresponden a dos operativos distintos en los que se intervinieron contenidos muy duros, donde se ven agresiones a bebés de pocos meses. El primer operativo comenzó hace dos años, en junio del 2022, cuando la Policía Nacional recibió a través de la Embajada de Estados Unidos en España varias denuncias que habían llegado al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados.

La puesta en práctica del modelo Barnahus permitirá cuadriplicar la cifra de casos de abusos a menores detectados en los próximos años. De hecho, esto mismo pasó a Tarragona en el primer año de este servicio de atención integral a las criaturas que han sufrido agresiones sexuales. En una visita a las nuevas instalaciones que cubrirán la ciudad de Barcelona, ​​el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha apuntado este viernes que pueden aflorar unos 3.600 nuevos casos cada año. De momento, los trabajadores tienen sobre la mesa unas sesenta expedientes.

Las agresiones sexuales en grupo son, en cifras, porcentaje pequeño respecto a la violencia sexual contra menores, pero cada año que pasa las denuncias aumentan. Quizás los 58 ataques grupales en Cataluña durante el primer cuatrimestre del pasado año sobre el total de 1.250 agresiones sexuales pueden parecer anecdóticos, aunque a la vez son los que más atención mediática concentran. Para los profesionales, son delitos que preocupan por el riesgo de que entre los más jóvenes arraiguen como el paso hacia la vida adulta. Los datos refuerzan esta inquietud: en más de un 10% de las agresiones múltiples, los jóvenes perpetradores dejan constancia gráfica con fotografías o vídeos, como una "señal de poder ya la espera del reconocimiento del grupo de iguales", de sus amistades, explica la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, en la presentación del informe Silenciadas sobre agresiones sexuales en la adolescencia.

La Iglesia ha hecho público este jueves el informe que encargó en el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para investigar los casos de pederastia por parte de religiosos y sacerdotes. El documento, que la Conferencia Episcopal Española (CEE) recibió el pasado 16 de diciembre, recoge un total de 1.383 denuncias y 2.056 víctimas, si bien los abogados advierten que el número real de víctimas será muy superior. Sin embargo, la Iglesia no da validez: defiende que el número de denuncias sólo puede subirse hasta las 1.302, aduciendo "duplicidades" en los registros y, además, rebaja los casos de abusos a 800. éstos, además, sólo considera probados unos 200.

Las ocho agresiones sexuales en grupo registradas en Badalona en tan sólo once meses son uno de los ejemplos más paradigmáticos de un fenómeno creciente. El ministerio del Interior pone datos en su último informe sobre delitos contra la libertad sexual, publicado este viernes. Haciendo repaso de 2022, el documento constata que las agresiones sexuales con más de un autor van al alza. En seis años, de 2017 a 2022, han crecido casi un 40% en España. Mientras que en el 2017 se registraron 384, en el 2022 fueron 632, de los cuales 434 cometidos por dos agresores y 198 por tres o más. Ahora bien, del total de agresiones sexuales con o sin penetración –15.029 en todo el año pasado–, las grupales sólo representan el 4,2%.

El Gobierno abre la posibilidad de retirar la tutela a la familia de los menores inimputables penalmente que cometan una agresión sexual si no siguen los programas sociales que se les imponen desde la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). Ésta es una de las acciones que se ha comprometido a sacar adelante el departamento de Derechos Sociales para evitar la sensación de "impunidad" ante los delitos sexuales de los adolescentes menores de 16 años, que por ley no pasan por el circuito de la justicia juvenil pero sí por uno de acompañamiento para ayudarles en la rehabilitación y en la reparación de sus víctimas. La diferencia es que, hasta ahora, la retirada de la custodia es una medida que se puede valorar en casos en que se constate desatención o abandono por parte de los padres y que a partir del próximo año se quiere protocolizar. En este sentido, el consejero Carles Campuzano ha defendido que las familias "deben asumir la responsabilidad de sus hijos".

Viven a 50 metros de distancia. Se le encuentra cada dos por tres por la calle. Ella porque participa activamente en los eventos culturales del municipio, él porque iba con la cámara. Anna Maria no podía más. Llevaba más de 45 años con el dolor dentro. Cuando tenía 12 años, mientras iba a casa de los tíos para jugar con sus primos, él la detuvo y la agredió sexualmente en un portal de una casa de Valls. Al terminar, él, que entonces superaba la veintena, le dijo que no se lo contara a nadie. Y el silencio duró más de cuatro décadas, un tiempo durante el cual el agresor ha fotografiado decenas de golpes a Anna Maria en fiestas y actos culturales.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha afirmado este viernes que la Iglesia contribuirá al fondo de indemnización a las víctimas de abusos anunciado por Pedro Sánchez durante su discurso de investidura y después de que lo pidiera el Defensor del Pueblo. La Iglesia, pues, cambia la postura que ha tenido en los últimos años y se abre ahora a participar en un plan para compensar a los afectados, analizando caso por caso y siempre que haya una "conclusión moral". "Si se llega a esa conclusión moral, habrá esa reparación moral", ha dicho García en rueda de prensa desde Madrid.

Nuevo caso de violencia sexual en una escuela religiosa. Un juez de Barcelona investiga a un enfermero de los Jesuitas de Caspe por tocamientos a al menos cuatro alumnos de la escuela entre los años 2000 y 2001 y no se descarta que haya más casos. Dos de las víctimas (ya adultas) presentaron denuncia en la comisaría relatando los presuntos tocamientos que habrían sufrido por parte del religioso hace dos décadas, y otras dos lo han hecho ante la Fiscalía de Barcelona, ​​que ya ha encargado varias diligencias para esclarecer el caso, según ha explicado la propia institución a través de un comunicado. Como la ley ha ido ampliando el plazo de caducidad de los delitos sexuales cometidos sobre menores, el caso no está prescrito.

El juzgado de instrucción número 44 de Madrid ha dejado en libertad, sin medidas cautelares, al abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional –con quien comparte nombre–, Cándido Conde-Pumpido, después de que fuera detenido por una denuncia de agresión sexual en grupo. Lo arrestaron con otros dos hombres, denunciados por el mismo hecho, y que también han quedado en libertad. La detención tuvo lugar el viernes y este sábado los tres pasaron a disposición judicial, según confirman a la agencia Efe fuentes cercanas a la investigación. Los hechos están siendo investigados por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía de Madrid.