El conflicto entre vecinos de Barcelona afectados por el coliving y el Ayuntamiento de Barcelona terminará en los tribunales. Este sábado, el Sindicato de Inquilinas ha anunciado la presentación de un contencioso administrativo contra el consistorio ante la "inactividad municipal" para hacer cumplir la reserva del 30% de vivienda protegida en diversos edificios propiedad del fondo Vandor.

La semana que viene se vivirá la primera huelga general bajo el mandato de Pedro Sánchez en el gobierno español. Por cuestión de días, la convocatoria formará parte de esta legislatura. La protesta tiene como fondo un incremento del coste de la vida muy vinculado a los conflictos en Ucrania y en el golfo Pérsico, y que afecta especialmente a la alimentación. Y los ciudadanos lo perciben cuando van a hacer la compra. Pero el otro motivo que ha hecho estallar el descontento tiene un origen más lejano, y tiene que ver con la diferencia entre el aumento de los salarios y el de un elemento que es un derecho básico recogido en la Constitución española. En concreto, en el artículo 47, que defiende el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada.

Enric Aragonès (Reus, 1991) llega directamente de trabajar —en un empleo que no tiene nada que ver con el activismo— al espacio de la sede central de la Universidad de Barcelona desde donde el Sindicato de Inquilinas organiza la huelga general del 11 de noviembre. Entre fotografía y fotografía, agradece que hagamos una entrevista en profundidad para discutir sobre la convocatoria a las puertas de las elecciones, en un mundo veloz en el que la actualidad acostumbra a ir a golpe de declaraciones.

Anna Puigdevall (Barcelona, 1968) ha trabajado toda su vida profesional en el ámbito de la empresa, después de estudiar física y, desde hace menos de dos años, forma parte de laasociación de propietarios Som Habitatge. Aseguran que se financian a partir de las cuotas de los socios y de donaciones, y que no reciben recursos de ninguna gran gestora inmobiliaria.

La crisis económica de 2008 terminó, al menos teóricamente, en 2013. Fue el último año en que la economía española registró un crecimiento negativo. Las consecuencias de la recesión todavía perduran hoy en día, y se agravan por el encarecimiento más reciente de un grupo muy determinado de productos de la cesta de la compra. Son fundamentalmente dos: la vivienda y la alimentación, según deja claro la Generalitat en el Informe Social 2025. Estos dos elementos también son los principales motores de la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

Montse Sánchez (l'Hospitalet de Llobregat, 1981) compagina el liderazgo de la Confederación General del Trabajo (CGT, el tercer sindicato en afiliaciones en Cataluña) con su trabajo en Seat, del cual no está liberada. El sindicato es uno de los principales impulsores de la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre en todo el Estado, y participa en iniciativas como la Casa de la Huelga, ubicada en la facultad central de la Universidad de Barcelona. Actualmente, la CGT está en un momento de gran expansión. Según explican, el aumento de afiliados y afiliadas sobre todo es gracias a su apuesta por la conflictividad.

Dos años después de la entrada en vigor de los topes de los alquileres, la Generalitat defiende encarnizadamente la medida: "Funciona como estaba previsto", asegura la consejera del ramo, Sílvia Paneque. Las rentas en el conjunto del país han subido un 1% desde el primer trimestre de 2024 –justo antes de la aplicación de la regulación–, según las fianzas depositadas en el Incasòl. Al mismo tiempo, en contra de las premisas del sector inmobiliario, desde la Generalitat garantizan que "la regulación no ha reducido la oferta", sino la rotación: las familias cambian menos de vivienda y están más tiempo en los pisos que ya ocupan.

España debate cómo intervenir el mercado para gestionar el parque de vivienda existente mientras, en paralelo –al menos sobre el papel– incrementa la oferta con nueva construcción. Los decretos que desencadenaron la convocatoria electoral del 29-N ponían sobre la mesa la prórroga de los alquileres, limitar la actualización de los precios (e incluso congelarlos) y prohibir el desahucio de vulnerables sin alternativa habitacional. Al otro lado de la frontera, Portugal plantea una fórmula prácticamente opuesta para abordar una de las peores crisis de acceso a la vivienda (si no la peor) que hay en la Unión Europea.

La cadena hotelera mallorquina Riu Hotels & Resorts ha adquirido el histórico Hotel Sofia de Barcelona –el antiguo Princesa Sofia–, establecimiento con 465 habitaciones distribuidas en 19 plantas. El nuevo propietario, que con esta operación desembarcará en el mercado hotelero de la capital catalana, empezará a gestionarlo el 1 de abril de 2027.

Los compradores de fuera del Estado pierden peso en el mercado de la vivienda por primera vez desde 2023. Entre enero y junio, han adquirido un 9% menos de inmuebles que durante el mismo periodo de 2025, según el Observatorio Notarial de Cataluña. Aun así, todavía llevan a cabo casi dos de cada diez compras autorizadas en el país, un 18,5%. En términos absolutos, son 10.293 operaciones.

Cuando faltan dos semanas para lahuelga por el acceso a la vivienda, la unión de propietarios Som Habitatge ha presentado una quincena de propuestas para resolver la grave crisis que vive el país. Entre otras, la asociación, que se define como "la voz del pequeño propietario", ha reclamado que se necesite tener al menos 100 inmuebles para ser considerado gran tenedor.

Parece que hay cambios en el mercado de la vivienda. Las compraventas con hipotecas ganan peso, y en agosto ya llegaron a ser la mitad de las 12.442 operaciones cerradas en Cataluña, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este lunes. Es una proporción que no se veía desde 2011, en plena crisis económica.

La situación es contradictoria en mayúsculas: mientras que los promotores alertan de que la falta de suelo es uno de los principales impedimentos para la creación de vivienda nueva, los datos muestran que hay una "sobreabundancia" de terreno vacante y estancado, que no está entrando en el mercado. Solo en los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado (ZMRT) –es decir, donde hacen falta políticas como los topes para facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de mucha demanda–, hay suelo para construir 423.600 pisos en parcelas que todavía no forman parte del tejido urbano, pero están a las puertas. Antes hay que urbanizarlas o requieren cambios de usos, pero los ayuntamientos, en sus planes urbanísticos, ya previeron que se construyeran viviendas en ellos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a dos plataformas que publicitan viviendas de uso turístico a retirar 8.318 anuncios de alojamientos turísticos que se ofrecen como alquiler de temporada porque estarían incumpliendo la ley de arrendamientos urbanos, modificada recientemente por el real decreto ley 29/2026. En concreto, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha identificado, a través de la Dirección General de Consumo, que estos más de 8.300 anuncios serían ilícitos porque publicitan viviendas turísticas como alojamientos de temporada para los cuales se permiten reservas por menos de 31 días, que es la duración mínima para este tipo de contratos que establece la ley tras la reciente modificación.

Si el propietario de tu piso tiene más de un inmueble alquilado, es probable que hayas notado más la subida de precios que el inquilino de un arrendador que tiene un solo inmueble en el mercado. De hecho, según un estudio del think tank de Esade publicado este jueves, cuanto más pisos acumula el propietario, más encarece las mensualidades.

El gobierno de Salvador Illa continúa dando recorrido a una de las medidas estrella de su legislatura, los préstamos a jóvenes para la primera compra de un piso o una casa que les sirva como residencia habitual. Ahora también podrán servir para financiar obras de rehabilitación y comprar viviendas que ya tienen la calificación de protección oficial (HPO), según ha informado la consejera y portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, en rueda de prensa este martes.

Que España es uno de los estados de la Unión Europea (UE) donde los jóvenes tardan más en marcharse de casa de los padres para formar su propio hogar es bien sabido. También está claro que la crisis de la vivienda que sufrimos actualmente tiene una relación directa con este hecho. Y así lo admitieron los expertos que participaron ayer en la mesa redonda Acceso a la vivienda y emancipación, la tercera del ciclo de debate y cine sobre vivienda impulsado por el Colegio de la Arquitectura Técnica (Cateb) en los Cines Texas, y que moderan periodistas del ARA, en este caso la periodista especializada en temas de vivienda Laura Casserres.

En Cataluña, "trabajar no es suficiente" para el 28,3% de las personas con empleo que viven de alquiler, y que ven cómo, tras pagar la mensualidad, quedan por debajo del umbral de la pobreza. Ante la grave crisis de la vivienda, Oxfam Intermón constata que los costes para tener un lugar donde vivir agravan la pobreza laboral, en un estudio publicado este martes.

Es poco habitual que Judit Carrera, directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), aparezca en las páginas de economía. La gobernanza del turismo y el acceso a la vivienda son dos retos tan ingentes y transversales que repercuten, también, en la definición de Barcelona como ciudad y en sus dinámicas culturales. Desde el CCCB ha puesto estos temas en el centro de muchas de sus actividades, desde la Bienal de Pensamiento que se celebra estos días hasta el ciclo Ciudades y turismo, del cual hay precisamente dos nuevas actividades esta misma semana. El tema, sin embargo, también afecta al funcionamiento mismo del centro. Carrera, por un lado, defiende que hay que poner límites al turismo y, por otro, apuesta por que el CCCB llegue a más visitantes extranjeros. Cuando la búsqueda de un nuevo modelo turístico se ha convertido en el Santo Grial, Carrera erige la cultura en vector de cambio.

Las discusiones sobre la crisis de la vivienda comienzan por argumentos económicos a la hora del vermut, pasan por la política, la complejidad social, la gestión en el ámbito histórico y la inmigración. A la hora del postre, la conversación todavía no ha terminado. Casi siempre durante la conversación también entra en juego la moral, la legitimidad y los valores.