Es poco habitual que Judit Carrera, directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), aparezca en las páginas de economía. La gobernanza del turismo y el acceso a la vivienda son dos retos tan ingentes y transversales que repercuten, también, en la definición de Barcelona como ciudad y en sus dinámicas culturales. Desde el CCCB ha puesto estos temas en el centro de muchas de sus actividades, desde la Bienal de Pensamiento que se celebra estos días hasta el ciclo Ciudades y turismo, del cual hay precisamente dos nuevas actividades esta misma semana. El tema, sin embargo, también afecta al funcionamiento mismo del centro. Carrera, por un lado, defiende que hay que poner límites al turismo y, por otro, apuesta por que el CCCB llegue a más visitantes extranjeros. Cuando la búsqueda de un nuevo modelo turístico se ha convertido en el Santo Grial, Carrera erige la cultura en vector de cambio.

Las discusiones sobre la crisis de la vivienda comienzan por argumentos económicos a la hora del vermut, pasan por la política, la complejidad social, la gestión en el ámbito histórico y la inmigración. A la hora del postre, la conversación todavía no ha terminado. Casi siempre durante la conversación también entra en juego la moral, la legitimidad y los valores.

Mientras la actualidad viene marcada por la crisis de la vivienda, una plataforma de subastas ha sacado al mercado un edificio histórico de tres plantas en el casco antiguo de Valls con un precio de partida de 1 euro. Por menos de lo que cuesta una barra de pan o un café con leche, Escrapalia ofrece un inmueble de 368 metros cuadrados con garaje y buhardilla en la capital del Alt Camp. Eso sí, para entrar a vivir hay que realizar una reforma integral.

A principios de año, el gobierno español anunció a bombo y platillo la creación de una empresa pública para gestionar la vivienda de alquiler asequible en manos del Estado, Casa 47. Sin embargo, cuando en septiembre lanzó su portal web había 800 pisos disponibles en toda España. Maribel Ramos (Badajoz, 1977) asumió la presidencia de Casa 47 en septiembre, y concede a l'ARA su primera entrevista.

A las puertas de unas elecciones que girarán en torno a la vivienda, el gobierno español saca pecho de la construcción de vivienda protegida (VPO) durante el primer semestre del año y habla de "crecimiento acelerado". El conjunto de las administraciones –central, autonómicas y locales– han comenzado a construir un 70% más de pisos que en el mismo periodo del año pasado. Ahora bien, en números absolutos son 13.942 viviendas, un 20% respecto a las 67.500 que se han impulsado para dedicar al mercado libre.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica una vez más la necesidad de que en Cataluña y en el conjunto del Estado se garanticen oportunidades en vivienda, después de la muerte este miércoles de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la lucha por el derecho a un hogar a raíz de su desahucio en Madrid. En el marco de un encuentro con el BBVA y empresarios mexicanos celebrado este jueves en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, Illa ha equiparado la situación actual en el sector de la vivienda con el impacto que sufrió el sector productivo tras el estallido del covid-19.

Sabiendo que en todo el Estado faltarán un millón de pisos de aquí a dos años –según el Banco de España–, los constructores y promotores han subrayado este miércoles durante el V Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en Barcelona, los obstáculos con los que se encuentran para "producir al ritmo que históricamente" lo habían hecho.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a un portal inmobiliario que opera en todo el Estado, sin desvelar cuál es, por "posibles prácticas comerciales desleales contra los consumidores y usuarios". Según una nota de este miércoles, la dirección general de Consumo inició esta investigación tras recibir una denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.

Tres mujeres han hecho suyo el Espai Texas este lunes por la tarde para tejer un relato sereno y trepidante que ha mantenido las butacas –llenas hasta la bandera– enganchadas a cada palabra. La escritora Llucia Ramis, la notaria Camino Quiroga y la vicepresidenta de Amat Immobiliaris, Joana Amat, han explicado una historia de miedos, incertidumbre y esperanza.

Esta semana hemos vivido un circo político de primer nivel. Como aquel alumno que hace el trabajo el último día, después de haber tenido tres meses para prepararlo, y se queja porque ha suspendido. Bueno, el gobierno español solo ha tenido ocho años.

Disponer de un parque residencial potente a precio asequible no requiere solo recursos financieros, que también, sino constancia y continuidad en las políticas, según los diferentes modelos y estrategias con la vivienda en la Unión Europea (UE). París, la ciudad de la luz, tiene 17 veces más vivienda social por cada 1.000 habitantes que Barcelona, según los datos sobre este tipo de inmuebles de ambas ciudades. Manteniendo esta proporción, ya que el municipio de la capital francesa tiene alrededor del 22% más de habitantes que la capital catalana, en la primera hay 127 pisos sociales por cada 1.000 habitantes frente a 7,6 en Barcelona, aunque en los últimos años ha aumentado el impulso de este tipo de viviendas.

Los denominados fondos buitre y, por extensión, también lo que se denomina grandes tenedores en términos de vivienda, han estado en el punto de mira durante toda la semana a raíz del debate abierto tanto social como políticamente por el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid. Pero, ¿realmente tienen tanto peso los grandes tenedores en el mercado de la vivienda catalán y español? ¿Pueden marcar el precio del alquiler? Realmente la estructura de la propiedad de la vivienda hace pensar que su peso es más bien relativo porque, a pesar de las inversiones que hicieron algunos fondos relevantes tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el hecho es que el parque de viviendas en manos de los grandes tenedores es más bien pequeño.

Los fondos de inversión quieren vender los pisos que tienen en Cataluña. Así lo cree la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. Y ya tiene una fórmula para ir comprando estos pisos: la compra conjunta, una idea que lanzó el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el debate de política general en el Parlamento esta semana, y en la que el equipo de Territorio ya hace tiempo que trabaja.

Muchos pequeños propietarios, que son la proporción más grande del mercado de la vivienda, no ven claro el decreto aprobado por el gobierno español que este viernes pasa el examen del Congreso. De los dos decretos de la vivienda, en principio el que incluye medidas para la protección de los vulnerables es el que parecía que tenía más posibilidades de salir adelante, especialmente después del sí anunciado por Podemos y el PNV. Pero el rechazo de Junts —pide al gobierno español que lo retire o votarán en contra— ha trastocado la posibilidad de que prospere. El segundo, el que incorpora las prórrogas automáticas de los alquileres y la indemnización a los inquilinos, no tenía ninguna posibilidad, porque también el PNV votará en contra.

La crisis de la vivienda continúa agravándose. Mientras los desahucios adoptan nombre propio, la ciudadanía parece decir basta y los políticos buscan recetas a contrarreloj, los datos no hacen más que constatar la gravedad del problema: el precio de la vivienda se aleja cada vez más de los salarios y de la capacidad de ahorro de las familias.

Ya hay promotores de vivienda que han decidido convertir los edificios que estaban haciendo de pisos para alquiler –built to rent– en inmuebles para vender los pisos, a raíz de los nuevos decretos de vivienda aprobados por el gobierno español después del caso Maricarmen, según ha asegurado el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) y también presidente de APCE Cataluña, Xavier Vilajoana.

El euríbor, el indicador de referencia para la mayoría de hipotecas a tipo variable en el Estado, ha cerrado el mes de septiembre en el 3,247%, el nivel más alto desde julio de 2024, según los datos preliminares publicados este miércoles por el Banco de España.

Los textos definitivos de los dos decretos en materia de vivienda que ha aprobado el gobierno español este martes tienen diversas claves con algunas medidas fundamentales. El primer decreto ley ya se ha publicado en el BOE y el segundo decreto no se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta este jueves.

La firma de hipotecas continúa su tendencia alcista en Cataluña. Durante el mes de julio, en el país se registraron 8.858 hipotecas sobre viviendas, según los datos provisionales actualizados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato supone un incremento interanual del 4,9%, y fija un nuevo máximo en un mes de julio desde el 2010, cuando se formalizaron 9.547 firmas. También es un máximo en un mes en los últimos años, ya que no se habían firmado tantas desde octubre de 2023 (8.910).

El fondo de inversión Blackstone —a través de su filial Anticipa— se compromete a negociar caso por caso los alquileres sociales que tiene en Cataluña. Después de que este viernes El matí de Catalunya Ràdio explicara que la compañía no pensaba renovar los 400 contratos de este tipo que tiene en el país para poner las viviendas a la venta, el fondo dice ahora que no descarta mantener algunos alquileres sociales. Desde la compañía, sin embargo, mantienen que, una vez finalicen los contratos, irán ofreciendo a los inquilinos la posibilidad de comprar los pisos donde viven. Por ahora, un centenar de ellos ha accedido a la propuesta. El resto de casos, en cambio, se estarían revisando.